Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .
Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.
Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.
De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.
El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.
El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.
La agenda del 06 al 09 de enero prevé diversas actividades en la localidad balnearia y en distintos puntos de la provincia La inauguración del nuevo local del Mercado Artesanal se realizó ayer a las 20 hs en la Galería Antares. Allí, se exhibieron y se pusieron a la venta productos de artesanas y artesanos…
El gobierno de Axel Kicillof tiene previsto invertir más de 31 mil millones de pesos en la incorporación de un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías para evitar apagones por picos de consumo por las altas temperaturas durante el verano.
Según detallaron a LPO desde la Subsecretaría de Energía bonaerense, con esta iniciativa se fortalecerá el sistema eléctrico bonaerense y mejorará la calidad del servicio en zonas estratégicas.
Concretamente, el proyecto tendrá una inversión estimada de 31.200 millones de pesos, contempla una potencia total de 25 MW y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, que se distribuirán en cuatro nodos estratégicos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.
En la Provincia señalaron que el proyecto viene a reemplazar lo que fue el Plan Verano, un plan de contingencia donde se instalaban motores de gasoil solo por dos meses para inyectar energía en los momentos de mayor consumo.
En ese sentido, señalaron que los apagones se venían evitando con los motores de gasoil, pero que ahora, con las baterías, se van a evitar con una tecnología más limpia, menos costosa y fija.
El inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, mientras que la puesta en operación de los sistemas se proyecta para enero de 2027, planificado para resolver los picos de consumo de energía por las altas temperaturas.
«La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reducir restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo», señalaron en Energía provincial.
El programa se financia mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), canalizado a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). Se trata de un esquema que articula la planificación pública, el financiamiento específico y la implementación operativa a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).
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Este Chardonnay de la línea Select de Bodega Familia Schroeder se cosecha a mediados de febrero. Comienza su vinificación en prensa neumática a baja temperatura por 5 horas antes de ser prensado.
En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.
En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.
Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.
En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.
Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.
La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.
Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.
La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.
El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.
Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.
La nueva economista jefe del FMI nació en Tucumán, se formó en la universidad pública de su provincia, obtuvo un doctorado en Harvard y terminó en la cúspide de la tecnocracia global. Silvana Tenreyro asumirá en agosto como consejera económica y directora del Departamento de Investigación del Fondo. En Washington la presentaron con el idioma prolijo de los organismos: excelencia académica, liderazgo intelectual y experiencia en política económica. Pero el apellido Tenreyro trae otra historia. Una que no entra fácil en un paper.
Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El organismo informó que reemplazará a Pierre Olivier Gourinchas y que asumirá el 10 de agosto. Kristalina Georgieva la definió como «globally respected economist» y destacó su experiencia en bancos centrales, academia e instituciones internacionales. El cargo no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.
El currículum impresiona. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997. Después hizo una maestría en Harvard en 1999 y el doctorado en 2002. Sus directores fueron Alberto Alesina, Robert Barro y Kenneth Rogoff. No se fue por el kirchnerismo, como podría ordenar rápido alguna sobremesa porteña. Se fue antes. A los pocos meses de graduarse ya estaba en Massachusetts. La crisis de 2001 la encontró afuera, mirando desde Harvard el derrumbe de la convertibilidad y el país en llamas.
Antes había estudiado en el colegio Santa Rosa de Tucumán y había trabajado como asistente de investigación de Víctor «Turco» Elías, uno de los economistas tucumanos más reconocidos. La Gaceta la presentó en 2017 como una «chica 10» tucumana cuando fue designada en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. En esa nota se recordaba que había obtenido uno de los mejores promedios en la UNT y que ya tenía experiencia en bancos centrales.
Su carrera después tuvo escala global. Fue economista de la Reserva Federal de Boston entre 2002 y 2004. En 2004 entró a la London School of Economics. Fue lecturer, reader, profesora y desde 2025 ocupa la cátedra James E. Meade. Integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. También fue miembro externo del comité del Banco Central de Mauricio entre 2012 y 2014, visitante académica del Banco Central Europeo y parte del grupo asesor externo de la directora gerente del FMI desde 2023.
Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El cargo de economista jefe del FMI no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.
La lista sigue. Fue presidenta de la European Economic Association entre 2021 y 2022. Es fellow de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society. En 2023 recibió la distinción de Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la economía. Ganó el premio Yrjö Jahnsson en 2021, el Birgit Grodal en 2022 y el Bernhard Harms en 2025. Tiene publicaciones sobre política monetaria, comercio internacional, volatilidad, desarrollo, Brexit, dominancia del dólar, fragmentación comercial e inflación.
