Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .
Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.
Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.
De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.
El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.
El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.
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Luego de rechazar el sello de La Libertad Avanza, el exministro de Martín Llaryora, Pedro Dellarossa, intentará recuperar su bastión electoral, la ciudad de Marcos Juárez, con una alianza que armaron Unite, el partido de José Bonacci, y la Unión Vecinal Federal, un partido provincial que lidera Laura Villalba, actual funcionaria de Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba.
Dellarossa fue dos veces intendente y hace cuatro años promocionó a la actual jefa comunal, Sara Majorel, quien no buscará la elección y, además, es el blanco de todas las críticas por su floja gestión. Luego, en 2023, Dellarossa se bajó de la lista de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio para acordar con Llaryora, quien lo designó ministro de Industria. Hace algunos meses, Dellarossa renunció al «cordobesismo» para recuperar para sí la intendencia de Marcos Juárez.
Primero, rechazó competir con el sello de La Libertad Avanza. El propio Lule Menem fue hasta la casa de Dellarossa, pero el caudillo le dijo que él no usaría la marca LLA. Intentó que su partido, el PRO, le diese el sello, pero no logró convencer a Oscar Agost Carreño, el jefe político del espacio tras ganarle la pulseada a Mauricio Macri. Entonces, anotó su alianza conformada por Unite y Unión Vecinal Federal, dos sellos cercanos a Llaryora.
En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni. Como se recordará, se especulaba que la disputa entre Roca y Schiaretti sería mano a mano, por lo que restarle votos al libertario era (hipotéticamente) clave. Ahora, el sello de José Bonacci se une al de Villalba, la funcionaria filo peronista.
En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni.
Con esta jugada, Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri y su «sí se puede». La Libertad Avanza, por ahora, mantiene la idea de sumarse a la campaña de Dellarossa, quien basará su estrategia en visitar a sus vecinos y pedir disculpas por haber promovido a Majorel y por haber integrado el Gobierno provincial hasta mayo de este año, es decir durante casi tres años.
La otra gran candidata es Verónica Crescente, quien se postula por Unión Vecinal (el partido que fundó Henry Dellarossa, padre de Pedro). Hace cuatro años, Crescente fue la candidata a intendenta de Juan Schiaretti. Su piso electoral es de 39%, lo que obtuvo en 2022. Ese mismo porcentaje había logrado cuatro años antes, en 2018, el peronismo. Ahora, para dividir el voto a Crescente y favorecer a Dellarossa, el Gobierno provincial puso a jugar como candidato a Germán Font.
Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri
Aunque Font es funcionario provincial, el peronismo no puso el partido. Armó otra alianza con el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria, ambos satélites de El Panal. Al Frente Federal de Acción Solidaria lo preside Sergio Flores, también funcionario de Daniel Passerini. En 2025, el Frente de Acción Solidaria postuló como candidato a diputado a un influencer libertario, también para restarle votos a Roca. El Vecinalismo Independiente es un histórico aliado del peronismo en Hacemos por Córdoba.
Por ahora, la principal intención de La Libertad Avanza es bloquear a Font; y aseguran que si gana Dellarossa, los referentes partidarios se subirán al palco de los festejos la noche del 6 de septiembre.
La ministra de seguridad Alejandra Monteloliva acordó que los hinchas argentinos no puedan ingresar a la cancha con banderas o remeras que hagan referencia a las Islas Malvinas.
La funcionaria explicó que funcionarios argentinos acordaron representantes de FIFA, el FBI y las policías de Estados Unidos e Inglaterra las normas de seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra.
«Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo», dijo Monteoliva en FM Now. Cuando la consultaron si el reclamo de soberanía por las Islas entraba entre las prohibiciones, respondió que sí.
«Banderas con las Malvinas es contenido político. No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación», agregó.
«No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente», dijo sobre la posibilidad de entonar canciones que expresen el reclamo argentino por Malvinas.
Horas antes, el vocero presidencial Adrián había dicho en conferencia de prensa que no sabía si Javier Milei seguía teniendo o no un retrato de Margaret Tatcher en su escritorio.
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Durante las últimas semanas, y especialmente desde la final del Mundial, comenzó a expandirse por las redes sociales una campaña que intenta instalar una idea tan simple como efectiva: la Argentina sería un país esencialmente racista. Influencers con millones de seguidores, artistas, actores y comunicadores de distintas partes del mundo repitieron esa afirmación como si se tratara de una verdad indiscutible, muchas veces apoyándose en videos descontextualizados, fake news o episodios aislados convertidos en sentencia definitiva. Sin embargo, cuando el ruido de las redes deja paso a la historia, el relato empieza a resquebrajarse y aparece una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral algunos países pretenden juzgar a la Argentina cuando buena parte de sus propias sociedades todavía conviven con problemas de discriminación, xenofobia y racismo mucho más profundos que los nuestros?
