Autor: Invitad@ Especial

 

El gobierno de Axel Kicillof quiere avanzar en un sistema ferroviario bajo control provincial y un primer paso lo dio este viernes cuando el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, reclamó a la Nación el traspaso de un servicio que Trenes Argentinos cortó.

El ajuste de Javier Milei en materia ferroviaria empezó a visibilizarse con episodios como el reciente descarrilamiento de una formación del Sarmiento en cercanías de Mercedes, lo que encendió las alarmas en trabajadores y pasajeros.

Fuentes gremiales consultadas por LPO denunciaron que ese hecho se produjo a causa de la falta de mantenimiento de las vías por parte de Trenes Argentinos Operaciones, que la semana pasada pasó de ser una Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima.

Días después de ese hecho, Trenes Argentinos anunció que suspende el servicio de la línea Roca que une General Guido con Divisadero de Pinamar por el estado de la vía que -señalaron- “provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha”.

“El servicio se suspenderá para sostener el mínimo estado de la vía antes que colapsen tramos y puentes, lo que podría ocasionar riesgos de accidentes graves”, señalaron. Ante eso, en el gobierno de Kicillof decidieron avanzar con un reclamo concreto de traspaso.

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“Les pedimos que nos pasen el material rodante y las vías y desde la Provincia nos hacemos cargo de la Operación de un servicio muy importante”, dijo Marinucci, que este viernes le hizo el planteo formal a su par nacional, Franco Mogetta.

Fuentes del Ministerio de Transporte provincial señalaron a LPO que Marinucci también tiene previsto llevar el pedido de traspaso al ministro de Economía de Milei, Luis “Toto” Caputo.

Hombre del Frente Renovador que llegó al Ministerio a finales de 2024 en reemplazo de Jorge D’Onofrio, Marinucci tiene la idea de avanzar en un sistema ferroviario para la Provincia, para el que cuenta con el apoyo de Kicillof.

 El servicio suspendido por el gobierno de Milei este viernes cubría 96 kilómetros, afectando fundamentalmente a los usuarios de General Madariaga y Pinamar. 

La idea es avanzar en la presión para que la Nación traspase los servicios que comenzó a paralizar. Para más adelante, se piensa en la creación de una empresa fuerte que cuente con consensos de distintos sectores políticos. Pero esto último todavía está en fase embrionaria.

Por lo pronto, ya existen proyectos en la Legislatura bonaerense, como el del senador bonaerense del peronismo Pedro Borgini, que impulsa la creación de una Operadora Ferroviaria bonaerense y se reunió esta semana con Marinucci.

El servicio suspendido por el gobierno de Milei este viernes cubría 96 kilómetros, afectando fundamentalmente a los usuarios de General Madariaga y Pinamar.

 En el gobierno de Kicillof piensan en reflotar un esquema de operadora ferroviaria provincial que tenga como eje la conectividad de los pueblos y de los sectores productivos. 

“No queremos ver cómo se desmantela lo que tanto costó recuperar y no podemos permitir que nuestros pueblos queden aislados”, dijo Marinucci, que presidía Trenes Argentinos Operaciones cuando ese servicio se reactivó en 2020 tras cinco años de parálisis.

La transformación de Trenes Argentinos Operaciones en Sociedad Anónima tiene como objetivo directo facilitar la privatización del sistema ferroviario. Y en ese camino es que fuentes gremiales no dudan que Milei buscará profundizar la desinversión estatal, recortando servicios que no considere lo suficientemente rentables.

Frente a eso, en el gobierno de Kicillof piensan en reflotar un esquema de operadora ferroviaria provincial que tenga como eje la conectividad de los pueblos y de los sectores productivos.

En enero de 2021 se había reactivado el servicio que, este viernes, volvió a suspender el gobierno libertario.

El último modelo de gestión ferroviaria bonaerense fue Ferrobaires, unidad cerrada por María Eugenia Vidal en 2016, cuando traspasó a la órbita nacional los servicios que, en algunos casos, nunca se reactivaron.

Desde entonces, varias ciudades reclaman el regreso del tren. Uno de los casos paradigmáticos es el servicio de pasajeros de Constitución a Tandil.

