Victoria Villarruel le concedió a Anabel Fernández Sagasti la posibilidad de votar en la sesión de este jueves, cuando se trate la ley de tierras, a través de medios telemáticos y garantizó un voto más a la oposición contra la iniciativa de Federico Sturzenegger. El decreto de la presidenta del Senado es un misilazo para Javier Milei, que puede sufrir una dura derrota si fracasa por cuarta vez el bloque oficialista en su intento por debatir el dictamen de inviolabilidad de la propiedad privada.
Fuentes del peronismo comentaron a LPO que la Vicepresidenta «fue muy empática» cuando la senadora mendocina le comunicó su situación, con 32 semanas de embarazo y la prescripción médica de no viajar desde su provincia natal hasta la Capital Federal.
Sin embargo, Villarruel decretó la autorización «ad referéndum del Senado» para que la senadora «pueda participar de manera remota o virtual, con voz y voto, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente». Es decir, la habilitación de la Vice deberá ser sometida a consideración de todos los bloques en recinto, aunque se supone que no debería ser rechazada.
La definición es un condimento más en la pelea de la Casa Rosada con Villarruel, que mostró con esta maniobra su autonomía para manejarse según el reglamento pese a que su aplicación complique la media sanción de un proyecto del oficialismo. «Coquetea con el peronismo y encima defiende la democracia», dijo una fuente parlamentaria.
Además, la jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei, respectivamente.
El antecedente más parecido al de Fernández Sagasti es el caso de la diputada Blanca Osuna, quien votó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, desde una sala de internación en la que atravesaba cuidados médicos por el COVID19.
La jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei.
De hecho, Villarruel apeló como argumento al fallo de la Corte Suprema ante el pedido de Cristina Kirchner a los jueces de una «acción declarativa de certeza», también durante la pandemia y para el funcionamiento de la Cámara Alta por medios virtuales. Allí los magistrados entendieron que «ninguna cláusula constitucional veta la posibilidad de que las cámaras se reúnan, deliberen y voten de forma remota» y que «el Senado cuenta con todas las atribuciones para interpretar su reglamento en cuanto al modo remoto o virtual de sesionar, en ejercicio de la autonomía normativa que le confiere el artículo 66 de la Constitución».
La Vicepresidenta también consideró en su disposición que la senadora mendocina «no pretende interrumpir ni dejar de ejercer sus funciones sino continuar desempeñándolas».
Desde el peronismo, aclararon que la aprobación de la participación de Fernández Sagasti de forma remota «no necesita sumarse al temario, como las renuncias de senadores o licencias» y explicaron que «la mayoría que hace falta es de la mitad más uno».
La crisis diplomática con Brasil tocó su punto más alto. Lula decidió retirar al embajador brasileño, Julio Bitelli, se quede en Brasilia y rebajar la relación diplomática con Argentina al de encargado de negocios, el mínimo posible.
En paralelo, el canciller Brasil Mauro Vieira, decidió convocar al embajador argentino, Daniel Raimondi, como forma de protesta a los reiterados ataques de Javier Milei a Lula.
Según pudo saber LPO con fuentes muy cercanas a la situación, el presidente brasileño tomó la decisión luego que Milei lanzara críticas en el streaming de Esteban Trebucq en donde insistó en calificarlo de «ladrón y corrupto».
Eso, junto con los dichos en el acto con Flavio Bolsonaro en San Pablo y la entrevista con Luis Majul del domingo por la noche fueron el detonante para la escalada de la crisis.
Esta situación se mantendrá hasta tanto Milei no cambie la narrativa contra Lula, ubica a la crisis diplomática como la más importante desde el retorno de la democracia y complica de manera notable el vínculo con un socio estratégico.
Julio Bitelli, embajador brasileño en Argentina.
LPO adelantó en exclusivo que el malestar con el gobierno argentino tras la entrevista con Majul era «muy grande» pero entendían que escalar la crisis puede ser muy dañino para la relación bilateral. La continuidad de las declaraciones fue la gota que rebalsó el el vaso.
