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CAMBIO DE MATRIZ

Los productores valletanos reclaman al gobierno el pago de 1,50 pesos por kilo cosechado como parte de un esquema de ayuda para sortear sus dificultades económicas de otra temporada igual a la anterior, y a la anterior. Asimismo, demandan la postergación del cobro de créditos y nuevas políticas que permitan dar sustentabilidad a la actividad, por demás vapuleada.

Año tras año se buscan paliativos para sostener la productividad, ningún cambio estructural profundo. Los productores inmersos en ese círculo vicioso es moneda corriente en la zona. La visión a futuro es apocalíptica, más aún si miramos hacia el norte de la región y sentimos las arrolladoras multinacionales. Subsistirán solo los grandes productores que cuentan con parte mayor de la cadena de producción (cosecha, empaque, comercialización).

Las grandes ideas o propuestas que provienen de avances ya implantados en otras sociedades no permiten ser instaurados tan solo por la falta de educación por parte de quienes son dueños de las tierras. Se percibe que nuevamente solo un avance tecnológico puede materializar un avance en la matriz productiva de la región, pero esa percepción al parecer no es la del sector.

La tendencia a nivel mundial es clarificadora, los países que siguen vendiendo la materia prima (como puede ser la fruta) sin un valor agregado que precisa de avances tecnológicos e innovaciones, ralentizaron su crecimiento notablemente. Palpable en la cotidianeidad económica de la región. Mientras que los países que  agregaron valor a su materia prima se beneficiaron enormemente.

Estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado son cada vez más ricos y los que siguen produciendo materias primas se quedan cada vez más atrás. Estamos yendo a una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. No es casual que países pequeños que no tienen materias primas tengan economías prósperas. Esta tendencia se acelerara más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa de forma cada vez más exponencial.

Argentina invierte poco en investigación científica y cuenta con escaza participación del sector privado. Si le sumamos, aunque en realidad restamos,  que las grandes universidades públicas del país tienen tres veces más estudiantes de psicología o abogacía que de ingenierías. Vemos difícil congeniar la producción con la innovación, porque no hay inventiva. La evidencia más clara del rezago tecnológico  es el insignificante número de patentes de nuevas invenciones que registra el país, unas 30 por año. El número de patentes es uno de los principales medidores de innovación y avance tecnológico.

Sin embargo, desde el 2004 la provincia de Rio Negro tiene gran capacidad económica en materia de ciencia y tecnología. Nuestra provincia, por ejemplo, es la 3ra en el ranking de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas. INVAP CE, ALTEC CE, CEATSA, CNEA, CONAE, INTI, INTA, UnCO y UNRN; son los principales agentes vinculados a la ciencia y la tecnología en Rio Negro.

Para que pueda existir un ecosistema tangible y beneficioso para el sector no solo tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan talentos, una interacción constante entre empresas y universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y patentes, y una concentración de mentes creativas que no se fuguen al exterior. Sino también capacidad asociativa para un bien común, con la terquedad y la falta de educación de quienes hoy son dueños de las tierras, será difícil ponderar una innovación productiva que cambie la ecuación.

¿Será que los grandes productores agrícolas no quieren un cambio de matriz y recurren a métodos gastados de protestas donde terminan sometidos por sus propias fórmulas productivas?

Foto portada: Museo Felipe Bonolli (Villa Regina - Rio Negro)
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    La Justicia frena el ajuste universitario y obliga al Gobierno a pagar salarios y becas

     

    Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.

    La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.

    Un decreto para vaciar una ley

    En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

    Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.

    Salarios licuados y derechos vulnerados

    El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.

    En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

    Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.

    El falso argumento del “ahorro fiscal”

    La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.

    En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.

    Un límite judicial al ajuste

    Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

    La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.

     

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