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CAMBIO DE MATRIZ

Los productores valletanos reclaman al gobierno el pago de 1,50 pesos por kilo cosechado como parte de un esquema de ayuda para sortear sus dificultades económicas de otra temporada igual a la anterior, y a la anterior. Asimismo, demandan la postergación del cobro de créditos y nuevas políticas que permitan dar sustentabilidad a la actividad, por demás vapuleada.

Año tras año se buscan paliativos para sostener la productividad, ningún cambio estructural profundo. Los productores inmersos en ese círculo vicioso es moneda corriente en la zona. La visión a futuro es apocalíptica, más aún si miramos hacia el norte de la región y sentimos las arrolladoras multinacionales. Subsistirán solo los grandes productores que cuentan con parte mayor de la cadena de producción (cosecha, empaque, comercialización).

Las grandes ideas o propuestas que provienen de avances ya implantados en otras sociedades no permiten ser instaurados tan solo por la falta de educación por parte de quienes son dueños de las tierras. Se percibe que nuevamente solo un avance tecnológico puede materializar un avance en la matriz productiva de la región, pero esa percepción al parecer no es la del sector.

La tendencia a nivel mundial es clarificadora, los países que siguen vendiendo la materia prima (como puede ser la fruta) sin un valor agregado que precisa de avances tecnológicos e innovaciones, ralentizaron su crecimiento notablemente. Palpable en la cotidianeidad económica de la región. Mientras que los países que  agregaron valor a su materia prima se beneficiaron enormemente.

Estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado son cada vez más ricos y los que siguen produciendo materias primas se quedan cada vez más atrás. Estamos yendo a una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. No es casual que países pequeños que no tienen materias primas tengan economías prósperas. Esta tendencia se acelerara más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa de forma cada vez más exponencial.

Argentina invierte poco en investigación científica y cuenta con escaza participación del sector privado. Si le sumamos, aunque en realidad restamos,  que las grandes universidades públicas del país tienen tres veces más estudiantes de psicología o abogacía que de ingenierías. Vemos difícil congeniar la producción con la innovación, porque no hay inventiva. La evidencia más clara del rezago tecnológico  es el insignificante número de patentes de nuevas invenciones que registra el país, unas 30 por año. El número de patentes es uno de los principales medidores de innovación y avance tecnológico.

Sin embargo, desde el 2004 la provincia de Rio Negro tiene gran capacidad económica en materia de ciencia y tecnología. Nuestra provincia, por ejemplo, es la 3ra en el ranking de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas. INVAP CE, ALTEC CE, CEATSA, CNEA, CONAE, INTI, INTA, UnCO y UNRN; son los principales agentes vinculados a la ciencia y la tecnología en Rio Negro.

Para que pueda existir un ecosistema tangible y beneficioso para el sector no solo tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan talentos, una interacción constante entre empresas y universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y patentes, y una concentración de mentes creativas que no se fuguen al exterior. Sino también capacidad asociativa para un bien común, con la terquedad y la falta de educación de quienes hoy son dueños de las tierras, será difícil ponderar una innovación productiva que cambie la ecuación.

¿Será que los grandes productores agrícolas no quieren un cambio de matriz y recurren a métodos gastados de protestas donde terminan sometidos por sus propias fórmulas productivas?

Foto portada: Museo Felipe Bonolli (Villa Regina - Rio Negro)
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  • La pobreza podría ser 10 puntos más de lo que anunció el gobierno

     

    La medición de pobreza que festejó el gobierno recibe cada vez mayores cuestionamientos. Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, considero que hay «cierta ficción» en las cifras del Indec y que el número de pobres podría ser hasta 10 puntos mayor de lo anunciado por el gobierno.

    Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y hasta Manuel Adorni festejaron la caída de la pobreza, que pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 a 28,2% en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, las cifras abren una controversia.

    Hay dos cuestiones que ayudan a mejorar los índices que destacan los libertarios: una es la mejor captación del ingreso de hogares. El aumento de la captación de los ingresos en los hogares explica cerca de cinco puntos de caída en la tasa de pobreza y también vuelve inútil la comparación con años anteriores que tenían una peor captación del ingreso.

    El segundo problema es la falta de actualización de la estructura de los gastos de los hogares, donde desde 2024 la mayor parte del ingreso se destina al pago de servicios y cae lo destinado al consumo. Se calcula que entre esas dos cuestiones el índice bajó 10 puntos.