Esta situación se mantendrá hasta tanto Milei no cambie la narrativa contra Lula, ubica a la crisis diplomática como la más importante desde el retorno de la democracia y complica de manera notable el vínculo con un socio estratégico.
La cercanía de la campaña electoral es un factor importante. En el entorno de Lula consideran que la actitud de Milei expone que Flavio no tiene estrategia ni proyecto y necesita que vengan a ayudarlo.
En efecto, consideran que los arrebatos del líder libertario potencia la marca «Brasil es de los brasileños» con el que Lula viene confrontando la inherencia de Donald Trump y la imposición de aranceles contra los productos brasileños.
La idea inicial era mantener la tensión en el plano político y por eso Lula respondió con ironía y humor pero la ofensiva inédita del líder libertario terminó forzando a Lula a acudir al plano diplomático.
Ahora resta saber si hay una decisión reciproca del gobierno argentino, que podría traer al embajador y rebajarse el vínculo el mismo nivel.
La bandera-sábana de Malvinas y la torpeza del gobierno para abordar la cuestión pegaron fuerte en los jóvenes y hay un brote de sentimientos nacionalistas. Referentes como Emilia Mernes, Dillom y Malena Pichot y Martín Cirio salieron a manifestarse contra la Ley de Tierras que impulsa el gobierno.
La discusión por la Ley de Tierras salió del Congreso y llegó a las redes de músicos, actores e influencers. Pichot fue de las primeras en intervenir y con un video de dos minutos generó una amplia conversación en redes.
Dillom mostró una bandera con la leyenda «la Patria no se vende, 6/8» durante un recital de Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York. Incluso Emilia Mernes, que suele eludir las definiciones políticas, subió a su Instagram un video de Amnistía Internacional convocando a la marcha.
«El 6 de agosto que se va a debatir la ley de tierras, que están buscando vender todo Argentina, los recursos naturales que todos los países protegen, ahí hay que ser argentinos. Va a haber una marcha en el Congreso, nos vemos ahí», invitó Martín Cirio, creador de La Faraona, en su streaming.
Para Shila Vilker, directora de Trespuntozero, la Copa del Mundo volvió a poner sobre la mesa el concepto de soberanía: «Hay un capítulo que se abrió en el Mundial con la bandera de Malvinas. Esa bandera-sábana hizo que se vuelva a hablar de soberanía», le dijo a LPO. Vilker cree que el debate sobre la Ley de Tierras es una secuela del episodio ocurrido tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra.
Hay un capítulo que se abrió en el Mundial con la bandera de Malvinas. Esa bandera-sábana hizo que se vuelva a hablar de soberanía.
«Tiene que ver con un contexto de nacionalismo democrático. La torpeza de la ministra Monteoliva hablando de la prohibición de ingresar con el ‘mapita de Malvinas’ a la cancha, la subestimación de Milei a los ‘jugadores termo’ generaron un clima de opinión que es una complicación para el gobierno», analizó Gustavo Córdoba, directo de Zuban-Córdoba.
Para el politólogo y consultor, el gobierno «desmalvinizó la agenda y se encontró de pronto con un clima de opinión muy masivo, muy trasversal, muy potente, muy popular. Y no lo interpretó».
«Nosotros lo medimos: el 77% de los argentinos está de acuerdo de ponerle un límite a la venta de tierras a los extranjeros y eso refleja el clima de opinión», agregó Córdoba.
La torpeza de la ministra Monteoliva hablando de la prohibición de ingresar con el ‘mapita de Malvinas’ a la cancha, la subestimación de Milei a los ‘jugadores termo’ generaron un clima de opinión que es una complicación para el gobierno.
Vilker cree que el debate traspasó el micromundo de la política y llegó a sectores de la sociedad que suele estar ajeno a esas cuestiones.
