El gobierno de Axel Kicillof realizó la apertura de sobres para la licitación del último tramo del dragado del río Salado, una de las obras de movimiento de suelo más importantes de Argentina.
Las etapas 1 y 2 del tramo 5 atraviesan distritos del noroeste de la provincia, puntualmente Alberti, Bragado y Chacabuco, y permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas las obras en el tramo 2 (trabajos que corresponden a Nación). Se trata de una extensión de 33 kilómetros en una zona del río que atraviesa Roque Pérez y Lobos.
Las obras suponen una inversión de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial. En la apertura de sobres que se realizó este jueves en el ministerio de Infraestructura se recibieron siete ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.
«Es una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva», dijo el ministro Gabriel Katopodis.
El Tramo V es el segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.
El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.
Es una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva. Son 138 millones de dólares, que invertimos y ejecutamos a pesar de la asfixia económica del Gobierno Nacional.
Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión bonaerense, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.
El dragado del río Salado es la obra hidráulica más emblemática de la provincia, toda vez que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones sobre una cuenca que abarca una superficie 170.000 kilómetros cuadrados y posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba).
Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.
Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.
Mientras tanto, en el gobierno provincial preocupa la paralización de los trabajos que corresponden al gobierno nacional. La no continuación de esas obras afectan aproximadamente a unas 10.000 hectáreas del río que bordean la zona. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024.
El Estado Nacional venía financiando esta obra a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles.
La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Ese fideicomiso recibió $271.743 millones para destinar a obras de infraestructura hídrica. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado podrían ser ejecutadas y finalizadas a través ese fondo.
El campo esta parado sobre la super cosecha de soja y no tiene ganas de liquidar más allá de lo indispensable para operar el negocio. Les molesta el dólar atrasado o las retenciones altas, que son las dos caras de la misma discusión.
Toto Caputo necesita de manera cada vez más desesperada que liquiden para pagar los vencimientos de deuda. Por eso, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, intentó convencerlos con una exposición en Washington: con menos brecha cambiaria, menos retenciones, buen precio internacional y un tipo de cambio más ordenado, al productor le conviene vender la soja ahora.
Werning desplegó esos argumentos en un cuadro prolijo, de esos que cierran perfecto en una presentación. Pero en el campo miran otra cosa. Miran lo que queda después de pagar alquileres, insumos, deudas y la campaña siguiente. Y ahí los números no cierran tan fácil.
La discusión no es menor porque toca el corazón del modelo. El Gobierno necesita que la cosecha liquide dólares, sostenga el precio de la divisa y alimente las reservas. El campo responde que una cosa es el precio teórico y otra muy distinta el resultado económico. En esa diferencia se trabó la soja. Y por eso, detrás de la discusión técnica, asoma una pelea mucho más concreta: si el sector más competitivo del país no ve negocio, los dólares que espera la Casa Rosada pueden tardar bastante más de lo que dicen los PowerPoint oficiales.
El gráfico del Banco Central tiene una parte cierta. Werning mostró que, descontadas las retenciones y valuado al tipo de cambio paralelo, el precio doméstico que recibe hoy el productor está entre los más altos del gobierno de Milei. La explicación oficial se apoya en cuatro puntos: retenciones más bajas, del 26 por ciento contra el 33 por ciento previo; menor brecha cambiaria; un tipo de cambio más unificado; y una soja en torno de los 420/427 dólares la tonelada. La conclusión: el productor recibe más dólares efectivos que antes.
En el campo responden que esa cuenta está bien hecha y mal contada. Germán Iturriza, consultor y hombre escuchado en el sector, lo resumió con crudeza. Dijo que un productor puede mirar esos gráficos y reírse, no porque sean falsos sino porque muestran apenas una parte de la película. «Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos», explicó.
Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos.
