APAN, OCHO AÑOS DE CARIÑO Y COMPROMISO CONSTANTE

El 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., el titular de la FIFA, Gianni Infantino, encabezó el sorteo de la Copa del Mundo, distribuyendo los caminos de 48 selecciones. Tan solo dos meses más tarde, mientras las selecciones organizaban los preparativos para su estadía en el continente americano, aviones de combate estadounidenses e israelíes habían sobrevolado varias ciudades de Irán y bombardeado lo que los comunicados militares llaman, con peculiar pudor, “objetivos estratégicos”. Los muertos comenzaron a contarse de a miles, entre civiles, jerarcas gubernamentales y militares. El líder supremo, Alí Jameneí, también fue una de las bajas. Unos días después, Donald Trump escribió en su red social que quizás era mejor que la selección iraní no participara del Mundial «por su propia seguridad».

Irán quedó en el Grupo G. Sus tres partidos serán en Los Ángeles y Seattle, ciudades del país que dos semanas antes del sorteo había bombardeado su territorio. Una vez iniciada la guerra, Infantino aclaró que había hablado personalmente con Trump y que los partidos se jugarían donde el sorteo indicaba. A Trump, sin embargo, no pareció importarle demasiado. El gobierno estadounidense le negó a la delegación persa la posibilidad de alojarse en territorio norteamericano. El gobierno mexicano respondió ofreciéndole a Irán concentrar en Tijuana y cruzar la frontera para cada encuentro.

Traducido a imagen global, esto significa que el país que con restricciones para ingresar a Estados Unidos será recibido por el país al que Washington le exige militarizar su frontera. El Mundial produce, sin que nadie lo haya planificado así, una solidaridad involuntaria entre las dos naciones amedrentadas por la prepotencia trumpista.

El conflicto en Medio Oriente combina las características de las guerras tradicionales en las que los beligerantes son Estados, los objetivos son geopolíticos o ideológicos y se utilizan Fuerzas Armadas regulares, con la plasticidad y la ambigüedad de las guerras del siglo XXI. Por caso, Estados Unidos nunca declaró formalmente la guerra a Irán. Hubo drones, misiles de precisión, comunicados del Pentágono hablando de “operaciones quirúrgicas sobre infraestructura militar”, pero no hubo discurso ante el Congreso, no hubo resolución ni aprobación legal. La guerra moderna se diagrama con Inteligencia Artificial, se lanza desde pantallas, se justifica con eufemismos técnicos y se da por terminada cuando el presidente le escribe una carta al Congreso diciendo que “las hostilidades han concluido”, mientras mantiene un bloqueo naval sobre el enemigo.

El gobierno de Suiza —país donde la FIFA tiene su sede, tributa sus impuestos y descansa su paraguas jurídico— calificó la ofensiva estadounidense como un caso de uso injustificado de la fuerza, contrario al derecho internacional. La casa madre del fútbol global, sin embargo, no emitió ningún comentario al respecto.

A esto se suman las incongruencias del sistema internacional: el mismo gobierno que ataca militarmente a un país está obligado, por contrato con un organismo internacional, a garantizar visas de entrada, seguridad operativa y cancha en condiciones para los jugadores del país agredido.

A su vez, la FIFA, que prohíbe en sus estatutos cualquier forma de “interferencia política” en el fútbol, negocia esas garantías con el Departamento de Estado de la potencia en guerra a la par que entrega a su presidente el Premio de La Paz de la FIFA.

La FIFA lanzó para este Mundial la campaña “El fútbol une al mundo”.

Hay un mito fundacional que da forma a ese eslogan. En la noche del 24 de diciembre de 1914, en la frontera entre Francia y Bélgica se desarrollan las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Soldados alemanes y británicos salen de sus trincheras, cruzan la “tierra de nadie” e improvisan, rodeados de cadáveres, alambrados y minas antipersona, un partido de fútbol. La tregua dura hasta la mañana del 26 de diciembre. Aunque la guerra continuó, el partido quedó en la memoria colectiva como un símbolo de que en el fútbol hay una confraternidad que antecede a las banderas y los tratados. Un lenguaje, una suerte de esencia humana que los Estados no pueden controlar.