    Los alquileres subieron más del doble que la inflación desde diciembre de 2023

    Si se toma como ejemplo el segundo semestre de 2025, la pobreza no sería de 28,2% como midió el Indec sino de 32% con el mismo sistema de medición de 2023 y de 39-40% con una estructura de gastos actualizada.

    Para determinar si una familia vive bajo la línea de pobreza se comparan los ingresos del grupo con la canasta básica para la línea de pobreza y la canasta básica de indigencia.

    La liberación de los precios de servicios públicos y del precio del transporte desde la asunción de Milei provocó que la mayor parte del presupuesto familiar se destinara a servicios y no al consumo. Por otro lado, el Indec mejoró el sistema de captación de ingresos en los hogares y por eso mide un mayor ingreso por hogar.

    «Estás considerando un valor de canasta básica total con parámetros y estructuras de 2004-2005. Para un hogar de clase media los servicios no alimentarios representan el 60% de sus ingresos y los alimentos el 40%. Hace 20 años la proporción era distinta, 60% de alimentos y 40% de otros bienes y servicios. La estructura de consumo es totalmente irreal», explicó Salvia en Radio Splendid.

    «A partir de los cambios que produjeron la liberación de las tarifas y los ajustes más recientes, el índice de pobreza no es realista y pierde fidelidad la comparación hacia atrás», dijo el sociólogo e investigador del Conicet. 

     

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  • Malvinas bajo la Doctrina Donroe

     

    En el despacho presidencial, un grupo reducido aplaude de pie antes de que empiece. Patricia Bullrich, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno visten uniforme militar. En el estrado, dos banderas: la argentina y la estadounidense. Javier Milei sube a la tarima con su enterito camuflado. A su lado, Peter Lamelas, el embajador norteamericano. Karina Milei observa desde un costado. Las cámaras de la cadena nacional encuadran la escena.

    Un pitido. Suena el himno.

    Cadena nacional. El presidente Javier Milei se dirige a la Nación.

    Karina asiente. Milei comienza.

    —Argentinos: hoy, después de 193 años, puedo anunciarles que recuperamos las Malvinas. Este gobierno, que llegó al poder para hacer lo que otros no se animaron, cerró el acuerdo que la casta política les prometió durante décadas y nunca cumplió. Hicimos lo que había que hacer. Fuimos al único lugar donde se hacen bien las cosas, y hablamos con la única persona que las resuelve, el líder del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos de  América. Vamos a tener una base militar en las islas, es cierto. Una base bajo soberanía argentina, con nuestra bandera, con nuestras reglas. El que no entienda la diferencia entre ceder y negociar es porque nunca gobernó, nunca arriesgó nada y nunca ganó nada. Hoy sí podemos decir: Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la libertad, carajo!. 

    No. Esta escena nunca ocurrió. Pero hay quienes ya la imaginan, por más extraño y bizarro que suene. El escenario que podría hacerla parece cobrar forma. 

    Veamos la secuencia y los antecedentes. 

    El primero que lo dijo fue Horacio Verbitsky, en noviembre de 2025, cuando trascendió que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando interceder ante el Reino Unido para favorecer a la Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, a cambio de instalar una base militar propia en el archipiélago. No es la primera vez que algo así se mueve por los pasillos de la diplomacia argentina: en los noventa, Carlos Menem quiso ir por ese camino –normalizar vínculos con Londres, avanzar en acuerdos de cooperación, seducir a los isleños– pero no llegó a ningún lado. El intento estuvo.

    Treinta años después, con la Argentina gobernada por Milei quien, al igual que Menem, hace del alineamiento con Washington su principal activo diplomático, la  cuestión Malvinas vuelve a alinearse con los intereses norteamericanos. Esta vez en un contexto geopolítico diferente. 

    Las Malvinas no son sólo las islas: son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano con petróleo, gas, minerales estratégicos y una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico. Son la puerta de entrada a la Antártida –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un mundo donde el agua empieza a valer lo que el petróleo. Y son el punto desde donde Washington, que estudia reorganizar su arquitectura de comandos militares en el hemisferio, podría anclar su presencia en el extremo sur del continente. El Atlántico Sur volvió a aparecer en los mapas estratégicos del Pentágono. La neutralidad ya no es una opción.

    Petróleo, pesca, rutas de navegación

    Para entender por qué Washington estaría dispuesto a dinamitar la histórica special relationship con Londres, hay que leer las grietas que se abrieron en las últimas semanas. El punto de quiebre fue el 2 de marzo de 2026: frente a la presión para meterse de lleno en el conflicto entre EE.UU. e Irán, el gobierno de Keir Starmer plantó bandera y se negó a una participación militar activa, limitando el uso de sus bases en Chipre. La reacción de Trump fue una descalificación pública vía Truth Social, donde tildó al Reino Unido de aliado «débil y poco confiable». 