«La discusión está tocando una fibra sensible que se abrió en el Mundial. Está ley venía desde hace algún tiempo con problemas en el Congreso, pero no es lo mismo desde que apareció la bandera. Ahora la discusión de la ley atraviesa a la opinión pública y ves a jóvenes tomando postura sobre el tema», señaló.
Durante décadas fue uno de los pueblos más prósperos del interior bonaerense. Tenía hoteles, comercios, una intensa actividad turística y miles de visitantes cada temporada. Pero una inundación extraordinaria cambió para siempre su historia y convirtió a Villa Epecuén en una ciudad fantasma que hoy atrae visitantes de todo el mundo.
Por Redacción de NLI
Las ruinas de una ciudad suelen asociarse con civilizaciones antiguas o con guerras devastadoras ocurridas a miles de kilómetros de la Argentina. Sin embargo, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace apenas unas décadas. Calles que ya no conducen a ningún sitio, árboles convertidos en esqueletos blancos por la sal, edificios sin techos y automóviles deformados por el agua conforman un paisaje que muchos comparan con un escenario posapocalíptico. Se trata de Villa Epecuén, en el partido bonaerense de Adolfo Alsina, una localidad cuya historia resume tanto la capacidad de progreso del interior argentino como la fragilidad de las obras humanas frente a la naturaleza.
Un pequeño pueblo que soñó con convertirse en un gran centro turístico
La historia de Villa Epecuén comenzó a principios del siglo XX alrededor de un recurso natural excepcional: las aguas hipersalinas de la laguna Epecuén, cuya concentración de sal supera ampliamente la del mar. Desde muy temprano se difundió la idea de que esos baños poseían propiedades terapéuticas para aliviar enfermedades reumáticas, afecciones dermatológicas y distintos trastornos musculares. Más allá de las discusiones científicas sobre la magnitud de esos beneficios, el fenómeno alcanzó una enorme popularidad y transformó a la localidad en uno de los principales destinos turísticos del país.
Durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, miles de familias llegaban cada verano para disfrutar de los baños salados. La ciudad creció al ritmo de esa actividad. Se construyeron hoteles, hosterías, restaurantes, comercios y centros recreativos que generaban empleo para buena parte de la región. En su mejor momento, Villa Epecuén llegó a contar con más de un centenar de establecimientos hoteleros y una infraestructura capaz de recibir decenas de miles de visitantes por temporada. Era uno de esos ejemplos de desarrollo regional que demostraban cómo un recurso natural podía convertirse en el motor económico de toda una comunidad.
Sin embargo, ese crecimiento convivía con un riesgo conocido desde hacía décadas. La laguna formaba parte de un complejo sistema hídrico del sudoeste bonaerense donde las variaciones climáticas podían modificar considerablemente el nivel del agua. Ingenieros y especialistas advertían periódicamente sobre la necesidad de mantener y reforzar las defensas que protegían al pueblo, aunque durante años la amenaza pareció lejana.
La inundación que borró una ciudad del mapa
A comienzos de la década de 1980, una sucesión de lluvias extraordinarias alteró el equilibrio de toda la cuenca. Los niveles de agua aumentaron de manera constante y comenzaron a ejercer una presión cada vez mayor sobre el terraplén que protegía Villa Epecuén. Finalmente, el 10 de noviembre de 1985, una parte de esa defensa cedió y el agua avanzó sobre la localidad.
Lo que inicialmente parecía una inundación más terminó convirtiéndose en una catástrofe sin precedentes. En cuestión de semanas, el nivel del agua siguió creciendo hasta cubrir completamente calles, viviendas y edificios públicos. La evacuación de la población evitó una tragedia humana de mayores dimensiones, pero significó el abandono definitivo de una ciudad que había tardado más de medio siglo en construirse.
