Atención: rutas cortadas en Neuquén por tormentas

 

A días de las elecciones legislativas, resurgen las críticas al acuerdo firmado por el kirchnerismo que permitió a China operar una estación espacial sin control argentino durante 50 años.

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo volvió a poner el foco en la política exterior del gobierno. Desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Sergio Massa, los principales referentes criticaron el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump, calificándolo de “sumisión” y “extorsión”. Sin embargo, el debate reabrió una vieja contradicción: el silencio frente a la base espacial china que funciona en Neuquén desde 2014, bajo un acuerdo firmado por la propia expresidenta.

La Estación de Espacio Lejano, ubicada en Bajada del Agrio, fue concedida por 50 años durante el mandato de Cristina Kirchner, con el aval del entonces presidente chino Xi Jinping. El convenio otorgó 200 hectáreas del territorio neuquino a la potencia asiática, libres de impuestos y de todo control nacional. Este hecho, que pasó inadvertido durante años, hoy regresa al debate público como símbolo de la doble vara política frente a las potencias extranjeras.

La opacidad que rodea a la estación contrasta con la transparencia exigida a las relaciones con Estados Unidos. Según un informe de Reuters, la base china en Las Lajas es una verdadera “caja negra” sin supervisión del Estado argentino. Desde su inauguración en 2017, ningún funcionario nacional volvió a ingresar al predio, ocupado únicamente por los 30 técnicos chinos que viven y trabajan allí, según informó el sitio ElArchivo.

Además, la agencia que opera la instalación, la CLTC (Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites), depende directamente del Ejército Popular de Liberación, lo que confirma su vínculo militar. En cambio, otras estaciones en territorio argentino, como la de la Agencia Espacial Europea, son de carácter civil. En ese sentido, los especialistas destacan que el kirchnerismo cedió soberanía a una agencia militar extranjera sin mecanismos de control efectivos.

El propio embajador estadounidense, Marc Stanley, expresó su preocupación en más de una ocasión: “Sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó un protocolo adicional para restringir cualquier uso militar de la base, evidenciando los vacíos legales del acuerdo original.

El contraste político es evidente. Mientras el kirchnerismo acusa a Milei de “entreguismo” por su relación con Washington, fue durante su propia gestión que Beijing obtuvo un enclave estratégico en la Patagonia. Como recordó el presidente, Cristina Kirchner “entregó la Orden del General San Martín a Nicolás Maduro y firmó acuerdos con regímenes autoritarios”. La incongruencia entre discursos y hechos se vuelve insoslayable.

En plena campaña, la estrategia kirchnerista parece apuntar a erosionar la imagen de Milei mediante acusaciones externas, dejando de lado un antecedente que involucra cesión territorial, falta de transparencia y dependencia geopolítica. A una década del acuerdo con China, la base de Neuquén sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la indignación política puede ser, también, selectiva.

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Hay un nuevo escenario político. El fallo de la Corte Suprema de Justicia impacto fuerte en un escenario en curso de reconfiguración que ahora incorpora nuevas posibilidades y condicionamientos a ese curso que se irá definiendo en los próximos meses. En lo inmediato no hay dudas que esa reconfiguración alcanzarás también a las estrategias electorales provinciales en PBA y nacionales de octubre. La pregunta que surge espontáneamente es si con todo lo acontecido en estos días se abre una nueva situación política. No es posible afirmarlo aún pero se perciben indicios tanto  de ruptura como de continuidad con el presente que se verá cómo evolucionan, más aún en un marco global donde reinan la incertidumbre y las posibilidades de una guerra ampliada cuando el gobierno Milei ha reorientado la inserción internacional del país. Lo que sí es posible afirmar que la prisión domiciliara de CFK y su inhabilitación de por vida, constituye un dato inédito de la política argentina. Por Eduardo Lucita.

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La vorágine que nos desborda

A partir del 18 de mayo pasado se sucedieron vertiginosamente hechos políticos desatados por los resultados de elecciones legislativas de tercer grado en CABA. El triunfo poco esperado de la LLA dejó golpeado al peronismo porteño, que sin embargo no hizo una mala elección, pero quedó claro que el discurso lavado no alcanza para enfrentar los desafíos electorales del presente.  Por otro lado empoderó a la LLA que destruyó prácticamente al PRO y rápidamente forzó una alianza en Prov. de Bs.As. bajo la hegemonía de la ultraderecha.

