Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud.
Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.
Hoy el país fue escenario de múltiples protestas y manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una seria crisis política, entre otras cuestiones por su política frente a la pandemia.
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El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
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Pablo Quirno se reunió en Montevideo con su par uruguayo, Mario Lubetkin, para dar en el marco del diálogo bilateral que se viene desarrollando sobre el proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y e-combustibles en la ciudad de Paysandú y generó tensión por su posible impacto ambiental y económico.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Cancillería uruguaya y dio seguimiento a la reunión celebrada el pasado 26 de noviembre, en el marco de las conversaciones entre ambos países sobre el emprendimiento impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A.
La delegación argentina estuvo encabezada por Quirno e integrada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud.
Por parte de Uruguay participaron, además del canciller Lubetkin, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la jefa de Gabinete, Imelda Smolcic; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa; y la directora general de Asuntos de Frontera, Límites y Marítimos, Cecilia Otegui.
Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.
Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.
Asimismo, Uruguay comunicó que se encuentran en análisis otras posibles localizaciones alternativas para el proyecto, con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas logísticas y técnicas disponibles.
En ese contexto, Quirno valoró especialmente la incorporación de la ciudad entrerriana de Colón como parte del «área de influencia» del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y expresó su satisfacción por la evaluación de nuevas ubicaciones.
Según destacó la Cancillería argentina, esta revisión responde al interés de evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, especialmente aquellas vinculadas al uso racional y productivo del río Uruguay.
Esa postura fue acompañada por Frigerio y Walser, quienes vienen siguiendo de cerca la evolución del proyecto por su potencial impacto en la región. Por su parte, el canciller uruguayo Mario Lubetkin señaló que, una vez que se defina la localización definitiva de la planta y se complete la evaluación del estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), activando así el mecanismo de información y consulta previa previsto en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.
Finalmente, ambas partes destacaron la importancia de sostener un canal de diálogo fluido y transparente sobre esta cuestión, en el marco de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, y remarcaron la voluntad de preservar tanto el desarrollo productivo como la protección ambiental en una zona de alta sensibilidad compartida.
Frigerio publicó en sus redes sociales que «el Gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú».
COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. pic.twitter.com/vNt5CdioSp
— Cancillería Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Cancilleria_Ar) May 12, 2026
«Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados», culminó.
Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados
En noviembre del año pasado, Quirno viajó de urgencia a Montevideo en medio de un escándalo internacional que lo apunta por no haber tomado medidas ante supuestas violaciones del gobierno de Uruguay en la próxima instalación de la planta de combustibles no fósiles de HIF Global en Paysandú.
Frigerio viene reclamando a Uruguay que cambie la zona prevista para la planta para no afectar el turismo y el desarrollo sostenible de toda la costa del Río Uruguay. Al gobernador preocupa en espacial el impacto del proyecto en el desarrollo turístico y productivo de Colón. Por eso viajó dos veces a Montevideo en lo que va del año, para exigir la relocalización del proyecto y evalúa acudir a La Haya de ser necesario.
El punto es que Uruguay habría violado tres veces los tratados vigentes y el gobierno de Milei no hizo nada para controlar su cumplimiento y dejó vencer los plazos en favor de HIF Global, denuncian en Entre Rios. Por eso, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, exigió explicaciones a Quirno y al secretario de Ambiente Daniel Scioli.
Este cuadro obligó a realizar varias reuniones que ahora parecen encaminadas para evitar un conflicto bilateral de alto nivel similar al de Botnia de principios de los años 2000.
