«Dina Migani dirige la Secretaría de medio ambiente del gobierno de Rio Negro, organismo encargado de controlar la contaminación de fracking,además es dueña de Quinpe SRL una empresa que vende químicos a empresas de fracking. En 2019 una foto se viralizó en las redes, la camioneta de la secretaria de ambiente estacionada en Quinpe. Quinpe fue denunciada por un ex empleado por contaminar con químicos peligrosos en las acequias que se usan para riego en Fernández Oro y que terminan en el Rio Negro. En 2019 Migani recibe en su casa a periodistas de la revista cítrica, que cuando le preguntan por Quinpe, los echa«.
Sinopsis de la serie: En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza. Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo. Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares. Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
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La senadora oficialista reconoció que puso su cargo a disposición del Presidente tras chocar con una decisión clave de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto una tensión que el Gobierno intenta minimizar, pero que expone diferencias cada vez más visibles dentro de La Libertad Avanza.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La imagen de disciplina absoluta que el oficialismo intenta proyectar volvió a mostrar grietas. La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó públicamente que le presentó su renuncia a Milei como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Según relató la propia legisladora, el mandatario simplemente ignoró el ofrecimiento y continuó la conversación como si nada hubiera ocurrido.
La revelación resulta significativa porque proviene de una de las figuras más importantes del oficialismo. Bullrich explicó que decidió poner su cargo a disposición luego de comunicarle a Milei que ejercerá una «objeción de conciencia» frente al retiro de la candidatura de Michelli, una medida que generó fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera del Gobierno.
Una decisión que abrió una crisis interna
El conflicto comenzó cuando la Casa Rosada resolvió retirar la postulación de Michelli para un cargo judicial federal después de conocerse que mantiene un vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó diversas investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. La medida provocó críticas de sectores judiciales, de la oposición y también dentro de las propias filas libertarias.
Fue en ese contexto que Bullrich decidió marcar diferencias. La senadora sostuvo que se trata de una cuestión vinculada a sus principios personales y no a una discusión sobre la estrategia parlamentaria del bloque. Sin embargo, la sola necesidad de ofrecer una renuncia dejó en evidencia que el desacuerdo excede una simple diferencia técnica.
La propia legisladora relató que mantuvo una conversación «madura y seria» con Milei y que, como consideraba que estaba tomando una posición distinta a la del Presidente, creyó correcto poner su cargo a disposición. La respuesta presidencial fue llamativamente fría: según Bullrich, Milei «no le dio importancia» al tema y siguió hablando de otros asuntos.
El oficialismo intenta negar las diferencias
Aunque Bullrich se esforzó por negar la existencia de una interna abierta y ratificó su apoyo al rumbo general del Gobierno, los hechos muestran un escenario más complejo. No es la primera vez que la senadora se distancia públicamente de decisiones impulsadas desde la Casa Rosada y, en los últimos meses, comenzó a construir un perfil propio dentro del universo libertario.
Para una administración que construyó gran parte de su identidad política alrededor de la idea de cohesión absoluta y obediencia al liderazgo presidencial, el episodio representa un problema político. La noticia no pasa únicamente por una renuncia que finalmente no se concretó, sino por el hecho de que una dirigente central del oficialismo sintiera la necesidad de ofrecerla.
Mientras Milei busca sostener la narrativa de un Gobierno sin fisuras, la controversia por la jueza Michelli terminó exhibiendo algo diferente: las tensiones internas existen, las diferencias aparecen cada vez con más frecuencia y ya comenzaron a hacerse públicas. Que el Presidente haya rechazado la renuncia puede haber evitado una crisis inmediata, pero difícilmente alcance para cerrar una discusión que sigue creciendo dentro del propio oficialismo.
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