Con el correr de los años, la laguna llegó a cubrir Villa Epecuén con varios metros de agua. Allí quedaron automóviles, muebles, hoteles enteros y recuerdos de miles de familias que nunca pudieron regresar. Durante casi dos décadas, el pueblo permaneció oculto bajo la superficie, convertido en una especie de Atlántida bonaerense cuya existencia sobrevivía únicamente en fotografías y relatos de antiguos habitantes.
El regreso de las ruinas y la memoria de un pueblo
A partir de los primeros años del siglo XXI, un prolongado descenso del nivel del agua comenzó a revelar lentamente las estructuras que habían permanecido sumergidas durante años. El paisaje que emergió sorprendió incluso a quienes habían vivido allí. La acción combinada del agua y de la sal había transformado completamente la ciudad. Los árboles aparecieron blanqueados como esculturas minerales, las paredes conservaron apenas sus esqueletos de hormigón y muchos objetos quedaron cubiertos por gruesas capas de cristales salinos.
Lejos de desaparecer del imaginario colectivo, Villa Epecuén encontró una nueva forma de existencia. Fotógrafos, documentalistas, historiadores y turistas comenzaron a visitar las ruinas atraídos por un escenario único en América Latina. Incluso deportistas de reconocimiento internacional eligieron ese paisaje para filmaciones y producciones audiovisuales, contribuyendo a que las imágenes del antiguo pueblo recorrieran el mundo.
Pero detrás del atractivo turístico permanece una historia profundamente humana. Las ruinas no representan solamente una curiosidad paisajística; son el recuerdo de una comunidad que perdió su lugar de pertenencia, de comerciantes que vieron desaparecer su trabajo y de familias que debieron reconstruir su vida lejos del sitio donde habían nacido. Al mismo tiempo, la experiencia de Villa Epecuén continúa alimentando debates sobre la planificación territorial, las obras hidráulicas, el impacto de los eventos climáticos extremos y la necesidad de pensar el desarrollo con una mirada de largo plazo.
Hoy, caminar por las calles de Villa Epecuén significa recorrer una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido en 1985. Cada pared derruida y cada árbol petrificado por la sal recuerdan que el progreso nunca está completamente garantizado y que la relación entre las sociedades y la naturaleza exige planificación, inversión y conocimiento. Tal vez por eso su historia siga despertando fascinación: porque demuestra que incluso en la inmensidad de la llanura bonaerense existen lugares capaces de condensar, en unas pocas cuadras, la grandeza y la fragilidad de toda una comunidad.
En el plazo de unos pocos días, más de cincuenta mil personas cruzaron la frontera de Marruecos hacia el enclave-ciudad-española de Ceuta. Un joven de 21 años de origen libanés fue abatido por la policía alemana al día siguiente de atentar con una furgoneta contra la Marcha del Orgullo en el Tiergarten de Berlín, matando a una mujer y dejando 29 personas heridas. En Argentina, el Gobierno libertario publicó un decreto para impedir la entrada al país y expulsar a los extranjeros que “agravien al pueblo argentino”. Ninguno de estos episodios admite una única explicación. Sin embargo, los tres forman parte de una misma mutación de la racionalidad política contemporánea, que toma poblaciones vulnerables como fichas del tablero político, ejércitos de reserva despojados ya no solo de empleo, sino también de cualquier derecho.
Las imágenes de Ceuta muestran masas de cuerpos corriendo entre los espigones fronterizos, miles de personas cruzando a nado el espigón del Tarajal, agentes de la Guardia Civil rescatando criaturas mientras se ahogaban, el despliegue militar en las playas fronterizas, hombres marroquíes rompiendo o escalando las verjas y un montón de gente desesperada. Son imágenes que condensan décadas de asimetrías, acuerdos migratorios y tensiones diplomáticas. En la escena de Berlín, en cambio, la mayoría celebraba una fiesta callejera que abraza la diversidad sexual. El atacante, radicalizado pero formalmente integrado, estaba en la mira de las autoridades. Los servicios de inteligencia lo habían clasificado como “orientado a la violencia”, pero no tenían ningún asidero legal para restarle libertades. Dos episodios muy distintos de la multitud, la vulnerabilidad y las diferencias insalvables que trazan los itinerarios de un viejo continente que ve cómo se desfiguran los marcos con los que las democracias liberales suelen narrar la migración. La proximidad de estos dos casos en tiempo y espacio vuelve visible la dificultad de encontrar un lenguaje capaz de pensar las transformaciones recientes de la migración sin reducirlas a la alternativa entre el humanitarismo y la seguridad.
