Autor: Invitad@ Especial

José Mayans se enteró que Carolina Moisés iba a quedarse con la vicepresidencia del Senado que le correspondía al peronismo cuando terminaba la reunión de Labor Parlamentaria este martes, minutos antes de la sesión preparatoria donde se votaron las autoridades y el reparto de cargos de la cámara. Sin salir de su estupor, el formoseño hizo un último intento para postular a Lucía Corpacci contra la senadora jujeña y que se resuelva por votación en recinto para ver quién se quedaba con la silla.

El formoseño le había avisado a Victoria Villarruel que su bloque impulsaría a la exgobernadora catamarqueña y hasta se lo dijo a Bartolomé Abdala, cuando el puntano se lo preguntó este lunes. Casi decepcionado, Mayans le reprochó a Bullrich delante de los presidentes de bloque: «Vos no aprendés más, siempre con los excesos». Su adversaria no contestó pero el jefe de los peronistas no tenía más margen.

El catamarqueño Guillermo Andrada le advirtió a Mayans que si el bloque Justicialista jugaba la carta de Corpacci, no podría cumplir con el mandato del gobernador Raúl Jalil. De hecho, Andrada terminó absteniéndose cuando se votó la moción de Patricia Bullrich para que Moisés se quede con el tercer cargo en jerarquía en el Senado. No podía ir contra su jefe político y tampoco podía levantarse contra la presidenta del PJ en su provincia.

Fuentes parlamentarias aseguraron a LPO que Corpacci «estaba en llamas». «Mayans la expuso en su desesperación pero los libertarios tenían 44 votos por abajo de las patas», indicaron.

Villarruel acordó con Bullrich y los gobernadores peronistas para quedarse con el control del Senado

Como sea, el líder del interbloque opositor tuvo que asumir que su postura no era «contra los nombres», un gesto de respeto a Moisés, pero rechazaría la propuesta de la exministra de Seguridad. Su derrota inapelable acaso sea también resultado de una jugada sorpresiva, cuya planificación inició el viernes pasado, después del plenario de comisiones que dictaminó el proyecto de reforma laboral aprobado en Diputados.

El catamarqueño Guillermo Andrada le advirtió a Mayans que si el bloque Justicialista jugaba la carta de Corpacci, no podría cumplir con el mandato del gobernador Raúl Jalil. De hecho, Andrada terminó absteniéndose cuando se votó la moción de Patricia Bullrich para que Moisés se quede con el tercer cargo en jerarquía en el Senado. 

Esa tarde, Moisés empezó a evaluar la posibilidad de quedarse con el puesto que hasta diciembre ocupó la neuquina Silvia Sapag, sin estar completamente convencida. La jugada debía urdirse con sigilo.

Su designación como vice de la cámara implicaría el final de la tradición que decía que esa plaza correspondía a la principal fuerza opositora. En adelante, ya no sería necesario que el legislador que se siente allí pertenezca a un bloque numeroso: Moisés preside uno de tres nada más. «¿Qué va a impedir, a partir de ahora, que venga cualquier senador y se junte a rosquear con dos de acá y un gobernador de allá para llegar a esos cargos?», se quejó un colega suyo.

Corpacci y Soria, en el recinto.

Mayans no tuvo cómo frenar el asalto de la senadora jujeña porque la estrategia se abrochó en la tarde del lunes, en un Zoom con los 44 senadores antikirchneristas encabezado por Bullrich. Allí la jefa del bloque de LLA propuso a Moisés y no hubo objeciones.

En rigor, los libertarios ponían la silla vacante de Sapag a disposición de Carlos «Camau» Espínola o un representante del peronismo federal pero el correntino es compañero de bloque de la cordobesa Alejandra Vigo, que ya ocupa la vicepresidencia tercera. La legisladora jujeña, en consecuencia, sólo tuvo que aprovechar la oportunidad.

El catamarqueño Guillermo Andrada le advirtió a Mayans que si el bloque Justicialista jugaba la carta de Corpacci, no podría cumplir con el mandato del gobernador Raúl Jalil. De hecho, Andrada terminó absteniéndose cuando se votó la moción de Patricia Bullrich.

