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ASSANGE, UN REVOLUCIONARIO 2.0

Imaginá que podés acceder a archivos confidenciales del gobierno estadounidense, en los que se ve como soldados de ese país matan a periodistas, disparándoles desde un helicóptero o cómo las embajadas trabajan haciendo lobby para empresas o políticos locales afines ¿Qué harías? ¿correrías el riesgo de publicarlo? Assange lo hizo.

Este 11 de abril, Scotland Yard lo arrestó en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivía desde el 2012. En su momento, el por aquel entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, le otorgó la ciudadanía ecuatoriana y le brindó asilo político, al considerar que era víctima de una persecución. En estos días, el heredero político de Correa y actual presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decidió suspender su ciudadanía y terminar con el asilo.

CONTEXTO POLÍTICO

La disputa entre Correa y Moreno va más allá de Assange, el actual presidente cambió el rumbo económico del país y acusó a su ex compañero de corrupto. Por su parte, Correa denunció que esto es una venganza del presidente porque Wikileaks publicó documentos que comprometen a Moreno en causas de corrupción.

Pero todo comenzó en el año 2006, cuando Julian Assange fundó Wikileaks, una plataforma web en la que se comparte información sensible, archivos confidenciales sobre espionaje, negociado de armas, torturas y asesinatos entre otras cosas. El sitio fue noticia mundial, en varias oportunidades por publicaciones sobre la influencia de EEUU en la “primavera árabe” o en el apoyo a Carmona en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez. En otro caso emblemático, “Collateral damage”, su principal fuente fue descubierta y condenada. Es la historia de Chelsea Manning, ex soldado estadounidense que filtró 700.000 archivos, entre ellos un video del asesinato de civiles y dos periodistas de Reuters, cometidos por el ejército del que formaba parte. Por esa filtración Manning fue condenada a 35 años de cárcel, aunque está en libertad actualmente por el indulto de Barack Obama, antes de dejar la presidencia.

ARGENLEACKS

Entre la información filtrada de los cables confidenciales de la Embajada de EEUU en Argentina, los que más repercusión causaron fueron los relacionados al estrecho vínculo entre la sede diplomática y el difunto fiscal Alberto Nisman. El periodista Santiago O’Donell relata en su libro “ArgenLeaks” como el fiscal pedía autorización ante cada paso que daba en la investigación de la causa que investigaba el atentado a la AMIA, siguiendo las “recomendaciones” de no seguir la posta siria y acusar a Irán, contaminando notablemente la investigación. En otro de sus libros “PolitiLeaks” da cuenta de como varios de los principales opositores políticos del gobierno de Cristina Kirchner, iban a la Embajada en busca de información y coordinaban planes de acción para atacar al Gobierno.

Por su parte, Assange continuó publicando información comprometedora, considerada de riesgo para la “seguridad nacional” por el gobierno de EEUU. La justicia estadounidense lo cree cómplice del hackeo de información, en la misma causa que condenó a Manning, aunque él lo haya negado. Por tal motivo efectuaron el pedido de extradición. Sin embargo, los abogados del activista afirman que una vez extraditado a EEUU podría ser enjuiciado por un tribunal militar por “traición a la Patria”. Pero esas no son sus únicas causas pendientes, la justicia sueca lo ha interrogado sobre una acusación de abuso sexual, radicada en 2010 durante una visita a Estocolmo. La causa cayó, pero ahora podrían reabrirse. Otras tres denuncias, también en Suecia, prescribieron por el paso del tiempo.

Assange negó las acusaciones de abuso, habló de relaciones sexuales consentidas y las vinculó con una operación para ser extraditado del Reino Unido a Suecia y posteriormente a EEUU.

Sin dudas, Julian Assange se ha convertido en algo más que un hacker australiano canoso de 48 años. Siempre con actitud desafiante, apelando al derecho a la libre expresión, logró convertirse en todo un símbolo de esa lucha. Un verdadero revolucionario 2.0, personaje idílico para sus seguidores, que lo ven como un héroe perseguido por los poderes a los que incomoda y criticado por sus detractores, quiénes lo consideran un peligro para la seguridad.

