Autor: Invitad@ Especial

  • Fuerte operativo de saturación en el subte

     

    La Ciudad desplegó un fuerte operativo de saturación para reforzar la seguridad en el subte: esta tarde 1.000 policías se instalaron en estaciones y vagones. Es una medida de presencia policial intensiva para prevenir delitos y brindar más seguridad, especialmente en horarios de mayor circulación.

    Este primer paso continúa con el plan estratégico diseñado por el Ministerio de Seguridad porteño. Todos los días habrá más de 300 agentes cubriendo las 90 estaciones, desde las 5.30 hasta la medianoche, con refuerzos.

    «Reforzamos la seguridad en el subte como lo venimos haciendo en toda la Ciudad. Mantener el subte seguro, ordenado y prolijo, además de mejorar su tecnología, es parte de nuestro objetivo. Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta Ciudad maravillosa», sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo en la estación Diagonal Norte de la línea C. Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el presidente de SBASE, Javier Ibáñez.

    Esto es más presencia, más control y foco en las horas clave cuando más gente viaja. Estas acciones se dan en un contexto de baja del delito cercana al 30% en 2025, con mínimos históricos en robos y homicidios en la Ciudad desde que se cuenta con cifras oficiales.

    Jorge Macri agregó: «No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches»

    Mientras tanto, en el plano de las mejoras, ya se pusieron en valor 18 estaciones: Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (de la Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Uruguay (B); San Martín (C); Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (D), y Jujuy (E), junto con paradores del Premetro.

    Tres siguen cerradas por obras: Piedras (A), Malabia (B) y Tribunales (D). El plan continuará en las estaciones Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

    Y están en proceso de fabricación 174 coches para la renovación completa de la Línea B y 50 que se van a agregar para las líneas A y C. Y en licitación la obra de la Línea F.

    El trabajo contra la inseguridad en la Ciudad es una prioridad en la gestión, con foco en el orden y la tranquilidad de los vecinos. En este sentido este año se destinará a la seguridad, eje central de la gestión, el 15,4% del presupuesto porteño 2026: son $2,6 billones.

    «Con decisión política y con el trabajo comprometido bajamos todos los delitos en la Ciudad y además ya recuperamos más de 600 propiedades que estaban usurpadas. Vamos a luchar sin descanso, siempre estaremos defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. La época del vale todo se terminó», agregó Jorge Macri.

     

  • Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA

     

    Alejandra Monteoliva levantó la custodia de la Policía Federal de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA.

    La ministra de Seguridad ordenó el traslado de 60 agentes del total de 80 que tenía la Policía Federal asignados a esa tarea, desde el momento en que se transfirió la fuerza a la Ciudad, que se quedó con otros 160 agentes para custodiar escuelas, templos y otros edificios de la comunidad israelita. 

    Monteoliva trasladó a los custodios con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.

    El timing de Monteoliva no podía ser peor: se da justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como el enemigo y el mismo día en que se cumple  el aniversario 34° del atentado en la embajada de Israel.

    El Tehran Times, considerada la «voz de la República Islámica», habló de una «línea roja imperdonable».  Milei ya había calificado a Irán como «enemigo» el año pasado y este martes volvió a mencionar despectivamente a los persas en el homenaje por el aniversario del atentado de 1992, que atribuyó al «cobarde ataque del terrorismo iraní».

    La DAIA encendió una luz de alarma tras anoticiarse de la decisión de Monteoliva, que derivó en una negociación con el gobierno que se mantiene en curso.

     

  • La Justicia suspendió las elecciones en la UOM por denuncias de irregularidades e injerencia de barras

     

    La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió el congreso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que estaba previsto para este miércoles y en donde Abel Furlán buscaba su reelección al frente del gremio.

    El fallo hizo lugar a la cautelar pedida por la lista opositora a Furlán en la filial Campana, que denunció «un plan premeditado para concretar el fraude» en los comicios seccionales desarrollados a principios de marzo, a partir de la «adulteración de padrones» y «hostigamiento» por parte de «barras bravas».

    La elección de Campana es determinante ya que el triunfo en esa seccional es el que le permite a Furlán postularse a la reelección como secretario General del gremio a nivel nacional. El oficialismo se había proclamado ganador con el 85% de los votos.

    Pero, de inmediato, presentó su objeción en la Justicia la lista naranja que encabezó Ángel Derosso, que fue secretario de organización de la seccional hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con Furlán.