Mientras los impulsores del ascenso de Moisés tejían la maniobra, avanzaba el trámite de la ruptura de Convicción Federal con sus pares del kirchnerismo. La excusa para el portazo fue, entre otras, que Mayans había dejado al bloque sin dictamen contra la reforma laboral por no querer integrar la comisión de Trabajo para no validar la triquiñuela de Bullrich para quitarle lugares al peronismo.

El formoseño esgrimía por esos días que no consentir «el atropello» permitía eventualmente impugnar el procedimiento antirreglamentario del oficialismo. Pero, de todas formas, la pérdida de poder estaba a la vista.

Mayans había puesto su bancada de pie en diciembre de 2023, después que Victoria Villarruel y Juan Carlos Romero despojaron al kirchnerismo de sus mayorías en las comisiones. Solo en 2024 logró que el Senado le rechace el DNU 70/23 a Javier Milei y, aunque no pudo frenar la Ley Bases, capitalizó las sanciones del aumento a los jubilados y las universidades por amplia mayoría, el derribo del decreto de ampliación de fondos para la SIDE y la expulsión de Edgardo Kueider.

Es Milei o nosotros.

Con 34 legisladores, el jefe de bloque peronista se burló del Presidente en animados discursos de cierre cuando la aritmética y la política le sonreían en el recinto. Aunque su diagnóstico sobre el gobierno libertario no haya cambiado, le tocó en los últimos meses experimentar una acelerada pérdida de gravitación.

Tras las elecciones de octubre, Mayans no pudo imponer la sanción de las modificaciones a la ley de DNU ni logró retener dos cargos para la AGN, como pretendía en un pacto con los radicales que nunca prosperó. Al cierre de 2025, perdió la votación por el Presupuesto 2026 y en lo que va de febrero se le partió el bloque mientras se prepara para asistir este viernes a la posible sanción definitiva de una reforma contra los derechos de los trabajadores, la mítica columna vertebral del peronismo. 

Puertas adentro de su despacho, lo escucharon decir que «podrán nombrar jueces y sacar leyes por el número pero hay que ver cuánto le aguanta la gente». Aunque ese análisis deposita la esperanza opositora en el grado de tolernacia de la sociedad antes que en la construcción de una alternativa, el senador lo resume categóricamente: «es Milei o nosotros».

Como adelantó en exclusiva LPO, Toto Caputo está obsesionado con la privatización de las rutas nacionales y autopistas que están bajo control de la estatal Corredores Viales. Eso, al punto de amenazar con una purga en Transporte y Vialidad si no están licitados 9.000 kilómetros de ruta antes de julio.

En ese apuro, Caputo también incluyó la suba de los peajes. En una señal directa a las empresas que manejarán las autopistas y rutas nacionales por los próximos 20 años, se dispuso un aumento de casi 20% en la tarifa de peajes de los diez tramos concesionados por Corredores Viales, antes de ser entregados a manos privadas.

La suba rige a partir del jueves 26, un día antes de la apertura de sobres que hará Economía para tramos de la Etapa II de la Red de Concesiones, que incluyen sectores de las rutas 3, 205 y 226 y de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, unos 1.872 kilómetros, menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II.

Entre las empresas que mostraron interés, figuran Chediack, Roggio, Supercemento, Panedile, Rovella Carranza, Helport y Green, entre otras.

Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio

En lo relativo a los aumentos de peajes, la tarifa mínima para vehículos livianos en la Autopista Riccheri será de $1.300 y subirá a $ 1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500, mientras que aquellos que superen esa altura o tengan rueda doble deberán pagar $3.000.

Como contó LPO, para los tramos de la Etapa II para los que se abrirán ofertas este jueves, el pliego modificado por el ministerio de Caputo contempla la duplicación de la cantidad de estaciones de peaje actualmente vigentes en estos tramos, pasando de 10 a 20 cabinas.

 «Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II 

En ese contexto, el ministro anunció en las últimas horas el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones que abarca 3.900 kilómetros y pretende adjudicarla para fines de mayo.

«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II.

Tras un largo letargo y en medio de la profunda crisis que golpea a la industria láctea, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa que producía los postres, flanes y yogures de Sancor.

La liquidación final de esta empresa láctea formaliza el despido de casi 400 trabajadores, distribuidos entre las plantas que la firma tenía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).

