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ARGENTINA ES TOP DE CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS EN EL MUNDO

Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .

Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.

Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.

De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.

El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.

El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.

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  • El fueguino Martín Pérez debatió el futuro del Atlántico Sur con académicos y dirigentes

     

    En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el intendente de Río Grande, Martín Perez, encabezó la presentación del libro «Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida».

    En la actividad, Perez reunió a dirigentes políticos, referentes académicos, religiosos y sectores vinculados a la agenda de soberanía nacional y desarrollo estratégico para debatir el futuro del Atlántico Sur.

    De esta manera, Perez se muestra como uno de los dirigentes fueguinos que busca proyectar desde el sur una discusión nacional sobre Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y el rol geopolítico de Tierra del Fuego en el escenario que viene.

     Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino 

    Junto a Perez expusieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; la presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), Agustina Rodríguez Saá; y el director ejecutivo de CLACSO, Pablo Vommaro.

     También estuvieron presentes Jorge Taiana; Gabriel Katopodis; las diputadas Fernanda Miño y Kelly Olmos; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; el veterano de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo; el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid; y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, entre otros dirigentes políticos, sindicales y académicos. 

    Durante su exposición, Perez buscó instalar la idea de que Tierra del Fuego debe ocupar un lugar central en la discusión sobre los recursos estratégicos y el futuro del país. «Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino», afirmó.

    El intendente planteó además que la soberanía «no puede quedar reducida a una consigna histórica», sino que debe traducirse en políticas vinculadas a industria, producción, trabajo, ciencia y presencia estatal en el extremo sur del país.

    La presentación buscó articular una narrativa política que combina la cuestión Malvinas, el desarrollo industrial fueguino y una mirada federal sobre los territorios australes, en momentos donde distintos sectores del peronismo buscan reconfigurar agenda y liderazgo. 

     

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    De las promesas al ajuste: dos años y medio de Milei y un modelo que hizo exactamente lo contrario de lo que prometía

     

    A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.

    Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.

    Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva

    Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.

    La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.

    Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.

    La casta: un relato que se volvió en contra

    “Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.

    Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.

    Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.

    Estado: del “afuera” al uso selectivo

    El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.

    Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.

    No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.

    Libertad económica: para quiénes

    La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.

    En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.

    La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.

    El impacto social: la variable de ajuste

    Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

    Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.

    Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.

    Modelo, no error

    A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.

    Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.

    Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.

    Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.

    Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.

     

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