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ARGENTINA ES TOP DE CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS EN EL MUNDO

Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .

Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.

Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.

De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.

El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.

El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.

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    El ex presidente fue recibido por el santafesino Maximiliano Pullaro con quien recorrió obras públicas financiadas por la provincia y más tarde se sumó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

    Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: «la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca», una frase brutal en medio de la crisis que desató Adorni que sigue socavando al gobierno nacional.

     Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: «la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca» 

    «Estamos apoyando a este gobierno con una generosidad que nunca se vio», dijo Macri con frialdad y recordó que apoya el ordenamiento económico y la necesidad del equilibrio fiscal, aunque advirtió que por sí solo no alcanza para garantizar el crecimiento.

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    «Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional», señaló. En ese momento, aprovechó para criticar la escandalosa sesión en el Senado para designar jueces.

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    «Vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios sobre la Justicia que después se corrigen y se vuelven atrás. Eso daña. Si se daña la Justicia se daña la confianza», afirmó. Macri insistió en que los magistrados deben ser designados respetando los mecanismos institucionales y pidió «no manosear nuestro sistema judicial».

    Para que no queden dudas y que el mensaje llegue a quien debía llegar, el ex presidente recordó que la confianza es el insumo básico para atraer inversiones y generar empleo de calidad. «Estamos todos intentando que a la gente le mejore su calidad de vida y eso viene de tener un proyecto propio de crecimiento», agregó.

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    «Hace algunos años llegó al club alguien que confundió el amor de la gente con creerse más importante que Boca», dijo en referencia al presidente xeneize. «Nadie tiene que creer que es más importante que las instituciones», remató.

    La defensa de la obra pública fue otro de los puntos de contacto con Pullaro. La recorrida por proyectos financiados por la provincia funcionó como una forma de contrastar con la decisión del gobierno nacional de paralizar gran parte de las inversiones en infraestructura. 

     

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    En el marco del cierre del programa para gremiales y organizaciones empresarias, referentes de la UIA, SRA, CAME y ADIMRA compartieron una jornada de trabajo con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, enfocada en la competitividad, la integración global y el recambio generacional.

    Con el objetivo de profundizar el diálogo en torno a las políticas productivas y los desafíos estructurales de la Argentina, representantes de las principales entidades empresarias del país se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

    El encuentro se desarrolló en el marco del cierre del Programa para Gremiales y Organizaciones Empresarias de la Escuela Federal de Desarrollo, una iniciativa que busca consolidar puentes de diálogo y planificación estratégica entre los sectores que componen el entramado productivo nacional y los decisores de políticas públicas provinciales.

    Durante la jornada, que contó con la participación de referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se debatieron los principales ejes de la agenda de desarrollo federal.

     El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, encabezó el espacio de diálogo que estuvo signado por la necesidad de sofisticar las herramientas del Estado y consolidar consensos para potenciar la productividad y la competitividad exportadora del país de cara a las transformaciones globales del siglo XXI.

    En ese sentido, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: «El marco de la Escuela Federal de Desarrollo busca involucrar a las gremiales empresariales, y sobre todo a sus jóvenes, en los grandes temas que estructuran el desarrollo de la Argentina».

    Y agregó: «Nos parecía muy importante generar una instancia de interconexión entre los funcionarios públicos provinciales y quienes tienen que representar los intereses de los sectores que producen en el país. Son dos ámbitos que, por lo general, no están lo suficientemente vinculados y necesitamos construir esa sinergia. Nosotros como organismo entendemos que sobre los grandes temas nacionales no hay divergencias ideológicas, sino que son cuestiones pre-ideológicas. Lo que nos falta es sofisticar la conversación y los instrumentos para diseñar la actividad pública».

    Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó: «Estamos viviendo un cambio global impresionante a nivel geopolítico, tecnológico, climático y comercial. El gran desafío que tenemos como dirigentes es entender que la única manera de que la Argentina crezca es integrándonos al mundo; no hay bienestar posible sin exportación, y para exportar tenemos que ser competitivos».

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    Y añadió: «Toda la Argentina debe estar atravesada por la eficiencia, la transparencia y la productividad en todos sus niveles, tanto el Estado como el sector privado. Nuestro desafío como industriales es comprender que los ciudadanos quieren comprar bienes argentinos, pero a precios y con calidad internacional, y para eso necesitamos trabajar en conjunto con el Estado para lograr las reformas fiscales y estructurales que nos permitan alcanzar esos objetivos».

    A su turno, el secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola, remarcó: «Para enfrentar las dificultades del país y salir adelante, lo primero que se necesita es pasión por lo que uno hace. En la Argentina sobra alimento, sobra industria, sobra todo; nuestro camino indispensable es salir a vender al mundo. Por eso, convocamos a los más jóvenes a meterle pasión y empuje a lo que hacen, porque el futuro depende de que ellos continúen con esta tarea y aprovechen las miles de oportunidades de desarrollo que tiene este país si logramos remover las trabas que complican la producción».

    Finalmente, el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Castillo, expresó: «Esta vinculación con las diferentes entidades del país nos hace muy bien para demostrar que en la Argentina hay presente y hay futuro. Nos toca afrontar los desafíos que tenemos como dirigentes y de cara a las nuevas generaciones, dejando de lado las divisiones para ser verdaderamente proactivos. Debemos transitar este cambio de era de la mejor manera posible, trabajando todos juntos en la misma dirección para generar más empleo formal, inclusión, competitividad y representatividad federal».

    Con esta jornada, el CFI reafirma su compromiso de continuar propiciando espacios de concertación federal y capacitación estratégica que articulen las visiones del sector público y el sector privado, consolidando una hoja de ruta común hacia el crecimiento equitativo y sustentable de todas las provincias argentinas. 

     

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    De la “hojarasca” a las patentes: las leyes estratégicas que Milei quiere borrar detrás del ajuste silencioso

     

    Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

    Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

    La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

    El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

    La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

    En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

    La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

    La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

    Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

    Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

     

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