Iturriza puso el dedo donde más duele. Sostuvo que desde noviembre la inflación en pesos siguió subiendo, con una columna cercana al 15 por ciento desde las elecciones, mientras el tipo de cambio nominal quedó retrasado. Entonces el productor ve que Chicago marca 427 dólares y la soja local ronda los 430, pero cuando hace la cuenta de bolsillo descubre que el negocio no cierra. «Hoy el productor está vendiendo una soja a 420.000 cuando podía haber vendido a 500.000 en noviembre. Eso tiene un impacto muy grande para pagar alquileres, para pagar insumos», dijo. No discute el precio de pizarra. Discute la renta que queda después del recorrido.
El dato que más inquieta al mercado es otro y también lo subrayó Iturriza. Al 15 de abril, con datos oficiales de la Secretaría, se había vendido menos de 5 millones de toneladas de soja sobre una cosecha esperada de 49 a 50 millones. Es decir, alrededor del 10 por ciento. Ese número vale más que cualquier discurso porque el productor vota con la venta. Si el negocio fuera tan atractivo como dice el Banco Central, la soja ya estaría saliendo.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. Ahí aparece otro dato que rompe el relato oficial sobre una supuesta especulación abstracta. En maíz ya se vendieron 23 millones de toneladas contra 13 millones del año pasado. Son 10 millones más. En girasol, las declaraciones juradas llegaron a 1 millón de toneladas contra apenas 60.000 toneladas a la misma semana del año pasado. El trigo también muestra buenas ventas, aunque algo por debajo en términos porcentuales. La señal es clarísima: el campo no se sienta arriba de todo. Se sienta arriba de la soja.
La explicación que circula en las rutas, en las cooperativas y en las mesas de comercialización es muy argentina. Muchos productores esperan una mejora de condiciones. Una baja adicional de retenciones. Un dólar soja con otro nombre. Un incentivo.
Iturriza recordó que el propio Gobierno fue cambiando las reglas durante el año pasado, urgido por los dólares: primero bajó a 26, luego volvió a 33, después regresó a 26 con la promesa de permanencia y más tarde ensayó retención cero para la chicharrita en septiembre, una ventana que se cerró rápido por presión de Estados Unidos. Con ese antecedente, el productor supone que si espera puede conseguir algo mejor.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto.
Ese comportamiento además complica otro eslabón delicado: la molienda. Las plantas están trayendo soja paraguaya con régimen de importación temporal, algo que no es nuevo, pero sienten la falta de mercadería local. En el último trimestre de 2025 la molienda había tenido un impulso excepcional por los derechos de exportación en cero, con un volumen de ventas inédito para esa parte del año. Ahora el esquema volvió a su lógica tradicional: el productor guarda la soja hasta el borde y aprovecha la fortaleza de otros cultivos. En el sector explican que la pata local no está empujando y que eso le pone arena al engranaje industrial.
El problema más serio, sin embargo, no está en esta cosecha sino en la próxima. Iturriza advirtió que la nueva campaña «viene muy complicada» porque la urea subió entre 50% y 60%, el gasoil también pegó un salto fuerte y eso impacta de lleno en las labores. El productor arrastra costos hundidos, ve precios en pesos a la baja y, cuando proyecta la siembra de trigo o maíz, encuentra márgenes negativos o muy ajustados. La escena se repite en las zonas productivas: incluso los más eficientes están viendo que con este tipo de cambio y el futuro que descuenta el mercado, los números no dan.
Ahí aparece la falla estructural del razonamiento oficial. El Gobierno mejoró un precio relativo pero empeoró el negocio total. En el Excel del Banco Central puede verse un ingreso mejor medido en dólares efectivos. En el bolsillo del productor aparece otra cosa: inflación en pesos, costos dolarizados, fertilizantes más caros por la guerra, gasoil en alza y una rentabilidad que se achica.
En el entorno rural agregan otro dato de color que no es menor. El productor medio no funciona como un financista sofisticado que liquida y se refugia en fondos comunes de inversión. Cobra en pesos, paga en pesos y, si le sobra algo, compra dólares.
Por eso la pelea con Werning excede un cuadro del Banco Central. Lo que el Gobierno presenta como una demostración de normalidad, el campo lo ve como una verdad parcial que tapa el problema de fondo. El gráfico puede mostrar cuánto recibe hoy el productor en dólares. No dice cuánto gana y si le conviene vender.
