Un llamado al 911 alertó, a las 23:28 del miércoles, sobre una camioneta en llamas en la intersección de Chrestía y Matheu, en un sector del alto de Neuquén. Cuando la dotación del Cuartel Central de Bomberos llegó al lugar, se encontró con una Dodge Ram negra completamente envuelta en fuego.

El jefe de Bomberos, Juan Molina, informó que el incendio estaba totalmente desarrollado en el habitáculo, con afectaciones también en la zona del motor y las cubiertas. La camioneta estaba estacionada y sin ocupantes, por lo que los peritos trabajan sobre la hipótesis de que el fuego no se produjo por un desperfecto en movimiento, sino que se habría iniciado desde el interior del vehículo.

Otro auto afectado por el calor

El intenso fuego alcanzó a un segundo rodado: un Chevrolet Onix, estacionado adelante de la camioneta. Las micas y partes plásticas delanteras se derritieron por la radiación calórica, según precisó Molina, por lo que la primera tarea fue contener el avance del fuego hacia ese vehículo.

A pesar de la violencia del incendio, no hubo personas lesionadas ni daños en el tendido eléctrico cercano, lo que evitó una situación más riesgosa para los vecinos del sector.

Un dato clave: había polvo químico en el suelo

Durante la inspección, los bomberos detectaron restos de polvo químico en la carrocería y en el suelo. Ese detalle revela que alguien intentó apagar el fuego antes de la llegada de la dotación.

“Es evidente que un vecino usó un matafuegos intentando contener las llamas”, indicó el jefe del operativo. Esta señal, sumada a la ubicación y al daño concentrado en la cabina, es parte del análisis pericial para reconstruir lo sucedido.

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En Boca todavía no lo asimilan y el propio futbolista admite no estar al tanto de la situación, pero lo cierto es que Ayrton Costa podría tener una inesperada oportunidad de jugar un Mundial con Cabo Verde. El defensor, una de las piezas más sólidas del equipo de Claudio Úbeda, tiene ascendencia caboverdeana a través de su abuelo paterno, y eso abrió la puerta a una historia tan curiosa como inédita.

Desde la comunidad caboverdeana en Argentina confirmaron que, si el zaguero se nacionalizara, sería elegible para representar al seleccionado africano, que recientemente logró una histórica clasificación a la Copa del Mundo.

La posibilidad, que tomó por sorpresa tanto al jugador como a su entorno, fue explicada por Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, en diálogo con Diario Olé:

“Ayrton es nieto de caboverdeano, con lo cual, si se nacionalizara y lo convocaran, podría jugar el Mundial. Pero ojo, si no me equivoco también tiene un familiar paraguayo, con lo cual podría suceder lo mismo”, detalló el dirigente.

El interés de la comunidad caboverdeana no es menor. Andrigo reconoció que la noticia generó una gran ilusión entre los descendientes de aquel país en Argentina:

“Para nosotros sería muy importante que un jugador de Boca pueda representar a Cabo Verde en el Mundial”, aseguró, dejando en claro el entusiasmo que despertó la posibilidad.

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Cabo Verde y un sueño mundialista

Cabo Verde es un pequeño archipiélago africano de poco más de 520 mil habitantes, ubicado frente a las costas de Senegal. Su selección nacional hizo historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, luego de vencer 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional O’rei Pelé.

El logro llegó gracias al nuevo formato del Mundial, que amplió la competencia a 48 selecciones, aumentando las plazas disponibles para África y permitiendo que equipos emergentes puedan decir presente. Ante la escasa cantidad de futbolistas profesionales en el país, la federación busca reforzar su plantel con jugadores con raíces familiares dispersas por el mundo, una estrategia que podría incluir a Costa.

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De Independiente a Boca, y ahora… ¿a la selección africana?

Ayrton Costa, de 26 años, nació en Quilmes y se formó en las divisiones inferiores de Independiente, donde debutó profesionalmente en 2020. Tras un breve paso a préstamo por Platense, regresó al Rojo, alcanzó su mejor nivel y fue transferido al Royal Antwerp de Bélgica. En 2025, Boca lo sumó como refuerzo y, tras un semestre de adaptación, el defensor se afianzó como titular indiscutido en el equipo que dirige Claudio Úbeda.

