Funcionarios y personal de distintas áreas, además de profesores de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina participaron el jueves de la capacitación en el marco del programa Deporte Social, inclusión y contención ‘Dispositivo de prevención e intervención a través de la actividad física y el deporte como herramienta de Inclusión’ de la Secretaría de Deportes de Río Negro.
La misma fue dictada por la Directora de Gestión Deportiva Susana Fantini, los profesores Fabián Castro y Soledad Chiriotti y el referente Gabriel Villalba.
El programa plantea al deporte como una herramienta para detectar problemáticas vinculadas con las adicciones, distintos tipos de violencia y la inclusión de personas con discapacidad y de adultos mayores. Por esta razón se contó con la presencia de referentes de distintas secretarías y direcciones del Municipio para que se pueda trabajar de manera articulada para generar espacios destinados a potenciar al deporte como herramienta de contención.
El Intendente Marcelo Orazi participa en Bariloche de la ‘III Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático’, el Primer Congreso presencial desde el inicio de la pandemia. El acto de apertura estuvo presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la…
Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). También…
La descontrolada interna de La Libertad Avanza en Olavarría terminó por explotar en el arranque de año con la denuncia de la concejal Adela Casamayor que, horas después de posar para una foto que anunciaba la reunificación del bloque libertario, acusó que fue llevada a esa instancia bajo «aprietes» y «amenazas».
La denuncia recae contra Pablo Di Salvo, concejal de Azul que hace diez días fue nombrado por Sebastián Pareja como coordinador libertario en la Séptima sección (centro bonaerense) y que llevó la orden del armador de Karina Milei de concentrar en un mismo bloque a los concejales libertarios divididos en Olavarría.
«No estaba de acuerdo con la orden que había bajado Pareja. Le pregunté a Di Salvo qué pasaba si no me integraba al bloque y me respondió que me tenía que echar del partido. Fue un apriete», dijo Casamayor a LPO, al revelar detalles de la reunión intempestiva que el emisario de Pareja armó el miércoles 31 en un bar olavarriense.
Tanto Casamayor como el concejal Marcelo Petehs conforman el bloque «Por Más Libertad», tras romper con la coordinadora de LLA en Olavarría, Celeste Arouxet, a quien acusaron por maltrato y violencia verbal. «Arouxet ha llegado a echarme en cara el sueldo que cobro como concejal, como si me lo pagara ella», dijo Casamayor.
La foto de la discordia. Casamayor (segunda, de derecha a izquierda) en la imagen que LLA difundió para informar la reunificación del bloque. Arrepentida, la concejal dijo a LPO: «Fue un apriete, fue horrible».
Sin repararse las tensiones internas que originaron la ruptura, Di Salvo llamó a un encuentro entre todos los concejales para apurar la unidad ordenada por Pareja a horas del año nuevo.
A pesar de las versiones de cambio, tanto Arouxet como su mano derecha, el concejal Guillermo Lascano, fueron ratificados como referentes locales por Di Salvo, quien -sostienen- cultivó un aceitado vínculo con Lascano, el azuleño como jefe regional de Pami y el olavarriense como jefe local de la obra social de los jubilados.
Así, la unidad exigida en el Concejo implicaba una jefatura de Lascano, quien volvió a su banca en noviembre último, cuando el edil que lo suplantaba, el médico Oliver Gamondi, estaba a punto de sumarse al bloque Por Más Libertad de Casamayor.
Esa foto fue horrible. Cuando llegué a mi casa con 16 de presión pensé que había que salir a denunciar lo que está pasando
A pesar de levantar su licencia, Lascano no renunció a su cargo en el Concejo, dato criticado en la interna. «En la campaña de 2023 lo matamos a (el actual intendente, el camporista Maximiliano) Wesner porque era concejal y estaba en Anses y ahora Lascano está haciendo lo mismo, volvió al Concejo y sigue en Pami», dijo Casamayor.
Frente a eso la concejal libertaria denunció: «La casta está manejando La Libertad Avanza en Olavarría».
