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CAMBIO DE MATRIZ

Los productores valletanos reclaman al gobierno el pago de 1,50 pesos por kilo cosechado como parte de un esquema de ayuda para sortear sus dificultades económicas de otra temporada igual a la anterior, y a la anterior. Asimismo, demandan la postergación del cobro de créditos y nuevas políticas que permitan dar sustentabilidad a la actividad, por demás vapuleada.

Año tras año se buscan paliativos para sostener la productividad, ningún cambio estructural profundo. Los productores inmersos en ese círculo vicioso es moneda corriente en la zona. La visión a futuro es apocalíptica, más aún si miramos hacia el norte de la región y sentimos las arrolladoras multinacionales. Subsistirán solo los grandes productores que cuentan con parte mayor de la cadena de producción (cosecha, empaque, comercialización).

Las grandes ideas o propuestas que provienen de avances ya implantados en otras sociedades no permiten ser instaurados tan solo por la falta de educación por parte de quienes son dueños de las tierras. Se percibe que nuevamente solo un avance tecnológico puede materializar un avance en la matriz productiva de la región, pero esa percepción al parecer no es la del sector.

La tendencia a nivel mundial es clarificadora, los países que siguen vendiendo la materia prima (como puede ser la fruta) sin un valor agregado que precisa de avances tecnológicos e innovaciones, ralentizaron su crecimiento notablemente. Palpable en la cotidianeidad económica de la región. Mientras que los países que  agregaron valor a su materia prima se beneficiaron enormemente.

Estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado son cada vez más ricos y los que siguen produciendo materias primas se quedan cada vez más atrás. Estamos yendo a una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. No es casual que países pequeños que no tienen materias primas tengan economías prósperas. Esta tendencia se acelerara más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa de forma cada vez más exponencial.

Argentina invierte poco en investigación científica y cuenta con escaza participación del sector privado. Si le sumamos, aunque en realidad restamos,  que las grandes universidades públicas del país tienen tres veces más estudiantes de psicología o abogacía que de ingenierías. Vemos difícil congeniar la producción con la innovación, porque no hay inventiva. La evidencia más clara del rezago tecnológico  es el insignificante número de patentes de nuevas invenciones que registra el país, unas 30 por año. El número de patentes es uno de los principales medidores de innovación y avance tecnológico.

Sin embargo, desde el 2004 la provincia de Rio Negro tiene gran capacidad económica en materia de ciencia y tecnología. Nuestra provincia, por ejemplo, es la 3ra en el ranking de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas. INVAP CE, ALTEC CE, CEATSA, CNEA, CONAE, INTI, INTA, UnCO y UNRN; son los principales agentes vinculados a la ciencia y la tecnología en Rio Negro.

Para que pueda existir un ecosistema tangible y beneficioso para el sector no solo tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan talentos, una interacción constante entre empresas y universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y patentes, y una concentración de mentes creativas que no se fuguen al exterior. Sino también capacidad asociativa para un bien común, con la terquedad y la falta de educación de quienes hoy son dueños de las tierras, será difícil ponderar una innovación productiva que cambie la ecuación.

¿Será que los grandes productores agrícolas no quieren un cambio de matriz y recurren a métodos gastados de protestas donde terminan sometidos por sus propias fórmulas productivas?

Foto portada: Museo Felipe Bonolli (Villa Regina - Rio Negro)
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    Precios tabú

     

    El costo de alimentarse en Argentina es tan disparatado como ignorado en el debate político y económico actual.

    Por Nerio Corello para NLI

    Aunque parezca  inverosímil, el precio de los alimentos es un tema tabú. El grueso de los políticos, empresarios y economistas lo elude. Aunque se trate de la base fundamental de la economía doméstica del ciudadano común, se soslaya con la hipócrita elegancia de la referencia fugaz. En los medios aparece con intermitencia, como escándalo del día o indicador de inestabilidad transitoria.

    Las personas públicas que se animan a poner el tema en primer plano sufren descalificaciones o son blanco de la falacia ad hominem. La estacionalidad,  los malos hábitos alimentarios y la deficiente educación de los consumidores suelen ser argumentos que permiten a políticos y economistas acorralados salir por la tangente.

    El elevado precio de los alimentos es un problema mundial, pero en Argentina un verdadero  calvario. Si ya se conoce que nuestro país lidera el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidianos 2025 (según Statista Consumer Insights), habría que averiguar cuánto incide en estos padecimientos psíquicos la dificultad para parar la olla.