    En ese clima de reproches diplomáticos, lo que antes era impensado empezó a circular por los pasillos del Capitolio. Marc Zell, congresista republicano fanático de Milei, sugirió abiertamente que Estados Unidos debería revisar su neutralidad y cambiar su postura sobre la soberanía de las Malvinas. Si bien no es todavía una declaración formal de la Casa Blanca, el mensaje es nítido: en el tablero transaccional de Trump, la lealtad británica dejó de ser un dogma y las islas pasaron a ser una pieza de cambio posible.

    Es en este impasse de la histórica special relationship donde se manifiesta el pragmatismo más crudo de la era Trump. Si hoy Washington está dispuesto a presionar a su aliado más antiguo, no es sólo por un desplante diplomático o un cruce de redes, sino porque las Malvinas tienen una densidad material que las vuelve una pieza de cambio irresistible. 

    El primer dato es el petróleo. A 220 kilómetros al norte de las islas descansa el yacimiento Sea Lion, con reservas estimadas en 917 millones de barriles según evaluaciones independientes. El 10 de diciembre de 2025, las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica) tomaron la decisión final de inversión: 2100 millones de dólares para un proyecto que se planea inaugurar en 2028 y tiene una vida útil estimada de 35 años. El gobierno argentino se opuso formalmente, publicó comunicados de protesta y sancionó a Navitas en 2023. La compañía sigue perforando.

    Pero el petróleo es sólo el inicio. Las Malvinas son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano, dos veces la superficie continental argentina. En ese espacio hay reservas pesqueras que en 2024 representaron el 58 por ciento del PBI de las islas, nódulos polimetálicos en el fondo marino con zinc, litio y cobre, y rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa y que constituyen uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur.

    Y después está la Antártida. Las Malvinas son la puerta de entrada al continente blanco –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un momento en que el acceso al agua empieza a ser un factor de poder tan relevante como el acceso al petróleo.

    Todo esto ya sería suficiente para explicar el interés estadounidense. Pero hay algo más inmediato: Washington está redibujando su arquitectura militar en el hemisferio. En febrero de 2025, la administración Trump estudió fusionar el Comando Sur –responsable del Atlántico Sur hasta la Antártida– con el Comando Norte en un mando hemisférico unificado. La fuente no es una filtración ni un medio militante: es el Congressional Research Service, el servicio de investigación no partidario del Congreso de Estados Unidos. Una base en las Malvinas, en ese esquema, no es un capricho geopolítico. Es una pieza que encaja en la gran estrategia norteamericana.

    Perón, Menem

    El peronismo histórico fue el primero en entender la importancia de negociar para aprovechar el Atlántico: la Tercera Posición de Perón no era sólo la consigna «ni yankis ni marxistas», era una doctrina de autonomía real frente a los dos bloques, que incluía a Malvinas como parte de una estrategia soberana coherente. En 1974, su gobierno llegó incluso a negociar en serio: el embajador británico James Hutton le propuso al canciller Alberto Vignes un condominio de 25 años sobre las islas como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina. Perón murió ese mismo año. La propuesta murió con él.

    Lo que vino después fue distinto. Carlos Menem llegó al poder en 1989 con una lógica que invertía exactamente la de su propio partido: en lugar de usar la autonomía para resistir al hegemón, la cedió deliberadamente para ver qué obtenía a cambio. 

    El teórico que le dio sustento intelectual a ese giro fue Carlos Escudé. En 1992 publicó Realismo Periférico: Fundamentos para la nueva política exterior argentina, el libro más incómodo de la teoría política argentina de las últimas décadas. Su diagnóstico de arranque era brutal por su simpleza: la Argentina había caído en lo que llamó la «falacia antropomórfica», es decir, tratar al Estado como si fuera una persona con dignidad propia que defender, como si el país fuera un individuo ofendido que no puede ceder sin perder el honor. Esa lógica, decía Escudé, había justificado décadas de confrontación con las grandes potencias a un costo enorme para los ciudadanos de carne y hueso. La llamó «políticas de poder sin poder»: actuar como potencia cuando no se es una. Malvinas era su ejemplo más claro. La guerra de 1982 no había sido sólo una derrota militar sino el precio máximo de una política exterior que confundió el prestigio del Estado con el bienestar del pueblo. Miles de jóvenes enviados a morir en el Atlántico Sur por una lógica que priorizaba la épica sobre la precisión militar y el interés nacional.

