Ignacio Fidanza pasó por IA, el programa de Nancy Pazos por C5N y analizó la situación interna del gobierno tras el debate de la Ley de Tierras en la Cámara de Senadores.
El director de LPO dijo que «hubo un ajuste de cuentas desde interior del gobierno desde que Patricia Bullrich insinuó una candidatura presidencial cuando tomó distancia de Manuel Adorni. Karina le hizo la cruz y con Sturzenegger no está para pagar más costo político».
«Se frenó el comercio exterior por una medida de fuerza e intervino Karina y en la negociación final sobre los Senadores (que es una negociación con los gobernadores) el gobierno se borró, la dejaron sola y chocó contra una pared», agregó.
Para Fidanza, el gobierno está en un proceso de degradación política, se cruzan las desconfianzas, esta semana le tocó a Patricia y Sturzenegger. Santiago Caputo le pidió que saque el capítulo y Patricia no quizo».
«Lo que vimos en el Senado es el principio de sacarla del auto de atrás, ella cree que es la única política tradicional», añadió.
Por otro lado, el periodista afirmó que «la oposición esta muy enquilombada, Cristina cada vez mide mas y no puede ser candidata y al final del camino solo hay candidatos: Kicillof y Massa».
Por último, Ignacio Fidanza sostiene que «hay juegos de posicionamiento previos a una elección» y planteó que «Massa es un hábil jugador de la ultima milla». «El peronismo nunca fue ordenado, ha una ansiedad de algunos por tener opositores claros pero ese no es el tiempo de la política y el peronismo», culminó.
El gobierno de José Antonio Kast sigue sumando problemas. A la crisis que empieza a crecer por el vinculo con el estratega digital Fernando Cerimedo se la suma números de gestión que no acompañan.
En ese marco, la economía chilena se ubicó entre las de menor crecimiento de la OCDE durante el segundo trimestre de 2026. El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una variación de 0% respecto de los primeros tres meses del año, según el reporte publicado este lunes por el organismo internacional.
El resultado dejó a Chile en el último lugar entre los 30 países miembros para los cuales existían datos disponibles, posición que compartió con Austria y Bélgica. Los otros 27 países incluidos en el informe mostraron expansiones y ninguno registró una contracción durante el período.
La caída de Chile se produce mientras el resto de los países de la OCDE creció 0,5% entre abril y junio, por encima del 0,4% registrado durante el primer trimestre. En términos interanuales, el PIB del bloque aumentó 2,3%, frente al 1,7% del período anterior.
Entre los países que mas avanzaron aparecen Irlanda con un crecimiento trimestral de 3,9% e Israel con un 3,6%.
La caída de Chile se produce mientras el resto de los países de la OCDE creció 0,5% entre abril y junio, por encima del 0,4% registrado durante el primer trimestre. En términos interanuales, el PIB del bloque aumentó 2,3%, frente al 1,7% del período anterior.
En paralelo, José Antonio Kast no logra recuperar su imagen. Desde que llegó al Palacio de la Moneda, el líder chileno cayó en el nivel de aprobación afectado por la suba de precios en el combustible.
Ahora, la consultora Cadem registró en la última medición realizada en la tercera semana de agosto, un respaldo de 39% y una desaprobación de 56.
El pedido de diputados opositores para que el Congreso chileno investigue los nexos de Fernando Cerimedo con Kast amenazan con alterar la dinámica política en un contexto en donde el oficialismo no consigue las mayorías para aprobar sus reformas.
El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
Julio Zamora y Daniel Scioli se mostraron juntos este fin de semana, ratificando los gestos de acercamiento que el intendente de Tigre viene dando hacia La Libertad Avanza (LLA) y que disparan múltiples tensiones dentro del armado libertario local.
La excusa fue una actividad en la que el joven prodigio del ajedrez Faustino Oro abrió una gira de exhibiciones promovida por la Secretaría de Turismo. «Estamos en Tigre porque mi querido amigo Julio Zamora, con Gisela (Zamora), han hecho del ajedrez una política de Estado», dijo Scioli sobre el lugar elegido para iniciar esa gira.
En Tigre esa movida fue leída en clave política y va en línea con la sintonía que la rama sciolista de LLA mantiene en el Concejo Deliberante con el zamorismo.
En la actividad también participaron concejales de La Libertad Avanza de otros distritos de la Primera, como el caso de Sebastián Neuspiller, concejal de Pilar alineado al jefe de Gabinete Diego Santilli.
Como contó LPO, Zamora consiguió semanas atrás la aprobación de su Rendición de Cuentas gracias al apoyo de un sector de los libertarios, entre ellos de la concejal Milagros Rodríguez, que responde a Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador que el año pasado mostró intenciones de querer ir por la intendencia.