En el otro campo los resultados acentuaron la disputa entre el cristinismo y el neokirchnerismo hasta que CFK, sea por la necesidad de ganar las elecciones de septiembre, sea por acentuar su rivalidad con Kicillof o por buscar fueros frente a un fallo que daba por hecho la sentenciaría, se postuló para diputada provincial por la 3ra. secc. electoral de la provincia. Esto provocó que la CSJ adelantara su fallo condenatorio. Este fallo sacudió al peronismo que salió de su modorra y rápidamente organizó una caravana masiva de acompañamiento a los tribunales donde se presentaría detenida. Pero otra vez la justicia se adelantó, buscando desactivar la caravana por presión del gobierno, le dictó prisión domiciliaria sin necesidad de presentarse tribunales. De inmediato la caravana de acompañamiento mutó en concentración en la Plaza histórica que terminó en una movilización masiva. Todo esto en apenas 30 días (del 18/5 al 18/6).

La plaza

Se trató de una de las grandes concentraciones de este tiempo (entre 150 y 200.000 personas), si bien no alcanzó el volumen de la marcha universitaria, del 1F o del 24M. Fue tan masiva como heterogénea, con un fuerte y diferencial componente plebeyo. Fue notorio que las columnas mayoritarias fueron las de La Cámpora y la del MDF que en cierta forma competían. Si bien la CGT decidió no participar como tal si lo hicieron gremios grandes como La Bancaria, la UOM y el SMATA, ATE  y otros menores como los que conforman la Corriente Federal, seccionales de la UOCRA… Es indudable que en la Central Obrera se está gestando una crisis que, camino a la renovación de autoridades en octubre, puede incubar una fractura. El comunicado de la UOM así lo muestra. No se trata solo e una diferenciación de los sindicatos kirchneristas frente al gobierno, sino y sobre todo que este avanza sobre los derechos y las condiciones de explotación sobre los trabajadores sino también sobre las propias estructuras sindicales.

En esta concentración masiva se expresó también cierta disposición a la lucha, algo que no estuvo presente en otras ocasiones, por ejemplo cuando el intento de asesinato de CFK. Queda por discernir si esta disposición es solo episódica producto del impacto emocional que provocó el fallo o tiene raíces más profundas.

La sorpresiva alocución a la distancia de CFK en un tono llamativamente calmo y sin sus tradicionales arengas no mostró interés en encauzar esa disposición,  pareciera haber sido dedicado a recuperar la épica peronista y a establecer las bases de su relanzamiento político tras haber recuperado su centralidad en el escenario político nacional y también en el PJ. Si bien alentó la esperanza del “Vamos a Volver” y la perspectiva del 2027, no dio ninguna pista de cómo enfrentar las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno, a pesar de que llamó a organizarse para debatir cual era el principal problema del país. Para concluir que el principal problema no era otro que el gobierno Milei…

La izquierda

La izquierda anticapitalista estuvo rápida de reflejos. El FIT-U emitió una clara declaración condenando el fallo y denunciando la proscripción. Ese mismo día dirigentes de tres de los cuatro partidos que integran el FIT-U se hicieron presentes en la sede del PJ para llevar la solidaridad y denunciar la acción legal como un arma política contra los opositores. Luego tres de los diputados que integran el bloque de izquierda en el parlamento llegaron hasta la casa de CFK y se entrevistaron con ella, ubicando el fallo en el marco de una política regional de EEUU y de la ofensiva capitalista. Finalmente una delegación del PTS se hizo presente en la reunión convocada por el PJ bajo la consigna “Todos con Cristina” luego mutada a “Argentina con Cristina” para volver a manifestar su solidaridad y su defensa de los derechos democráticos vulnerados pero planteando que la convocatoria debía ser más amplia. Por último tanto el PTS como el PO acertadamente participaron y llamaron a participar de la concentración en Plaza de Mayo.

Más allá de las diferencia internas que muestra el FIT-U en sus posicionamiento políticos frente a la coyuntura inmediata, el accionar de la izquierdas anticapitalista tuvo amplia repercusión en los medios y también en las redes sociales poniendo en evidencia que es un actor minoritario pero actor al fin de la política nacional.

