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ASSANGE, UN REVOLUCIONARIO 2.0

Imaginá que podés acceder a archivos confidenciales del gobierno estadounidense, en los que se ve como soldados de ese país matan a periodistas, disparándoles desde un helicóptero o cómo las embajadas trabajan haciendo lobby para empresas o políticos locales afines ¿Qué harías? ¿correrías el riesgo de publicarlo? Assange lo hizo.

Este 11 de abril, Scotland Yard lo arrestó en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivía desde el 2012. En su momento, el por aquel entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, le otorgó la ciudadanía ecuatoriana y le brindó asilo político, al considerar que era víctima de una persecución. En estos días, el heredero político de Correa y actual presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decidió suspender su ciudadanía y terminar con el asilo.

CONTEXTO POLÍTICO

La disputa entre Correa y Moreno va más allá de Assange, el actual presidente cambió el rumbo económico del país y acusó a su ex compañero de corrupto. Por su parte, Correa denunció que esto es una venganza del presidente porque Wikileaks publicó documentos que comprometen a Moreno en causas de corrupción.

Pero todo comenzó en el año 2006, cuando Julian Assange fundó Wikileaks, una plataforma web en la que se comparte información sensible, archivos confidenciales sobre espionaje, negociado de armas, torturas y asesinatos entre otras cosas. El sitio fue noticia mundial, en varias oportunidades por publicaciones sobre la influencia de EEUU en la “primavera árabe” o en el apoyo a Carmona en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez. En otro caso emblemático, “Collateral damage”, su principal fuente fue descubierta y condenada. Es la historia de Chelsea Manning, ex soldado estadounidense que filtró 700.000 archivos, entre ellos un video del asesinato de civiles y dos periodistas de Reuters, cometidos por el ejército del que formaba parte. Por esa filtración Manning fue condenada a 35 años de cárcel, aunque está en libertad actualmente por el indulto de Barack Obama, antes de dejar la presidencia.

ARGENLEACKS

Entre la información filtrada de los cables confidenciales de la Embajada de EEUU en Argentina, los que más repercusión causaron fueron los relacionados al estrecho vínculo entre la sede diplomática y el difunto fiscal Alberto Nisman. El periodista Santiago O’Donell relata en su libro “ArgenLeaks” como el fiscal pedía autorización ante cada paso que daba en la investigación de la causa que investigaba el atentado a la AMIA, siguiendo las “recomendaciones” de no seguir la posta siria y acusar a Irán, contaminando notablemente la investigación. En otro de sus libros “PolitiLeaks” da cuenta de como varios de los principales opositores políticos del gobierno de Cristina Kirchner, iban a la Embajada en busca de información y coordinaban planes de acción para atacar al Gobierno.

Por su parte, Assange continuó publicando información comprometedora, considerada de riesgo para la “seguridad nacional” por el gobierno de EEUU. La justicia estadounidense lo cree cómplice del hackeo de información, en la misma causa que condenó a Manning, aunque él lo haya negado. Por tal motivo efectuaron el pedido de extradición. Sin embargo, los abogados del activista afirman que una vez extraditado a EEUU podría ser enjuiciado por un tribunal militar por “traición a la Patria”. Pero esas no son sus únicas causas pendientes, la justicia sueca lo ha interrogado sobre una acusación de abuso sexual, radicada en 2010 durante una visita a Estocolmo. La causa cayó, pero ahora podrían reabrirse. Otras tres denuncias, también en Suecia, prescribieron por el paso del tiempo.

Assange negó las acusaciones de abuso, habló de relaciones sexuales consentidas y las vinculó con una operación para ser extraditado del Reino Unido a Suecia y posteriormente a EEUU.

Sin dudas, Julian Assange se ha convertido en algo más que un hacker australiano canoso de 48 años. Siempre con actitud desafiante, apelando al derecho a la libre expresión, logró convertirse en todo un símbolo de esa lucha. Un verdadero revolucionario 2.0, personaje idílico para sus seguidores, que lo ven como un héroe perseguido por los poderes a los que incomoda y criticado por sus detractores, quiénes lo consideran un peligro para la seguridad.

Es probable que sea ese simbolismo, de una persona que logró desnudar atrocidades y corrupción, el que quieren destruir.  Mostrar a Assange arrestado, extraditado o condenado es un mensaje para todo aquellos que en un futuro tengan la osadía de molestar a los poderosos. Quizás aprovechando su notoriedad global, éste enigmático personaje, haya querido escudarse en su activismo para escapar de acusaciones graves. Pase lo que pase, Assange ya dejó una marca en éstos primeros años del siglo XXI, su nombre estará asociado a las luchas por el derecho a la información y a la libertad de expresión por mucho tiempo.

CONFERENCIA JULIAN ASSANGE / SANTIAGO O’DONNELL:

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    Mickey 17

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    Furiosa

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    ¿De qué trata ‘Mickey 17’?

    Mickey 17

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    Mickey 17

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    Grabois le respondió a Jorge Macri y expuso el uso político de las acusaciones sin pruebas

     

    El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una acusación lanzada al aire

    El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.

    Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?

    El límite entre la gestión y la difamación

    Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.

    Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.

    El trasfondo: disciplinar a las organizaciones

    Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.

    En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.

    Una respuesta que incomoda

    Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.

    En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?

    N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.

     

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