Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .
Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.
Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.
De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.
El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.
El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.
a expectativa en la subida. La precipitación acelerada de la caída. Sube y baja. Baja y sube. Una forma de moverse con el contenido quieto ante un vertiginoso vaivén. Arriba, bien arriba. Abajo, bien abajo. Podría haber sido la ruleta rusa el juego de mesa que desafiase al truco, o al quiero vale cuatro. No…
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El discurso oficial intenta presentar a Fernando Cerimedo como una figura definitivamente alejada de Milei desde el final de la campaña electoral de 2023. Sin embargo, los registros oficiales de acceso a la Casa Rosada reconstruidos a partir de la información de la Secretaría General de la Presidencia muestran una secuencia muy diferente: el consultor ingresó al menos 13 veces a Balcarce 50 entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024, cuando Milei ya llevaba casi seis meses como Presidente. No se trata, por lo tanto, de una presencia vinculada exclusivamente con la campaña, sino de una serie de visitas distribuidas durante el primer semestre de la gestión libertaria y autorizadas por funcionarios de distintos sectores del Gobierno.
El dato adquiere una dimensión política particular en el contexto de la detención de Cerimedo en Bolivia, donde permanece acusado por su presunta participación en el ataque contra su expareja Nadia Beller, y de las denuncias que volvieron a poner bajo la lupa su recorrido como operador político y digital de la nueva derecha latinoamericana. La discusión ya no pasa solamente por determinar qué relación tuvo con Milei durante la campaña de 2023, algo que el propio Cerimedo exhibía públicamente, sino por establecer hasta cuándo mantuvo canales de acceso al poder una vez que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada. Y en ese punto, los registros oficiales aportan una cronología difícil de compatibilizar con la idea de una ruptura inmediata.
Trece ingresos, seis meses de Gobierno y varios nombres del poder libertario
La secuencia comienza el 11 de diciembre de 2023, apenas ocho días después de la asunción de Milei. Ese primer ingreso fue autorizado por Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior, y tuvo como destino el Ministerio del Interior. El 15 de enero de 2024 Cerimedo volvió a entrar, nuevamente autorizado por Catalán, y el 30 de enero repitió la visita. El 20 de febrero se produjo un cuarto ingreso, otra vez con autorización de Catalán y hacia la misma área. La reiteración es relevante porque muestra que no se trató de una visita protocolar aislada inmediatamente posterior al cambio de gobierno, sino de un vínculo de acceso que continuó durante los primeros meses de la nueva administración.
Marzo fue el mes de mayor actividad. El 7 de marzo, Cerimedo ingresó autorizado por Eduardo “Lule” Menem hacia la Subsecretaría de Asuntos Políticos; el 18 de marzo volvió a ingresar, nuevamente con autorización vinculada al entorno de Menem, esta vez hacia la Subsecretaría de Gestión Institucional. Al día siguiente, el 19 de marzo, fue habilitado por Catalán y el 20 volvió a ingresar, esta vez con autorización del propio Guillermo Francos, entonces ministro del Interior. En apenas veinte días, los registros contabilizan cuatro ingresos, con presencia en áreas vinculadas tanto al Ministerio del Interior como a sectores de la estructura política de la Casa Rosada.
Hay, además, un episodio particularmente significativo dentro de esa cronología. El 20 de marzo de 2024, según los registros citados por distintos medios, Francos recibió a Cerimedo junto con otras cuatro personas en una reunión vinculada con “posibles inversiones para Argentina”. Entre los asistentes figuraban dos ciudadanos rusos y un ciudadano ucraniano, en un encuentro que había sido gestionado en representación del denominado Grupo de Inversión YCRT y que estaba relacionado con la situación de posibles inversiones para la central termoeléctrica de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Es decir, uno de los ingresos de Cerimedo durante el gobierno de Milei no aparece simplemente como una visita informal a un viejo conocido: está documentado en una reunión con un ministro del Poder Ejecutivo y potenciales inversores.
Durante abril continuó la circulación. El 18 de ese mes Cerimedo ingresó autorizado por Catalán hacia el Ministerio del Interior y el 22 volvió a hacerlo, esta vez habilitado por Lule Menem y con destino a la Secretaría General. En mayo se registraron otras dos visitas: el 22, nuevamente con autorización de Catalán, y el 29, con destino a la Secretaría General. La última entrada documentada se produjo el 5 de junio de 2024, cuando Cerimedo ingresó a las 14.11 por Balcarce 24 y permaneció hasta las 15.20. Pero ese último movimiento tiene un elemento político adicional: la autorización correspondió a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos y estratégicos del mileísmo.
