Big Bang financiero: la CNV apuesta a que el mercado se regule solo

Big Bang financiero: la CNV apuesta a que el mercado se regule solo

 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un paquete de reformas que promete cambiar de raíz el funcionamiento del mercado de capitales. El organismo, junto al Ministerio de Desregulación, impulsa un esquema que elimina en gran parte la aprobación previa de emisiones y la reemplaza por un modelo basado en la presentación de información. En la práctica, se trata de un giro profundo: menos control antes de salir al mercado y más responsabilidad posterior.

El propio Gobierno lo presenta como un «Big Bang» financiero. La iniciativa se materializa a través de seis resoluciones (de la 1132 a la 1137) que fueron sometidas a consulta pública y que apuntan a agilizar la emisión de instrumentos. El objetivo oficial es reducir tiempos y facilitar el acceso al financiamiento, en un mercado históricamente chico y con baja profundidad.

Uno de los cambios más significativos es que los Fondos Comunes de Inversión abiertos dejarán de requerir autorización previa. En la misma línea, instrumentos como fideicomisos financieros, obligaciones negociables y fondos cerrados podrán contar con autorización automática bajo ciertos umbrales. La lógica es simple: menos trámites, más velocidad.

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Pero detrás de esa promesa de dinamismo aparece una tensión central. La CNV se corre del mostrador y deja de filtrar qué sale al mercado. En lugar de revisar cada emisión antes de su lanzamiento, el organismo pasará a concentrarse en la supervisión posterior, lo que modifica el equilibrio entre regulación y autorregulación.

En el propio mercado reconocen el cambio de lógica. «No va a estar más el confort de la autorización de la CNV», señalan operadores, que advierten que el nuevo esquema exige mayor responsabilidad por parte de los actores privados. Estudios jurídicos, estructuradores e intermediarios deberán asumir un rol más activo en la validación de las operaciones.

No va a estar más el confort de la autorización de la CNV.

Ese corrimiento implica, en los hechos, un traslado del riesgo. Si antes existía una instancia que podía detectar inconsistencias antes de que un instrumento llegara al público, ahora ese filtro desaparece. El sistema pasa a depender más de la calidad de la información y del comportamiento de quienes participan del mercado.

Al mismo tiempo, la reforma amplía el universo de inversores que pueden acceder a estos instrumentos, al reducir los requisitos para ser considerado inversor calificado. Esto puede aportar volumen, pero también implica que más personas queden expuestas a productos complejos en un entorno donde no siempre cuentan con la información o la formación necesaria.

No es la primera vez que la CNV avanza en flexibilizaciones que amplían el universo de participantes sin un refuerzo equivalente en materia de educación financiera. Meses atrás, el organismo habilitó a adolescentes desde los 13 años a operar en una gama más amplia de fondos comunes de inversión, una decisión que generó cuestionamientos desde distintos sectores por la exposición temprana a instrumentos financieros más complejos.

En ese momento, especialistas advirtieron sobre los riesgos de confundir inversión con juego, en un contexto marcado por el crecimiento de la ludopatía online entre menores. El ex titular de la CNV, Alejandro Vanoli, llegó a calificar la medida como «un acto de irresponsabilidad» si no está acompañada por una política masiva de educación financiera. El antecedente vuelve a poner en discusión el enfoque actual del organismo: mayor acceso y desregulación, pero con interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.

El enfoque actual de la CNV es mayor acceso y desregulación, pero abre interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.

No es un punto menor en un contexto en el que se multiplican las promesas de rentas rápidas, esquemas poco transparentes y ofertas difíciles de auditar. Con menos filtros previos, el riesgo de que circulen instrumentos de calidad dudosa crece, especialmente si la supervisión posterior no logra ser efectiva.

La apuesta oficial es que la velocidad compense la falta de control. El interrogante es si acelerar los tiempos alcanza cuando el problema de fondo no es el trámite, sino la confianza. En los hechos, el esquema descansa en que el mercado se discipline solo, algo que en economías con mayor desarrollo puede funcionar, pero que en Argentina tiene antecedentes más frágiles.

La discusión de fondo, sin embargo, excede lo regulatorio. En un contexto donde el ingreso real sigue tensionado y el ahorro es limitado, crece la tentación de buscar rendimientos rápidos. Esa combinación -más oferta de instrumentos, menos control previo y necesidad de hacer rendir la plata- puede ser terreno fértil para promesas exageradas o engañosas.