«Es un amigo y vecino de Tigre», dijo Zamora al referirse a Scioli tras la exhibición ajedrecística donde se mostró permanentemente junto al funcionario libertario.
La semana pasada el secretario de Turismo había agradecido especialmente a la gestión Zamora por el accionar frente al intento de robo que sufrió en su casa de Villa La Ñata, donde tres delincuentes con máscaras de payaso buscaron infructuosamente ingresar.
En el ámbito político tigrense creen que el intendente busca explotar su estrecho vínculo con el ex motonauta para reflotar un entendimiento con los libertarios que se había enfriado tras los cambios en la coordinación local.
LPO había adelantado en mayo último que el dirigente que encabezó la boleta libertaria en las últimas dos elecciones, Claudio Baumgarten, fue corrido al frente de la oficina local de Anses por la ex concejal del PRO Vanina Pignata, quien reporta al concejal Juan Furnari, con llegada a los Menem.
Eso había generado fricciones internas que tuvieron su correlato en el Concejo. Incluso, en la votación de la Rendición de Cuentas, Furnari fue uno de los que votó en contra de los números de Zamora que sí aprobó la concejal sciolista.
El ruido por esa aprobación había llegado hasta la Casa Rosada, ya que Karina Milei había dado la orden a los concejales libertarios de no aprobar las rendiciones de intendentes peronistas. Tigre fue el único municipio donde la mayoría de los concejales LLA votaron a favor.
Es que, además de Scioli, Zamora también mantiene vasos comunicantes con el ex candidato a intendente del PRO y ahijado de Patricia Bullrich, el ex actor Segundo Cernadas, con algunas bancas en el Concejo que acompañan los proyectos troncales del Ejecutivo municipal.
Mientras busca posicionar a su esposa Gisela Zamora de no tener el aval legar para ir por otra reelección, el intendente tigrense da señales de apertura al mundo libertario.
Zamora no tiene lugar en el peronismo tras jugar en 2025 con Somos Buenos Aires, sello de centro sobre el que tampoco puede moverse, tras el fracaso de las últimas legislativas.
En esa encerrona y mientras busca posicionar a su esposa Gisela Zamora de no tener el aval legar para ir por otra reelección, el intendente tigrense da señales de apertura al mundo libertario.
Victoria Villarruel profundiza su juego propio y en su entorno ya hablan abiertamente de una posible candidatura presidencial. La vicepresidenta busca correr a Milei por derecha y uno de los ejes que eligió para hacerlo es el campo: pidió eliminar las retenciones, una promesa incumplida del presidente.
Lo hizo al visitar este sábado una muestra rural en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. «El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones», afirmó.
Campo, Malvinas y defensa del personal de las fuerzas armadas y de seguridad que enfrentan los peores sueldos de las últimas décadas, son ejes centrales de su estrategia de construir una candidatura de derecha nacionalista, que el peronismo ve con excepctativa porque le puede sacar a Milei los puntos que le impidan ganar en primera vuelta.
Cerca de Villarruel creen que tiene niveles de conocimiento y una capacidad electoral muy superior a la de otros dirigentes que buscan instalarse para 2027 ante la debilidad de Milei, como Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito.
En ese camino empezó a tender puentes hacia sectores que están fuera del universo libertario. Villarruel recibe en el Senado a dirigentes del peronismo y del radicalismo y explora una construcción transversal para ampliar su base política.
El dato más llamativo es Mauricio Macri. Villarruel mantenía un diálogo fluido con el expresidente, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei. La lectura en el entorno de la vicepresidenta es que Macri terminó demasiado cerca del Gobierno para servir como interlocutor de una alternativa.
Villarruel mantenía un diálogo fluido con Macri, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei.
El Senado funciona así como su principal plataforma política. Desde allí puede conversar con gobernadores, senadores y dirigentes opositores sin depender de la estructura libertaria. Es un terreno especialmente cómodo para una vicepresidenta que quedó afuera de las decisiones centrales del Ejecutivo pero conserva una de las posiciones institucionales más importantes del país.
La ofensiva sobre las retenciones encaja en esa estrategia. Villarruel reclamó eliminar los derechos de exportación al campo, una bandera con fuerte recepción entre los productores y que además le permite disputar un sector que Milei considera propio.
Todavía falta un año y no existe un lanzamiento formal. Pero alrededor de la vicepresidenta ya dejaron de tratar la hipótesis como una fantasía. La ruptura con Milei, el corte del diálogo con Macri, las conversaciones con peronistas y radicales y ahora la ofensiva sobre las retenciones dibujan una misma hoja de ruta.