En la reunión del 31, Casamayor se negó de entrada a un acuerdo que, además, implicaba que su bloque pierda un secretario. «Pero Marcelo (Petehs) bajó los decibeles, sugirió esperar a ver cómo funcionaba el interbloque. No estaba de acuerdo pero, como es el jefe del bloque, lo respeté», dijo la concejal.
Fue ahí donde Di Salvo y Lascano pidieron abrir las instalaciones del Concejo para tomarse la foto de unidad que difundieron a los medios locales a minutos del año nuevo. «Fue horrible», dijo Casamayor. Y agregó: «Cuando llegué a mi casa con 16 de presión pensé que había que salir a denunciar lo que está pasando».
Tras exponer su arrepentimiento y denunciar amenazas para prestarse a esa foto, Casamayor fue expulsada de La Libertad Avanza este viernes.
«Casamayor viene priorizando posicionamientos y proyectos de carácter personal», dice el comunicado de LLA-Olavarría que, al argumentar la expulsión, habla de «una situación ya existente: su apartamiento del funcionamiento orgánico del espacio».
La casta está manejando La Libertad Avanza en Olavarría
Es curioso el planteo de preexistencia horas después de difundir la foto de un bloque reunificado. Como sea, en la misma comunicación de expulsión, la coordinación local aclara: «La Libertad Avanza no persigue ni sanciona ideas».
Frente a ese comunicado, Casamayor retrucó: «Trabajar así tampoco quiero. Eso no es la libertad, eso no es lo que yo milité, ni parecido. Pero ellos no tienen autoridad para sacarme. El único que lo puede hacer es Sebastián Pareja y, si me saca, lo respetaré pero yo milito las ideas de Milei, cosa que acá no se está haciendo».
La concejal confirmó que permanecerá con el bloque Por Más Libertad, apartado de los libertarios, mientras queda por definir el posicionamiento de Petehs. Además, aseguró haber recibido el respaldo de diversos sectores de la interna libertaria, del PRO y de bullrichistas.
Este escándalo recrudece la fragmentación interna que exponen los libertarios tanto en Olavarría como en toda la Séptima, la única sección donde LLA no logró meter bancas en la Legislatura durante las últimas legislativas provinciales.
Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.
La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.
Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.
Pauta, relato y silencios convenientes
Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.
La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.
El rol del gobierno de Llaryora
La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.
Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.
Cuando la crítica se paga con fondos públicos
El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.
En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.
Los diputados libertarios que viajaron a Beijing habían votado beneficios fiscales para empresas chinas y se exponen a una situación de dádivas transnacionales.
Como adelantó LPO, el grupo de diputados libertarios viajó a China invitado por el gobierno del gigante asiático y le metió ruido a la relación de Javier Milei con Donald Trump. La aventura fue encabezada por Juliana Santillán, que preside el grupo de amistad con China, y estuvo integrada por otros integrantes de LLA como el ex radical Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez.
El viaje fue pagado por la tecnológica Huawei, que es uno de los principales enemigos de Estados Unidos, que desde hace años viene haciendo un lobby feroz para frenar su expansión en América Latina, especialmente en lo referido a las redes de 5G y 6G.
Todos los diputados que viajaron habían votado en 2024 un «convenio para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal» para empresas chinas.
El viaje lo pagaron desde una empresa que se puede beneficiar por una ley votada por los propios viajeros. ‘Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales’, dijeron a LPO en la Cámara de Diputados.
El Convenio busca eliminar los efectos de la doble imposición tributaria sobre la renta y el patrimonio entre ambos países, a través de la distribución de potestades tributarias, reducciones de alícuotas de retención en la fuente y la implementación de un mecanismo de crédito fiscal. Es decir, es un convenio de beneficios impositivos para las empresas chinas que se radican en Argentina y viceversa.
Un informe del estudio de abogados Marval, el más grande de la Argentina en derecho corporativo y señalado como uno de los redactores del mega DNU 70/23, destacó que en el convenio se listan las instituciones de propiedad o controladas por China y la Argentina que pasaron a gozar de este tratamiento diferencial. Y cita los ejemplos del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) o el Fondo para la Ruta de la Seda.
