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Cap. 8 «AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA». Estreno Web

Sinopsis cap. 8:

«Dina Migani dirige la Secretaría de medio ambiente del gobierno de Rio Negro, organismo encargado de controlar la contaminación de fracking, además es dueña de Quinpe SRL una empresa que vende químicos a empresas de fracking. En 2019 una foto se viralizó en las redes, la camioneta de la secretaria de ambiente estacionada en Quinpe. Quinpe fue denunciada por un ex empleado por contaminar con químicos peligrosos en las acequias que se usan para riego en Fernández Oro y que terminan en el Rio Negro. En 2019 Migani recibe en su casa a periodistas de la revista cítrica, que cuando le preguntan por Quinpe, los echa«.

Sinopsis de la serie:
En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.
Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.
Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares.
Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.

@invitado-especial Alejo Estrabou

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    Kicillof denunció que Milei quiere convertir Chapadmalal en un negocio inmobiliario

     

    La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.

    Por Roque Pérez para NLI

    El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.

    El choque entre la Provincia y la Casa Rosada

    Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.

    La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.

    En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.

    Lo que está en juego

    La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.

    La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.

    Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.

     

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  • El veto a la cuñada de Alconada Mon complica los planes del gobierno para aprobar pliegos de jueces en el Senado

     

    Juan Bautista Mahiques intenta recomponer la relación con los senadores aliados del gobierno, después del papelón que se produjo cuando nueve legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que aspira al juzgado federal N°3 de La Plata.

    El ministro de Justicia se comprometió en los últimos días a enviar alrededor de 80 pliegos más, para aceitar el trámite legislativo de aquellos candidatos que ya tuvieron el visto bueno de la comisión de Acuerdos después de las audiencias públicas. Sin embargo, los senadores del radicalismo, los del PRO, los que responden directamente a gobernadores, como la salteña Flavia Royón o la tucumana Sandra Mendoza, y los sin techo como Carlos «Camau» Espínola exigen que, antes, Juan Carlos Pagotto, el riojano que preside la comisión, «deje de esconder» el dictamen de Michelli.

    Un legislador enfurecido le dijo este domingo a LPO que «lo que hace Pagotto es totalmente ilegal». «El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea», se quejó.

    Como informó LPO, el dictamen de Michelli desató una pelea feroz entre Mahiques y Patricia Bullrich. Desde la Casa Rosada, acusan a la ex ministra de Seguridad de haber apurado la convocatoria a audiencia pública para la exposición de la magistrada cuando en el gobierno todavía deliberaban si convenía o no avanzar con su pliego.

    El pliego de la cuñada de Alconada Mon desató una feroz interna entre Bullrich y Mahiques

    El argumento parece endeble. Porque, sea como fuere, Karina Milei se dio cuenta tarde que el pliego de Michelli había sido remitido al Congreso, con la firma de su hermano, el presidente Javier Milei, por recomendación de Mahiques, su ministro de Justicia.

    La incógnita sobre cómo proceden Mahiques y los Milei para enviar los pliegos al Senado se convierte en el misterio más importante para encontrar dónde anida la torpeza política o quién está perjudicando a quién dentro de un gobierno minado por internas.

    Camau Espínola, Eduardo Vischi y Juliana di Tullio.

    Como sea, los aliados esperan a sus respectivas reuniones de bloque y la comisión de labor parlamentaria, que se sucederán entre el martes y miércoles próximos, para evaluar qué postura tomarán en base a lo que propongan los libertarios. Un senador oficialista asumió ante LPO que «la situación era desprolija», mientras que un aliado del gobierno comentó que Bullrich «se despega de los desmanejos» como el del affaire Michelli.

    Una versión inquietante comenzó a circular en la Cámara Alta durante los últimos días, entre los legisladores más memoriosos. Se especula que el veto de Karina al pliego de la hermana de Alconada Mon no sería solamente por las investigaciones periodísticas sobre los casos de corrupción en la Andis, LIBRA o Adorni, sino que también asocian a la jueza con una jugada de Mauricio Macri contra el juez Carlos Rozanski en 2016.

    De igual modo, tampoco el malestar de los aliados se reduce al dictamen que firmaron por la positiva en medio de la desinteligencia entre Pagotto y Karina. La bronca de los senadores también radica en que, como anticipó LPO, el riojano convocó a una audiencia pública para que expongan siete candidatos a jueces el 9 de junio, sin atender a ninguno de los postulantes que pedían los gobernadores.

    Lo que hace Pagotto es totalmente ilegal. El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea.

    El día fijado por Pagotto solo se presentará un juez que aspira a quedarse con un cargo vacante en un juzgado federal de San Juan y los seis restantes son promovidos para el fuero laboral en Capital Federal. Aunque el senador riojano se había comprometido a convocar a una nueva jornada de audiencias públicas para los candidatos de las provincias para el día siguiente, ese anuncio todavía no se había formalizado hasta este domingo.

    Uno de los más activos senadores en la comisión de Acuerdos se mostró confiado en que, pese a la mala praxis del gobierno, «los pliegos tienen que salir porque hay nombres de todos». Sin embargo, fuentes judiciales empiezan a observar que si arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sin que hayan sido aprobados aunque sea una tanda de los pliegos dictaminados, la apuesta de Mahiques podría diluirse.

    Hasta ahora, solo se aprobó el pliego de la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, el papá del ministro de Justicia.

     

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