También en las últimas horas, el magistrado Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial 29 donde tramita la quiebra, aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.

Uno de los casos más salientes del expediente al que tuvo acceso LPO es el de Tetra Pak, que reclamó una deuda que supera los 110 mil dólares por el alquiler impago por parte de ARSA de numerosas máquinas, desde envasadoras y aplicadora de tapas, hasta embandejadora de envases, entre otras.

En tanto, en los últimos días, los trabajadores despedidos iniciaron una seguidilla presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo en la Justicia. El reclamo incluye indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.

El juez ya aprobó el retiro de máquinas. Por caso, Tetra Pak tenía en las plantas de ARSA 12 máquinas y denunció deudas en dólares por el alquiler de esos equipos 

«El instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios», señala una de las presentaciones a las que accedió LPO.

ARSA contaba con una red logística de 165 distribuidores y el abastecimiento semanal de 70 mil comercios en todo el país. La crisis que arrastraba desde 2023 se profundizó en un contexto de sobreoferta, restricciones a las exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos.

En su epílogo, ARSA estaba bajo el control empresarios venezonalos que manejaban también la láctea La Suipachense por intermedio de Marelac S.A. Antes, la admistración pasó por el Grupo Vicentín.

 La quiebra de ARSA se da en un contexto crítico del sector, que también se refleja en la empresa láctea Verónica, donde hay reclamos de salarios adeudados desde diciembre y denuncias de un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo. 

En 2024, se abrió un concurso de acreedores que resultó fallido y, a pesar de versiones de compra por parte de actores fuertes del sector, lo cierto es que nadie se ofreció para el salvataje y hacerse cargo de la producción.

La quiebra de ARSA se da en un panorama crítico de la industria láctea que también impacta en otras firmas fuertes del sector, como Verónica, donde trabajadores de las plantas de Clason, Suardi y Lehmann en Santa Fe reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.

«Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento», afirmó el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, que pidió medidas para aflojar el apretón monetario y facilitar el crédito.

No es habitual que un empresario de ese nivel deslice críticas tan abiertas a la política económica. Pero su pedido no movió un milímetro la estrategia de Caputo y Milei, que entre recesión e inflación, eligen la primera. Aunque en realidad por ahora tienen de las dos.

Pero el equipo económico no está dispuesto a hacer nada que ponga en peligra el ancla del dólar barato. La estabilidad cambiaria del Gobierno se explica también por la desaparición de pesos. Ese es un driver del programa económico: el frente externo se sostiene porque el frente monetario se vuelve cada vez más restrictivo. 

Lo más interesante en este sentido no pasó en el mercado cambiario sino en el mercado de pesos. En las últimas semanas Banco Central compró divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía (porque cada compra de dólares implica emitir) pero aun así la cantidad total de dinero cayó. Todos los agregados monetarios se contrajeron. 

¿Por qué sube el riesgo país pese a la compra de reservas?

La aparente contradicción se resuelve mirando al Tesoro. En enero vencieron cerca de USD 2.700 millones de deuda en dólares. Para pagarlos, el Tesoro compró esas divisas al Banco Central y entregó alrededor de 4 billones, pesos que quedaron fuera de circulación. La absorción fue mayor que la emisión. Resultado: menos liquidez. 

En las últimas semanas Banco Central compró divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía (porque cada compra de dólares implica emitir) pero aun así la cantidad total de dinero cayó. 

En febrero el Central siguió comprando dólares agresivamente, pero el Tesoro no intervino en el mercado cambiario. Sin embargo, los pesos tampoco aparecieron. El motivo es simple: ambos organismos los retiraron por otras vías. El BCRA absorbió mediante pasivos remunerados y ventas de dólar futuro; el Tesoro lo hizo colocando deuda pública. 

El esquema funciona como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se los elimina para que no presionen sobre el dólar. 

Por eso el mercado sigue con atención la licitación de esta semana. Luis Caputo necesita pesos para compensar las compras de divisas del Central y sostener el ancla cambiaria. 

El presidente del Banco Macro, Jorge Brito.

Este miércoles Caputo buscará refinanciar vencimientos por 7,2 billones de pesos. La última colocación mostró la lógica del programa: el Tesoro consiguió 9,02 billones frente a vencimientos por 8 billones, un roll over del 123% que permitió retirar dinero adicional del mercado. No es solo financiamiento: es política monetaria tercerizada en el mercado. 