En 2023, el gobierno del Frente de Todos contempló su reactivación con el llamado a licitación para readecuar las vías entre esa ciudad serrana y Ayacucho. Se proyectaba finalizar esa obra en 2024, pero todo quedó en la nada con la parálisis en la obra pública de Milei.

 

 

 Leandro Santoro encabezará la lista del peronismo que además de la Cámpora, el axelismo y el PJ porteño, también incluirá a Juan Grabois, movimientos sociales y sindicatos. A diferencia de lo que ocurre en la Provincia, en la Capital el justicialismo lograría cerrar una lista de unidad casi total.

A pesar de que Santoro tiene buenas chances de ganar la Ciudad, para incluir a la mayor cantidad de sectores, la boleta estará más apretada que nunca. Esperan una elección de entre 25 y 30 puntos, lo que significaría entre 8 y 10 bancas.

El NEP, el partido de Juan Manuel Olmos, repartirá sus lugares con los aliados para intentar incluir la mayor cantidad posible de sectores en la boleta. Por el momento suena Silvia La Ruffa como la única olmista pura que podría ir segunda.

El tercer lugar sería para Juan Pablo Modarelli, de La Cámpora, que debe renovar cuatro bancas y tendrá 2 o 3. Magdalena Tiesso y Franco Vitali tienen posibilidades de continuar y a Juan Pablo O’ Dezaille se le abre un panorama más complicado.

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Berenice Iáñez, del axelismo porteño, podría quedar en cuarto o sexto puesto, mientras que la también axelista Victoria Montenegro, no tiene reelección. Mariana González, alineada con Juan Grabois también ocupará un lugar expectante en la boleta. Alejandro Pitu Salvatierra ingresaría por los movimientos sociales.

Maia Daer, que había ingresado como parte del acuerdo con la CGT le cedería su lugar a Fernando Barrera, de UPCN. El gremio que conduce el Andrés Rodríguez tenía un acuerdo con Juan Manuel Abal Medina, pero terminaría apoyando a Santoro.

Federico Mochi, de la juventud peronista podría quedar arriba en la boleta. Está vinculado a Juan Manuel Valdés, que completó dos mandatos y no puede continuar en la Legislatura.

Gisela Marziotta no competirá en la Ciudad y Santiago Roberto representará a Víctor Santa María en la elección.

 

 

Unos 44 intendentes del peronismo firmaron un documento en el que le piden a Axel Kicillof que desdoble la elección en la provincia de Buenos Aires. En tanto, los radicales avanzaron con un texto propio con 27 firmas.

Este viernes, muy temprano la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, fue quien se puso al frente de los llamados a los intendentes para incluirlos en un documento.

“Los intendentes firmantes solicitamos al gobernador que, en uso de sus facultades constitucionales, disponga el desdoblamiento de las elecciones provinciales y municipales, fijando una fecha distinta a la de los comicios nacionales”, dice el párrafo más importante del documento.

La mención al “uso de sus facultades constitucionales” es clave tras el proyecto que este miércoles presentó el kirchnerismo en el Senado y que le quita a Kicillof la potestad de desdoblar la elección.

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Para los intendentes, la posibilidad de elecciones concurrentes, con dos sistemas de votación diferentes, dos urnas y boletas distintas, dificultará la participación ciudadana y pondrá en riesgo la transparencia de la elección.

Además, aseguran que el desdoblamiento no sólo ordenará el proceso electoral sino que también garantizará que los bonaerenses puedan debatir con profundidad los temas que definirán el destino de la provincia.

Una elección ya es difícil, dos juntas el mismo día va a generar demoras y problemas. Ya se hizo un simulacro y demostró que es un caos.

Kicillof habló sobre el desdoblamiento este viernes en Tornquist: “Una elección ya es difícil, dos juntas el mismo día va a generar demoras y problemas. Ya se hizo un simulacro y demostró que es un caos”, dijo el gobernador.

Y siguió: “¿Y de quién va a ser la culpa? No de Milei, que va a andar ese día viajando por el mundo sino del intendente y del gobernador. Así que en provincia la gran mayoría de los intendentes quieren que se haga en dos días distintos. Nada más, eso es el desdoblamiento”.