Su presente es inmejorable: fue protagonista en el Mundial de Clubes y hoy es una de las piezas más confiables de la defensa xeneize. Sin embargo, su diversa herencia familiar podría abrirle caminos insólitos en el fútbol internacional. Argentino por nacimiento, con ascendencia paraguaya por parte de madre y caboverdeana por parte de padre, Costa podría representar a tres países diferentes, según el rumbo que decida tomar su carrera.

Por ahora, no hubo contactos oficiales desde la Federación de Fútbol de Cabo Verde, pero desde la comunidad local aseguran que no descartan hacer un intento formal.

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Un origen inesperado, una historia por escribir

Mientras en Boca se mantiene enfocado en el presente, Ayrton Costa podría ser protagonista de un hecho histórico para el fútbol caboverdeano. Lo que parecía una simple curiosidad genealógica se transformó en una oportunidad real de disputar un Mundial representando a un país africano que recién comienza a escribir su propia historia en el máximo escenario del fútbol.

Del barrio de Quilmes a la Bombonera, y quién sabe, quizás a una Copa del Mundo con Cabo Verde: el destino de Ayrton Costa podría tener un capítulo tan inesperado como apasionante.

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La CGT votó este martes al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Osvaldo Lobato como secretario gremial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

El congreso había sido presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante el momentos de los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal elegir un nuevo triunvirato.

Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una mesa colegiada.

La lista del nuevo consejo directivo

En tanto, la Secretaría de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (UOCRA), en tanto que Daer tendrá la Secretaría de Interior.

La Secretaría de Relaciones Institucionales, en tanto, será para Daniel Lovera y Romina Santana, mientras que la Secretaría de Prensa y Comunicación será para Horacio Arreceygor y Susana Benítez.

Para la Secretaría de Seguridad Social se designó a Hugo Benítez y Romina Sánchez, y para la de Cultura a Miguel Paniagua y María Belén Ratto.

Completan la lista: Secretaría de Ciencia y Técnica, Marina Jauribery y Hernán Escudero; Secretaría Administrativa, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas; Secretaría de Viviendam Sergio Sasia y Secretaría de Turismo Carlos Acuña.

La Secretaría de Acción Social fue para José Luis Lingeri y Karina Navone, mientras en la Secretaría de Actas: fueron designados Enrique Lorenzo y Laura Fernández, asi como Gastón Frutos para la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Derechos Humanos fue para Julio Piumato y Maia Volcovinsky y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades para Luna Villar, mientras Carla Gaudensi fue designada en la Secretaría de Género.

La Secretaría de Asuntos Legislativos fue para Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra, mientras la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales fue para Oscar Rojas.

La Secretaría de Estadísticas y Registros fue para Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani.

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Tras conocerse el dato de inflación de mayo, que marcó 1,5%, el número más bajo desde mayo de 2020, el presidente Javier Milei y ministros celebraron el logro en redes sociales. El costo de vida subió 1,5% en mayo último mientras que la inflación interanual fue del 43,5%, el índice de precios más bajo en los últimos cinco años. Además, en los primeros cinco meses de este 2025, los precios subieron 13,3%. El rubro de «Comunicación» fue el más alto con 4,1% de variación mensual, seguida por Restaurantes y hoteles (3%). A su vez, «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó por encima del nivel general en 2,4%. Llamativamente los alimentos y bebidas no alcohólicas variaron 0,5% en mayo. Sin embargo, el consumo sigue en caída y las familias están cada vez más endeudadas. Por Mario Hernandez.

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El gobierno apunta a mantener el «dólar electoral» hasta las elecciones de octubre con un fuerte y costoso endeudamiento público.

El gobierno festejó el dato y busca instalar que sus políticas fueron efectivas. El presidente Javier Milei tuiteó «el mejor ministro de economía de la historia argentina… por lejos…», en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, detrás de la desaceleración inflacionaria que poco se siente en los bolsillos de las clases trabajadoras, se esconde una acumulación de desequilibrios. El tipo de cambio «pisado» sobre la base de un fuerte endeudamiento externo público actúa como un factor atenuante de la inflación, que se suma al ajuste recesivo que desplomó los ingresos y el consumo. En marzo la economía se contrajo 1,8% respecto al mes anterior.

En abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó un nuevo préstamo con Milei por otros U$S 20.000 millones, que se suman al acuerdo pautado desde el macrismo. Así, la Argentina encabeza el ranking de los países más endeudados con el organismo internacional, con una deuda de U$S 63.986 millones. La cifra representa más del cuádruple del monto adeudado por Ucrania, que se encuentra en el segundo lugar, de acuerdo a la Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Se suma a ello la «ayuda» del gobierno norteamericano a Milei. El Fondo viene de posponer la revisión del 13 de junio para fines de julio, donde el Gobierno tenía que cumplir una meta de acumulación de reservas netas de U$S 4.500 millones.