Su producción no es la de una economista de manual. Trabajó sobre cómo la política monetaria se transmite a la economía real. Es decir, cómo una tasa no queda encerrada en una planilla: pega sobre empleo, salarios, producción y demanda. En una entrevista con Martín Kanenguiser, en Infobae, dijo que su objetivo era entender «cómo se transmite la política monetaria a la economía real». También marcó que las rigideces salariales son clave para explicar el efecto de una baja de tasas sobre empleo y producción.
En esa misma conversación defendió «la apertura al comercio internacional» como una vía para diversificar shocks domésticos. Su argumento fue que las economías más ricas y abiertas tienden a ser «menos volátiles» porque tienen más compradores, más proveedores y tecnologías más variadas. También sostuvo que, en una crisis, las políticas monetarias y fiscales óptimas son contracíclicas, y que idealmente debería verse una «expansión fiscal y monetaria». Un razonamiento bastante menos lineal que el reflejo pavloviano de cortar gasto ante cualquier incendio.
La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.
Los registros de organismos de Derechos Humanos ubican a Juan Eduardo Tenreyro Díaz como detenido desaparecido. El Parque de la Memoria consigna que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en San Miguel de Tucumán, que tenía 64 años y que era contador público nacional. Según consta en la Comisión Bicameral de Tucumán fue Seecretario de Hacienda de Amado Juri. O sea, era parte del poder constitucional tucumano que Antonio Domingo Bussi vino a arrasar.
La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.
La Comisión Bicameral describió la represión contra el gobierno justicialista de Tucumán como una ofensiva directa contra las autoridades constitucionales. Amado Juri estuvo detenido casi tres años. Funcionarios, legisladores y dirigentes fueron encarcelados, torturados, perseguidos o desaparecidos. En esa lista aparecen Dardo Molina, Juan Eduardo Tenreyro, Guillermo Vargas Aignasse y José Chebaia, entre otros. No fue sólo una cacería ideológica. Fue también la demolición de un elenco político completo.
En noviembre de 2003, el fiscal federal Emilio Ferrer acusó al ex gobernador Antonio Bussi por el secuestro y la desaparición de Juan Eduardo Tenreyro. Bussi ya estaba detenido por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Ferrer sostuvo que el militar tenía una responsabilidad penal «fuera de toda discusión y duda» y pidió además la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por inconstitucionales.
El operativo contra Tenreyro fue en la madrugada del golpe. Según el expediente, lo secuestraron en su casa de avenida Mitre 224. Los hombres que llegaron se identificaron como policías y se movían en un Ford Falcon. Pocos minutos después apareció personal del Ejército bajo las órdenes del mayor Capitán, con la excusa de cumplir una orden de detención. Para el fiscal, ese grupo no iba a detenerlo. Iba a comprobar que la misión hubiera salido bien.
Juan Gelman reveló un ángulo todavía más oscuro en una contratapa de Página/12 publicada a fines de los noventa. El texto se tituló «Revisiones» y retomó el testimonio de Andrés Francisco Valdez, un preso por delitos comunes que dijo haber actuado como asesor de inteligencia. Gelman escribió que Valdez había viajado a Tucumán enviado por el Batallón 601 y que había quedado bajo las órdenes del coronel Ramón Fernández.
En esa columna, Gelman citó la declaración de Valdez sobre Chebaia, Vargas Aignasse, Dardo Molina y Tenreyro. Según ese relato, Tenreyro fue interrogado el 27 de marzo en la Jefatura de Policía. Valdez dijo que la orden había sido de Bussi y que luego fue «muerto y fondeado». Gelman subrayó además una confusión reveladora: Valdez hablaba del dique «El Acheral», aunque en Acheral no hay dique. La referencia real, escribió, conducía al Cadillal.
Gelman agregó otra hipótesis, más incómoda todavía. En Tucumán, escribió, era «secreto a voces» que Chebaia y Tenreyro habían sido secuestrados por tierras en Taco Ralo con las que terminaron quedándose militares. La represión, entonces, no sólo disciplinaba cuerpos y partidos. También iba a por las propiedades y los negocios.
Ahí está el pliegue de la historia. La nieta de un funcionario peronista desaparecido por Bussi llega a la jefatura económica del FMI. La casa que durante décadas le habló a la Argentina de equilibrio, disciplina y reformas ahora tendrá como principal voz técnica a una tucumana cuya biografía familiar remite al costado más brutal del poder económico y militar.