Es probable que sea ese simbolismo, de una persona que logró desnudar atrocidades y corrupción, el que quieren destruir.  Mostrar a Assange arrestado, extraditado o condenado es un mensaje para todo aquellos que en un futuro tengan la osadía de molestar a los poderosos. Quizás aprovechando su notoriedad global, éste enigmático personaje, haya querido escudarse en su activismo para escapar de acusaciones graves. Pase lo que pase, Assange ya dejó una marca en éstos primeros años del siglo XXI, su nombre estará asociado a las luchas por el derecho a la información y a la libertad de expresión por mucho tiempo.

CONFERENCIA JULIAN ASSANGE / SANTIAGO O’DONNELL:

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    Por el mismo caso también recibió una comunicación idéntica el ex ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, quien al igual que Marchi presentó abogados para notificarse sobre los hechos investigados, la prueba reunida y las calificaciones legales que de manera provisoria se le atribuyen.

    El caso que requiere la presentación de los dos ex funcionarios públicos es la causa por extorsión que tiene al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por extorsión, lavado de activos y otros delitos. El ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando al lobista judicial Santiago Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

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    En febrero pasado, los defensores de Busaniche requirieron que se llamara a declarar como testigos -aunque sin la obligación de juramento por si surgiera mérito penal y con pedido de secuestro de teléfonos-tanto a Marchi como a Silberstein.

    A una semana que la Cámara Federal de Casación confirmara las investigaciones contra Busaniche y rechazara el pedido de apartar a todos los fiscales que impulsan estos casos de corrupción institucional, el fiscal federal Juan Argibay Molina comunicó tanto a Marchi como a Silberstein que se había dado inicio a un legajo de oficio para determinar si aparecían implicaciones en los ilícitos bajo pesquisa.

    Contador, oriundo de Rafaela, Héctor Daniel Marchi fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema con el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los recursos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 por el estallido de una interna. Quien resistió su relevo, como lo reflejó la prensa por entonces, fue Lorenzetti.

    Al dar testimonio como arrepentido, el ex director de la AFIP Vaudagna admitió que el lobista Busaniche había hablado con él para abrir una causa penal por lavado contra los agentes bursátiles en 2019. Estos declararon que les pidieron 200 mil dólares para paralizar ese expediente. Los pormenores de ese armado quedaron probados por una conversación entre Vaudagna y Busaniche. En una declaración ante fiscales, Vaudagna dijo que quien empujaba a Busaniche para que se concretara esa causa era Marchi.

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    Para que la fiscalía inicie una investigación contra Silberstein hay un eje en la compañía de seguros San Cristóbal. Silberstein es un abogado reconocido en Rosario, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.

    Aducen que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias». Silberstein le dijo a LPO que es completamente ajeno a cualquier acto ilícito, que no conoce a Vaudagna y que le parece dañosa y desconcertante la pretensión de involucrarlo en una investigación. Este abogado tiene relación con la aseguradora San Cristóbal y aparecía como candidato a presidir la compañía, una de las mayores del país, en una elección que se realizará en octubre.

    Este viernes Marchi se presentó espontáneamente con el abogado Hernán Folgueiro -del estudio del ex juez Gabriel Cavallo– que va a representarlo ante los fiscales de la Procelac, los que les explicaron los hechos investigados.

    Un día antes en Rosario se había notificado el abogado designado por Silberstein, el penalista Walter Stramazzo, sobre el inicio de esta investigación preliminar que se desprende del caso 15287/2024, donde ya están procesados y con medidas cautelares el ex juez Bailaque -que afronta un pedido de pena de diez años de prisión por esta y otras causas-el financista Whpei y el ex funcionario de la AFIP Vaudagna.

    Hace dos meses, los abogados Claudio Pirotta y Débora Lichtmann, que representan a Busaniche, propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

    En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

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    Busaniche, que es el que promovía el armado de la causa por extorsión, está además procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain impuso mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila, administrado por Fernando Whpei , 10 millones de dólares en billetes para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de un soborno.

     

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