Pero además de la deuda con organismos internacionales, el «endeudador serial» Caputo sigue emitiendo todo tipo de bonos para atraer fondos especulativos extranjeros en base a tasas de interés exorbitantes. Un Bonte por U$S 1.000 millones, sumado a un Repo el miércoles por U$S 2.000 millones que involucra a siete bancos internacionales y establece una tasa de interés elevadísima en dólares del 8,25% anual. Y así, se estima que emitirá deuda de hasta U$S 7.000 millones en el año.

De esta forma, busca sostener las reservas del Banco Central en base a nueva deuda, cada vez más cara, que va generando una bomba de tiempo difícil de evitar, mientras por otra ventanilla paga millones de dólares en intereses. Hay pérdida de reservas, aun cuando el superávit comercial de 2024 fue extraordinario (casi 19.000 millones de dólares). Cuando los fondos especulativos decidan retirarse no habrá posibilidad de endeudamiento que alcance, y más tarde que temprano podrá verse forzado a una devaluación que intentarán descargar sobre los trabajadores.

Lejos de fortalecer la economía del país, estas medidas sólo profundizan las contradicciones estructurales y garantizan el sometimiento a las políticas de ajuste dictadas por el FMI. Es necesario ponerle un freno desde abajo, y rechazar mediante la movilización popular este endeudamiento fraudulento a la medida de las ganancias de un puñado de especuladores, peleando a su vez una salida favorable a las mayorías trabajadoras.

 

La libertad de ser pobre avanza

Es difícil imaginar una familia celebrando frente al televisor cuando el Gobierno anunció que la inflación fue del 1,8%. Desde Casa Rosada lo festejaron con bombos y platillos, pero en la mesa del hogar saben lo que realmente ocurre: aumento la venta de alitas, menudos y carcasas de pollo. La crisis popularizó los cortes más baratos, que subieron un 11% en abril, cinco veces más que el INDEC.

La consultora Zubán Córdoba salió a la calle y confirmó lo que todos sienten: ocho de cada diez personas creen que los precios siguen subiendo. Cuando se preguntó si la inflación impactó en la vida cotidiana en los últimos cinco meses, un 57,7% respondió que sí, y un 21,9% que sí, moderadamente. Es decir, más del 70% siente el golpe inflacionario en carne propia. Solo dos de cada diez minimizaron el impacto.

A pesar de 16 meses consecutivos de caída del consumo, el Gobierno se aferra a la desaceleración inflacionaria minimizando que los rubros que más aumentaron fueron alimentos y bebidas, educación y transporte. Celebran un modelo que acumula salarios cada vez más bajos, sin obra pública y con tarifas de servicios, alza en precios de alquileres y carne, que ahora se vende en cuotas. Un camino directo al abismo.

Por eso decimos que nunca se trabajó tanto para ganar tan poco. Oficialmente dos millones y medio de argentinos trabajan 17 horas por día. Aunque la bandera del Gobierno es el combate contra la inflación, los principales perjudicados son los trabajadores. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), encabezado por Claudio Lozano, la precarización laboral alcanza al 42% de la población activa. Entre los jóvenes, ese porcentaje sube al 71,7%.

El propio INDEC informó que el 50% de los trabajadores registró ingresos por debajo de los $600.000 en el último trimestre de 2024. No sólo se trata de magros ingreso, el gran problema es lo que se ha perdido desde la llegada de Milei al gobierno: un trabajador formal promedio perdió casi 2.000.000 de pesos en términos reales. En el caso de los estatales, el deterioro es aún peor: la pérdida acumulada supera los 6.000.000.

Ese matrimonio que ve las noticias y duda del 2,8%, con más o menos detalles, porque ya despidieron a un familiar o un vecino, sabe que desde que Milei es presidente desaparecidas 13.111 pequeñas y medianas empresas y se destruyeron 219.670 empleos registrados.