 

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  • «La crisis empujó hasta a los jubilados a trabajar de cadetes»

     

     Nicolás Martínez tiene 33 años y la mitad de su vida la pasó llevando pedidos arriba de una moto por las calles rosarinas. Trabaja en CoopExpress, la cooperativa que reúne a más de cien cadetes. Desde allí impulsaron la creación del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores, aunque todavía no lograron que el gobierno nacional les reconozca la personería gremial.

    La recesión económica empujó a miles de trabajadores hacia las aplicaciones para complementar ingresos o directamente sobrevivir tras perder el empleo formal. Profesionales, empleados, jubilados: la cadetería dejó de ser una changa juvenil y se convirtió en refugio laboral de la crisis.

    El fenómeno se aceleró mientras cae el consumo y las aplicaciones consolidan su negocio. En Rosario calculan que hay unos 9 mil repartidores trabajando para las plataformas. Nicolás, secretario general del gremio, asegura que cada vez son más los cadetes que reclaman condiciones mínimas frente a jornadas extenuantes, accidentes sin cobertura y comisiones que ahogan tanto a repartidores como a comerciantes.

    La ciudad se llenó de repartidores, ¿a qué se debe? ¿La crisis hizo que se convierta en el trabajo principal de mucha gente?

    Sí, totalmente. Es una actividad que históricamente estuvo precarizada y muy golpeada, pero en los últimos años explotó por la crisis económica. Mucha gente que perdió el empleo formal o no llega a fin de mes termina recurriendo a las plataformas porque tiene una moto o una bicicleta.

    La cadetería no es algo nuevo; trasladar mercadería en moto o bicicleta existe hace más de 30 años. Lo que se sumó desde 2019 son las aplicaciones, empresas multinacionales que trabajan a través de plataformas tecnológicas y se escudan en eso para decir que no son empleadoras y que nosotros no somos trabajadores, sino «colaboradores» o nuestros propios jefes.

    Entonces tenés cada vez más gente haciendo esto por necesidad, pero sin derechos laborales, sin aportes y sin cobertura. Por eso planteamos la necesidad de sindicalizarse. Nuestra pelea es para que se reconozca la relación laboral y que las empresas se hagan cargo de sus trabajadores.

    ¿Hay una resistencia de los propios cadetes a organizarse?

    Hay algunos casos, pero vemos que la crisis económica nos pegó muy fuerte. En esta etapa se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales y muchos terminan en las plataformas porque tienen un vehículo.

    También se suma mucha gente a la que no le alcanza el dinero y recurre al pluriempleo. Hay cada vez más personas haciendo esto por necesidad.

    Tenés una explosión de gente volcándose a «cadetear» por la precarización, pero baja el consumo y hay menos laburo para los cadetes.

    Exactamente. Eso nos precariza más porque hay compañeros trabajando 14 o 15 horas por día para hacer la misma cantidad de pedidos que antes hacías en 8 horas y para llevarse el mismo sueldo de hace dos o tres años.

    Esto lleva a que los compañeros se organicen de distintas maneras; muchos se afilian y otros realizan acciones autoconvocadas, como los que cortaron en Roca y Córdoba (microcentro de Rosario) porque la Municipalidad los multa por estacionar o por usar las bicis públicas para trabajar. En Córdoba hubo un paro de Pedidos Ya, acciones que antes no se veían.

    En Rosario también hay mucha disconformidad de parte de los comerciantes con PedidosYa.

    Sí, tienen tarifas abusivas del 30%. Monopolizaron el mercado. Si comprás una hamburguesa, al comercio le descuentan el 30% y además al usuario le cobran el envío; el cadete solo recibe un costo por kilómetro que es ínfimo y que además paga el cliente, no la empresa.

    Frente a esto, las hamburgueserías aprovecharon Burguerland, el festival gastronómico que se organiza en Rosario a principios de abril, para organizarse y amenazar que se pasaban a Rappi y ahora están negociando la tarifa con PedidosYa.

    Nosotros planteamos que el Estado debe intervenir con reglas claras y obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores. Ya hay fallos, como el de la Corte Suprema de Buenos Aires, que reconoció la relación laboral y multó a estas aplicaciones con 20 millones de pesos a cada una por relación laboral encubierta. También hay experiencias internacionales, como en España, porque este es un fenómeno mundial.

    ¿Tienen algún tipo de diálogo con la patronal?

    No. En Rosario ni siquiera tienen sede física, incumpliendo la ordenanza local que exige un local habilitado. Son empresas que no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales; se llevan toda la plata afuera y nadie las controla.

    Es un claro caso de inutilidad del Estado. Son empresas con ganancias extraordinarias que operan sin regulaciones ni tributan como pagamos todos.

    Trabajar en la calle es un riesgo muy grande, ante un accidente, ¿cuál es el protocolo?

