En la redacción del día de hoy en Periódico La Comuna; los vecinos manifestaban que en cercanías al loteo Leda; ubicado en Villa Alberdi se generó un foco de infección con el que deben convivir desde hace varios días.
Ya no se puede soportar, es un verdadero foco de infección, especialmente para los chicos
Manifestó una vecina a LCR
Durante el desarrollo de esta mañana el municipio lanzó un comunicado a los medios en respuesta a la inquietud de los vecinos. Compartimos el audio de Francisco Lucero desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Villa Regina:
El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
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«Una vecina rural define la situación: “acá hablamos de plata nomás, de plata y contaminación, porque no hay otra cosa”. Los vecinos al no ser escuchados por las petroleras, se quejan en los medios o toman medidas de protesta como cortar el acceso al pozo. Recién ahí es cuando las petroleras ofrecen “soluciones”, como regalarles electrodomésticos, ofrecerles materiales para la casa, mudarlos a un hotel mientras perforan o pagarles por su silencio.»
Martín Otero Monsegur es un empresario tucumano de apellido distinguido, que milita a Milei con la misma pasión que utiliza para atacar al peronismo. Hasta acá nada nuevo. Excepto, que la semana pasada su empresa insignia, Citrícola San Miguel, está en las puertas del default de su deuda en dólares.
Como muchos empresarios grandes de la Argentina, Otero Monsegur aprovechó el dólar barato de Milei para salir a tomar deuda en moneda dura. Y en una historia ya conocida para la Argentina, ahora su empresa tuvo que reconocer que no puede pagarla.
San Miguel es la citrícola más grande del país y apenas en mayo de este año, Otero Monsegur celebraba que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva».
Apenas un mes después de esa entrevista, Otero Monsegur tuvo que explicarle al resto de los accionistas que iban a tener que aportar USD 15 millones para enfrentar un vencimiento, que la empresa no podía pagar. El salvataje, fue apenas un parche: Citrícola San Miguel tomó bajo la gestión de Otero Monsegur deuda por USD 250 millones.
Y el momento llegó. La semana pasada, Otero Monsegur tuvo que reconocer a sus acreedores que no iba a poder pagar la deuda. Ahora está enterrado en negociaciones poco elegantes con los acreedores a los que ofreció patear vencimientos por cuatro años y, al mismo tiempo, les pidió una baja de la tasa que acordó cuando les pidió la plata.
En mayo de este año, Otero Monsegur afirmó que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva». Este mes, Cirtícola San Miguel tuvo que reconocer a sus acreedores que no va a poder pagar los USD 250 millones de deuda que tomó bajo el actual gobierno.
La reestructuración de la deuda alcanza a las obligaciones negociables series X, XI y XII, por hasta 120 millones de dólares en total, que serán reemplazadas por la emisión de las ON series XIII, de clase A (en pesos) o B (en dólares). Ambas con una menor tasa de interés, del 8% contra el 9,5% anual, y con un vencimiento de 42 meses desde su fecha de emisión.
El caso de Otero Monsegur es un paradigma de una parte importante del empresariado nacional, donde prevalece la mirada ideológica por sobre la salud real de sus negocios, al revés de lo que suele ocurrir en buena parte del mundo. Basta mirar el silencio atronador de la UIA, mientras cierran miles de industrias por año.
Pero encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica, que se insinúa en la dificultad de Caputo para conseguir los dólares del próximo vencimiento.
Es que la deuda privada pasó a ser una de las anclas silenciosas del esquema macro, dólares frescos que Caputo utiliza para pisar el valor de la divisa. El caso San Miguel no es una rareza aislada. Se inscribe en un fenómeno más amplio: el festival de deuda corporativa que se aceleró en los últimos meses.
Los números explican por qué el mercado mira a San Miguel como posible punta de un iceberg. La compañía controla cerca del 14% del procesamiento global de limón.
El caso de Citrícola San Miguel encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica.
Mientras ajusta cuentas en Argentina, San Miguel siguió expandiéndose fuera del país. En Paysandu, la companía inauguró una planta de procesamiento con una inversión estimada en USD 33 millones. La misma lógica se repitió en el puerto de Coega, uno de los nodos logísticos mas modernos del hemisferio sur, donde San Miguel montó una planta con tecnología de última generación. Tras expandirse en Sudáfrica y Uruguay, elevó su capacidad de molienda en un 60%, superando las 470.000 toneladas anuales.
«Se endeuda acá pero invierte afuera», comentó a LPO un empresario tucumano proveedor de San Miguel.
A las claras, el problema no está en el negocio. De hecho, el resultado operativo muestra margen bruto positivo de mas de USD 18 millones. La grieta aparece en el frente financiero: para el ejercicio acumulado a 2025, la empresa registró un déficit financiero de USD 15,6 millones.
Las Direcciones de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Regina invitan a los interesados a participar con un stand o espacio en el patio gastronómico durante el festival ‘Tinta Urbana’ que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre. Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo y recibir las…
Osvaldo Jaldo logró reactivar la obra pública en Tucumán, una provincia que arrastra décadas de baja inversión en infraestructura y había quedado relegada, incluso frente a vecinos como Jujuy, Catamarca y Salta.
En su segundo año de mandato y en medio de la caída casi total de la obra pública por el ajuste de Milei, Tucumán activó un ambicioso plan de obra pública que incluye finalizar un complejo de torres Procrear de 1.600 viviendas, que es en los hechos el proyecto de viviendas populares en construcción, más grande del país y que el gobierno de Milei abandonó con apenas el 10 por ciento de avance.