El comunicado lleva la firma de los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) al que se sumaron al menos dos que no integran ese espacio dentro del peronismo: Gilberto Alegre (General Villegas) y Guillermo Britos (Chivilcoy).

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Como contracara, los intendentes Juan De Jesús (Partido de La Costa) y Federico Achaval (Pilar) habían firmado el documento fundante del MDF, pero no pidieron por el desdoblamiento.

Con todo, el pedido fue refrendado por Alejandro Acerbo (Daireaux), Julio Alak (La Plata), Alegre (General Villegas), Ricardo “Cura” Alessandro (Salto), Juan Manuel Álvarez (General Paz), David “Corcho” Angueira (Punta Indio), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Sergio Barenghi (Bragado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sergio “Pino” Bordoni (Tornquist), Britos (Chivilcoy), Fabián Cagliardi (Berisso) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Axel Kicillof y Cristina Álvarez Rodríguez.

También firmaron Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Facundo Diz (Navarro), Francisco Echarren (Castelli), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Alfredo Fisher (Laprida), Lucas Ghi (Morón), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Mario Ishii (José C. Paz) y Germán Lago (Alberti).

Le siguen Julio Marini (Benito Juárez), Ricardo Moccero (Coronel Suárez)Fernando Moreira (General San Martín), Juan José Mussi (Berazategui), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí), Héctor Olivera (Tordillo), Mauro “Mumi” Poletti (Ramallo), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Rocha (General Guido), Arturo Rojas (Necochea), Cecilio Salazar (San Pedro), Mario Secco (Ensenada), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Ariel Sucurro (Salliqueló), Sebastián Walker (Pila), Andrés Watson (Florencio Varela) y Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita).

Esta semana, los 27 intendentes radicales de la provincia entregaron al gobernador un documento pidiendo definiciones respecto del cronograma electoral y marcando un respaldo al desdoblamiento de la elección en la provincia.

El miércoles en Berazategui, el titular del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun (Rauch) entregó a Kicillof un documento en el que piden suspender las PASO y desdoblar la elección provincial de la contienda nacional.

 

 

La UCR porteña apuesta por candidatos jóvenes para las elecciones legislativas y Como anticipó LPO, Lucille Levy, dirigente universitaria, encabezará lista radical tras el acuerdo entre Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici.

Martín Lousteau fue quien presentó a los postulantes radicales y como fondo eligió una composición con imágenes de María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Leandro Santoro y Patricia Bullrich. A la derecha, abajo, estaba el rostro de Levy.

“La política no puede ser una foto sepia con las mismas caras y los mismos gestos de siempre”, dijo el actual senador.

“Los que vivimos en la Ciudad nos damos cuenta de que tenemos problemas mucho más graves que el olor a pis que huele Larreta. Tenemos dos políticas que nos preocupan y nos angustian porque hacen daño: por un lado, la política nacional de crueldad y, por el otro, la política local de indiferencia, donde pareciera que los que nos gobiernan lo hacen desde otro planeta”, afirmó Levy.

Levy es consejera superior de la UBA y hasta hace poco más de un año era la presidenta de la FUBA. El 24 de marzo encabezó una acción frente a la Casa Rosada: junto a la Federación Universitaria, llevó una caja de remedios gigante con la leyenda “Memoria Plus, te hace acordad que fueron 30 mil”.

Facundo Cedeira, Jésica Barreto (actual legisladora porteña por el socialismo), Josías Vázquez y Manuela Ludueña serán los otros cuatro candidatos para los primeros lugares.

 

 

Cuatro ex altos ejecutivos de Vicentin fueron acusados desde este jueves por haber acentuado, de manera fraudulenta, la sangría de fondos desde la empresa en concurso preventivo desde 2019 hacia otras empresas y personas, lo que implicó profundizar la estafa por la que ya estaban acusados aunque en libertad. Fueron contra el patrimonio de la empresa en mitad de un trámite concursal para pagar gastos personales.

Tras dos días de audiencias este viernes los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Nicolás Fopiani y Valeria Pedrana impusieron a los máximos responsables de Vicentin prisión preventiva por 120 días. Lo que implica que Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel seguirán presos los siguientes cuatro meses.