Ceuta y Berlín muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos.
Como era previsible, las dos noticias fueron absorbidas de inmediato por la lógica de la polarización. De un lado, aparecieron voces que denunciaban la xenofobia latente en toda llamada a reforzar fronteras y mezclar islamismo con fundamentalismo. Del otro, señalaron la ingenuidad de las políticas de acogida y la incapacidad estatal para proteger a sus ciudadanos de bien. El debate se organizó, una vez más, alrededor de la oposición entre la custodia de la nación y la defensa irrestricta de la diversidad. Esa dicotomía tiene una eficacia política inmediata, porque ordena el campo, pero también tiene un costo analítico severo. Impide advertir un cambio más profundo en la manera en que la figura del migrante circula por el espacio público contemporáneo.
Lo verdaderamente nuevo, de todas maneras, no está en los argumentos (archiconocidos, por otra parte), sino en la transformación que permanece oculta cuando nos limitamos a tomar partido. Ceuta y Berlín son acontecimientos que desbordan tanto el relato humanitario como el relato securitario. Ambos muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos. La dicotomía entre puertas abiertas y puertas cerradas supone que la migración es un fenómeno que se puede aceptar o rechazar. Pero lo que estas escenas sugieren es que la migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio. El problema no se reduce, por lo tanto, a un hecho demográfico. La transformación de la figura del migrante es una pieza central de la racionalidad política actual.
Geopolítica de la vulnerabilidad
Durante buena parte del siglo XX, las masas migrantes habían sido pensadas como trabajadores, como refugiados o como víctimas de persecuciones. Hoy, sin dejar de ser ninguna de esas cosas, se han convertido además en un instrumento de presión interestatal y en un soporte simbólico para nuevas formas de autoridad (¿o autoritarismo?). Esa mutación es algo que exige ser pensado.
En Ceuta, el protagonista de la noticia no era el migrante individual con su historia y sus motivos, sino la frontera como instrumento diplomático. El gobierno marroquí, según lo que dijeron prácticamente todos los análisis, relajó los controles como respuesta a una decisión del Tribunal Supremo español que limitaba las devoluciones “en caliente” (sin procedimientos formales de identificación y expulsión). Más de sesenta mil personas se convirtieron, en cuestión de horas, en una señal enviada de una capital a otra. La movilidad humana funcionó como un mensaje que no necesitaba ser formulado explícitamente. Las personas concretas quedaron subsumidas en una función geopolítica que las excedía por completo.
La migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio.
En Berlín, el protagonista tampoco fue el atacante en su singularidad, sino el fracaso de ciertas categorías con las que Europa en general y Alemania en particular habían intentado pensar la integración. El episodio hizo visible una tensión que los discursos oficiales habían mantenido en un discreto segundo plano: la coexistencia, dentro del mismo espacio jurídico, de marcos normativos profundamente incompatibles.
Ambos casos expresan una misma reorganización simbólica (y no solo) del campo político que va desde el lenguaje de la geopolítica y la presión migratoria hasta el lenguaje de la seguridad interior y el conflicto de valores. Tanto en Berlín como en Ceuta, el migrante pasó a convertirse en operador político, como instrumento de negociación entre Estados o detonante de una reconfiguración discursiva que ya no opone simplemente izquierda y derecha, sino que atraviesa y reorganiza ambos campos.