Al inicio del año Jaldo prometió que el 2025 iba a ser el año de la reactivación de la obra pública en Tucumán y esto generó cierta incredulidad por el adverso contexto nacional, pero Jaldo se las ingenió para reactivar las obras con una combinación de recursos propios y acuerdos puntuales con el gobierno de Milei, con el que siempre mantuvo líneas abiertas y en instancias críticas ayudó con el quórum de sus diputados en el Congreso.
De hecho, logró que el ministro Toto Caputo le transfiera a la provincia el Procrear Manantial Sur, ubicado en la periferia de San Miguel de Tucumán, que contempla la construcción de 1.600 viviendas y la urbanización de 1.400 lotes con servicios, por un costo total de 80.000 millones.
El abandono de los Procrear es uno de los costados más lamentables de la administración de Milei, que tiene en el complejo de Berazategui de la provincia de Buenos Aires su símbolo más evidente, donde torres de viviendas para 1.400 personas casi terminadas, fueron dejadas a la interperie.
Pese a ser por lejos la provincia con mayor potencia económica del Norte, Tucumán venía muy rezaga en obra pública respeto a sus vecinos y a años luz de provincias como Córdoba o Mendoza, en términos de infraestructura.
Jaldo logró que Toto Caputo le transfiera a la provincia el Procrear Manantial Sur, ubicado en la periferia de San Miguel de Tucumán, que contempla la construcción de 1.600 viviendas y la urbanización de 1.400 lotes con servicios, por un costo total de 80.000 millones.
No es un secreto que el gasto en la política se disparó en Tucumán en las últimas décadas y Jaldo inició su mandato, ayudado por el giro discursivo de Milei, con un fuerte ajuste del Estado provincial. Pero este año las obras se reactivaron y Jaldo terminará el 2025 con 1.700 viviendas en proceso de entrega.
«La obra pública es clave para sostener el empleo», repite Jaldo en la intimidad. Es que Tucumán, como otras provincias con tejido industrial, está sufriendo fuerte el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones y la recesión en marcha, que hasta golpeó a empresas potentes como la fábrica de camiones Scania, que tuvo que suspender al personal.
El Procrear de Manantial Sur en las afueras de San Miguel de Tucumán.
En cuanto a obras viales, la más importante la reparación integran de la ruta provincial 307 que atraviesa los Valles Calchaquíes y conecta Tafí del Valle con Cafayate en Salta. Se trata de uno de los corredores turísticos más importantes del norte y una obra muy compleja de alta montaña.
La ruta -pavimentada hace 20 años- estaba detonada al inicio del mandato de Jaldo, con tramos casi sin asfalto y pozos gigantes, que la volvían muy peligrosa. Su reparación incluyó un trabajó de conectividad importante para que tenga wifi en todo su recorrido, ya que en los tramos más altos los celulares se quedan sin señal. Además se culminó una obra postergada como el nuevo puente sobre el río Santa María, detruido por una tormenta.
La obra vial más importante es la reparación integran de la ruta provincial 307, que atraviesa los Valles Calchaquíes y conecta Tafí del Valle con Cafayate. Se trata de uno de los corredores turísticos más importantes del norte y una obra muy compleja de alta montaña.
La otra obra importante en la zona es la pavimentación de la ruta provincial 357, que busca potenciar el turismo de los valles Calchaquíes tucumanos y que integró en su desarrollo a la comunidad de indios Quilmes de la zona.
También se avanza con la repavimentación de la ruta provincial 329, en el tramo que une las localidades de Concepción y Monteagudo, atravesando los departamentos de Chicligasta y Simoca, otro punto turístico importante famoso por su célebre fiesta de carruajes.
Máquinas en la ruta 307.
Jaldo, que proviene de la localidad de Trancas del interior tucumano, también le puso prioridad a los accesos a los pueblos y la reparación y asfaltado de los caminos secundarios y terciarios que los conectan.
Pero la obra más esperada es la construcción del aeropuerto de Tucumán cuyos trabajos comenzarán en abril con una inversión de USD 58 millones. Una vez finalizada la remodelación se podrá operar 1.500.000 pasajeros por año, el doble que en la actualidad y despachar vuelos domésticos e internacionales en simultáneo.
La obra más esperada es la construcción del aeropuerto de Tucumán cuyos trabajos comenzarán en abril con una inversión de USD 58 millones.
Es la obra más importante que hará este año en el país el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y arrastra una larga historia de demoras.
El aeropuerto Benjamín Matienzo quedó relegado en el plan que trazó el gobierno de Mauricio Macri con el grupo de Eurnekian, por el que se remodelaron las terminales más importantes del país. En ese momento, el gobernador Juan Manzur quería avanzar con un proyecto propio del arquitecto César Pelli y rechazó la propuesta de Aeropuertos 2000. Pero el proyecto era tan costoso que finalmente quedó en la nada.
Trabajos sobre el puente de la ruta provincial 323.
También hay obras menores como la repavimentación de la ruta provincial 325. Se trata de cinco kilómetros cruciales que conectan las localidades de El Cercado con Capitán Cáceres, en el departamento Monteros.
Además hay trabajos de repavimentación de la ruta 331, en el tramo que conecta Aguilares con Monte Bello, una obra largamente esperada por la comunidad y en la ruta provincial 323 se trabaja en la recuperación integral de 14 kilómetros de calzada, que se extienden desde la intersección con la Ruta 306 hasta las proximidades de Agua Azul. La obra incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Vizcacheral y la incorporación de una rotonda.
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