Brasil pasa la barrera de 50.000 muertes por coronavirus

Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud.

Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.

Hoy el país fue escenario de múltiples protestas y manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una seria crisis política, entre otras cuestiones por su política frente a la pandemia.

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    Una remera secuestrada en la casa del chico de 15 años que desató la tragedia de la escuela de San Cristóbal dio un primer indicio de que ese ataque a tiros de escopeta, que mató a un nene de 13 años y causó heridas a otros ocho alumnos, sugería una conexión más oscura que un grave desvarío aislado. A eso se sumaron, según fuentes oficiales dijeron a LPO, enlaces encontrados en las comunicaciones de este adolescente con comunidades centradas en crímenes reales y asesinos de masas que han generado conductas en espejo.

    Frente a esto los investigadores del caso en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, advierten un giro inesperado en este hecho. La eventualidad de que el chico agresor haya movilizado su conducta bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie, es algo que ingresa en el análisis del caso. Y que también provoca una mirada alerta en autoridades fiscales nacionales ya que este tipo de comunidades son seguidas por brigadas antiterroristas.

    El primero en blanquear que esta hipótesis había entrado de lleno a la investigación del caso de San Cristóbal fue el director de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli. «Estamos trabajando en esto que excede a la Argentina porque es una red internacional. Así como está trabajándose en las provincias, también está impactando en otros países donde esta red difusa, gigantesca, atomizada y anárquica tiene una finalidad macabra de causar el mayor daño posible y venerando a autores de grandes masacres de este tipo», declaró a la radio Aire de Santa Fe.

    El funcionario de Seguridad dijo asimismo que las alertas dispuestas luego del caso de la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal posibilitó neutralizar un hecho semejante. «Esta acción terminó desbaratando tal vez la posibilidad de que una persona cometa un hecho de similares características. Porque una de las denuncias, una de las amenazas, termina en Sunchales con el secuestro de un arma de fuego cargada y lista para disparar en manos de un menor, que tendrá que dar explicaciones en la Justicia, pero no nos caben dudas de que había manifestado que iba a cometer un crimen».

    El chico que mató a un compañero en Santa Fe no es punible porque la ley juvenil no está vigente

    El chico que disparó hace una semana en San Cristóbal está bajo protección de la Secretaría de Niñez de Santa Fe dado que no es punible y no afrontará por ese hecho un proceso penal. La remera que se encontró en su vivienda cuando la requisaron es similar, según fuentes del caso, a la que utilizaba uno de los jóvenes que produjo la matanza en Columbine, Colorado, EEUU, el 20 de abril de 1999, con el resultado de doce estudiantes y un profesor asesinados.

    El viernes pasado hubo una audiencia judicial de carácter confidencial en la ciudad de Rafaela donde compareció el chico que produjo el incidente. El juez penal actuante admitió medidas propuestas por el fiscal Luis Schiappa Pietra junto a funcionarios de la Secretaría de Niñez ya que no es punible. El magistrado prohibió a los presentes, responsables por su rol institucional, difundir cualquier aspecto relacionado con lo tratado en ese acto.

    Las autoridades investigan si el chico agresor actuó bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie

    Al salir de la audiencia ese día el fiscal Schiappa Pietra hizo una declaración escueta que, a la luz de lo conocido hoy, contiene un matiz sugestivo. «Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros explicamos al momento de hacer saber los hechos que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales».

    Este lunes se conoció que hubo un nuevo adolescente detenido, que tiene 16 años, por el incidente de San Cristóbal. Ocurrió en la ruta 11, en la localidad de Nelson, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Este chico estaba vinculado al adolescente que tiró por la plataforma Discord. Ellos dos, junto a otros jóvenes, mantuvieron intercambios según fuentes del caso dijeron a LPO, donde se hacía referencias a matanzas en distintos colegios de Estados Unidos y Serbia. Los investigadores refieren que el joven habría tenido información previa sobre el ataque que dejó un alumno muerto y ocho chicos heridos de manera superficial.

    «Tenemos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también», dijo el fiscal.

    Al respecto, la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que es una oficina de la Procuración General de la Nación, elaboró en forma reciente un documento sobre la consolidación del fenómeno del TCC, cuyos miembros o adherentes que se dedican a seguir, y a veces a emular, a los perpetradores de homicidios masivos. Justamente lo que advierte el paper es el desarrollo de una subcultura integrada por comunidades digitales radicalizadas, que producen narrativas que sitúan a los que cometen este tipo de delitos como figuras admirables o a imitar.

    La SAIT indica concretamente en este documento que en su tarea cotidiana de pesquisa ha detectado la existencia de siete causas en trámite en distintos lugares de Argentina «cuyas características presentan alta similitud con este fenómeno».

    Los enlaces de grupos desde Argentina con los seguidores de TCC se dan en el ecosistema digital, no solamente a través de telefonía celular, sino también mediante consolas de juegos donde se generan intercambios. También destacan características comunes de los integrantes de estas redes conectadas al TCC. Reporta el informe que muchas veces se observa en ellos antecedentes de aislamiento social, experiencias de victimización o dificultades notorias para integrarse a su medio y consumo intenso de contenidos digitales. Advierten también como principales rasgos en sus integrantes «misantropía, reflejada comúnmente en un odio profundo hacia la humanidad y la sociedad», también «problemas de salud mental, frecuentemente evidenciados en baja autoestima e ideación suicida» y «gran exposición a consumo de gore, a videos violentos y material gráfico extremo». 

     

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     El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.

    Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.

    El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.

    [Pullaro crea una «ART» para combatir el ausentismo, que en los estatales provinciales duplica la media internacional]

    En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.

    La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.

    Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.

     La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.

    Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.

    «La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».

    Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional

    Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.

    En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.

    Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.

    Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.

    La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.

    Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.

    Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral. 

     

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