Un descubrimiento arqueológico en el extremo sur de América permitió confirmar con precisión la ubicación de una de las experiencias más trágicas de la colonización española: la ciudad Rey Don Felipe, conocida como “Puerto del Hambre”, donde más de 300 personas murieron abandonadas en el siglo XVI.
Por Alcides Blanco para NLI
El hallazgo que cerró una discusión histórica
Durante décadas, historiadores y arqueólogos debatieron la ubicación exacta de la efímera colonia española fundada en 1584 en el estrecho de Magallanes. Esa incertidumbre comenzó a resolverse con un hallazgo tan pequeño como contundente: una moneda de plata enterrada hace más de cuatro siglos en los cimientos de una iglesia.
El objeto, un “real de a ocho” acuñado en tiempos de Felipe II, fue encontrado exactamente en el lugar que había descrito el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa en sus crónicas. La coincidencia entre documento histórico y evidencia material no solo valida las fuentes de la época, sino que permite reconstruir con precisión el asentamiento.
Lejos de ser un detalle menor, este tipo de hallazgos “in situ” constituye una de las pruebas más sólidas en arqueología histórica: la confirmación directa entre relato escrito y registro material.
Una colonia estratégica condenada al fracaso
La ciudad Rey Don Felipe fue parte de un ambicioso proyecto del Imperio español para controlar el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, en un contexto de disputa global por las rutas marítimas.
Ubicada en la costa norte del estrecho de Magallanes —una región inhóspita, aislada y de clima extremo—, la colonia nunca logró consolidarse. La combinación de factores fue letal: dificultades para el abastecimiento, condiciones climáticas severas y una planificación que subestimó el entorno.
De los aproximadamente 350 colonos que llegaron, la mayoría murió por hambre, enfermedades y abandono en pocos años. El episodio quedó grabado en la historia como una de las mayores tragedias coloniales en América.
“Puerto del Hambre”: el nombre que selló la tragedia
Tres años después de la fundación, en 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish llegó al lugar y encontró una escena devastadora: un asentamiento organizado, pero repleto de cadáveres. Fue él quien lo rebautizó como “Port Famine” —Puerto del Hambre—, nombre que sintetiza el destino de la colonia.
La denominación no fue exagerada. Investigaciones actuales estiman que al menos 337 personas murieron por inanición, incluyendo soldados, colonos y religiosos.
Ese fracaso no solo marcó un límite para la expansión española en la región, sino que evidenció las dificultades reales de imponer enclaves coloniales en territorios extremos sin conocimiento del ambiente ni vínculos sólidos con las poblaciones originarias.
La arqueología como puente entre pasado y presente
El hallazgo de la moneda no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto interdisciplinario que combina documentos históricos, tecnología de geolocalización y excavaciones de precisión milimétrica.
Gracias a este avance, hoy es posible proyectar la distribución del asentamiento: iglesia, viviendas, bodegas y estructuras defensivas mencionadas en mapas del siglo XVI.
Más aún, el descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre los colonizadores y los pueblos originarios de la región, como los aonikenk y kawésqar, claves para comprender el contexto humano de la experiencia colonial.
Una moneda, una historia, una advertencia
El “real de a ocho” enterrado en 1584 no fue solo un gesto simbólico de fundación. Cuatro siglos después, se convirtió en una pieza clave para reconstruir una historia de ambición imperial, error estratégico y tragedia humana.
La colonia Rey Don Felipe —ese proyecto que pretendía dominar el extremo sur del mundo— terminó convertida en un recordatorio brutal de los límites del poder colonial.
Porque en el fin del continente, donde el clima, el aislamiento y la geografía imponen sus reglas, la historia no se escribe solo con decisiones políticas o militares, sino también con la capacidad —o incapacidad— de sobrevivir. Y esa lección, enterrada bajo una piedra durante siglos, recién ahora volvió a salir a la luz.
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.
El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.
El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.
Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.
Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.
Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.
Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.