     La oposición denunció irregularidades como falta de acceso y adulteración de padrones,  cambio de lugares de votación, intimidaciones a sus fiscales para forzarlos a rubricar actas contra su voluntad y hostigamiento de barras bravas

    «Tras el cierre de los comicios el 4 de marzo, se celebró inmediatamente el Congreso de Delegados para proclamar las supuestas autoridades electas sin las notificaciones correspondientes, en franca contravención al Reglamento Electoral, lo que evidencia la urgencia del Sr. Furlan para detentar un cargo que no resultó concebido legítimamente», señala la denuncia de la lista naranja, a la que tuvo acceso LPO.

    La oposición denunció irregularidades como falta de acceso y adulteración de padrones, intimidaciones a los fiscales de la lista naranja para forzarlos a rubricar actas contra su voluntad y cambio de lugares de votación.

    Furlán enfrenta un inédito desafío en su seccional de la UOM

    En ese marco, acusaron el «hostigamiento por parte de miembros de la junta electoral seccional Campana y de barras bravas que portaban camisetas azules que formaron un vallado en las inmediaciones de la sede sindical para que no puedan votar libremente los afiliados».

    En el expediente al que tuvo acceso LPO, aparecen declaraciones de operarios que denuncian no haber podido emitir su voto en la planta de Tenaris por no figurar en el padrón mientras que, en la sede del gremio, acusaron que un grupo de personas les impidieron el acceso. Muchos de esos testimonios son de trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

    «En el gremio no se podía pasar por la cantidad de gente que a simple vista no eran afiliados», dijo un operario en su testimonio, donde definió como «muy turbia» la jornada electoral en la seccional Campana.

    Imagen que forma parte del expediente judicial y que muestra el acceso vallado a la sede de la UOM Campana.

    «No pude ingresar a la sede gremial a votar porque estaba vallado y barras bravas impedían el acceso», declaró otro operario. «Fue fraudulenta la votación», acusaron en otro testimonio.

    Frente a eso, este martes los camaristas Víctor Pesino y Dora González resolvieron suspender el congreso de elección de autoridades nacionales del gremio «hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo en estas actuaciones».

    También ordenaron a la UOM nacional y a la Junta Electoral Seccional Campana a «abstenerse de proclamar resultado y, en su caso, de poner en posesión de sus cargos a cualquier autoridad que hubiese sido elegida como consecuencia de esos comicios».

     «En el gremio no se podía pasar por la cantidad de gente que a simple vista no eran afiliados», dijo un operario en su testimonio y definió como «muy turbia» la jornada electoral en la seccional Campana. 

    Por eso, requirieron que se preserve todo el material electoral utilizado en el proceso de la seccional Campana, especialmente el padrón y registro de firmas de los votantes, para ser presentados ante el Tribunal.

    Como contó LPO, en la lista opositora dicen que surgieron por el disconformidad con la gestión de Furlán por cuestiones vinculadas con el manejo del gremio y la obra social, pero especialmente por el malestar que genera la falta de paritarias. En el oficialismo, por su parte, dicen que es una lista armada por Techint.

    Como sea, la controversia se da en medio de la causa que investiga a Furlán por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.

    Allanaron la sede de la UOM en una causa que involucra a Furlán por presunta asociación ilícita

    Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- la semana pasada se allanó la sede central de la UOM.

    Cerca de Furlán sostienen que se trata de «una operación» electoral y una maniobra de sectores a los que desplazaron del manejo de los fondos. En tanto, este martes, 47 de las 53 seccionales de la UOM salieron con un comunicado de apoyo al secretario General.

    «Las profundas transformaciones internas que Abel Furlán promovió en su primera gestión parecen haber afectado tanto intereses económicos externos como puesto en contradicción un viejo modelo sindical con las ideas de renovación, profesionalización y transparencia en nuestro sindicato», señalaron las seccionales que apoyan la reelección de Furlán. 

     

  • Un ministro de Pullaro aprovechó el recital de Fito Páez para mostrarse como candidato a intendente de Rosario

     

     Fito Páez congregó a más de 300 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera donde brindó un show excepcional. Volvió Rosario, fue la consigna que repitieron en Unidos para referirse a la multitud que copó las calles el domingo a la noche y las autoridades municipales y provinciales la vincularon directamente con la pacificación de la ciudad y a la disminución de los homicidios.

    Desde el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro fue el ministro de Producción, Gustavo Puccini, quien se mostró más activo alrededor del recital y en la coalición oficialista lo interpretaron como el inicio de su posicionamiento para pelear la intendencia de Rosario: «Se está mostrando», resumió un dirigente del frente donde la interna ya empezó a tomar temperatura, aunque públicamente la nieguen.

