Brasil pasa la barrera de 50.000 muertes por coronavirus

Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud.

Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.

Hoy el país fue escenario de múltiples protestas y manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una seria crisis política, entre otras cuestiones por su política frente a la pandemia.

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  • El correntino Valdés se mete en la interna radical de Córdoba y condiciona el apoyo a De Loredo

     

     Este jueves se cerró el plazo para presentar alianzas en la interna del radicalismo cordobés. Al igual que el año pasado, de un lado quedó el esquema que contiene a Rodrigo de Loredo; del otro, los aliados del exintendente Ramón Mestre. Esto en el trazo grueso.

    En lo fino, hay ruidos en ambos campamentos. Pero en el del deloredismo hay uno particular que involucra a la tropa que responde al exgobernador correntino Gustavo Valdés. En ese armado, el dirigente con peso de la UCR cordobesa es Javier Bee Sellares, mano derecha de los Valdés, que hace un tiempo está radicado en el Litoral pero que tiene intenciones de bajar a Córdoba a pelear la intendencia en el 2027.

    Motivo por el cual, Bee Sellares quería un empujón de De Loredo para él y su armado como conductores del radicalismo en la capital cordobesa.

    Cabe recordar que entre los aliados directos de esa tropa de Valdés en Córdoba está, por ejemplo, Juan Negri, el hijo del exdiputado nacional que también quiere ser candidato a intendente, al igual que Bee Sellares. Y junto a ellos se encuentra el concejal Javier Fabre, un radical con origen en el angelocismo y hoy mucho más cercano a las ideas de Javier Milei.

    Esa triada se opone a que De Loredo banque al legislador provincial Miguel Nicolás para la silla de la UCR en la capital cordobesa. Nicolás, también tiene un núcleo partidario -al igual que Bee Sellares, Fabre y los Negri- y es otro de los que firmó la alianza con De Loredo para la interna contra Mestre en septiembre.

    Ramón Mestre

    Precisamente, en el campamento mestrista donde, entre los aliados están el exfuncionario de Raúl Alfonsín, Carlos Becerra; el riocuartense Juan Jure (de relación con la vicegobernadora de Llaryora, Myrian Prunotto); y Fernando Montoya junto a Franco Jular, creen que esa resistencia de De Loredo para negociar la capital cordobesa abre la hipótesis de la doble candidatura.

    Algo que LPO adelantó hace un tiempo al igual que en el caso del libertario Gabriel Bornoroni. El diputado de Milei puede ser candidato a gobernador y al Senado en caso de derrota provincial; De Loredo busca pelear la provincia en el primer semestre del 2027 y la intendencia cerca de septiembre. Probable fecha que fijaría el peronista Daniel Passerini.

    Nicolás asoma como una garantía para que De Loredo juegue la segunda chance sin la necesidad de disputarle ese poder. La tropa de Valdés no parece tan confiable en este sentido.

    Ya se cerraron las alianzas de núcleos; la semana próxima se definen las candidaturas para la interna radical. Los que quieren la conciliación buscan calma ahora y dirimir los candidatos a Provincia e intendencia con ese mismo mecanismo en el 2027. Escenario que el peronismo bloqueará con plazos muchos más cortos el año próximo.

     

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    El libro vuelve a ser un campo de batalla: qué está en juego detrás de la desregulación que impulsa Milei

     

    La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.

    Por Redacción de NLI

    Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.

    La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.

    Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.

    El problema no es solamente cuánto cuesta un libro

    La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.

    Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.

    Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.

    El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.

    Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?

    Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.

    La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.

    Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado

    El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?

    La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.

    Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.

    Ese ecosistema es frágil.

    Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.

    El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.

    Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.

    No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.

    Una discusión que recién comienza

    El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.

    La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.

    La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.

    No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.

    La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.

    Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.

    El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.

     

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