La totalidad de los registros permite reconstruir una fotografía bastante precisa del recorrido: Catalán autorizó buena parte de los ingresos; Lule Menem intervino en otros; Guillermo Francos aparece directamente vinculado a uno de ellos y Santiago Caputo autorizó el último registrado. Al mismo tiempo, no figura ningún ingreso de Cerimedo a la Quinta de Olivos durante 2024, 2025 ni 2026 en los registros consultados, por lo que el dato debe ser leído con precisión: las visitas comprobadas corresponden a la Casa Rosada y no permiten afirmar que Cerimedo haya mantenido encuentros personales con Milei en cada una de esas oportunidades.
La cronología que contradice la versión del “vínculo terminado en 2023”
La diferencia entre la versión política difundida tras la detención de Cerimedo y los registros de acceso constituye el núcleo de la cuestión. Desde el Gobierno se sostuvo que Milei había dejado de tener relación con Cerimedo en 2023, una afirmación que puede interpretarse como una referencia al final de la campaña presidencial. Pero los registros muestran que el consultor continuó entrando a la sede del Poder Ejecutivo durante los primeros seis meses de la presidencia libertaria, con autorizaciones provenientes de funcionarios ubicados en diferentes espacios de la estructura gubernamental.
Esto demuestra, sin dudas, que la maquinaria institucional del Gobierno continuó habilitando su acceso a la Casa Rosada mucho después del supuesto corte de 2023. Y esa distinción es fundamental, porque una cosa es afirmar que el Presidente dejó de reunirse personalmente con un consultor y otra muy diferente es sostener que el consultor dejó de tener cualquier vínculo operativo o político con el entorno gubernamental.
La última visita, además, se produjo el 5 de junio de 2024, más de un año antes de que los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, colocaran a Cerimedo nuevamente en el centro de la escena política argentina. En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia y negó haber sido quien grabó y filtró esos audios, mientras que posteriormente las declaraciones de Nadia Beller volvieron a ubicarlo dentro de una trama de relaciones políticas que alcanza a distintos actores de la derecha regional.
La importancia de reconstruir estos movimientos no reside entonces en transformar un registro de ingresos en una conclusión que los documentos no permiten sostener, sino exactamente en lo contrario: poner límites a la versión política y dejar que los datos establezcan hasta dónde llegó el vínculo. Cerimedo no aparece en Olivos, pero sí aparece trece veces en Casa Rosada; no todos sus ingresos fueron autorizados por las mismas personas, pero entre quienes habilitaron su entrada aparecen nombres centrales del primer gobierno de Milei; y la última visita no ocurrió en diciembre de 2023, sino seis meses después, con Santiago Caputo como autorizante.
En política, los registros administrativos suelen tener una virtud que las declaraciones públicas no siempre conservan: permiten reconstruir la secuencia de los hechos. Y en el caso Cerimedo, esa secuencia muestra que la historia del operador que supuestamente quedó afuera del Gobierno con el cierre de la campaña de 2023 no coincide exactamente con lo que ocurrió en Balcarce 50. Durante el primer semestre de 2024 siguió entrando a la sede del Ejecutivo, fue recibido por funcionarios de primera línea y participó incluso de reuniones vinculadas con posibles inversiones. El último ingreso quedó asentado bajo la autorización de Santiago Caputo. Después, efectivamente, desapareció de los registros. Pero para entonces habían pasado seis meses desde la llegada de Milei al poder y ya existía una historia de acceso institucional que los discursos posteriores no pueden borrar.
YPF aceptó la oferta de Edenor por Metrogas y cerró una de las operaciones más importantes del sector energético. La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció USD 780 millones por el paquete de la petrolera estatal y se impuso en el proceso organizado por Citigroup.
La operación tiene una sorpresa. Edenor no compra solamente el 70% de Metrogas. YPF también le vende su 5% directo en MetroENERGÍA, la comercializadora de gas controlada por la propia Metrogas. El hecho relevante enviado este lunes a la CNV confirma que YPF se desprende de la totalidad de sus participaciones en ambas sociedades.
La propuesta fue aprobada por el directorio de YPF este lunes y todavía debe superar las autorizaciones regulatorias. Entre ellas, la del descabezado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en concurso de autoridades. Es un detalle importante porque la operación vuelve a colocar en el centro una vieja discusión sobre concentración e integración vertical en el mercado energético.
