Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .
Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.
Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.
De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.
El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.
El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.
Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
«Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.
Armando Traferri
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.
«Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».
La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
El fiscal que acusó a los fiscales
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».
Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.
El universo vino tiene una diva que es sin duda alguna: el “vino espumoso”. Si bien la historia lo atribuye como el gran embajador de esta bebida al fraile benedictino Pierre Perignon, Dom Perignon para los amigos, existe un documento de la Royal Society londinense de 1662 (varios años antes a lo realizado por el…
La Corte Suprema rechazó un planteo presentado por Fernando Espinoza en la causa donde está procesado por abuso sexual y, asi, despeja el camino para que el intendente de La Matanza enfrente el juicio oral.
En el fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimó el recurso de queja presentado por la defensa del matancero ya que no se dirige contra una sentencia definitiva.
De esa manera, solo resta esperar que el Tribunal Oral en lo Criminal N°16 fije la fecha de inicio del juicio oral a raíz de la denuncia por abuso sexual presentada por la ex secretaria de Espinoza, Melody Rakauskas.
Procesado y con la prohibición de acercamiento y contacto a la denunciante, Espinoza intentó anular la causa mediante diversos recursos, rechazados por la Cámara del Crimen. Ahora, el fallo de la Corte deja despejado el camino al juicio.
En paralelo, fuentes de la oposición local en el Concejo Deliberante de La Matanza señalaron a LPO que volverán a instalar el tema en el recinto, por lo que analizan reflotar el pedido de licencia sin goce de sueldo para Espinoza hasta tanto exista fallo firme.
Como contó LPO, el procesamiento de Espinoza se da en el marco de una causa que data de 2021, que fue cerrada pero reactivada en 2022.
En abril de 2024, tras tomarle indagatoria, la jueza Galletti procesó al intendente por abuso sexual simple en concurso real con desobediencia. La Cámara ratificó esa decisión en julio del año pasado y, ahora, solo resta conocer la fecha de inicio del juicio.
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La interna del «cordobesismo», contenida por la expectativa que generaba el lanzamiento nacional de Provincias Unidas, escaló tras la derrota que sufrió el Gobierno provincial a manos de La Libertad Avanza, resultado que encendió las alertas por la volatilidad que viene registrado el voto «indeciso».
El único consuelo que encuentran en el oficialismo cordobés es la cosecha electoral de Natalia de la Sota, que terminó por arrebatarle la histórica banca que ganaba en este tipo de elecciones el kirchnerismo, y la aparición de Gabriel Bornoroni como nuevo «opositor» que tensiona con Luis Juez.
Sin embargo, el lunes de la derrota volaron las facturas por los desempeños territoriales. Los intendentes llaryoristas que ganaron sus localidades pusieron en sus estados de WhatsApp el resultado, una ofrenda al gobernador, quien en la campaña avisó que «no habrá 2027 sin 2025». Esa premonición también caló en el Gobierno, que vivió un lunes negro puertas adentro de los despachos.
Sin embargo, quien más exhibió el resultado del domingo fue la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien tuvo un año complejo en la interna oficialista: resistida desde siempre por el peronismo por su origen radical, Prunotto también fue cuestionada por cómo manejó la crisis que se desató en diciembre cuando Guillermo «el Puma» Kraisman, un puntero del PJ capitalino, fue detenido por intentar cobrar un sueldo de la Legislatura asignado a una mujer que no trabajaba en el Poder Legislativo.
Prunotto hizo público un detallado Excel (ver abajo) con el detalle de los resultados en las 47 localidades con más de 10 mil habitantes. Lo hizo para explicitar que su ciudad, Estación Juárez Celman, ubicada en el Gran Córdoba, dentro del departamento Colón, fue la única que le aportó una victoria contundente al Gobierno: 11 puntos. Luego, hubo dos exiguas victorias: Morteros y Cosquín, por menos de 0,5 puntos cada una.
La vicegobernadora Prunotto
El listado también exhibe algunas palizas. Se destaca la que recibió el peronismo cordobés en Colonia Caroya, el condado de Gustavo Brandán, el ministro de Cooperativas de Llaryora (-26 puntos), donde el oficialismo provincial tuvo una derrota superior en puntos a la que le dieron en Jesús María (-15), territorio de Luis Picat, el diputado radical devenido en libertario. La radical Prunotto y el llaryorsita Brandán son del mismo departamento, Colón, por lo que la grieta quedó expuesta.
También se pusieron en el Excel público las derrotas de «Peta» Bernarte en San Francisco, la ciudad de Llaryora (-8); de los hermanos Facundo y Marcos Torres, presidente provisorio de la Unicameral e intendente de Alta Gracia, respectivamente, que perdieron la ciudad por 11 puntos; y de Eduardo Accastello, quien llevaba a su pareja en la boleta, con la caída por 19 puntos de Villa María. El listado es mucho más amplio e incluye localidades gobernadas por la oposición provincial, como Río Tercero y La Calera.
El único consuelo que encontraba el llaryorismo puertas adentro es la cosecha de De la Sota, quien no llegó a los 9 puntos, aunque por debajo de ese promedio en Capital y Colón, el segundo departamento de la provincia. «Natalia no es un Cuco para el Gobierno, habrá qué ver si en el 2027 la queremos dentro del esquema o partiendo a la oposición», decían este lunes postelectoral en El Panal.
El seguimiento de las encuestas indica que los indecisos resolvieron su voto horas antes de ir a votar, y lo hicieron masivamente a favor de La Libertad Avanza, es decir en contra de Llaryora, que estuvo al frente de la campaña de Schiaretti. Aunque algunas encuestas vaticinaban la derrota de Schiaretti -la consultora Zeta midió una semana antes 5 puntos a favor de LLA y 6 de indecisos, por ejemplo-, la diferencia del final esconde que ese grupo de «indecisos» será clave en marzo/abril de 2027, cuando Llaryora busque la reelección.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante una intensa actividad que comenzó el jueves 13 con la salida recreativa y educativa de los alumnos del ESRN 145 recorriendo la Barda Norte en el marco del programa ‘Turismo educativo’. La cita fue al pie del sendero donde alumnos y profesores acompañados…
