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ARGENTINA ES TOP DE CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS EN EL MUNDO

Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .

Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.

Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.

De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.

El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.

El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.

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    La decisión fue oficializada este jueves por la Agencia Nacional de Puertos a pocas horas del desembarco del presidente a Rosario para la conmemoración del Día de la Bandera. La ciudad donde Belgrano izó por primera vez la insignia patria es el enclave del polo agroexportador y Milei llega al Monumento con el anuncio de la privatización de la Hidrovía bajo el brazo.

    En ese marco, el gobierno aceleró y ratificó a la empresa belga como ganadora de la compulsa para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

    La adjudicación llega después de una disputa picante impulsada por DEME que trató de empañar el proceso para tumbar a Jan de Nul. En el ambiente agroexportador, sospechaban que detrás de esta estrategia estaba Guillermo Dietrich, el ex ministro de Macri.

    Mauricio Macri siempre quiso tener el control de la Hidrovía. Intentó hacerlo durante su gobierno y no pudo. Luego avanzó durante el gobierno de Javier Milei y eso generó un fuerte roce con Santiago Caputo, quien lo acusó de sabotear el primer intento de licitación, que logró detonar.

    [Afirman que Dietrich está detrás de la jugada de DEME para ensuciar la adjudicación de la Hidrovía]

    A pesar de los esfuerzos de Deme que llegó a acusar falsamente a Jan de Nul de operar con el gobierno chino, la AGP sostuvo la licitación y terminó resolviendo que Deme no acreditó los antecedentes técnicos necesarios en su oferta y fue superada por su competidora.

    Ahora, el gobierno avanzará hacia la firma del contrato que se concretará en las próximas semanas. En Economía aseguran que el nuevo esquema permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos y habilitará una serie de obras destinadas a profundizar el canal, mejorar la navegación y aumentar la capacidad de carga de los buques.

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    En un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que el proceso contó con el respaldo de usuarios privados, cámaras empresarias y provincias ribereñas, y destacó que la licitación fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

    El cierre de la etapa estatal de gestión de la Hidrovía abre una nueva era de gestión privada y, según el comunicado oficial, el Estado se reserva únicamente funciones de regulación y control de la vía por donde sale el 80% del comercio exterior argentino.

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    El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.

    El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».

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