Los otros 15 imputados no estarán con medidas de prisión pero a todos se les fijaron fianzas impactantes. En total deberán caucionar una suma estimada en 150 millones de dólares. Los otros socios de Vicentin que llegaron acusados a la audiencia son Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.

Los fiscales pidieron que se prohíba a los imputados tener contacto, cargo o injerencia en todas las empresas del grupo Vicentin. Los jueces lo concedieron. En un momento de máxima zozobra en la empresa, donde en el marco de los desmanejos fraudulentos imputados dos mil empleados y obreros están inactivos y sin cobrar sus sueldos de febrero.

Uno de los hechos imputados al inicio por los fiscales de Delitos Económicos de Rosario Sebastián Narvaja y Miguel Moreno es que una parte del dinero detraído de manera ilegal fue para pagar una cifra millonaria en honorarios a tres de los abogados que se encontraban en la audiencia ejerciendo la defensa. También para depositar la fianza que les evitaba quedar detenidos.

Detuvieron a tres directivos de Vicentin sospechados de estafa 

Fue el primer escándalo al arrancar el trámite este jueves. Los abogados se sintieron tocados. Si los fiscales hablaban de que persistentemente la mayor agroexportadora del país seguía desviando dinero, si ellos tenían que defender justamente a la empresa de afectar delictivamente el patrimonio de la empresa, cobrar honorarios con plata de Vicentin y no de los propios imputados significaba una incomodidad para ellos.

Dos de los letrados son personas reconocidas en Rosario, ambos docentes con trayectoria de la Facultad de Derecho de la UNR. Jorge Ilharrescondo es actualmente entre otros roles abogado del gobernador Maximiliano Pullaro y uno de los jurados de concurso para elegir fiscales santafesinos. Daniel Cuenca es especialista en cuestiones penitenciarias y fue el primer ministro de Seguridad del gobernador socialista Hermes Binner. Un tercer defensor indicado es Andrés Indalecio Ghio.

El fin de semana los fiscales habían ordenado detener a Daniel Buyatti, Omar Scarel, Roberto Gazze y Alberto Macua. Determinaron que estos exdirectivos, responsables máximos de las finanzas de la agroexportadora, siguieron manejando a la compañía en coordinación con los actuales, por lo que a la asociación ilícita que están acusados de integrar desde 2017 les agregaron nuevos hechos.

Lo que señalaron en audiencia los fiscales es que este agrupamiento criminal, como los llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024 con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa según los fiscales fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.

Fue impactante para el público el ingreso de los dos primeros imputados, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, con las esposas colocadas a la sala del Centro de Justicia Penal de Rosario. Dos ejecutivos de la mayor compañía de oleaginosas de la Argentina, a la que los periodistas estaban habituados a ver en los lugares más empinados de los foros empresarios y la Bolsa de Comercio local, en una dimensión simbólica por completo opuesta. Ahora presos no por lo que llevó al default de Vicentin sino por haber seguido, después de iniciado el concurso, atentando contra la caja de la empresa.

Los pagos a los abogados fueron hechos según los fiscales contra facturas pero no por servicios profesionales a la compañía sino para representar de modo particular a los ejecutivos imputados como jefes de asociación ilícita. Señalaron concretamente los fondos cobrados y que provinieron de “los fondos detraídos ilegítimamente por los integrantes de la asociación ilícita, destinados al pago de honorarios”.

El defensor Ilharrescondo en la audiencia al escuchar tuvo un arranque de cólera. Sostuvo inicialmente, y lo reiteró esta mañana al alegar, que se habían metido contra el secreto fiscal además de generar una intrusión de su intimidad profesional. Y prometió denuncias por haber puesto de relieve lo que habían cobrado como abogados que son cientos de millones de pesos. Algo que es un dilema a dirimir. Ellos tienen que defender a cuatro directivos de afectar patrimonio de la empresa, algo prohibido en el concurso, para favorecerse personalmente. Y Lo que se mostró en la audiencia es que con parte de esa plata les pagaron honorarios.

“La empresa no es parte en el proceso penal que se sigue contra los ex directores”, afirmaron los fiscales. También expusieron algo que dijo Ilharrescondo en audiencia el 8 de noviembre de 2024: “Nosotros no somos la defensa del directorio de Vicentin. Es decir, cuando nosotros prestamos la conformidad es a los imputados, es decir, ni tampoco representamos a las empresas”.

