«Dina Migani dirige la Secretaría de medio ambiente del gobierno de Rio Negro, organismo encargado de controlar la contaminación de fracking,además es dueña de Quinpe SRL una empresa que vende químicos a empresas de fracking. En 2019 una foto se viralizó en las redes, la camioneta de la secretaria de ambiente estacionada en Quinpe. Quinpe fue denunciada por un ex empleado por contaminar con químicos peligrosos en las acequias que se usan para riego en Fernández Oro y que terminan en el Rio Negro. En 2019 Migani recibe en su casa a periodistas de la revista cítrica, que cuando le preguntan por Quinpe, los echa«.
Sinopsis de la serie: En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza. Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo. Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares. Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.
La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra abierta la convocatoria a interesados en participar con un stand en la feria de artesanos de la Fiesta de la Vendimia. El evento se llevará a cabo los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo. Los interesados pueden acercarse a la Dirección de…
La industria textil es el cuarto mercado con mayor impacto negativo en el cambio climático por debajo de la alimentación, el sector inmobiliario y los transportes. La industria textil es responsable del 20% del desperdicio de agua en el mundo y del 8% de los gases de efecto invernadero, según la Organización de las Naciones…
La licitación de la vía navegable troncal que conecta a Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay con el océano Atlántico, tuvo un giro inesperado y dejó al descubierto una disputa más profunda dentro del Gobierno.
La semana que pasó, Martín Menem recibió en su despacho de la Cámara de Diputados a una delegación de la empresa belga DEME que compite por la licitación de la Hidrovía con la también belga Jan de Nul, actual dragadora de la vía fluvial Paraná-Paraguay.
La irrupción de los Menem en la privatización más importante de la era Milei -se trata de un negocio de 10 mil millones de dólares- representa un avance sobre áreas de Santiago Caputo y coincide con el golpe de poder que dieron al quedarse con el aval de Karina Milei, con el ministerio de Justicia.
Luego de esa reunión, la empresa brasileña DTA Engenharia, que era la tercera en discordia, decidió bajarse de la competencia. La lectura es política: la compañía entendió que no tenía terminal en el poder libertario. DTA abandono el proceso y no presentó las garantías exigidas en el pliego.
El retiro de DTA deja entonces la licitación reducida a un duelo entre dos gigantes globales del dragado: la belga Jan de Nul, histórica operadora de la hidrovía, y su competidora, también belga, DEME. Pero detrás de ese enfrentamiento empresarial asoma otra pelea, la que se reedita hacia dentro del triángulo de poder que rodea a Javier Milei.
Jan De Nul, histórica operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja evidente: conoce el río, la logística y la estructura regulatoria del negocio. Pero además cuenta con una red de relaciones empresariales y políticas construida durante años de presencia en el país.
Jan De Nul, histórica operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja evidente: conoce el río, la logística y la estructura regulatoria del negocio. Pero el acercamiento de los DEME a los Menem les da un volumen político que puede ser determinante.
En ese entramado aparece el nombre de los hermanos Neuss, uno de los grupos ganadores del ciclo libertario, que han logrado tejer buenas relaciones con Jan de Nul.
Del otro lado aparece DEME, que en las últimas semanas construyo su propio canal político. Según confirmaron a LPO fuentes al tanto de la pelea, ejecutivos de esa compañía belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados.
«Con el acercamiento de DEME a los Menem, ya no se trata solo de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país. La pulseada empresaria ahora suma un capítulo político evidente», agregó a LPO la fuente consultada.
El negocio vale el esfuerzo. Se trata de un contrato de 25 años de concesión con posibilidad de prórroga por cinco más, de la principal vía navegable para sacar las exportaciones argentinas. Una de las autopistas fluviales más extensas e importantes del mundo en el corazón logístico de Sudamérica.
El adjudicatario deberá encargarse del dragado, el balizamiento, el mantenimiento del canal y la administración del sistema de peajes. Pero detrás de la concesión hay tres variables que explican el verdadero poder del negocio.
La primera es el peaje que pagan los buques: cada dólar adicional en esa tarifa se multiplica por miles de barcos y termina impactando en toda la cadena exportadora.
La segunda es la profundidad del canal. Cada pie adicional de dragado permite que los buques salgan con más carga desde los puertos del Gran Rosario, aumentando la competitividad del sistema portuario.
La tercera es el control de la información logística. Quien administra la hidrovía tiene acceso privilegiado a los flujos de carga, tiempos de navegación y dinámica del comercio exterior.
La hidrovía es, en apariencia, una obra de infraestructura. Pero en la práctica funciona como la autopista por la que circulan los dólares de la economía argentina. Y por eso, mientras las empresas discuten quién manejará las dragas, dentro del Gobierno se libra otra disputa más silenciosa: qué sector del poder termina administrando uno de los nodos estratégicos del negocio exportador argentino.
Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.
Por Roque Pérez para NLI
Un caso que estalló dentro del propio organismo
La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.
El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.
Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.
La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron
La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.
La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.
Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.
El contexto del ajuste y el significado político del escándalo
El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.
En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.
El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.
De la polémica al ascenso
Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.
Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.
Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.
La “casta” que nunca desaparece
Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.
En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.
Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?
Muchos buscan cual sería el concepto más poderoso de todos.Algunos dicen que es el tiempo. Ya que gracias al tiempo la semilla logra dar sus frutos. Pero los frutos si no son aprovechados, en si mismos, ¿Qué propósito cumple?.Otros dicen que lo mas poderoso no es el tiempo, si no a lo que le prestas…
Con una amplia gama de propuestas al aire libre y en los centros invernales, gastronomía regional de lujo y majestuosos paisajes, la cordillera rionegrina se prepara para recibir a turistas de todo el país y la provincia con infinitas opciones para disfrutar de la temporada de invierno. Diversión y deporte al aire libre Este 9…
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