Todo deja abierta la pregunta si en lo que se supone será un marco de fuerte polarización se reabre el espacio electoral para la izquierda, que a juzgar por los resultados en las legislativa en CABA se había achicado. Caracterizar acertadamente esta situación no será un dato menor teniendo en cuenta que en la elecciones nacionales de octubre próximo buscará reingresar al parlamento la principal figura política de la izquierda de las últimas décadas. Por lo que las distintas fuerzas que se inscriben en el espacio de la izquierda anticapitalista, especialmente las que no están encuadradas en los partidos del FIT-U, deberán revisar sus estrategias de participación electoral y analizar que proponen para aportar  a que la voz más potente de la izquierda reingrese al parlamento.

Mientras tanto

Mientras todo esto sucede la economía sigue en modo electoral. La economía está subordinada al control del tipo de cambio, vía nuevo ciclo de endeudamiento, y al descenso de la inflación, poniendo el mercado interno a disposición de los productos importados. Según distintos analistas “los mercados” se preguntan cómo seguirá el modelo Caputo luego de octubre.

En paralelo se anunció la modificación del Estatuto de la PFA, lo que hace un año se haría por ley del Congreso ahora se hizo por decreto, autorizando medidas propias de un Estado de Sitio, como complemento de un plumazo se transfirieron 160 viviendas del Plan Procrear a la policía, cuando ya tenían asignados otros destinatarios. Se habilitó a las FFAA para intervenir en zonas fronterizas y se flexibilizó la tenencia de armas automáticas para el uso de civiles. Se puso en marcha la política de privatizaciones junto con  nuevas desregulaciones y la continuidad del cierre, reestructuración y/o fusión de organismos estatales. Enviaran al parlamento un proyecto de ley limitando el derecho de huelga, mientras que la Comisión de Valores ya reglamentó el sistema con que el que se busca reemplazar al régimen de indemnizaciones por despido.

Todo avanza hacia la instalación futura de un nuevo régimen político en el país. La movilización popular masiva y continuada es lo que puede poner freno a este proceso reaccionario, pero esto no debe dejar de lado las elecciones nacionales de medio término de octubre próximo que son también un campo de lucha y que serán decisivas. El propio gobierno las ha propuesto como un plebiscito sobre la gestión y la orientación de su proyecto que no es otro que producir un cambio estructural priorizando un país exportador de materias primas y de servicios abierto al capital transnacional. Este modelo está cubierto por el FMI que impulsa las reformas jubilatoria y laboral para las que el gobierno necesita el consenso electoral que buscará en las elecciones de octubre.

Los campos se van deslindando el gobierno como viabilizador de las políticas reestructuradoras del gran capital y los sectores más conservadores y el campo de los trabajadores y los sectores populares. Las calles pero también las urnas pueden definir la situación.

 

 

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

La comisión investigadora de la criptomoneda Libra, el primer escándalo de magnitudes que estalló como una bomba en la cara del gobierno nacional, transita sus horas finales ya que presentará este martes en la Cámara de Diputados un pormenorizado informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses, que «incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso».

Así lo anticipó anoche el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará este martes a las 16 en la Sala 1 del Anexo A.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el legislador de la Coalición Cívica.

La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que fueron inducir a adquirir activos digitales a partir de un posteo de promoción en sus redes sociales del presidente Javier Milei.

Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una «memecoin», tomaron distancia de las acusaciones, y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

Inicio de la investigación

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó algo de brillo a la comisión investigadora.

Solamente puso la cara el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados” a «Viva La Libertad Project».

“Tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”, indicó, aunque dejó algunos flancos abiertos durante su interpelación del 30 de abril en la Cámara de Diputados.

Así como provocó malestar la falta de voluntad del gobierno nacional en aportar testimonios para desentrañar lo sucedido en Libra, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.

El informe final que se develará este martes será elevado al recinto de la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre, conforme lo establecido en el proyecto de resolución que dio origen a la comisión investigadora. El informe está contenido un expediente dividido en diez cuerpos que incluye actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.

El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei sino también a su hermana Karina Milei, y tuvo como actores insoslayables a los lobbystas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

Entre estos últimos el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el el Hayden Davis, quien trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

Algunos de los testimonios más reveladores que fueron recabados por la comisión fueron el del empresario damnificado y querellante Martín Romeo, quien relató con lujo de detalles la forma en que se desarrolló la «estafa» en pocas horas, y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei estaba orquestado y programado con anterioridad para engañar a los inversores.

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