Por Alcides Blanco para NLI
La velocidad de un prejuicio
Vivimos en una época en la que un video de treinta segundos parece tener más peso que doscientos años de historia. Un recorte editado, una frase fuera de contexto o un cántico repetido en una cancha pueden transformarse, gracias al funcionamiento de los algoritmos, en una supuesta radiografía cultural de un país entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Argentina. A partir de algunos episodios vinculados al fútbol, comenzó a construirse un relato según el cual el racismo no sería un problema presente —como lo es en prácticamente todas las sociedades del planeta— sino una característica constitutiva de la identidad nacional.
El mecanismo resulta curioso porque reproduce exactamente aquello que dice combatir. Se toma la conducta de un grupo reducido de personas y se la convierte en la esencia de cuarenta y siete millones de habitantes. En otras palabras, se estigmatiza a todo un pueblo por acciones individuales, un procedimiento que no es otra cosa que un prejuicio.
Naturalmente, la Argentina no está exenta de expresiones discriminatorias. Sería absurdo negarlo. Existen actos racistas, xenófobos y antisemitas que deben ser denunciados y sancionados. Lo que resulta intelectualmente insostenible es sostener que esas conductas representan la identidad profunda del país, especialmente cuando la propia historia argentina ofrece evidencias exactamente en sentido contrario.
Un país que abolía la esclavitud mientras otros todavía la defendían
Hay fechas que ayudan a ordenar las discusiones. En 1813, cuando gran parte del continente americano todavía aceptaba la esclavitud como un elemento natural de la economía, la Asamblea del Año XIII aprobó la Libertad de Vientres, estableciendo que los hijos de mujeres esclavizadas nacerían libres. Aquella decisión no eliminó inmediatamente el sistema esclavista, pero marcó un rumbo político que terminaría consolidándose con la Constitución de 1853, que prohibió definitivamente la esclavitud en el territorio nacional.
Conviene detenerse un instante en esa comparación histórica. Estados Unidos abolió la esclavitud recién en 1865, después de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Brasil lo hizo en 1888. Cuba, en 1886. La Argentina, con todas sus contradicciones, había iniciado ese camino varias décadas antes. No se trata de competir por quién fue más virtuoso, sino de poner las cosas en perspectiva cuando algunos pretenden presentar al país como si hubiera permanecido al margen de las grandes luchas por la igualdad.
Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado por los afroargentinos en la construcción de la Nación. Combatieron durante las Invasiones Inglesas, integraron masivamente los ejércitos de la Independencia y participaron en las campañas de San Martín y Belgrano. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizados por una historiografía que prefirió construir la ficción de una Argentina exclusivamente europea. Esa invisibilización existió y merece ser revisada, pero es muy distinta a sostener que nunca existieron o que el país edificó su identidad sobre la exclusión racial.
En ese contexto también aparece una discusión historiográfica poco conocida. Diversos investigadores, entre ellos el reconocido historiador George Reid Andrews, recuperaron documentos y testimonios de época que alimentan la hipótesis de una posible ascendencia africana de Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, conocido por algunos contemporáneos con el apodo de «Doctor Chocolate». El tema continúa siendo objeto de debate académico, pero resulta revelador porque muestra hasta qué punto la presencia afrodescendiente fue mucho más importante de lo que durante décadas quiso admitir la historia oficial.
Una Constitución que invitó al mundo cuando otros levantaban fronteras
Hay un texto que todos los argentinos aprendemos en la escuela y que, sin embargo, pocas veces dimensionamos en toda su profundidad. El Preámbulo de la Constitución Nacional afirma que los derechos allí consagrados se establecen «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». No habla de una religión determinada, de una etnia específica ni de un origen nacional privilegiado. Habla del mundo entero.
No fue una declaración vacía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina recibió millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, judíos perseguidos por los pogromos europeos, sirios, libaneses, armenios que escapaban del genocidio otomano, japoneses, coreanos y, más recientemente, enormes corrientes migratorias provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. La identidad argentina no nació de la pureza, sino exactamente de lo contrario: de la mezcla.
Mientras eso ocurría, muchas de las sociedades que hoy levantan el dedo construían políticas migratorias basadas en criterios raciales o mantenían colonias repartidas por África y Asia. La historia, otra vez, obliga a relativizar ciertos discursos moralizantes.