    No se hacen cargo de nada. Las app te obligan a pagar un seguro de accidentes personales que ellos eligen, pero no brindan información. Cuando los compañeros chocan, no saben qué tienen que hacer ni a qué teléfono llamar porque la empresa no da esos datos.

    Tampoco tenemos obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ser miles de trabajadores que podríamos aportar al sistema previsional que tiene tantos problemas de desfinanciamiento. Acá hay una fuente muy importante que tendría que estar aportando.

    Por eso creemos que es fundamental contar con un sindicato y le venimos reclamando al gobierno nacional que nos reconozca la personería gremial para avanzar en un convenio colectivo con reglas claras que seguramente será mucho más flexibles que otras ramas.

    ¿Ustedes pertenecen a alguna central obrera?

    Estamos en la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Nos reunimos con el triunvirato de la CGT porque peleamos contra artículos de la reforma laboral que pretendían considerarnos trabajadores independientes para dejarnos fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora lo estamos discutiendo en la Justicia.

    También presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza municipal, que tiene 26 años. Queremos que las empresas tengan un local, que registren a los trabajadores, que estemos bajo la órbita de las áreas de Producción y que haya identificación con código QR porque el único registro que existe hasta ahora es realizado por el Ministerio de Seguridad para diferenciarnos de los delincuentes que se disfrazan de cadetes.

    ¿Cuánto gana hoy un cadete?

    Se desvirtuó todo por la crisis. Un pedido promedio está, como mucho, en 3 mil pesos. Se pueden sacar unos 10 mil pesos la hora entregando 3 o 4 pedidos, pero a eso hay que restarle el desgaste de la moto: aceite, cubiertas y transmisión, que ponemos nosotros.

    Además, el sistema usa un algoritmo que te presiona: si no llegás rápido, te bajan de categoría y cobrás menos. Eso empuja a los compañeros a andar a 200 kilómetros por hora, cruzar en rojo y arriesgar la vida. Según el municipio, en Rosario hay cerca de 9 mil repartidores trabajando prácticamente a la deriva.

    Por eso nosotros también planteamos que tiene que haber reglas claras y mayor profesionalización de la actividad. No solo porque reclamamos derechos laborales, sino porque manejamos alimentos, medicamentos y productos sensibles. Es una responsabilidad muy grande.

    Yo trabajo de cadete desde los 18 años y vi cómo cambió todo: las aplicaciones lo venden como un trabajo cool o flexible, pero con la crisis hoy hay empleados, profesionales y hasta jubilados haciendo repartos para sobrevivir.

    El Estado todavía no les reconoce la personería gremial, pero igual lograron construir una organización propia.

    Sí. Como hace tres años que venimos gestionando la personería gremial y el Estado demora la respuesta, decidimos institucionalizarnos de otras maneras. Creamos la única mutual de cadetes del país, donde ofrecemos descuentos del 50% en farmacias, la proveeduría de los Empleados de Comercio, convenios con clínicas, mecánicos, repuestos y hasta campings mediante acuerdos con otros gremios.

    Hace 10 años desarrollamos CoopExpress, una cooperativa donde trabajan más de 100 compañeros de forma autogestiva. Es la contracara de las aplicaciones: en vez de competir entre nosotros por un algoritmo, trabajamos de manera colectiva. 

     

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  • Chubut es la primera provincia en eliminar Ingresos Brutos y Sellos para reactivar la construcción

     

    Ante la caída de la industria a nivel nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó un proyecto de ley para sacarle la carga impositiva a quienes construyan o amplíen viviendas en la provincia.

    El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,7% interanual en noviembre de 2025, con un derrumbe adicional del 4,1% respecto al mes anterior.

    En febrero de 2026, el indicador volvió a mostrar una baja del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de abril profundizan el cuadro: el cemento cayó 13,2% y las ventas de materiales para la construcción retrocedieron 4,6% interanual.

    En ese contexto, Chubut tomó una decisión que ninguna otra provincia adoptó: eliminarle los impuestos al sector.

    El gobernador Nacho Torres presentó este viernes un proyecto de ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el 100% del Impuesto de Sellos -según cantidad de empleados y magnitud de la inversión- para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida rige desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

     El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño 

    El objetivo es doble: bajar los costos para que las familias puedan construir o ampliar su vivienda, y reactivar una industria que en todo el país muestra señales de fatiga. El empleo privado en la construcción acumula una variación negativa en el año, en un patrón donde la actividad cae antes que las empresas empiecen a recontratar.

    «El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño», dijo Torres.

    La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, y deberá ser votada por la Legislatura provincial. 

     

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