 En la última licitación se vio el funcionamiento con claridad: mientras el Central compraba USD 214 millones, el Tesoro absorbía cerca de 1,7 billones de pesos adicionales vía deuda. El efecto inmediato fue una caída del dólar mayorista, que perforó los 1.400 pesos, pero también una economía cada vez más fría.   

Inflación en una economía con baja emisión: ¿la base monetaria subió o bajó con Milei?

Para la licitación de esta semana, el menú vuelve a ser amplio. Habrá letras y bonos ajustados por CER, títulos dólar linked y la novedad de un bono en moneda dura. El BONAR 2027, con cupón del 6% anual, permitirá colocar hasta USD 150 millones ampliables a USD 250 millones mediante una segunda vuelta. 

El esquema funciona como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se los elimina para que no presionen sobre el dólar. 

La decisión cobra relevancia porque este viernes vencen USD 1.000 millones de Bopreales, una prueba directa para la estabilidad cambiaria. Para evitar tensiones, la Secretaría de Finanzas busca refinanciar parte de este financiamiento con la incorporación sistemática de bonos en dólares dentro de las licitaciones quincenales, con un programa total de emisión de hasta USD 2.000 millones. 

En los hechos, la remonetización prometida para la fase cuatro del programa quedó archivada. La suba de la inflación obligó al Gobierno a retirar prácticamente todos los pesos emitidos desde comienzos del año. 

El plan estabiliza precios restringiendo liquidez. Las tasas explican el costo social del esquema. Hoy el 25% de la deuda fintech está en mora, frente al 7,4% de un año atrás. De los 12,6 billones de pesos prestados por el sistema no bancario, casi 3 billones presentan dificultades de cobro. 

Las familias destinan el 33% de sus ingresos al pago de créditos y billeteras virtuales, mientras el endeudamiento total ya equivale al 140% del ingreso mensual. Incluso la banca tradicional muestra deterioro: los créditos irrecuperables más que se triplicaron en doce meses, pasaron del 2% al 6,5%. 

El problema deja de ser financiero y pasa a ser estructural. Cuando el crédito reemplaza al salario, el consumo deja de traccionar la actividad. Ahí aparece la clave política del modelo. El Gobierno celebra la estabilidad cambiaria, pero esa calma se apoya en tasas altas y en la absorción permanente de pesos. Es una transferencia silenciosa: el dinero no llega al comercio porque queda capturado antes por el sistema financiero. 

La resistencia física de los trabajadores de Fate atrincherados en la planta no arrancó el 18 de febrero, cuando anunciaron el cierre y los despidos de 920 empleados. Fue mucho antes y fue más paulatino. Esos cuerpos que hoy aguantan en el predio de Virreyes, San Fernando, están acostumbrados a la adversidad y a las enfermedades laborales. Las máquinas y los materiales son pesados y los horarios son rotativos: una semana hay que levantarse cerca de las tres para llegar a las seis, a la siguiente fichar a las dos de la tarde, la otra a las diez de la noche y después volver a empezar. Llevar a una persona al límite de sus capacidades le produce fatiga, pero también la entrena. Hoy pasan largas horas sin dormir y permanecen funcionales pese al cansancio, como siempre lo han hecho.

Los gritos y los nervios de las primeras horas dejaron disfónico a Enzo, el operario del sector donde se elaboran los tejidos engomados —la T y la E de FATE—, que él mismo describe como “el corazón de la fábrica”. No da muchos detalles, pero cuenta que se cayó y se golpeó feo la espalda. Toma analgésicos por eso y por su dolor de muela. Como esta etapa del conflicto detuvo su vida por completo, tuvo que frenar un tratamiento de conducto. Enzo le quita importancia.