    La solución de Escudé no era rendirse ante Washington por convicción moral. Era un cálculo frío, casi contable. Para un país débil y periférico, confrontar innecesariamente a la potencia dominante tiene costos que sus ciudadanos terminan pagando. Y acá viene el concepto más útil –y el más inquietante para leer el presente–: la diferencia entre consumo e inversión de autonomía. Un Estado periférico tiene un margen limitado de maniobra. Puede gastarlo en gestos, declaraciones y confrontaciones simbólicas, consumo improductivo, autonomía que se evapora sin dejar nada concreto. O bien, puede invertirlo deliberadamente en un objetivo preciso y tangible, inversión de autonomía. La pregunta, para Escudé, no es si ceder autonomía sino para qué y a cambio de qué.

    Escudé no sólo inspiró esa política desde afuera. Fue asesor especial del canciller Guido Di Tella durante la presidencia de Menem y contribuyó directamente al diseño de la estrategia argentina frente al bloque occidental. La teoría y la práctica tenían la misma firma. Di Tella sintetizó esa lógica con una expresión que quedó en la historia de la diplomacia argentina: las «relaciones carnales» con Estados Unidos. No era una metáfora accidental, era la descripción exacta de una política que apostaba a que la cercanía con Washington terminaría rindiendo frutos concretos. En Malvinas, esos frutos nunca llegaron. El propio canciller lo admitió: con Gran Bretaña iban a normalizar las relaciones en todos los temas menos en uno, el de la soberanía de las islas.

    Milei llegó treinta años después con la misma lógica, pero más radicalizada. Lo que Juan Gabriel Tokatlian denominó hiperoccidentalismo, no es simplemente alinearse con Estados Unidos: es una práctica que combina acoplamiento a los intereses estratégicos de Washington, acomodamiento a sus preferencias para evitar roces y un engagement activo que busca recompensas futuras. No es un relato ni una promesa. Es un modus operandi que se despliega en cada votación en la ONU –como el voto en contra, junto a Estados Unidos e Israel, de declarar la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad–, en la distancia tomada de China, en la declaración de guerra –aunque informal– a Irán, en el abandono por parte de argentina de la OMS, en cada gesto hacia la Casa Blanca.

    La diferencia con Menem es que Milei logró algo que su predecesor no: que el alineamiento se traduzca en resultados concretos. El hiperoccidentalismo libertario ya tiene un historial verificable de éxitos: el salvataje del tesoro estadounidense antes de las elecciones de 2025 y, hace apenas días, la intervención directa de Washington en la justicia estadounidense para que Argentina no pagara 16.000 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF. Dos veces en que Trump movió fichas a favor de Milei. En ese contexto, que Malvinas aparezca como el próximo capítulo de ese intercambio no es inverosímil. 

    Entonces: ¿Es posible que la alianza de Milei con Trump nos ayude a recuperar las Malvinas?

    Antes de responder, conviene pensar en qué mundo avanzaría esa posibilidad. 

    No es el mundo de 1990, cuando Menem apostó a Washington en un tablero unipolar donde Estados Unidos era el único jugador que importaba. Es un mundo en guerra: Medio Oriente en llamas, una disputa entre China y Estados Unidos que atraviesa cada región del planeta, una OTAN que rediscute sus compromisos y un multilateralismo en crisis terminal. Trump ya se fue de la OMS, ya ignoró a la ONU, ya amenazó con abandonar la propia OTAN. Las instituciones que durante décadas funcionaron como red de contención para los países pequeños están debilitadas o directamente rotas. Los tratados tienen cláusulas de retiro voluntario y hay una presidencia dispuesta a usarlas. En ese contexto, cualquier acuerdo bilateral firmado hoy con Washington vale lo que vale la palabra de quien lo firma. 

    América Latina es una de las pocas regiones del planeta que puede llamarse, todavía, una zona de paz. Tener una base militar estadounidense en el extremo sur del continente pone en duda hasta cuándo. Argentina, y por osmosis la región, dejaría de ser un país ajeno a los conflictos globales para convertirse en una pieza de la arquitectura militar de una potencia nuclear en disputa activa con otras potencias nucleares. Lo que hoy es un acuerdo bilateral mañana puede ser una obligación. Lo que hoy parece una ganancia puede convertirnos en un blanco.

