ATE denunció ausencia del Gobierno en la audiencia por el Garrahan y anuncia paro nacional en Salud: «fue un circo»

ATE denunció ausencia del Gobierno en la audiencia por el Garrahan y anuncia paro nacional en Salud: «fue un circo»

 

ATE denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno en la audiencia por el conflicto del Garrahan y anunció un paro nacional en el sector salud. Acusan al Ejecutivo de romper la conciliación obligatoria y desentenderse del reclamo salarial. Por Infogremiales.


El conflicto en el Hospital de Pediatría Garrahan sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó como una «vergüenza» la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, denunciando que el Gobierno no envió a ningún funcionario con poder de decisión para resolver el reclamo salarial que mantienen los trabajadores del centro de salud.

“Fue un circo. Asistimos los representantes sindicales y cuatro empleados administrativos del Garrahan, pero ningún funcionario del Ministerio de Salud, de Economía ni de la Jefatura de Gabinete, como correspondía. Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto”, expresó Aguiar a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Desde ATE consideran que la audiencia carece de validez por la ausencia de los representantes del Estado empleador, lo que a su juicio implica una violación de la conciliación obligatoria dictada días atrás.

El dirigente también exigió que se ponga fin a lo que describió como “amenazas de despido” contra los trabajadores y reclamó aumentos salariales urgentes. “Si quieren garantizar el funcionamiento del hospital, deben asegurar condiciones laborales y salariales adecuadas”, agregó.

Ante la falta de respuestas, ATE anunció la convocatoria a un paro nacional en el sector salud, medida con la que buscarán federalizar el conflicto y visibilizar la situación en hospitales públicos de todo el país.

El reclamo del Garrahan ya había tomado notoriedad nacional tras varias jornadas de paro, movilizaciones y la exigencia de una mesa de diálogo real con el Gobierno. La escalada del conflicto plantea un nuevo foco de tensión en el ámbito sanitario, con posibles repercusiones en otras provincias.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/ate-denuncio-ausencia-del-gobierno-en-la-audiencia-por-el-garrahan-y-anuncia-paro-nacional-en-salud-fue-un-circo/

 

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  • Impactante persecución en Fernández Oro: un hombre detenido y tres motos incautadas

     

    El lunes alrededor de las 19:30, personal de la Comisaría 26 fue alertado por vecinos del barrio Puente Madera sobre la circulación de varios sujetos en motos realizando maniobras imprudentes y peligrosas en dirección a la calle El Treinta.

    Al llegar al lugar, los efectivos visualizaron tres motocicletas –dos tipo enduro– con cinco hombres a bordo. Al percibir la presencia policial, los motociclistas aceleraron y comenzó una persecución, con balizas y señales de luz activadas por los uniformados.

    Huida y hallazgos de motos

    Durante la persecución, los prófugos ingresaron al frente de una vivienda con salida al canal de riego y escaparon por el patio trasero. En el recorrido, los policías localizaron una moto 110cc abandonada y, en propiedades cercanas, hallaron dos motos Honda enduro de 250cc y 150cc, que contaban con pedido de secuestro por robo, una de Neuquén y otra de Cipolletti.

    Uno de los sospechosos arrojó una campera negra mientras intentaba escapar hacia una vivienda, encerrándose en un baño. Durante su aprehensión, opuso resistencia mediante golpes y patadas, intentando incluso apoderarse del arma reglamentaria de un efectivo. Finalmente, fue reducido y trasladado a la Unidad, quedando detenido.

    Droga fraccionada de alta pureza

    La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) confirmó que las motos de 250cc y 150cc estaban reportadas como robadas, mientras que la 110cc estaba siendo investigada por su procedencia debido a que tenía el sistema de arranque violentado.

    Personal de la Delegación de Toxicomanía Cipolletti revisó la campera descartada y encontró 27,2 gramos de cocaína de máxima pureza, fraccionada en varios envoltorios, junto con dinero en efectivo. Tras los análisis, se notificó al Juzgado Federal de General Roca, que dispuso actuaciones por infracción a la Ley 23.737, y se inició la causa por resistencia a la autoridad y encubrimiento por la posesión de una de las motos robadas.

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  • Cipolletti bajo alarma: crece la ola de robos de vehículos en barrios residenciales

     

    La inseguridad vuelve a golpear a Cipolletti. En la madrugada del viernes, delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio Antártida Argentina, cercano al Hospital local, y se llevaron una camioneta Chevrolet Tracker color gris, modelo 2017, valuada en 27 millones de pesos.

    El propietario, trabajador del sector petrolero, relató que los ladrones entraron por la parte trasera de la casa sin forzar la puerta. Una vez adentro, tomaron las llaves del vehículo y escaparon sin ser vistos. En ese momento, su pareja se encontraba en la planta alta de la vivienda y no escuchó nada.

