Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud.
Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.
Hoy el país fue escenario de múltiples protestas y manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una seria crisis política, entre otras cuestiones por su política frente a la pandemia.
Verónica Magario consiguió la presidencia de la comisión de Legislación General para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) una de las más relevantes en el manejo de los expedientes del Senado.
La comisión quedó formalmente constituída tras la publicación de un decreto que generó fuertes tensiones dentro del peronismo. En un esquema acordado por 20 de los 24 senadores de Fuerza Patria esa comisión debía quedar para Malena Galmarini, sin embargo, a último momento, Magario designó a Germán Lago, un referente del axelismo que asumió en diciembre pasado.
Lago quedó como presidente, Marcelo Leguizamón como vice y Pedro Borgini como secretario. En la votación estuvieron 10 de los 11 integrantes. El faltazo fue de Federico Fagioli, un senador que responde a Juan Grabois.
En tanto, La Cámpora marcó su descontento Magario cuando el senador Diego Videla (que participó de manera remota de la comisión) se abstuvo de votar a las autoridades. «Quiero avisar que yo me abstengo porque no era lo que se había acordado en el bloque», pudo decir Videla después de varios de minutos con problemas de sonido.
El peronismo tiene quórum propio en el Senado bonaerense, sin embargo las profundas diferencias hacia del interior del bloque postergaron dos meses la conformación de las comisiones.
Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual Galmarini debía quedar al frente de Legislación General; Germán Lago al frente de Presupuesto y el camporista Emmanuel González Santalla en Asuntos Constitucionales y Acuerdo.
La crisis recrudeció esta semana cuando Magario oficializó las comisiones con cambios. Lagos pasaba a Legislación -tal cual se constituyó este viernes-, Galmarini a Asuntos Constitucionales y González Santalla a Presupuesto.
El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y algunos senadores se animan a hablar de la posibilidad de una ruptura en el bloque. Otros sectores de Fuerza Patria son más cautos y ven lejos esa pobilidad toda vez que una ruptura en la Cámara Alta generaría un efecto dominó hacia otros espacios como Diputados y los Concejos Deliberantes en los distritos.
Había expectativa respecto de lo que podía suceder con la conformación de la primera de las comisiones en disputa. Ahora, la conformación oficial de Legislación General supone que no habrá modificaciones en las otras comisiones y que Magario ganó la pulseada frente al kirchnerismo y La Cámpora.
La derrota más importante carga sobre el kirchnerismo porque González Santalla -un senador de Avellaneda muy cercano a Máximo Kirchner- venía controlando esa comisión desde hace varios años.
La avanzada de Magario sobre esa comisión clave parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof considera clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.
Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.
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Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
Energía en venta, soberanía en retroceso
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
En el Hospital público de Villa Regina se realizó la primera cirugía sin huellas con el sistema de imanes Imanlap realizada en la provincia de Río Negro. El procedimiento estuvo a cargo del doctor especialista en Cirugía General Mariano Ortiz (38) graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El sistema IMANLAP es un procedimiento…