Los trabajadores del primer turno se encontraron con la noticia a las seis de la mañana, en un cartel ploteado en una estructura que lo sostenía de pie: cesar actividad, extinguir contratos, gracias. Después se bancaron la represión de la Policía Bonaerense, que ya estaba apostada en el predio desde antes de su llegada: tiros, forcejeos y la retención en un patrullero del secretario general del Sindicato Único de de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo. Enzo llegó un rato más tarde. Junto a un grupo de sus compañeros tiró un alambrado y entraron. Esa reacción aceleró las respuestas: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria y el juez de Garantías Nº 4, Esteban Eduardo Rossignoli, firmó una orden de desalojo de la planta. Desde ese momento Enzo sube a la terraza del predio todos los días y no logra entender del todo por qué no lo concretan. Ahí siguen, con la inminencia de que los obliguen a liberar ese espacio que ya es un símbolo y con un fracaso atrás del otro en el diálogo con la patronal.

Para llegar hasta ahí hay que subir por sectores por los que algunos operarios no habían pasado nunca. “Tenemos experiencia como trabajadores y como organización. Vemos que esto está explotado de materia prima, que el predio está energizado, que el domingo previo al cierre les pagaron a los de mantenimiento al 200 por ciento —los domingos la planta no tiene actividad— y les hicieron hacer arreglos grandes, a largo plazo”, dice Enzo. Ven indicios, sacan conclusiones, creen que es una maniobra para deshacerse de un grupo de personas organizadas, asumen que el holding de la familia Madanes Quintanilla no tiene excusas financieras para llevar a cabo una acción como esta. Y planean respuestas colectivas.

***

Trabajar en Argentina nunca fue solo asistir y desempeñarse un día atrás del otro para luego cobrar. La actividad sindical en nuestro país y la conflictividad empleado/patrón tuvo altos y bajos que hoy parecen condensarse en un laberinto con muy pocas salidas. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, durante  el  gobierno de Javier Milei se perdieron más de 270 mil puestos de empleo formal. De ese total el sector más afectado fue el de la Administración pública, algo lógico si se tiene en qué prometió en en campaña y repitió varias veces en funciones. Fue un recorte planeado y defendido en varias ocasiones. Tanto que hoy el oficialismo se jacta de que el aparato gubernamental “sigue funcionando con 50 mil empleados menos”. En su lugar, proponen, las personas que antes se desempeñaban en cargos públicos deberían buscar oportunidades en el sector privado.

Pero el camino hacia ese lado —el salto de lo público a lo privado— tampoco parece llevar, necesariamente, hacia la resolución del problema del desempleo. Según lo registrado en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), hay casi 22 mil empresas menos de las que había hace dos años (se entiende por “empresa” a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares).

A Nahuel lo despidieron de su puesto de logística en Whirlpool cuando la empresa cerró su planta en Pilar en noviembre de 2025 y dejó sin fuentes de ingresos a 220 familias. Con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato que los representaba, lograron un monto de indemnización más favorable y él empezó a sentir el apuro del tiempo cuando gastaba lo que tenía, ya que su hija tenía apenas cuatro meses y el dinero disponible era, en sus palabras, pan para hoy y hambre para mañana. “A partir de ese momento, para el puesto que yo buscaba, veía en Computrabajo que había 15 mil postulantes para tres vacantes. Ahí me empecé a preocupar. Al toque conseguí que me tomaran en Mercado Libre como representante de envíos por un anuncio que encontré en las redes sociales. Me apalabraron un contrato de seis meses, pero terminó siendo de uno y ya lo rescindieron”, cuenta. 

En su paso por Mercado Libre, otros trabajadores le contaban las mismas historias de desvinculaciones, retiros voluntarios y contratos finalizados. A Nahuel lo que más lo conmovía eran los más jóvenes: habían conseguido su primer trabajo ilusionados y al mes ya estaban afuera. Nahuel es escéptico con respecto a los motivos: “Les decían que los echaban por falta de volumen, pero enseguida contrataban a otros, los capacitaban para que hicieran lo mismo y así. A mí me lo rescindieron con la promesa de que si hay más laburo me vuelven a llamar, pero no creo que pase. Ahora voy a tener que volver a buscar y la posta es que no hay. Cuando me quedé sin laburo estuve con dolor estomacal, insomnio, dolor de cabeza. No quería volver a eso. Yo, la verdad, estaba dudando si decirte el nombre de la empresa, pero estoy re caliente”. 

***

Aplicaciones como Uber, Cabify y Didi parecen ser la primera opción de quien busca un mango más, pero también del que solía tener un trabajo formal y ya no lo tiene. Para todas esas aplicaciones hay que tener auto, lo que requiere una inversión inicial, una capa más de dificultad. Aunque en internet ya hay una vasta oferta de vehículos para alquilar por semana o por mes para trabajar.

