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ARGENTINA ES TOP DE CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS EN EL MUNDO

Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año .

Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a diez cucharaditas y tomando un vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de ese valor. Limitando el consumo de gaseosas y aumentando el consumo de agua segura prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS – institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y uno de los investigadores principales del estudio.

Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.

De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.

El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen. En nuestro país, el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar.

El sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado.

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    El agua, el recurso que marcará las próximas décadas: por qué los expertos hablan de una nueva geopolítica mundial

     

    El cambio climático, el crecimiento de la población y el aumento de la demanda industrial están transformando al agua dulce en uno de los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI. Organismos internacionales advierten que la disputa ya no pasa solamente por el petróleo o los minerales: garantizar el acceso al agua será uno de los grandes desafíos económicos, ambientales y políticos del futuro.

    Por Redacción de NLI

    Durante gran parte del siglo XX, la energía fue considerada el principal recurso estratégico para el desarrollo de los países. Petróleo, gas y, más recientemente, litio y tierras raras dominaron buena parte de las discusiones geopolíticas. Sin embargo, en los últimos años comenzó a consolidarse otro diagnóstico entre científicos, economistas y organismos internacionales: el agua dulce podría convertirse en uno de los bienes más disputados de las próximas décadas.

    Aunque el planeta está cubierto en un 70% por agua, apenas una pequeña fracción es apta para el consumo humano. A esa limitación natural se suman el cambio climático, la contaminación de ríos y acuíferos, el crecimiento demográfico y una demanda cada vez mayor por parte de la agricultura, la industria y las ciudades.

    El resultado es un escenario donde el acceso al agua dejó de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse también en un asunto de seguridad, desarrollo económico y soberanía.

    Un recurso que parecía infinito

    Durante mucho tiempo predominó la idea de que el agua era un bien prácticamente inagotable.

    Sin embargo, las sucesivas sequías registradas en distintas regiones del mundo, la reducción de glaciares, el descenso del caudal de grandes ríos y la sobreexplotación de acuíferos comenzaron a modificar esa percepción.

    La agricultura consume cerca del 70% del agua dulce utilizada por la humanidad, seguida por la industria y el consumo doméstico. A medida que aumenta la población mundial y crece la producción de alimentos, la presión sobre ese recurso también se incrementa.

    En paralelo, los fenómenos climáticos extremos alteran los ciclos hidrológicos y vuelven más frecuentes tanto las inundaciones como los períodos prolongados de escasez.

    América del Sur, una región estratégica

    En ese contexto, América del Sur ocupa un lugar privilegiado.

    La región concentra algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, entre ellas el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de grandes cuencas hidrográficas y extensos sistemas de humedales.

    Argentina posee, además, importantes reservas glaciares en la Cordillera de los Andes y una vasta red de ríos que forman parte de su patrimonio natural.

    Para especialistas en recursos hídricos, esa riqueza implica una enorme oportunidad, pero también una responsabilidad creciente en materia de preservación y planificación.

    El desafío de administrar un recurso estratégico

    El agua no solo resulta indispensable para el consumo humano.

    También condiciona la generación de energía, la producción agropecuaria, la minería, la industria alimentaria y prácticamente todas las actividades económicas.

    Por eso, numerosos países comenzaron a incorporar la seguridad hídrica como un componente central de sus estrategias de desarrollo.

    En Argentina, el debate todavía aparece fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos, mientras especialistas plantean la necesidad de construir políticas de largo plazo que contemplen tanto la protección de las fuentes de agua como el uso eficiente del recurso.

    La discusión ya no pasa únicamente por preservar el ambiente. También involucra la capacidad de un país para administrar uno de los activos estratégicos más importantes que tendrá durante el siglo XXI.

    El cambio climático acelera todos los escenarios

    Los informes científicos coinciden en que el calentamiento global intensificará muchos de los problemas existentes.

    Sequías más prolongadas, lluvias más intensas y modificaciones en los patrones climáticos obligarán a adaptar la infraestructura, la producción agrícola y los sistemas de abastecimiento de agua.

    Ciudades que durante décadas no enfrentaron problemas de suministro comenzaron a revisar sus redes de distribución, mientras regiones tradicionalmente agrícolas deben modificar cultivos y técnicas de riego para adaptarse a nuevas condiciones.

    La gestión del agua dejó de ser un tema reservado a ingenieros hidráulicos para convertirse en una cuestión transversal que involucra economía, salud pública, energía y planificación territorial.

    Un debate que trasciende al ambiente

    Cada vez más analistas sostienen que el agua será uno de los recursos que definirá el equilibrio internacional durante las próximas décadas.

    No se trata solamente de evitar la escasez, sino de garantizar que un recurso indispensable para la vida permanezca bajo criterios de sustentabilidad y acceso equitativo.

    Para un país como Argentina, que cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce del mundo, el desafío consiste en comprender que ese patrimonio natural no representa únicamente una ventaja ambiental. También puede convertirse en un factor decisivo para su desarrollo, siempre que exista una estrategia capaz de protegerlo, administrarlo y aprovecharlo en beneficio del conjunto de la sociedad.

     

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  • La derogación del decreto del practicaje potenció la interna entre la Armada y Prefectura

     

     El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos. 

    La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.

    El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval. 

    Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica. 

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    «¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación. 

     La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad. 

    ¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido

    El fallido decreto impulsado por Sturzenegger  trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna. 

    Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.

    En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema. 

    La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.

    Un informe de las navieras destroza la desregulación de Sturzenegger: «Afecta la industria, la recaudación y el empleo»

    Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función. 

    El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.

    Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.

    En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO. 

    Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado. 

    La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales». 

    Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».

    «Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.

     

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