Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud.
Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.
Hoy el país fue escenario de múltiples protestas y manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una seria crisis política, entre otras cuestiones por su política frente a la pandemia.
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Mientras el Gobierno construye un discurso de supuesta superioridad moral contra quienes reciben asistencia estatal, protestan o cuestionan sus políticas, cada vez aparecen más funcionarios que utilizan el mismo régimen que el oficialismo promocionó para regularizar activos y patrimonios. Tras conocerse la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, ahora trascendió que Federico Sturzenegger también recurrió a la denominada «Inocencia Fiscal».
Por Roque Pérez para NLI
El relato libertario volvió a chocar contra la realidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias conocido oficialmente como «Inocencia Fiscal», un esquema impulsado por el propio Gobierno para facilitar la exteriorización y regularización patrimonial bajo nuevas condiciones. La información apareció pocas horas después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también habían presentado la adhesión.
La noticia profundiza una contradicción política que ya resulta difícil de ocultar. El mismo oficialismo que construyó buena parte de su identidad acusando a otros sectores de vivir de privilegios, esconder dinero o aprovechar beneficios estatales, ahora exhibe una larga lista de funcionarios utilizando un mecanismo creado por el propio Gobierno para blanquear situaciones fiscales y obtener seguridad jurídica.
De Adorni a Sturzenegger, una cadena de adhesiones
La revelación sobre Sturzenegger llega apenas horas después de la polémica generada por la adhesión de Adorni y de su esposa, un episodio que abrió fuertes cuestionamientos sobre la utilización del régimen por parte de los más altos funcionarios nacionales.
La situación adquiere una dimensión política todavía mayor porque fue este mismo Gobierno el que impulsó la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para incentivar el ingreso al sistema de activos no declarados y reducir las consecuencias penales de determinadas infracciones tributarias. Entre sus principales modificaciones se elevaron considerablemente los montos para configurar delitos de evasión y se simplificaron procedimientos administrativos.
Mientras tanto, desde el discurso oficial se continúa apelando a conceptos como «la casta», «la superioridad moral» y la necesidad de terminar con los privilegios de la política, aunque cada nueva revelación parece mostrar que las herramientas creadas por el Ejecutivo también son utilizadas por quienes integran el propio gabinete.
La doble vara como política
No es la primera vez que un gobierno liberal queda asociado a un régimen de sinceramiento fiscal utilizado por sus propios funcionarios. Durante la administración de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también había sido señalado por acogerse al blanqueo de capitales impulsado por ese gobierno antes de asumir su cargo, una situación que generó fuertes cuestionamientos públicos.
Ahora, la historia parece repetirse con otro protagonista de peso dentro del gabinete de Milei. Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del programa de desregulación y reducción del Estado, aparece entre quienes eligieron adherir al régimen que el oficialismo presenta como un «cambio de paradigma» en materia tributaria.
La contradicción resulta evidente: mientras se exige transparencia absoluta para amplios sectores de la sociedad y se condena con dureza cualquier irregularidad ajena, los máximos funcionarios recurren a un mecanismo especialmente diseñado para regularizar su propia situación fiscal bajo reglas mucho más favorables.
La moral libertaria parece funcionar con dos velocidades: una inflexible para el ciudadano común y otra considerablemente más flexible cuando los beneficiarios son quienes integran el propio Gobierno.
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