La acusación previa contra los imputados principales era ser los jefes de una asociación ilícita para engañar a productores y bancos ocultando la verdadera situación financiera de la empresa antes de que se consumara la cesación de pagos. El fin era seguir obteniendo créditos y granos que no devolvieron.

Los fiscales expusieron como evidencia correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación. Además de los pagos a los abogados con esa plata desviada pagaron consultorías, servicios periodísticos y fianzas para poder seguir en libertad el proceso. Contaron que los ejecutivos autorizaron la venta de una aeronave Cessna para generar más ingresos, todo lo cual afectó el patrimonio de Vicentin y las empresas asociadas. Lo que complica el cobro de los miles de acreedores de la firma que tiene una deuda concursal total estimada nominalmente en 1340 millones de dólares.

En 2023, los fiscales acusaron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze, Omar Scarel y Miguel Vallaza de integrar una asociación ilícita. Ahora pidieron añadir a directivos tras el default, como Estanislao Bourgain y Carlos Sartor. Los imputaron de procurar para ellos y para terceros un lucro indebido, violaron sus deberes de administradores y quebrantaron el deber de cuidado del patrimonio de la empresa Vicentin, incurriendo en el delito de administración fraudulenta en carácter de coautores.

Los fiscales afirman que el grupo acusado utilizó su apariencia legítima para dificultar la detección de su actividad delictiva. En una primera etapa simulando una situación de solvencia y crédito, de la que se valieron como instrumento para la ejecución de numerosos planes criminales, “cuya magnitud se refleja en la existencia de más de cuarenta planes criminales imputados en causas vinculadas a estafas, falsedades en estados patrimoniales y administraciones infieles. En una segunda etapa, “intentaron instalar la imagen de un grupo empresario que actuaba con lealtad y responsabilidad social, presentándose como víctima de avatares económicos incontrolables que habrían devado en su crisis económica y financiera”.

 

 

La automotriz Nissan desmontará su línea de producción en la planta cordobesa de Santa Isabel, en las afueras de la capital provincial, y trasladará la fabricación de su camioneta Frontier a Morelo, en México.

La decisión de la automotriz japonesa arrastra al modelo Alaskan, de Renault, que salía desde otra de las líneas montadas en Córdoba. La alianza entre Nissan y Renault en Córdoba duró siete años, desde 2018 hasta fin de éste.

No por anunciada, la salida de Nissan del ecosistema metalmecánico de Córdoba deja de ser un cimbronazo. 

En 2023, con una producción de 180 vehículos por día, la planta de Santa Isabel llegó a las 33 mil unidades. 2024 fue un tobogán para la filial nipona: tuvo 100 días de suspensión de personal y la producción cayó a 17.500 unidades.

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Este año se estima que cerrará con 13 mil unidades. Aunque Renault mantiene sus planes de producción para los modelos Logan, Sandero, Stepwey y Kangoo, es un golpe tremendo para el núcleo de empleo duro de Córdoba. En Santa Isabel trabajan 1.415 operarios, de los cuales unos 400 participaban de los proyectos Frontier y Alaskan.

En junio, cuando se estima estará completa la producción prevista, se caerían 230 contratos. Luego resta por saber qué pasará con los efectivos. El impacto será mayor en el sector autopartistas: fuentes sindicales aseguran que unas 3.000 personas de los gremios de Smata, UOM y Plástico quedarán sin trabajo.

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En Smata apuestan a que a mediados de 2026 el proyecto de la camioneta Niágara permita sostener la producción en Renault.

El de Nissan es otro caso que confirma que los empresarios prefieren invertir en el  México de Claudia Sheinbaum, aunque sea de izquierda,  por más entusiasmo que les genere el discurso libertario de Javier Milei. 

Ya pasó con Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que invertirá 3400 millones de dólares en México durante 2025 y proyecta crear 10 mil puestos de trabajo. Las tecnológicas Amazon, Netflix y Microsoft también prefieren a México, como anticipó LPO. Incluso Tesla, de Elon Musk, de quien Milei dice ser amigo.