Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .
Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.
Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.
De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.
El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.
El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.
A través del decreto municipal 047/20, la Municipalidad de Villa Regina habilita a partir del lunes 11 de mayo al ejercicio de las profesiones liberales, obra privada, las actividades económicas vinculadas a comercios minoristas o mayoristas de venta de productos no esenciales, trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio doméstico,…
El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue citado a indagatoria en la causa donde se investiga si recibió coimas a cambio de direccionar la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre.
Junto con D’Onofrio también deberán presentarse a declarar a lo largo de este mes ocho empresarios que habrían pagado los sobornos. Todos fueron señalados por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación del caso.
El fiscal Garganta encontró evidencias para indagar al ex titular de Transporte acerca de presuntos acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de coimas. Las compañías beneficiarias fueron Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.
D’Onofrio viene de ser procesado y embargado en 350 millones de pesos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en otro expediente donde se investigan maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.
En esa causa el exministro fue acusado de «sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito (…) acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles».
La causa en cuestión inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que indicaba que D´Onofrio era el líder -junto a la concejal Pilar Pombo- de una «estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funcionarios y establecimientos de jerarquías».
El texto también aseguró que el objetivo de esta asociación era «sustraer de las arcas del Estado provincial y los municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, para acumular siderales sumas de dinero invertidas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita».
Según la acusación de Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio «actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como «gestores» a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado».
Estos «gestores» ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Gerente General del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Alejandro Hoc con quien analizó el avance de los proyectos presentados por el Municipio ante el organismo nacional. En la oportunidad el Intendente estuvo acompañado del Senador Nacional Alberto Weretilneck y el secretario…
La Supremacía se refleja en la superación del hombre respecto al hombre, y de las cosas respecto a las cosas. Un ejemplo de lo antes mencionado: es el nombre que se les da a las naftas con el paso del tiempo. Ya no existe la nafta «normal», es necesario ir más allá de lo super,…
El gobierno decidió los reemplazantes en Seguridad y Defensa a partir del 10 de diciembre. En el caso de Patricia Bullrich, logró imponer a su número dos Alejandra Monteoliva a quien el comunicado oficial la califica como «una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich que establece una lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, el mantenimiento del imperio de la ley y el orden de las calles».
Patricia celebró la designación en sus redes y le agradeció a Milei «por confiar» en Monteoliva y «por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga».
«Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden», escribió la funcionaria que asumirá su banca en el Senado el 10 de diciembre.
Por el lado de Defensa, el gobierno eligió al Jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, como reemplazante de Luis Petri en lo que será la primera vez desde el retorno de la democracia que un militar ocupa ese cargo.
El comunicado del gobierno destaca que «por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas». «Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados», continúa.
Petri también celebró la decision en sus redes y afirmó que «reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!».
Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas». «Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados
«Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente Milei respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada! Que Dios lo bendiga a usted y a todos los hombres y mujeres de las FFAA, que estarán siempre en mi corazón!», añadió.
Pero más allá de la alegría, Petri buscaba que su sucesora sea la jefa de gabinete, Luciana Carrasco, y quien presionó para que un militar tomara las riendas del ministerio fue la propia Karina, tal como lo adelantó LPO a principios de noviembre. Asimismo, el ministro tenía en su radar al diputado provincial por Mendoza y primo de Petri, Gustavo Cairo.
Una fuente del Ejército dijo a LPO que «le pagaron mejor de lo que uno esperaba, todos jugábamos a que iba de Jefe del Estado Mayor Conjunto pero no, derecho a ministro. Ahora hay que estar atento porque produce una cosa extraña, que es que Presti pasa a ser el superior de Xavier Isaac, pero ya no como militar, sino como político».
Una fuente del Ejército dijo a LPO que «le pagaron mejor de lo que uno esperaba, todos jugábamos a que iba de Jefe del Estado Mayor Conjunto pero no, derecho a ministro. Ahora hay que estar atento porque produce una cosa extraña, que es que Presti pasa a ser el superior de Xavier Isaac, pero ya no como militar, sino como político
«Isaac podría decir, me hago el distraído y me quedo, si es que lo dejan quedarse o irse. Si se va eIsaac, va a venir un cambio en todas las fuerzas. Del ejército obviamente ya va a venir un cambio porque al irse Presti, hay que buscar un general ahora», reveló.
A su vez, esta fuente plantea que no es una victoria de Petri y reafirma el rol de Karina en el nombramiento y sostiene que «es inédito y es Karina puro. Hizo una relación, dio la vida por Karina y bueno, le están pagando bien».
Presti deberá afrontar una gestión muy convulsionada y marcada por la crisis de la obra social, los bajos salarios y los reclamos constantes por la fata de recursos.
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
