Brasil pasa la barrera de 50.000 muertes por coronavirus

Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud.

Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.

Hoy el país fue escenario de múltiples protestas y manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una seria crisis política, entre otras cuestiones por su política frente a la pandemia.

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    Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.

    El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.

    El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.

    Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.

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    Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.

    Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.

    Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.

     

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    La interna del gobierno no se detiene. Ahora un sector del gobierno salió a cuestionar varios de los pliegos de jueces enviados por  el ministro Juan Bautista Mahiques al Senado porque «no representa la ideología libertaria». Vinculan a varios de los candidatos a jueces y fiscales con Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y hasta el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), un organismo creado por Horacio Verbitsky.

    Apuntan a la candidata a la Defensoría ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3, Ana Clarisa Galán. También la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos. Incluso señalan a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Según dicen en el gobierno, los tres firmaron un rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había impulsado el gobierno de Javier Milei.

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    En tanto, Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia, confirmando los vínculos de Mahiques con el capo del fútbol argentino.

    Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia.

    Este viernes ingresaron al Senado 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país, así como también de algunos jueces que están en edad de jubilarse y que el Ejecutivo pide su continuidad por 5 años más, como o casualidad, el magistrado que avaló la reforma laboral del Gobierno que había sido suspendida en primera instancia.

    El listado, al que LPO pudo tener acceso, incluye jueces, fiscales y defensores públicos destinados a diferentes fueros y jurisdicciones. La nómina comprende aspirantes a los juzgados y tribunales federales y nacionales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.

    Entre los nombres destacados figuran Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. En el fuero civil se postulan, entre otros, Florencia Inés Córdoba para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 y Lucila Califano para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9.

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    El listado también contempla designaciones en tribunales orales federales y nacionales, como el caso de Bernardo María Rodríguez Palma, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires. En materia de cámaras, sobresale la candidatura de Alicia Isabel Braghini como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, y la de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

    Los pliegos incluyen postulaciones para cargos de defensores públicos y fiscales. Entre ellos, Germán Luis Artola aparece como Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, mientras que Pedro Mariano Rebollo aspira a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. También se proponen defensores de víctimas, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.

     

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