Ese sistema no está aguantando el caudal de gente que recibe. Nahuel cuenta que entre sus compañeros de la empresa la mayoría aprovechó la indemnización para comprarse un auto y salir a hacer Uber. Pero se da cuenta que para hacer la diferencia tienen que trabajar doce o dieciséis horas. Y le ve el otro costado al asunto: “La realidad es que es un trabajo bastante esclavo. Además, la gente no tiene plata para tomarse un auto”. Alejandro, un operario del área de vulcanizado de Fate —donde se le agrega resistencia y durabilidad a las cubiertas—, dice que sus excompañeros que ya aceptaron retiros voluntarios tomaron ese camino o venden productos importados.

Incluso quienes ya se desempeñan en empleos registrados buscan sumar un extra. Una policía de la Bonaerense cuenta que con su sueldo no le alcanza y por eso cuando le sobra un rato agarra el auto y cambia de rubro a conductora de aplicaciones de viajes. Mientras esquiva el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, admite que la forma de hacer más plata siendo policía es teniendo un laburo extra o hacer las tareas de seguridad que te ofrecen y cobrás aparte: “Con una jerarquía de Sargento con diez años de antigüedad cobro $1.200.000. Y con Uber terminás ganando más porque en seis horas en el auto hacés más que con los adicionales”.

Rappi, Glovo y Pedidos Ya configuran un nivel más bajo de condiciones, ya que no requieren auto y, sin moto, el traslado es por tracción a sangre. El director de políticas públicas de Rappi, Gabriel Buenos, fue el encargado de dar la cara por la empresa tanto en el Congreso como en los medios de comunicación para defender la postura favorable de la corporación a la reforma laboral. Para Buenos, los repartidores “no son precarizados, son independientes”, porque “es el repartidor el que elige conectarse a la plataforma”. Entonces, entiende que no se configura una relación de dependencia ni sus obligaciones como empleador. Un trabajador de estas apps le respondió a Radio Rivadavia que trabaja siete días a la semana y quince horas por día para que le rinda.

***

Un hombre exaltado se apura por regalarles las plantas, que hasta hace un momento estaba vendiendo, a dos chicas en una plaza. Ellas se quedan y se las reciben con algo de desconcierto. Dos oficiales de la Policía de CABA lo rodean amenazantes. Algunos vecinos se acercan, otros siguen de largo. Está desesperado, discute para un lado, pide ayuda para el otro. El video se viraliza en redes sociales.

Hace meses los vendedores ambulantes denuncian que además de sufrir violentos desalojos los agentes se llevan su mercadería sin actas que lo constaten ni información sobre adónde ir a recuperarla. Lisa y llanamente, un robo, acusan. Los cartoneros dicen que les sacan los carros. Los manteros, que ya no es posible apostarse donde antes lo hacían. El gobierno de Jorge Macri, mientras tanto, se jacta de haber limpiado las calles.

***

Tras el cierre de Fate, varios funcionarios —incluido el presidente— empezaron una pelea en redes sociales y a través de los medios con Javier Madanes Quintanilla, el dueño de la fábrica perteneciente a una histórica familia de empresarios ligados a la industria. Crítico de Milei, se terminó de ganar el odio libertario al tomar la decisión de cerrar la planta de San Fernando un día antes de la discusión del proyecto de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. “¿Conspiranoico, yo?”, tuiteó Milei el día en el que se conoció la noticia, dando a entender que era una afrenta personal. Y al otro día, Manuel Adorni arremetió: “El caso de Fate tiene un origen en que los tipos cazaban en el zoológico. Vos al argentino no le podés cobrar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva. Esa era la lógica de una política que no existe más. Entendemos que incluso los empresarios no lo entiendan, pero se acabó vender por precio, hay que vender por volumen”.

La discusión tiene un bache: el Gobierno no toma a los trabajadores como interlocutores. En esa misma entrevista, el jefe de Gabinete dice que “lo de las 920 familias es un drama” y que “es complejo”, sin mayor interés. Seguido de eso, menciona la intervención de la Secretaría en la conciliación obligatoria y, a pesar del encontronazo, concluye que “la última decisión la va a tomar el empresario, por supuesto”. Pero la vida de los trabajadores despedidos sigue, y la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo, dice Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), “de modernización solo tiene el título”.