    Puccini es, por estas horas, el nombre que se repite en el círculo del gobernador para disputar la ciudad más importante de la provincia. Pullaro nunca ocultó su intención de tener candidato propio, incluso después de la elección a diputados nacionales en la que el oficialismo decidió esconder a los principales referentes de Rosario con el argumento de que no aportaban votos. El resultado, sin embargo, fue flojo y la lista de Gisela Scaglia quedó tercera, lejos de LLA y del peronismo.

    Desde el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro fue el ministro de Producción, Gustavo Puccini, quien se mostró más activo alrededor del recital y en la coalición oficialista lo interpretaron como el inicio de su posicionamiento para pelear la intendencia de Rosario 

    Ahora, cada movimiento empieza a leerse en clave electoral y el recital de Fito alimentó sospechas. El lunes a la mañana, pocas horas después del show, la provincia convocó a una conferencia de prensa para evaluar el evento en la que se anunciaba la participación de Puccini, la ministra de Cultura Susana Rueda y el secretario de Cultura municipal, Federico Valentini, que finalmente nunca apareció.

    Fito Páez congregó a una multitud en el Monumento Nacional a la Bandera

    Lo que también llamó la atención es que uno de los eventos más importantes de la ciudad no haya sido transmitido por el canal público provincial RTS, una ausencia que generó ruido interno.

    Otro interrogante que flota en el ambiente de Unidos es si el cargo de ministro de Producción en la era Milei, donde solamente en Santa Fe cerraron más de dos mil fábricas, es óptimo para impulsar una candidatura. En el oficialismo todos destacan la labor particular de Puccini pero temen que su imagen se vea perjudicada por las políticas antiindustriales del gobierno nacional.    

    Como sea, en el entorno del ministro negaron intenciones electorales: «Están sugestionados, Gustavo siempre tuvo presencia en Rosario», dijeron a LPO aunque se ocuparon de resaltar que es el funcionario provincial con mayor despliegue territorial desde el inicio de la gestión. «Es el ministro de Producción que más presencia tuvo en Rosario desde el día uno», señalaron.

     Están sugestionados, Gustavo siempre tuvo presencia en Rosario. Es el ministro de Producción que más presencia tuvo en Rosario desde el día uno 

    En ese sentido, enumeraron varios temas que lleva el ministro: boleto educativo, aeropuerto, Acuerdo Santa Fe, la terminal fluvial, actividades en la Bolsa de Comercio y recorridas por industrias y comercios: «Ahora le prestan atención porque está dando vueltas ese rumor, pero siempre tuvo una o dos actividades por semana», insisten. Y ante la consulta por una eventual candidatura, bajan el tono: «es temprano para pensar en eso».

    En Unidos no terminan de comprar la explicación y la discusión por la sucesión de Pablo Javkin está en marcha. El intendente transita la mitad de su segundo mandato y repite que no irá por un tercero, pero en la coalición pocos le creen. «Es el único que le ganó a Monteverde», repiten, dejando abierta la posibilidad de que termine siendo candidato otra vez.

    Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck

    Mientras tanto, hay otros nombres en marcha como el de María Eugenia Schmuck, aliada histórica de Javkin, que ya dejó trascender que quiere competir sí o sí por la intendencia. Schmuck es la presidenta del Concejo Municipal de Rosario y ahora asegura que va a pelear por el Palacio Municipal.

    En paralelo, en la Legislatura donde Pullaro tiene mayoría cómoda se comenzó a tratar la nueva Ley de Municipios adecuada a la nueva Constitución que regirá las intendencias. En el texto que tuvo media sanción en el Senado no se incorporó la figura del viceintendente como impulsó Javkin.

    Según fuentes oficiales que hablaron en off con LPO, admitieron que sobrevuela la sospecha de que Javkin utilice el lugar del viceintendente para cerrar acuerdos por afuera de la coalición, incluso con los libertarios.

    Sin embargo, la nueva Constitución le dio el carácter autónomo a Rosario y Javkin no demoró un segund en hacer uso del nuevo estatus jurídico. En definitiva, cuando se discuta su Carta Orgánica, se podrá revisar la incorporación de la figura del viceintendente como tienen Córdoba más allá de acuerdos coyunturales.

    Lo cierto es que en la alianza gobernante observan los movimientos de Puccini que pareciera estar acomodándose para la carrera por la intendencia mientras que Javkin juega al misterio sobre su futuro político.