    “Entraron por la parte de atrás, sin violentar la puerta y se la llevaron. Nosotros estamos sobre Río Manso y nadie vio nada”, señaló con preocupación el damnificado.

    La búsqueda de la camioneta y el dilema de la recompensa

    Tras advertir el robo, la pareja radicó la denuncia correspondiente y difundió la búsqueda del vehículo, incluso ofreciendo una recompensa a quienes aporten información confiable sobre su paradero. Sin embargo, la iniciativa abrió otro problema: comenzaron a recibir llamadas extorsivas de oportunistas que intentaban estafarlos.

    “Radicamos la denuncia y ofrecimos recompensa. Pero el tema es que me estuvieron llamando tipo extorsionando toda la mañana. Son todas posibilidades de estafa. Así que nos replanteamos eso y solo vamos a gratificar a aquel que realmente tenga datos concretos”, explicó el dueño de la camioneta.

    El vehículo tiene características particulares que pueden ayudar a identificarlo: un abollón en el capot y un rayón en la parte trasera. Los damnificados sostienen que podría encontrarse en zonas de chacras cercanas y por eso también realizan recorridas por su cuenta.

    Otro robo resonante en la ciudad

    El hecho no es aislado. Apenas un día antes, el jueves 11, se registró un violento robo en una vivienda de calle Teniente Ibáñez al 200, en pleno barrio residencial de Cipolletti. Allí, delincuentes sustrajeron un Toyota Corolla y un Peugeot 308, además de dinero y otros elementos de valor, aprovechando que los propietarios —comerciantes reconocidos de la ciudad— estaban de viaje.

    De acuerdo a los primeros datos, los ladrones ingresaron violentando el garaje y permanecieron largo tiempo en la propiedad, que no tenía activado el sistema de alarmas ni cámaras de seguridad. El hecho ocurrió a escasos metros del Gabinete de Criminalística y de la Oficina Judicial, en un barrio donde residen empresarios y funcionarios judiciales.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

    La entrada “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado” se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

     

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  • Fred Machado apuntó contra Espert: “Su error fue negarme”

     

    Fred Machado, empresario aeronáutico detenido en el aeropuerto de Neuquén en 2021 a pedido de la Justicia de Estados Unidos, volvió a aparecer públicamente y apuntó contra el diputado liberal José Luis Espert, a quien acusó de haberlo “negado” tras haber recibido apoyo económico y logístico en los inicios de su carrera política.

    No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, afirmó Machado en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, que enfrenta causas judiciales internacionales y asegura haber sido “usado para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia”.

    El empresario sostiene que su vínculo con Espert no fue un secreto ni un acto de financiamiento irregular, sino un gesto de ayuda. “Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos. No fueron millones, hablan muchas tonterías”, expresó.

    Machado reconoció que existió un contrato con Espert en 2019, que ascendía a unos 200 mil dólares, y explicó que se trató de una relación profesional: “Lo contraté como para darle una mano. Me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”.

    Espert junto a la camioneta que hace mensión Machado. Foto: Gentileza

    Según su versión, el acuerdo se concretó mediante una transferencia de la empresa Aircraft Guaranty en 2020, poco antes de que estallaran sus propios problemas judiciales. “Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado”, lamentó.

    Machado asegura que el diputado libertario voló dos veces con él en su avión, en viajes a Viedma y Catamarca, y que además utilizó otra aeronave que puso a disposición durante varios meses, supuestamente “para la presentación de su libro y no para la campaña”.

    El error de Espert fue negarme. Porque se iba a saber. Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, sentenció el empresario, que se mostró decepcionado por la actitud del economista liberal.

    Machado también se refirió a un hecho que en 2019 fue presentado como un atentado contra Espert. Según él, la camioneta blindada utilizada en la campaña —una Jeep Grand Cherokee— nunca fue atacada a tiros, sino que simplemente recibió “dos piedrazos” al pasar por la Villa 31.

    “Esa camioneta era de un primo mío. No fue un atentado, no fue un tiro. Fue un episodio menor que se sobredimensionó”, explicó. Finalmente, Machado insistió en que su figura fue distorsionada: “Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa”.

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  • Avilez irá a juicio por falso testimonio en la causa de Luciana Muñoz

     

    El juez Luis Giorgetti resolvió que Maximiliano Avilez será llevado a juicio acusado de falso testimonio en la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz, vista por última vez en julio de 2020.

    La decisión se conoció este viernes tras una audiencia en la que estuvieron presentes el imputado y la madre de la joven. La defensa había pedido que se lo sobreseyera, asegurando que el plazo de investigación estaba vencido y que sus declaraciones no eran válidas porque ya era tratado como sospechoso. Sin embargo, la fiscalía rechazó esos planteos y explicó que la acusación se presentó en tiempo, aunque un error del sistema judicial demoró su registro.

    De esta manera, el proceso continuará con la primera declaración de Avilez, en la que habría dicho datos falsos. Ahora será en el juicio donde se determine si es responsable penalmente.

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