Para entender la profundidad de este desplazamiento conviene abrir el foco histórico. Lo ocurrido en Ceuta no es una excepción. En 2021, el mismo gobierno marroquí permitió la entrada masiva de miles de personas al enclave español tras un desacuerdo diplomático vinculado al Sahara Occidental. En aquella ocasión, igual que en esta, el movimiento migratorio se usó para agitar una negociación que hasta entonces transcurría por los canales oficiales. La repetición del procedimiento indica que no estamos ante una estrategia puntual, sino ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior. Ese mismo año, el caso de Bielorrusia reforzó esa impresión. Durante varios meses, el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes, principalmente de Oriente Medio, hasta la frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Ahí también las imágenes de personas atrapadas en un bosque helado entre alambradas y uniformes militares dieron la vuelta al mundo. La Unión Europea denunció lo que calificó como un ataque híbrido que se apoyaba en la instrumentalización deliberada de seres humanos con fines geopolíticos. En ese caso, como en Ceuta, la movilidad de miles de personas era administrada como un recurso para desestabilizar al adversario. Y el problema humanitario era más una consecuencia. Turquía, por su parte, ya había mostrado la eficacia del mecanismo en 2016, cuando la UE firmó un acuerdo con Ankara para que contuviera los flujos migratorios hacia Grecia a cambio de miles de millones de euros y concesiones políticas. En 2020, cuando las tensiones entre Turquía y la UE se intensificaron, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abrió brevemente esa frontera y centenares de personas se dirigieron hacia Europa como tierra prometida, cayendo en la misma trampa. La movilidad no era el efecto colateral de una guerra o un desastre ecológico, sino una palanca que se accionaba de forma calculada, un instrumento de presión que atrapaba a las personas entre la indolencia y la indiferencia. La lógica no se limita al vecindario europeo ni a los países que “producen” migrantes. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió al “extranjero” en un eje privilegiado para reorganizar el debate sobre soberanía, seguridad y autoridad estatal. Sus maniobras para controlar la frontera con México la volvieron un escenario privilegiado para narrar una idea de nación.
Sumados, todos estos casos empiezan a configurar un catálogo relativamente estable. Distintos gobiernos, con regímenes políticos y orientaciones ideológicas diferentes, descubren que la administración de poblaciones desplazadas puede rendir beneficios hacia adentro y hacia afuera de las fronteras. Por supuesto, los migrantes tienen agencia y motivos propios, pero sus movimientos se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.
Estamos ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior.
¿Qué es lo que hizo que la circulación de personas adquiriese semejante valor táctico y tan poco valor humano? Más allá de las asimetrías económicas y los conflictos armados, se puede pensar que cuando la UE convirtió el control migratorio en una prioridad política de primer orden, otorgó involuntariamente a sus vecinos un nuevo recurso de negociación: la amenaza de dejar pasar y la promesa de contener.
Es muy útil recuperar, con todas las precauciones necesarias, una vieja categoría de la tradición crítica: el ejército industrial de reserva. Marx describió con ese concepto la masa de trabajadores desempleados que el capitalismo mantenía disponibles para presionar a la baja los salarios y disciplinar a la clase obrera activa. Con eso develó que esa población “excedente” no era un accidente del sistema, sino un componente estructural en su funcionamiento que era medido en términos principalmente económicos. Hoy, el migrante sigue siendo, en muchos contextos, mano de obra precarizada que engrosa los márgenes del mercado laboral. Pero esa condición económica ya no agota su función política. Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso, ya que el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia (efectiva o virtual) ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.
Los movimientos migrantes se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.
Ya no se trata solo de un excedente laboral que regula el mercado de trabajo, como planteó Marx, sino de una masa de seres humanos “sobrantes” que regula relaciones de fuerza en el escenario internacional; cuerpos cuya vulnerabilidad puede ser administrada (y exhibida) según las circunstancias. No hay nada particularmente novedoso en el uso político de las migraciones. El siglo XX ya ofrece innumerables ejemplos de desplazamientos forzados, expulsiones masivas e instrumentalización de poblaciones enteras con fines militares, diplomáticos o económicos. La novedad parece residir en que hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad. Funciona como un fenómeno capaz de disciplinar el conjunto del debate público.