    %uD83D%uDDE3%uFE0F @FitoPaezMusica «QUÉ HERMOSURA ROSARIO»Más de 300 mil personas disfrutaron de un show inolvidable de Fito en el Monumento a la Bandera.Hoy en Rosario se puede salir y ver un espectáculo con plena tranquilidad, porque recuperamos la ciudad.Cuando sector público y privado… pic.twitter.com/LoszP2MXE1

    — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) March 16, 2026

     

  • Moody’s pronostica que la morosidad seguirá escalando y lanza una alerta por los créditos en dólares

     

    El crédito se convirtió la grieta del modelo financiero. Lo que hasta hace poco fue la promesa de una economía que volvía a prestarse a sí misma para reactivar la economía, hoy es lo diametralmente opuesto: una cadena de pagos estirada al límite. La morosidad ya no es un dato técnico. Es una señal de estrés generalizado. Y el sistema, de punta a punta, acusa el golpe. 

    Una corrida de impagos que supera el 40% complica a Ualá

    El cuadro es delicado. En algunos segmentos, directamente crítico. Las alertas ya no circulan solo en Buenos Aires: también aparecen en informes internacionales, en bancos de inversión y en calificadoras. Hay consenso en algo incómodo: lo peor todavía no llegó. La dinámica de ingresos de las familias y la presión sobre las empresas anticipan que la mora seguirá escalando en los próximos meses. 

    Desde la calificadora de riesgo Moody’s, faro de referencia para las inversiones extranjeras, fueron tajantes: los niveles de incumplimiento seguirán en aumento en el corto plazo. En un informe que circuló entre sus clientes observa que el deterioro ya es visible: suben los préstamos en problemas y también los cargos por incobrabilidad, lo que erosiona la rentabilidad de los bancos en un escenario cada vez más competitivo. 

      «El deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad», advierte esta consultora. 

    Para Moody’s, el cambio de modelo económico del gobierno libertario, explica parte del problema. Desde 2024, el negocio dejó de apoyarse en los rendimientos de los títulos públicos y se volcó al crédito al sector privado. Ese «crowding in» mejoró el volumen de préstamos, pero también expuso a los bancos a un riesgo más directo. Menos renta financiera, más riesgo crediticio. Un equilibrio más frágil. 

     La advertencia más filosa apunta a una idea que circula en el equipo económico. La posibilidad de usar depósitos en dólares para prestar a sectores que no generan divisas encendió luces rojas. Para la calificadora, esa flexibilización aumentaría el riesgo de descalce de monedas y dejaría al sistema más vulnerable frente a un salto cambiario. 

    «Fue exactamente lo sucedido en el 2001 que generó la pesificación asimétrica y las normas macroprudenciales para evitar riesgos sistémicos que pone al sistema financiero al borde del colapso», comentó el economista Christian Buteler. 

    Los datos duros terminan de cerrar el cuadro. Según un relevamiento difundido por el economista Hernán Letcher, hay cinco bancos que concentran más de 6 billones de pesos en créditos en situación irregular. El Banco Galicia lidera con 2,15 billones de pesos, equivalentes al 21,38% de su cartera. Le sigue el Banco Santander Argentina con 1,12 billones, el 4,44% el Banco Nación con 1,03 billones, un 6,46%, el BBVA Argentina con 884 mil millones, equivalentes al 15,14% y el Banco Provincia con 828 mil millones, un 12,61%. 

    Pero donde el cuadro se vuelve más áspero es fuera del sistema bancario tradicional. En el universo de las billeteras virtuales y las financieras ligadas al consumo, lo que en la jerga se conoce como captive finance,  la mora alcanzó niveles que hasta hace poco parecían imposibles. Es el crédito más caro, más flexible y, ahora, el más golpeado. 

    Los números del Banco Central a diciembre de 2025 son elocuentes. Cartasur encabeza con una mora del 52,4%. Le siguen Cetrogar con 48,4% y Valle Fértil con 45%. Más atrás aparecen Megatone con 43,8% y Frávega con 39,6%. Ualá se ubica en ese mismo pelotón con 38,4%. Luego vienen Credicuotas con 34,8%, Naldo con 24,9% y Cencosud con 20,5%. Naranja marca 16,3% y MercadoLibre queda más abajo, en torno al 13,6%. 

    La foto es potente. Durante años, esos negocios vendieron electrodomésticos, ropa o servicios. Hoy, en muchos casos, también venden financiamiento. Y el financiamiento, cuando se corta la cadena de ingresos, se transforma en un problema sistémico. 

     

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    Más casta: Milei metió en la ANSES a un funcionario al que le pagamos hasta el yogur que se toma

     

    Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un caso que estalló dentro del propio organismo

    La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.

    El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.

    Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.

    La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron

    La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.

    La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.

    Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.

    El contexto del ajuste y el significado político del escándalo

    El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.

    En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.

    Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.

    El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.

    De la polémica al ascenso

    Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.

    Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.

    Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.

    La “casta” que nunca desaparece

    Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.

    Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.

    En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.

    Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?