Manzano llegaba con ventaja a la definición. Ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y en el sector energético se sabía que Edenor había presentado la oferta económica más agresiva. Finalmente fueron USD 780 millones. Una cifra considerable para quedarse con el control de una empresa cuya capitalización bursátil completa se ubicaba alrededor de los USD 800 millones.
YPF no se está sacando de encima un problema. Metrogas es la mayor distribuidora de gas del país, tiene alrededor de 2,5 millones de clientes y concentra cerca del 28% del mercado. Además, es superavitaria. La recomposición tarifaria mejoró fuerte sus resultados, redujo el endeudamiento y permitió que volviera a distribuir dividendos después de más de dos décadas.
Los últimos datos publicados por la propia compañía muestran ventas netas por USD 836,6 millones en 2025, un EBITDA de USD 176,4 millones y una utilidad neta de USD 91 millones.
La explicación oficial de Horacio Marín es otra. YPF afirmó que la venta forma parte de la estrategia de «optimizar su portafolio de activos» y concentrar inversiones en Vaca Muerta, con el objetivo de convertirse en una compañía shale de escala global. En el comunicado que anunció la operación, la petrolera no presentó la venta como consecuencia de una obligación legal de desprenderse de Metrogas.
Ese silencio no es menor. Como contó LPO, alrededor de Metrogas existe desde hace años un laberinto regulatorio. La Ley 24.076 limita la integración vertical entre productores y distribuidores de gas y ese criterio fue utilizado para cuestionar que YPF controlara Metrogas. Pero la historia tiene una vuelta bastante incómoda: en 2013, cuando YPF ya estaba nuevamente bajo control estatal, el propio Enargas autorizó la operación mediante la cual la petrolera pasó a controlar indirectamente el 70% de la distribuidora.
Años después, el regulador cambió el criterio y exigió a YPF adecuar su participación accionaria. La petrolera discutió esa interpretación y sostuvo que había adquirido Metrogas con las autorizaciones correspondientes. Por eso, presentar la venta como el simple cumplimiento de una obligación legal es, como mínimo, incompleto. Hay normas y decisiones regulatorias cruzadas y una autorización específica de 2013 que complica bastante esa lectura.
El punto adquiere otra dimensión porque YPF está entregando una empresa rentable. No es una privatización para tapar un agujero. Metrogas genera caja, domina el mayor mercado residencial de gas del país y tiene por delante la posibilidad de extender durante otros veinte años una licencia que vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó esa prórroga.
Pero la verdadera novedad del paquete está en MetroENERGÍA. La sociedad fue creada para operar en el mercado desregulado y comercializa gas a grandes usuarios. El 95% pertenece a Metrogas y el 5% restante estaba directamente en manos de YPF. Con la operación anunciada este lunes, Edenor compra también ese 5%. Es decir, no se lleva solamente los caños que distribuyen el gas: entra también en el negocio de comercializarlo.
Ahí aparece una curiosidad regulatoria difícil de pasar por alto. La integración vertical que durante años se le cuestionó a YPF y que funcionó como argumento para que se desprendiera de una compañía superavitaria no parece despertar el mismo celo cuando la cadena queda en manos privadas.
Manzano ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Ahora suma el control de Metrogas y, a través de ella, de MetroENERGÍA. El grupo queda así parado sobre distintos escalones del negocio energético: comercialización de gas, distribución de gas y distribución de electricidad. El gas, además, es uno de los principales combustibles utilizados para generar la electricidad que después circula por las redes de Edenor.
El mapa puede extenderse todavía más, aunque allí conviene distinguir propiedad de asociación empresaria. Manzano mantiene estrecha relación con Mercuria a través de Phoenix Global Resources. El trader suizo avanzó sobre los activos de Raízen en Argentina, que incluyen la red de estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y terminales de combustibles.
Y las estaciones tienen un valor que ya no termina en el surtidor. Son uno de los lugares naturales para desplegar cargadores rápidos de vehículos eléctricos. La electromovilidad abre así una nueva frontera donde pueden volver a encontrarse las redes eléctricas, los grandes comercializadores de energía y las estaciones de servicio.
La operación de Metrogas deja entonces una pregunta para el regulador. Si la integración vertical era un problema suficientemente serio como para reclamar durante años que YPF abandonara el control de una empresa superavitaria, deberá explicar dónde coloca ahora la línea roja cuando el comprador ya controla Edenor y suma Metrogas y su comercializadora de gas.
YPF, mientras tanto, se queda con los USD 780 millones y concentra sus fichas en Vaca Muerta. Manzano se queda con una compañía rentable, 2,5 millones de clientes y otra pieza de un tablero energético que ya abarca buena parte del AMBA. .
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