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CAMBIO DE MATRIZ

Los productores valletanos reclaman al gobierno el pago de 1,50 pesos por kilo cosechado como parte de un esquema de ayuda para sortear sus dificultades económicas de otra temporada igual a la anterior, y a la anterior. Asimismo, demandan la postergación del cobro de créditos y nuevas políticas que permitan dar sustentabilidad a la actividad, por demás vapuleada.

Año tras año se buscan paliativos para sostener la productividad, ningún cambio estructural profundo. Los productores inmersos en ese círculo vicioso es moneda corriente en la zona. La visión a futuro es apocalíptica, más aún si miramos hacia el norte de la región y sentimos las arrolladoras multinacionales. Subsistirán solo los grandes productores que cuentan con parte mayor de la cadena de producción (cosecha, empaque, comercialización).

Las grandes ideas o propuestas que provienen de avances ya implantados en otras sociedades no permiten ser instaurados tan solo por la falta de educación por parte de quienes son dueños de las tierras. Se percibe que nuevamente solo un avance tecnológico puede materializar un avance en la matriz productiva de la región, pero esa percepción al parecer no es la del sector.

La tendencia a nivel mundial es clarificadora, los países que siguen vendiendo la materia prima (como puede ser la fruta) sin un valor agregado que precisa de avances tecnológicos e innovaciones, ralentizaron su crecimiento notablemente. Palpable en la cotidianeidad económica de la región. Mientras que los países que  agregaron valor a su materia prima se beneficiaron enormemente.

Estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado son cada vez más ricos y los que siguen produciendo materias primas se quedan cada vez más atrás. Estamos yendo a una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. No es casual que países pequeños que no tienen materias primas tengan economías prósperas. Esta tendencia se acelerara más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa de forma cada vez más exponencial.

Argentina invierte poco en investigación científica y cuenta con escaza participación del sector privado. Si le sumamos, aunque en realidad restamos,  que las grandes universidades públicas del país tienen tres veces más estudiantes de psicología o abogacía que de ingenierías. Vemos difícil congeniar la producción con la innovación, porque no hay inventiva. La evidencia más clara del rezago tecnológico  es el insignificante número de patentes de nuevas invenciones que registra el país, unas 30 por año. El número de patentes es uno de los principales medidores de innovación y avance tecnológico.

Sin embargo, desde el 2004 la provincia de Rio Negro tiene gran capacidad económica en materia de ciencia y tecnología. Nuestra provincia, por ejemplo, es la 3ra en el ranking de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas. INVAP CE, ALTEC CE, CEATSA, CNEA, CONAE, INTI, INTA, UnCO y UNRN; son los principales agentes vinculados a la ciencia y la tecnología en Rio Negro.

Para que pueda existir un ecosistema tangible y beneficioso para el sector no solo tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan talentos, una interacción constante entre empresas y universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y patentes, y una concentración de mentes creativas que no se fuguen al exterior. Sino también capacidad asociativa para un bien común, con la terquedad y la falta de educación de quienes hoy son dueños de las tierras, será difícil ponderar una innovación productiva que cambie la ecuación.

¿Será que los grandes productores agrícolas no quieren un cambio de matriz y recurren a métodos gastados de protestas donde terminan sometidos por sus propias fórmulas productivas?

Foto portada: Museo Felipe Bonolli (Villa Regina - Rio Negro)
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    El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un nuevo organismo para disciplinar el relato público

    A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.

    El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.

    La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.

    Quién está a cargo y cómo funciona

    La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

    No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.

    Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”

    El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.

    Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.

    El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.

    El Estado como Ministerio de la Verdad

    Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.

    Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.

    Más propaganda que información

    Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.

    En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.

    Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.

     

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