Pese a este panorama, Argentina sigue perdiendo oportunidades. Recostado en un alineamiento enfermizo con los Estados Unidos, el gobierno de Milei ignoró el encuentro de la CELAC en Beijing y se negó a firmar un documento respaldado por 32 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En esa cumbre participaron Lula, Petro y Boric, entre otros. Además de líneas de crédito se firmaron acuerdos comerciales en el marco de la Nueva Ruta de la Seda, el megaplan de infraestructura impulsado por China. Mientras tanto, el comercio entre China y la región alcanzó los 515.000 millones de dólares en 2024.

Ahora la atención se centra en Tierra del Fuego, donde 7.000 puestos de trabajado están en riesgo tras el anuncio del gobierno de reducir un 30% los aranceles para productos electrónicos, tanto nacionales como importados. El gobernador Gustavo Melella advirtió que demandará al Estado si avanza esta medida. La UOM declaró un paro total por tiempo indeterminado. Frente a esta situación, el ministro Federico Sturzenegger ironizó con crueldad: “Tierra del Fuego debería convertirse en un parque de diversiones de nivel mundial”.

Es la muestra más clara de un gobierno que desprecia la industria nacional y las realidades del interior del país. Tierra del Fuego es la provincia más austral y para acercar familias se le otorgó un régimen fiscal especial que la exime o reduce significativamente los impuestos para fomentar la promoción del desarrollo económico y la industria nacional.

En línea con su modelo de país para unos pocos, el Gobierno impulsa ahora el fondo de cese laboral, que busca reemplazar las indemnizaciones por despido previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. La propuesta es un sistema similar a un seguro, pagado mensualmente por el empleador, que el trabajador cobra al ser despedido. No hay garantía mínima sobre el monto, y representa un nuevo retroceso en derechos laborales.

No quieren dejar nada en pie. Desmantelan lo público y desprecian a los trabajadores. Fomentan el odio al migrante, intentando instalar un enemigo donde nunca lo hubo, sembrando división en un país que no se caracteriza por odiar a sus vecinos. Y utilizan las fuerzas de seguridad para seguir reprimiendo a los jubilados y toda protesta legítima. Pero van acumulando bronca en el pueblo.

 

Una familia tipo necesitó $1.110.624 para no ser pobre en mayo

Una familia compuesta por dos adultos y dos menores requirió ingresos por al menos $1.110.624 para no ser considerada pobre en mayo de 2025. Al mismo tiempo, los hogares integrados por cuatro integrantes precisaron un mínimo de $500.281 para no quedar bajo el umbral de la indigencia, menos que el mes previo debido al a estabilidad de los precios de los alimentos.

La canasta básica alimentaria (CBA) fue de -0,4% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 0,1%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron de 29,3% y 30,5% en términos interanuales y acumulan en el año incrementos de 11,3% y 8,4% respectivamente», explicó el INDEC.

 

Los servicios aumentaron hasta 707%

Se publicó un informe que muestra que en el primer año del gobierno de Javier Milei, la clase media sufrió un fuerte deterioro en su poder adquisitivo y en su acceso a bienes y actividades. Así, obligó a cambiar la forma en que consumen, dejando de lado productos tradicionales y perdiendo calidad de vida.

A lo largo del primer año de gobierno, la inflación de los servicios fue más alta que la de los bienes en 11 de los 12 meses, por lo que las familias tuvieron que redistribuir su presupuesto y los servicios aumentaron un 33% más en comparación con los bienes. Esta diferencia genera un “efecto tijera”: mientras los ingresos intentan seguir el ritmo de la inflación general, el costo de vida sube mucho más por el lado de los servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gas subió un 631%, el transporte un 707%, la electricidad un 390% y el agua un 350%. A diferencia de los alimentos, cuyos precios subieron en menor medida, los servicios registraron aumentos mucho más altos, afectando de forma directa el bolsillo de la clase media.

El Centro R.A. de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que promueve y difunde estudios sobre políticas para el desarrollo argentino comparó datos de consumo, inflación e ingresos, centrados en la clase media, y se reveló una reconfiguración forzada del gasto familiar. En el primer año de la gestión, el 59% del gasto de los hogares se destinó a servicios, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior.

A pesar de que los salarios aumentaron en términos nominales, el poder real de compra bajó porque las familias tuvieron que destinar más dinero a pagar gastos fijos indispensables.

El informe también muestra un panorama difícil para la clase media argentina. Allí, la recuperación salarial hacia fines de 2024 parece positiva, pero es engañosa frente al ajuste que tuvieron que hacer las familias en sus gastos. Muchas personas tuvieron que cambiar lo que compran porque los precios relativos de los productos y servicios cambiaron mucho.

