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CAMBIO DE MATRIZ

Los productores valletanos reclaman al gobierno el pago de 1,50 pesos por kilo cosechado como parte de un esquema de ayuda para sortear sus dificultades económicas de otra temporada igual a la anterior, y a la anterior. Asimismo, demandan la postergación del cobro de créditos y nuevas políticas que permitan dar sustentabilidad a la actividad, por demás vapuleada.

Año tras año se buscan paliativos para sostener la productividad, ningún cambio estructural profundo. Los productores inmersos en ese círculo vicioso es moneda corriente en la zona. La visión a futuro es apocalíptica, más aún si miramos hacia el norte de la región y sentimos las arrolladoras multinacionales. Subsistirán solo los grandes productores que cuentan con parte mayor de la cadena de producción (cosecha, empaque, comercialización).

Las grandes ideas o propuestas que provienen de avances ya implantados en otras sociedades no permiten ser instaurados tan solo por la falta de educación por parte de quienes son dueños de las tierras. Se percibe que nuevamente solo un avance tecnológico puede materializar un avance en la matriz productiva de la región, pero esa percepción al parecer no es la del sector.

La tendencia a nivel mundial es clarificadora, los países que siguen vendiendo la materia prima (como puede ser la fruta) sin un valor agregado que precisa de avances tecnológicos e innovaciones, ralentizaron su crecimiento notablemente. Palpable en la cotidianeidad económica de la región. Mientras que los países que  agregaron valor a su materia prima se beneficiaron enormemente.

Estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado son cada vez más ricos y los que siguen produciendo materias primas se quedan cada vez más atrás. Estamos yendo a una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. No es casual que países pequeños que no tienen materias primas tengan economías prósperas. Esta tendencia se acelerara más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa de forma cada vez más exponencial.

Argentina invierte poco en investigación científica y cuenta con escaza participación del sector privado. Si le sumamos, aunque en realidad restamos,  que las grandes universidades públicas del país tienen tres veces más estudiantes de psicología o abogacía que de ingenierías. Vemos difícil congeniar la producción con la innovación, porque no hay inventiva. La evidencia más clara del rezago tecnológico  es el insignificante número de patentes de nuevas invenciones que registra el país, unas 30 por año. El número de patentes es uno de los principales medidores de innovación y avance tecnológico.

Sin embargo, desde el 2004 la provincia de Rio Negro tiene gran capacidad económica en materia de ciencia y tecnología. Nuestra provincia, por ejemplo, es la 3ra en el ranking de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas. INVAP CE, ALTEC CE, CEATSA, CNEA, CONAE, INTI, INTA, UnCO y UNRN; son los principales agentes vinculados a la ciencia y la tecnología en Rio Negro.

Para que pueda existir un ecosistema tangible y beneficioso para el sector no solo tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan talentos, una interacción constante entre empresas y universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y patentes, y una concentración de mentes creativas que no se fuguen al exterior. Sino también capacidad asociativa para un bien común, con la terquedad y la falta de educación de quienes hoy son dueños de las tierras, será difícil ponderar una innovación productiva que cambie la ecuación.

¿Será que los grandes productores agrícolas no quieren un cambio de matriz y recurren a métodos gastados de protestas donde terminan sometidos por sus propias fórmulas productivas?

Foto portada: Museo Felipe Bonolli (Villa Regina - Rio Negro)
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    Entre los proyectos que quedaron bajo la lupa se encuentra la nueva ley de biocombustibles que habilita el ingreso de las petroleras y las grandes cerealeras a un mercado interno reservado durante dos décadas para las pymes regionales.

    El proyecto es impulsado por Patricia Bullrich en el Senado y la pérdida de poder de la exministra y el desgaste de Sturzenegger encendieron las alarmas entre las grandes compañías que pretenden ingresar al negocio. En el sector temen que el nuevo escenario político congele la iniciativa antes de que consiga dictamen.

     [Milei analiza congelar los proyectos de Sturzenegger harto de pagar costos políticos]

    En ese contexto, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, salió a defender públicamente la reforma. El empresario, que no suele conceder entrevistas, aseguró que la compañía está preparada para invertir en la producción de biocombustibles si el Congreso modifica una legislación que impide a las refinadoras participar del sector.

    «Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina», afirmó Bulgheroni durante la inauguración de una estación de servicio de Axion en la localidad santafesina de San Agustín, donde compartió el acto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini.

     Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina 

    Según Bulgheroni, los petroleros no pretenden disputar el mercado interno, sino que apuntan a la exportación en asociación con compañías que ya operan en el sector. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que fabrican biocombustible para el corte obligatorio miran con desconfianza.

    Desde Cepreb, la cámara que los nuclea advierten que la propuesta del gobierno permite que las petroleras y las grandes aceiteras avancen sobre la porción del mercado que actualmente sostiene a las plantas instaladas en pequeñas localidades del interior.

    «Marcos Bulgheroni dice que no hay distintos proyectos y que hay que agrandar la torta. Suena lindo. Pero traduzcamos: el proyecto que impulsa el Gobierno condena a la quiebra a las pymes regionales del biodiésel, pone en riesgo unos 10.000 empleos entre directos e indirectos y concentra el negocio en apenas seis aceiteras», cruzó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

    La principal preocupación está concentrada en el coprocesamiento, un mecanismo que permite a las refinadoras incorporar materia vegetal durante la destilación del petróleo y contabilizar ese volumen dentro del corte obligatorio, aunque técnicamente no produzcan biodiésel.

    La iniciativa de Bullrich propone elevar del 7,5% al 10% el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, las pymes denuncian que la participación de las petroleras mediante el coprocesamiento terminaría reduciendo del 7,5% al 7% el corte efectivo reservado para las plantas regionales.

    El modelo vigente protegió durante dos décadas a empresas que se instalaron en pequeñas ciudades del interior, especialmente en Santa Fe, y que dependen del mercado interno para sostener su actividad. Según CEPREB, el esquema representa alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

    Santa Fe concentró el 58% de la producción nacional de biodiésel durante 2025 y alberga buena parte de las plantas que podrían quedar afectadas por la reforma. A su vez, en el Gran Rosario operan las grandes aceiteras que respaldan la apertura del mercado.

     

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