En su exposición en las comisiones de Legislación y Trabajo y Presupuesto y Hacienda, en la previa a la discusión en el recinto, Cremonte señaló que el texto tiene como objetivo empoderar a los empresarios, ya que “es una ley que aumenta la rentabilidad de las empresas solo por la disminución del salario, sea directo o indirecto. Además, aumenta el sometimiento de los trabajadores y las trabajadoras porque va en contra de la esencia del derecho del trabajo que legisla para intervenir en una relación que se sabe intrínsecamente desigual. Y eso no va a generar empleo”.

***

El día de los despidos, a través de un video publicado en redes, uno de los trabajadores convocaba, desde la terraza, a “todos los compañeros de Fate a venir a la fábrica y defender los puestos de trabajo”. Cuenta Alejandro que había gente de vacaciones a la que todavía le quedaba unos días e interrumpió sus viajes para estar en la empresa. Además, asume que esta situación es un golpe muy grande para las familias que están preocupadas y se asustan. También para él mismo, que tiene 49 años, hace 21 que trabaja en la misma compañía y sabe que es muy difícil conseguir otro puesto a su edad. Por la experiencia de sus compañeros, Alejandro vaticina su futuro y se lamenta: “Voy a terminar vendiendo ventiladores por mi cuenta como hacen los que se fueron, si no hay laburo en ningún lado”.

Enzo también tiene el teléfono explotado de mensajes de familiares: los ven adentro conviviendo con la Policía y están preocupados por cómo se trata el tema en los medios. De todos modos, apoyan su actividad sindical desde siempre y se turnan para cuidar a su hija. La madre de la nena, mientras tanto, procura cuidar su propio trabajo que, de momento, es el único ingreso con el que cuentan.

Sebastián, del sector de clasificación de cubiertas, dice que no hay seguridad de que se conserven los puestos si retiran la permanencia. Los trabajadores no confían en la patronal ni encuentran motivos para obedecer la exigencia de que lo hagan y concluye: “Nos van a sacar muertos a nosotros. No tenemos nada que perder”. Alejandro suma que más o menos 350 personas son del barrio, por lo que el cierre sería significativo también para la zona que rodea al predio.

***

En la madrugada del jueves, la luz subía apenas por el horizonte de la fábrica. Hacía aproximadamente seis horas había empezado el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. En San Fernando, el dron del fotógrafo Matías Baglietto tomaba altura en los alrededores del predio de Fate. El que ya estaba arriba, en lo más alto de la planta, era Enzo. Miraba taciturno, desde la parte superior del tanque de agua que expone el logo, los alrededores del predio.

La noche había sido calma. Corría una brisa “hermosa, espectacular”, recuerda Enzo. Sin embargo, durante todas esas horas había estado pensando cómo sería el próximo golpe, en qué momento podrían ponerse tensas las cosas, por dónde y cómo entrarían las fuerzas de seguridad. La presencia de la Policía es común durante conflictos sindicales, pero acatar la orden del juez requería más personal, otra táctica y, asume Enzo, violencia. Mientras lo rodeaba la cámara aérea, dice, chequeaba su fuente de información más confiable: miraba a los alrededores y buscaba algún movimiento extraño que indicara que venían por ellos. “Los desalojos se hacen a la luz del día, nosotros ya lo sabemos. Y el día ya estaba empezando. Ese lugar es el último al que llegarían en caso de entrar. Si pensaras en una invasión, sería algo así como tomar una posición estratégica. Y, por otro lado, porque ya hemos acompañado muchos conflictos como este, yo pensaba: bueno, ahora nos toca a nosotros”. Los despedidos de Fate no se dan por despedidos. Ellos siguen en el techo. Hoy, el empleo formal está en peligro de extinción y la trama de conflictividad entre empleados y patrones, mediados por la organización sindical, cruje. Después de un despido, la vida de un trabajador sigue. Como resistencia, como búsqueda, como vericueto, como doble esfuerzo, pero sigue.

La entrada Trabajadores en extinción se publicó primero en Revista Anfibia.