Para ser considerado clase media en el tercer trimestre de 2024, una persona debía tener ingresos mensuales entre $372.000 y $1.192.000. Esto exigía una suba del 125% desde el inicio del gobierno. Sin embargo, los salarios aumentaron en promedio un 119%, lo que no alcanza para sostener esa posición social.

 

 

 

CABA: Cuánto tiene que ganar una familia por mes para ser de clase media

Una familia tipo necesitó ingresos por al menos $1.868.181,91 para ser considerada de clase media en mayo de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al mismo tiempo, las estadísticas oficiales mostraron que el mismo grupo precisó $1.181.436 para no quedar bajo la línea de la pobreza.

Ambas canastas aumentaron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, que en febrero marcó un alza del 1,6%. En la comparación interanual, la CBA acumuló un incremento del 31%, mientras que la CBT trepó un 37,36%. La diferencia entre ambas se explica por la inclusión de bienes y servicios no alimentarios en la segunda.

De todos modos, tanto los valores que marcan las líneas de pobreza e indigencia se ubicaron muy por debajo del incremento interanual del IPC porteño, que alcanzó el 48,3%. Este porcentaje, además, se habría ubicado por encima del índice a nivel nacional correspondiente al mismo período.

El IDECBA clasifica a las personas según el nivel socioeconómico de su hogar, lo que permite identificar a los sectores más vulnerables en términos de pobreza e indigencia y distinguir la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social, la de cada uno de los estratos definidos y su evolución a lo largo del tiempo.

 

Canastas en CABA: cómo se clasifica cada nivel socioeconómico

• En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). En diciembre formaron parte de este intervalo quienes percibieron ingresos menores a $637.167,29.
• En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $637.167,29 y $1.181.435,67.
• No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. El intervalo de familias con ingresos entre $1.181.435,67 y $1.494.545,52.
• Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Quienes percibieron entre $1.494.545,52 y $1.868.181,90.
• Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Los grupos que tuvieron ingresos que van de los $1.868.181,90. a los $5.978.182,11.
• Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de cuatro veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. De $5.978.182,11 en adelante.

 

La actividad económica cayó 1,8% en marzo

A contramano del sendero alcista que venía transitando, la actividad económica cayó 1,8% en marzo en términos mensuales desestacionalizados y quebró una racha de 10 meses consecutivos de repunte. La tensión provocada por la falta de definiciones respecto a las modificaciones del esquema cambiario introdujo ruidos en la economía durante el tercer mes del año.

Al mismo tiempo, el rubro Comercio mayorista, minorista y reparaciones (9,3% ia) fue el de mayor incidencia positiva en la estadística anual, seguida de Intermediación financiera (29,3% ia) e Industria manufacturera (4,2% ia).

Por el contrario, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Electricidad, gas y agua (-4,3%) y Hoteles y restaurantes (-3,6% ia). Estos segmentos, junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,1% ia), le restan 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

A propósito de la contracción mensual, la mayor parte de los analistas la asocian con la zozobra cambiaria que se vivió en marzo cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no paraba de vender divisas mientras aumentaba la presión por conocerse el nuevo esquema cambiario.

La actividad económica de marzo 2025

Sin embargo, la tendencia contractiva se habría revertido en abril ya que la flexibilización parcial del cepo cambiario no implicó un salto significativo en el tipo de cambio oficial. De hecho, la inflación se desaceleró de 3,7% a 2,8% en el cuarto mes de 2025.

«El comportamiento dual puede explicarse por varios factores. Por un lado, el crecimiento interanual refleja en buena medida un efecto arrastre por la baja base de comparación, ya que en marzo de 2024 el EMAE había registrado una fuerte caída del 8,4%. Por otro lado, la contracción intermensual podria deberse a la salida del cepo cambiario y a cambios en las expectativas económicas», analizaron desde CEPEC.

«El acumulado del primer trimestre mantiene un crecimiento del 6,1%, pero los riesgos a futuro incluyen posibles arrastres del sector energético y la evolución del consumo ante la nueva dinámica de precios«, concluye el documento.

 

 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.

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La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

Leer el proyecto completo

 

 

Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.

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El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

Por Manuela Tobia

En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

“El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificio. Todas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

El robo blindado

El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

“Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

“Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

“Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

“Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

“Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahí. Eso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminar, como tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrear, al que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediarios, bajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

La justicia frena el cierre del FISU

El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/