Europa y el espejo que prefiere no mirar
Buena parte de las acusaciones más resonantes contra la Argentina provinieron de Europa. Resulta inevitable preguntarse entonces qué sucede hoy mismo en ese continente.
Cada año, miles de personas provenientes de África atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias intentando escapar de guerras, hambre o persecuciones. Miles también mueren en ese intento. Las imágenes de cuerpos flotando frente a las costas europeas se repiten desde hace años sin que el continente haya encontrado una respuesta humanitaria acorde con los valores que suele reivindicar. Quienes logran llegar muchas veces permanecen hacinados en centros de detención o enfrentan crecientes discursos políticos que los presentan como una amenaza para la identidad nacional.
No se trata únicamente de casos aislados. El crecimiento electoral de fuerzas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o España se explica, en buena medida, por plataformas que hacen de la inmigración y del rechazo al extranjero uno de sus principales ejes políticos. Resulta difícil ignorar esa realidad cuando desde esos mismos países se pretende presentar a la Argentina como una excepción mundial en materia de discriminación.
Estados Unidos y una memoria demasiado corta
Algo parecido ocurre con Estados Unidos, donde numerosas figuras públicas se sumaron a la ola de críticas. Conviene recordar que la segregación racial fue política oficial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que millones de ciudadanos afroamericanos vivieron durante décadas sometidos a leyes que separaban escuelas, hospitales, transportes públicos y espacios de convivencia según el color de la piel.
La Ley de Derechos Civiles recién fue aprobada en 1964, casi ciento cincuenta años después de la Revolución de Mayo. El primer presidente afroamericano llegó a la Casa Blanca en 2008. Mientras tanto, los casos de violencia policial contra ciudadanos negros continúan generando movilizaciones masivas bajo consignas como Black Lives Matter, demostrando que el problema dista mucho de haber sido resuelto.
Nadie sostiene por ello que Estados Unidos sea únicamente racismo. Sería una simplificación injusta. Exactamente la misma injusticia implica reducir toda la historia argentina a algunos videos virales difundidos por las redes sociales.
Palestina, los pueblos originarios y las contradicciones de toda nación
Otra de las paradojas aparece cuando se observan las posiciones internacionales. La Argentina reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2010, sosteniendo una política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos mucho antes de que varios países europeos adoptaran decisiones similares. Es cierto que el gobierno de Javier Milei modificó esa tradición mediante un alineamiento explícito con Benjamin Netanyahu, pero también es cierto que un gobierno nunca agota la identidad política ni moral de un pueblo. Confundir ambas dimensiones constituye un error analítico tan frecuente como peligroso.
Sería igualmente deshonesto omitir las deudas propias. La «Conquista del Desierto» implicó violencia, despojo y muerte para numerosos pueblos originarios, una tragedia que forma parte de nuestra historia y que debe ser estudiada sin eufemismos. Sin embargo, también es cierto que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les otorgó derechos específicos que hoy poseen jerarquía constitucional. Las sociedades maduras no son aquellas que niegan sus errores, sino las que son capaces de incorporarlos críticamente a su memoria colectiva.
Mucho más que un algoritmo
Quizá el problema de fondo sea que las redes sociales necesitan relatos simples. Es más fácil instalar que «los argentinos son racistas» que explicar dos siglos de historia, de inmigraciones, de conflictos sociales, de avances, retrocesos y contradicciones. Los algoritmos premian las etiquetas; la historia, en cambio, obliga a pensar.
La Argentina no necesita inventarse un pasado perfecto para responder a esa campaña. No fue una nación sin desigualdades ni discriminaciones, como tampoco lo fueron Francia, España, Estados Unidos o cualquier otra sociedad contemporánea. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer las propias deudas y aceptar una caricatura construida sobre prejuicios.
Porque cuando se deja de mirar apenas el último video viral y se observa el recorrido completo de la historia argentina, aparecen un país que inició tempranamente el camino hacia la abolición de la esclavitud, que escribió en su Constitución una invitación abierta a todos los habitantes del mundo, que se construyó a partir de sucesivas olas inmigratorias, que reconoció derechos a pueblos históricamente postergados y que, con avances y retrocesos, hizo de la integración uno de los pilares de su identidad nacional.
Por eso, antes de repetir consignas nacidas al calor de una campaña viral, tal vez convenga hacer un ejercicio mucho más incómodo: mirar la propia historia con la misma severidad con la que se pretende juzgar la historia ajena. Muchas de las voces que hoy acusan a la Argentina descubrirían entonces que los mayores fantasmas del racismo no viven precisamente al sur del mundo, sino bastante más cerca de sus propias casas.