La analogía con el ejército de reserva es estructural, porque así como la existencia de población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias. Es un principio alrededor del cual se ordenan conflictos que lo exceden ampliamente. La consecuencia de ese desplazamiento es profunda. El cuerpo migrante pasa a valer por sus efectos políticos, por la capacidad de alterar agendas mediáticas y cálculos electorales. Los Estados hoy pueden tratar a las personas como fichas de negociación, tomando prestados recursos del lenguaje humanitario que se mantienen en la superficie mientras la gramática profunda es la de la instrumentalización.
Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso: el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.
En Berlín, desde esta perspectiva, el conflicto que se desató después del atentado no enfrenta simplemente a quienes quieren cerrar las fronteras con quienes quieren abrirlas. Lo que emerge es una tensión entre distintos principios normativos que conviven dentro del mismo edificio liberal. Por un lado, el principio de protección de las minorías sexuales, que exige perseguir y condenar el odio homofóbico. Por otro, el principio de no discriminación, que obliga a no estigmatizar a toda una comunidad religiosa por el acto de algunos individuos. Ambos principios son legítimos, pero su articulación se vuelve extremadamente difícil en un clima de miedo y polarización. Esta tensión constituye uno de los principales combustibles del crecimiento de las nuevas derechas europeas. No necesitan demostrar que todos los inmigrantes son peligrosos; alcanza con instalar la idea de que el Estado no es capaz de distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes no (o que cuando lo hace es demasiado tarde), de que los derechos de las minorías atentan contra la seguridad nacional. La extrema derecha capitaliza la sensación de que el control se ha perdido y de que las élites políticas lo ocultan por razones ideológicas o por conveniencia.
La migración de una gramática
El Cono Sur merece particular atención precisamente porque parece situarse en las antípodas del caso europeo, pero replica su gramática. A fines de julio, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto que amplía las facultades del Estado para expulsar a migrantes que atenten contra el orden público, incluyendo causales vinculadas a manifestaciones orales o escritas. Argentina no presenta ni de lejos una crisis migratoria comparable a la europea. La migración regional, legal prácticamente en su totalidad, proveniente de países limítrofes, es un fenómeno consolidado desde hace décadas que no ha generado tensiones culturales significativas ni desafíos de integración equiparables a los del Mediterráneo. Los índices de delincuencia de la población migrante no difieren de los de la población nativa. No hay atentados ni conflictos lingüísticos que cuestionen la soberanía estatal. Cualquier comparación con Ceuta o Berlín sería híper forzada.
¿Por qué, entonces, el presidente argentino adopta un lenguaje político tan parecido al que utilizan las derechas europeas para hablar de la migración? Las respuestas no están en los hechos o los datos, sino en la identificación con una forma de construir el conflicto político. Lo que revela el DNU libertario es la voluntad de inscribir al país en las conversaciones del Norte global. La idea de que ciertos migrantes representan una amenaza para la comunidad nacional y que el Estado debe tener la capacidad de expulsarlos con rapidez es un tópico central del repertorio de las nuevas derechas globales, verosímil dentro de un relato más amplio sobre la decadencia y la necesidad de restaurar una autoridad centralizada.
Hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad.
El decreto introduce criterios que atañen a la relación simbólica del migrante con la nación. Se trata de habilitar la promesa de la expulsión como atributo de fuerza. La frontera se desplaza desde la conducta hacia la opinión, como marca la rítmica actual. Permanecer en el territorio deja de ser un derecho que se pierde por infringir la ley penal y empieza a ser una concesión que puede revocarse por no compartir los valores que un gobierno define como propios.