Pero lo más jugoso viene después: el informe asegura que el listado incluido en el convenio podrá ser ampliado de común acuerdo por las autoridades competentes de ambos países.
Es decir, con compañías como Huawei, que tuvo que salir a aclarar varias veces que no pertenece al gobierno chino, como sucede con las empresas del país asiático. Eso no convenció a Trump, que en su primer mandato en EEUU inició un boicot internacional contra la tecnológica acusándola de espiar para el gobierno chino.
«Si esto fuera EEUU, el FBI ya los hubiera detenido», dijo un diputado a LPO en referencia a los libertarios que fueron a Beijing.
Para colmo, en un intento por defenderse de las críticas que recibieron en las redes por haber viajado como la «casta», los libertarios explicaron que el viaje no fue pagado por la Cámara de Diputados. El propio presidente de la Cámara, Martín Menem, salió a hacer esa aclaración.
De este modo despejaron la duda: el viaje lo pagaron desde una empresa que se puede beneficiar por una ley votada por los propios viajeros.
«Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales», dijeron a LPO en la Cámara de Diputados.
Mientras el Gobierno insiste en celebrar el ajuste como virtud moral, en silencio desarmó uno de los programas de salud más sensibles del país: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública que durante más de una década permitió salvar miles de vidas de recién nacidos con malformaciones cardíacas graves.
Por Alina C. Galifante para NLI
La decisión, ejecutada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no solo implicó el despido del equipo técnico especializado que coordinaba el programa, sino que rompió de un día para el otro la red federal que garantizaba diagnóstico, derivación y cirugía oportuna a bebés de todo el país. No hubo anuncio oficial, no hubo plan alternativo y, lo más grave, no hubo ninguna consideración por las consecuencias humanas.
La periodista Nora Bar, que investigó el tema en profundidad, reconstruyó cómo incluso profesionales que seguían atendiendo casos urgentes se enteraron después de haber sido desplazados, en una escena que resume el nivel de improvisación y desprecio con el que se tomó la medida. No se trató de una reestructuración técnica: fue una decisión política de ajuste brutal.
Un programa que no era gasto, era vida
Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Argentina. Cada año, miles de bebés nacen con afecciones cardíacas que requieren detección temprana, derivación inmediata y cirugías complejas. El programa nacional articulaba hospitales públicos, equipos médicos y provincias, evitando que el lugar de nacimiento definiera quién vivía y quién no.
Gracias a esa política, Argentina logró reducir drásticamente la mortalidad neonatal por estas patologías, alcanzando estándares comparables con países desarrollados. Todo eso fue puesto en riesgo por una decisión tomada desde un escritorio, con lógica contable y sin respaldo sanitario.
Lugones ejecuta, Milei avala
Nada de esto ocurre en el vacío. El cierre del programa se inscribe en una línea clara del gobierno de Milei: desmantelar el Estado incluso cuando eso implica dañar derechos básicos, como el acceso a la salud de bebés recién nacidos.
Lugones actuó como ejecutor obediente de esa doctrina. Despidió al equipo sin transición, sin protocolos de continuidad y sin ofrecer una estructura alternativa. La consecuencia es un sistema fragmentado, donde cada provincia queda librada a sus recursos, profundizando desigualdades y dejando a muchas familias sin respuesta.
No es eficiencia. Es abandono.
Cuando el ajuste baja a terapia intensiva
El discurso oficial repite que “el Estado no puede hacerse cargo de todo”. Pero lo que no dicen es de qué se hace cargo ahora cuando un bebé nace con una cardiopatía grave en una provincia sin capacidad quirúrgica. Tampoco explican quién asume la responsabilidad si una derivación no llega a tiempo o si una familia queda atrapada en la burocracia.
Este no es un recorte más. Es una decisión que puede traducirse en muertes evitables. Y eso marca un límite político y ético.
Desarmar un programa que salvaba vidas no es una discusión ideológica: es una definición de prioridades. Y el gobierno de Milei ya dejó claro cuáles son las suyas.
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