Estadística mensual correspondiente al mes de Junio 2020.- Saludos cordiales. Oficial Inspector Sandoval, Cesar A.Encargado Área AyudantíaBomberos Voluntarios Villa Regina. Central Alarma TE:100 TE: 2984461477-2984461999 Fray Luis Beltrán 322 V.R. (R.N) Difunde esta nota
Una encuesta de la Universidad de San Andrés ubica al peronismo primero en intención de voto para 2027, mientras LLA queda tercera y el 25% todavía no sabe a quién votar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El escenario electoral de cara a 2027 empieza a mostrar señales incómodas para el gobierno de Javier Milei. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA) ubicó al peronismo en el primer lugar de la intención de voto presidencial, con el 26%, apenas un punto por encima del enorme universo de ciudadanos que todavía no sabe o no contesta qué fuerza elegiría. La Libertad Avanza quedó tercera, con el 24%, en un escenario de extrema paridad que, a esta altura, parece bastante más abierto de lo que el oficialismo pretende mostrar.
El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 11 de agosto sobre 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%. Por eso, metodológicamente, la propia fotografía debe ser leída como un escenario de empate técnico entre el peronismo, los indecisos y LLA. Sin embargo, hay un dato político que resulta imposible ignorar: después de casi tres años de la irrupción electoral de Milei, el espacio que el Gobierno pretendió dejar definitivamente atrás vuelve a aparecer en el primer lugar de una medición nacional.
El dato que más preocupa al Gobierno
Más allá del primer puesto del peronismo, hay otro número que probablemente merezca todavía mayor atención: uno de cada cuatro encuestados todavía no tiene decidido su voto. Ese 25% de indecisos se convierte en la segunda fuerza electoral del relevamiento, apenas por debajo del peronismo y por encima de La Libertad Avanza.
La lectura política es clara: no existe todavía un escenario consolidado de cara a 2027. La elección presidencial está lo suficientemente lejos como para que una parte muy importante del electorado mantenga abierta su decisión y, al mismo tiempo, ninguna de las fuerzas aparece con una ventaja capaz de garantizar un resultado. El 26% del peronismo, el 25% de los indecisos y el 24% de LLA configuran una fotografía prácticamente partida en tres.
Para el oficialismo, el dato puede resultar especialmente sensible porque contradice el relato de una fuerza política destinada a convertirse en el eje permanente del sistema político argentino. LLA no está fuera de competencia, pero tampoco domina el escenario. Con un año todavía por delante hasta el próximo gran turno electoral presidencial, cualquier movimiento en la economía, el empleo, los ingresos, la conflictividad social o la propia interna política puede modificar sustancialmente ese tablero.
El resto de las fuerzas aparece bastante más lejos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y el PRO empatan con 5%, mientras que otras opciones quedan todavía más atrás: partidos provinciales y Provincias Unidas reúnen 2% cada uno, la UCR alcanza el 1%, un 4% se inclina por «otros», mientras que 3% manifiesta que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.
Un escenario abierto y con un voto todavía en disputa
La encuesta también permite observar diferencias interesantes según género. Entre los hombres, LLA alcanza el 27%, mientras que entre las mujeres llega al 21%. El peronismo presenta el comportamiento inverso: registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres. Es decir, aun con una diferencia pequeña, el estudio muestra que las preferencias políticas no se distribuyen de manera homogénea dentro del electorado.
Pero sería un error interpretar estos números como una elección ya definida. Falta muchísimo para 2027 y, sobre todo, todavía no están definidos los candidatos ni la arquitectura electoral con la que competirán los distintos espacios. El peronismo, además, tiene por delante el desafío de transformar una intención de voto agregada en una propuesta política concreta y competitiva, capaz de contener distintas identidades y sectores que hoy pueden aparecer agrupados estadísticamente pero no necesariamente coincidir en una eventual interna.
Para Milei, en cambio, el problema pasa por otro lado: el oficialismo necesita convertir su gestión en una expectativa electoral sostenible. El hecho de que un cuarto del electorado todavía no sepa a quién votar significa que existe un enorme territorio político en disputa. Pero también implica que una parte importante de la sociedad aún no tiene definido si quiere prolongar el rumbo iniciado en diciembre de 2023 o buscar una alternativa.
La elección de 2027, por lo tanto, comienza a aparecer como una competencia mucho más abierta de lo que podría sugerir el discurso triunfalista de cualquiera de los espacios. El peronismo tiene hoy una pequeña ventaja estadística, LLA conserva un caudal importante y los indecisos representan una reserva electoral capaz de modificar completamente el resultado.
El dato más importante de esta encuesta quizás no sea entonces quién ocupa circunstancialmente el primer lugar, sino que ninguna fuerza consiguió apropiarse todavía del futuro. El electorado argentino continúa en movimiento y, a poco más de un año de la próxima elección presidencial, una porción enorme de la sociedad todavía está esperando señales para decidir hacia dónde inclinar su voto.