    La soberanía formal estaría ahí, bandera argentina, gobernación argentina, pasaportes argentinos en Puerto Argentino. Pero soberanía formal y soberanía real son dos cosas distintas. Recuperar las islas con una base adentro no es exactamente lo que Perón negoció en 1974, ni lo que los soldados del 82 creyeron que estaban defendiendo. Conviene leer la letra chica antes de firmar el contrato.

    ***

    Hay una pregunta que el campo nacional y popular lleva años sin poder responder: ¿qué haríamos con Malvinas si pudiéramos recuperarlas?

    No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el trascendido de noviembre de 2025 volvió urgente, porque la respuesta que circuló desde ese espacio fue, en el mejor de los casos, la indignación. Y la indignación no es una política.

    Durante los gobiernos kirchneristas, Malvinas funcionó como una bandera eficaz, se acumularon resoluciones favorables en foros regionales, se renovó el reclamo ante las Naciones Unidas, se construyó una narrativa de descolonización que encontró eco en América Latina. No era una estrategia equivocada para su época: el multilateralismo estaba en su momento de mayor esplendor, el Comité de Descolonización de la ONU era un foro con peso real, y acumular apoyos regionales tenía sentido en un mundo que todavía creía en las instituciones. El problema es que ese mundo ya no existe. Hoy el tablero internacional vuelve a valorar la fuerza militar y el poder duro por sobre los consensos multilaterales. En ese nuevo tablero, décadas de resoluciones favorables no valen lo que valían. Al contrario: mientras Argentina acumulaba declaraciones y «fuertes rechazos», el Reino Unido avanzaba en silencio, consolidando infraestructura militar, otorgando licencias pesqueras y habilitando inversiones petroleras. 

    Ni la posición británica ni la de Estados Unidos, que siguió siendo el aliado más importante de Londres en la disputa, se movieron un centímetro. En los términos de Escudé –el mismo Escudé que en 2012 declaró que el kirchnerismo era en los hechos más realista periférico de lo que su propio discurso admitía– fue consumo puro de autonomía: capital político gastado en gestos sin construir una palanca real de presión sobre los únicos actores que podían cambiar algo.

    Después de 2015, ni siquiera eso. Malvinas fue desapareciendo del debate público grande sin que nadie lo decidiera explícitamente. No fue una decisión estratégica sino una fatiga. Y en ese silencio, el tema quedó disponible para que otros lo recuperaran con una lógica completamente distinta.

    Milei no inventó esta negociación. La encontró sobre la mesa, huérfana.

    Después de la guerra, cuarenta y tres años de democracia no alcanzaron para avanzar en la soberanía argentina en Malvinas por la vía diplomática. Esa deuda acumulada es lo que hoy le da oxígeno a una negociación que, si se cierra, va a plantear muchas preguntas incómodas. 

    La entrada Malvinas bajo la Doctrina Donroe se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Gesto de respaldo de la CIA al hombre de Caputo en la SIDE, en medio del avance de los Menem

     

     El jefe de la CIA, John Ratcliffe, recibió este martes en el cuartel general de Langley a Cristian Auguadra, hombre a cargo de la SIDE, para reconocerle sus esfuerzos en la licha contra el terrorismo.

    El gesto en medio de la avanzada de los Menem para eyectarlo del cargo, revela los contactos que mantiene Santiago Caputo en la administración de Trump. Allegados del asesor de Milei confirmaron a LPO que para Caputo conservar la SIDE es central.

    Que en medio de la guerra en Irán, nada menos que el jefe de la CIA haya hecho lugar en la agenda para recibir al jefe de la SIDE argentina, no es una señal menor. En el comunicado que difundió la flamante cuenta en X de la SIDE, se informa que Ratcliffe le dijo a Auguadra que en abril la CIA le entregara a sus pares argentinos un «reconocimiento institucional».

    Karina quiere quedarse esta semana con la SIDE: suenan Lule y Corcho Anzorreguy y Mahiques busca un fiscal

    La mención no parece casual, ya que los Menem pretenden reemplazar al funcionario de Santiago Caputo antes que termine esta semana, como reveló LPO.

    Hoy la principal pulseada entre los Menem y Caputo es por el organismo de inteligencia. Lule Menem está recibiendo a antiguos integrantes de la SIDE y se lo menciona como un posible reemplazo de Auguadra, junto al abogado Jorge «Corcho» Anzorreguy, mientras que el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está entrevistando funcionarios judiciales para ver si encuentra un perfil «técnico» para el organismo.

    Según el comunicado de la SIDE, Ratcliffe valoró en la reunión la creación del Centro Nacional Antiterrorismo, como una «iniciativa única en la región».

     

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