El migrante, incluso en contextos donde su presencia no supone ningún problema social significativo, funciona como un objeto privilegiado para reorganizar los imaginarios sobre soberanía, comunidad y autoridad. A través de su figura se vuelve a discutir qué es la nación y quién tiene derecho a definirla. Más que un conflicto entre nativos y extranjeros, la operación usa al migrante para reconfigurar el vínculo entre el Estado y el conjunto de la población, en la medida que envíe un mensaje general sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre del orden.
Así como la población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias.
Es posible observar la manera en que ciertos grupos adquieren un nuevo valor estratégico y, con eso, insistir en que no se trata de profetizar un futuro distópico ni de equiparar mecánicamente el siglo XXI con el XIX. Se trata de identificar un patrón emergente y un uso de las poblaciones migrantes como recurso político de primer orden cuya fragilidad es exactamente lo que lo habilita. La precariedad de esas vidas se convierte en poder, pero no para esas poblaciones (el mito del “empoderamiento” mostró su esterilidad), sino para quienes las administran.
Lo que asoma en los tres escenarios es una política que ya no quiere resolver problemas o mejorar la vida de las personas. El migrante, convertido en recurso estratégico, deja de ser sujeto de derecho para transformarse en un buen argumento para endurecer leyes o renegociar acuerdos. Hay millones de personas que dependen cada vez más de gobiernos que las usan como justificación para ampliar sus facultades. Quizá por eso, la frontera se instaló en el centro del lenguaje con que el poder se narra a sí mismo.
La senadora camporista Anabel Fernández Sagasti avisó que no estará presente en la sesión del jueves por la ley de tierras y su ausencia podría facilitarle a La Libertad Avanza la sanción de la polémica norma.
A 48 horas de la sesión, Fernández Sagasti publicó un video donde explica que está cursando un embarazo de 32 semanas y su médico le prohibió hacer viajes largos, ya sea en avión o por tierra. «Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Provincia esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto», afirma.
La senadora mendocina dice que le pidió a Victoria Villarruel que la deje participar de la sesión en forma virtual, un método que ya fue autorizado por la Corte durante la pandemia. «¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?», pregunta en el posteo.
El anuncio de Fernández Sagasti causó sorpresa en el Congreso y fue festejado por los libertarios, que como explicó LPO se están asomando a una sesión muy peligrosa donde no tienen garantizados los votos para aprobar el capítulo que habilita la extranjerización de la tierra con un tope del 25 por ciento.
Sagasti es una de las senadoras más cercanas a Cristina Kirchner, que le encomendó las tareas más sensibles como la negociación de los lugares en la Corte Suprema. En sectores del peronismo no entendían cómo su ausencia no se analizó con más anticipación, teniendo en cuenta que la fecha del 6 de agosto para la sesión se estableció hace veinte días.
El peronismo tiene 25 senadores y necesitaba sumar al menos 11 votos para que haya un empate y que la votación se definiera por el voto de Victoria Villarruel, que ya avisó que rechaza la venta de tierras a extranjeros. Con la ausencia de Sagasti, el peronismo bajaría a 24 votos y ahora necesitaría 12 votos para rechazar el capítulo.
La ausencia de Sagasti podría ser muy determinante porque en la previa algunos cálculos especulan que la votación podría terminar empatada, algo que no está claro porque hay varios senadores que todavía no dan pistas de cómo votarán.
El gobierno de Milei ya tuvo en cuenta la paridad de la votación y habría modificado el itinerario internacional del presidente para que esté fuera del país el jueves y que Villarruel no pueda participar de la sesión por estar a cargo del Poder Ejecutivo.
En un principio, la idea era que Milei viaje el viernes a Colombia para la asunción del presidente Abelardo de la Espriella y luego a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa. Pero el fin de semana el gobierno informó que finalmente Milei viajará el miércoles a Quito y luego se irá a Colombia.
Con ese viaje, Villarruel ya quedó afuera de la sesión y a la oposición no le sirve el empate.
¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo…. pic.twitter.com/Z65GWBFnn3
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026