    Mientras el índice de precios de alimentos de la FAO mantiene una tendencia sostenida  a la baja desde fines de 2025 y comienzos de 2026, según los datos de nuestro ficcional INDEC –que Marco abandonó por falta de vocación literaria-, para alimentarse en Argentina hubo que sobrellevar un incremento de más del 35% en los últimos doce meses.

    Con las referencias de un SMVM de $ 352.400,-, un salario promedio pretendido (nada más que pretendido) de $1.699.284 mensuales para enero de 2026 pero un sufrido ingreso promedio per cápita del total de la población urbana de $ 956.283,-, y una Canasta Básica Alimentaria subvaluada por el INDEC en $ 453.384,-, es suficiente para encender todas las alarmas.

    Sin embargo, dejarse llevar únicamente por indicadores, índices y estadísticas en general significa las más de las veces abonar discusiones bizantinas. El discurso sesgado, con datos elegidos y omitidos a discreción, suele estar a la orden del día en cualquier tema conflictivo y ganar la partida de las justificaciones o llevarnos directo, sin escalas realistas, a Narnia.

    Los cálculos propios suelen dar mejores pautas de orientación aunque, claro, incrementan el estrés.

    Si, por ejemplo, usted compra a estos precios promedio: un kilo de arroz $ 2.000,-. uno de harina $ 1.300,-, uno de azúcar $ 1.000,-, uno de pollo $ 4.100,-, una docena de huevos $ 7.000,-, una lata de tomates $ 1.500,  unos fideos secos de medio kilo $ 1,000,-, 900 ml de aceite de girasol $ 4.200,-, medio kilo de picada $ 5.000,-, uno de paleta $ 14.000,-, un litro de leche $ 1.500,- y un kilo de pan $ 3.400,-, se gastó en esta comprita mísera bastante más del 10% de un SMVM.

    Las economías individuales o familiares no pueden sostenerse con relaciones tan dispares entre ingresos y precios  de alimentos. Es un punto de partida absolutamente viciado e ineludible que se agrava con los alocados costos de alquileres, servicios, salud, educación y transporte.

    El destino del endeudamiento y la posterior bancarrota de las economías domésticas ya está siendo realidad.


     

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    En medio del escándalo $LIBRA el gobierno lanza un plan contra el fraude digital

     

    El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

    La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

    Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

    El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

    En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

    El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

    Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

    Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

    El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

    En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

    El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

    Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

    El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

    Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

    La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

    La expansión de la seguridad digital

    El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

    En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

    El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

    ¿Puede usarse políticamente?

    La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

    Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

    En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

    Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

    Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

     

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  • Patricia Bullrich pone a Lázaro Báez como ejemplo para que la gente suelte los dólares

     

    Patricia Bullrich puso a Lázaro Báez como ejemplo para pedir que la gente suelte los dólares, ante la desesperación del equipo económico por reactivar la economía.

    «Vamos a fundir a todas las fábricas de colchones, porque no van a poder guardar más los dólares en los colchones», ironizó la senadora en Tucumán, adonde acompañó a Javier Milei a un acto con empresarios. La broma se da justo cuando se funden fábricas todas las semanas por la recesión.

    «Saquen los dólares que tuvieron que guardar porque la Argentina no daba seguridad jurídica», dijo la ex ministra de Seguridad. «Inviertánlos, hagan mejor sus casas, mejoren sus negocios, vayan al banco y llevan la plata, hasta 10 mil millones de pesos no los mira nadie», admitió.

    «Miren lo que nos pasó con la ley de inocencia fiscal, como la ley penal tributaria es retroactiva, hasta Lázaro Báez se benefició, miren las consecuencias no deseadas de las buenas leyes», dijo Bullrich.

     

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    MEJOR COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA, PRIORIDADES DE LA NUEVA GESTIÓN EN EL COPLADE

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  • Malvinas: La Última Carta, el primer videojuego argentino sobre la guerra de las Islas Malvinas

    «Malvinas, la última carta» es un videojuego argentino que homenajea a los soldados caídos en la guerra de las Malvinas de 1982. Desarrollado por El Burro Studio, sigue a un joven soldado que debe proteger las últimas cartas de sus compañeros fallecidos. Disponible pronto en Steam, promete recrear fielmente la historia.

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