La historia de la relación entre el fútbol y los conflictos armados es, sin embargo, un poco menos romántica. En julio de 1969, Honduras y El Salvador llevaban años acumulando tensiones por disputas territoriales y migratorias. Las eliminatorias para el Mundial de México 1970 actuaron como un disparador. Tres partidos, disturbios en las tribunas, muertos, ruptura de relaciones diplomáticas. El 14 de julio, cuatro días después del partido decisivo, El Salvador invadió Honduras. El conflicto dejó entre dos y cuatro mil muertos.

El periodista y escritor polaco, Ryszard Kapuscinski, llegó a Tegucigalpa horas antes de que comenzara la guerra y la convirtió en uno de los grandes reportajes del siglo XX. Tituló a su libro La Guerra del Fútbol.

Algo parecido sucedió en los estadios de Yugoslavia, a finales de los años ochenta. Las hinchadas del club serbio Estrella Roja y el croata Dinamo Zagreb se enfrentaban con una violencia que vaticinaba la guerra étnica que vendría. Željko Ražnatović, líder de la barra del Estrella Roja, se convertiría luego en el comandante de los “Tigres”, una unidad paramilitar acusada de cometer crímenes de guerra. El mismo Ražnatović declaró que la guerra civil no la iniciaron ni los políticos ni los militares, sino los hinchas en el partido contra el Dinamo. Al igual que en América Central, el fútbol fue el espacio donde la guerra tomó forma antes de ser guerra.

Otro caso que la taxonomía del fútbol y la política no puede ignorar es Argentina 1978. Es bien sabido que la Junta Militar usó el torneo como plataforma de legitimación internacional. El Mundial debía mostrarle al mundo un país ordenado, moderno y capaz. La selección argentina ganó el campeonato en un estadio a pocas cuadras de donde funcionaba la ESMA. La FIFA nunca dijo nada.

Así, el Mundial 78 mostró el arquetipo de un Estado que usa el deporte como pantalla para ocultar lo que le hace a su propia población. Más acá en el tiempo, el 7 de abril de 2017, las selecciones femeninas de Corea del Norte y Corea del Sur disputaron en Pyongyang el primer partido oficial entre ambos jugado en territorio norcoreano. Técnicamente, los dos países siguen en guerra, ya que el armisticio de 1953 nunca fue reemplazado por un tratado de paz. El estadio Kim Il Sung recibió a cuarenta mil personas. Por primera vez en la historia, la bandera de Corea del Sur fue izada en un escenario deportivo norcoreano. Esa misma semana, Pyongyang había lanzado un misil en aguas japonesas. Las autoridades surcoreanas declararon que “la seguridad de las jugadoras nunca se vio amenazada”. El partido terminó 1 a 1. El de las dos Coreas es el antecedente más directo que existe para lo que va a ocurrir en Los Ángeles en junio de 2026. Dos países en guerra y un partido oficial en territorio de uno de los contendientes.

El Mundial 2026 tiene dos particularidades: es la primera vez en la historia que será organizado por tres países y el primero que tendrá 48 participantes.

En sintonía con el eslogan de “El fútbol une al mundo”, la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá fue votada mayoritariamente en el Congreso de la FIFA de 2018 con el nombre oficial de “United 2026”. El eslogan pretendía dejar de manifiesto que los tres países comparten algo más que una región. Hay que remontarse treinta años atrás para entender los albores del proceso integracionista de América del Norte.

El 1 de enero de 1994, el mismo día en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en armas en Chiapas en protesta por lo que vendría, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA). El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari lo celebró como “un logro pionero en negociaciones comerciales que establecerá tendencias futuras en la región y en el mundo”. Bill Clinton, que había peleado en el Congreso para conseguir los votos necesarios, sostuvo: “Nuestra seguridad nacional ahora será determinada por nuestra capacidad de derribar barreras comerciales extranjeras”. Una buena síntesis de la visión globalization friendly que primaba en los años de la posguerra fría.

Para México, la experiencia produjo, tres décadas después, una dependencia estructural que ningún canciller mexicano puede ignorar. El 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Más que un dato de comercio exterior, esa cifra marca el límite real de la autonomía azteca en el ámbito internacional. En buena medida, explica por qué México militarizó su frontera sur cuando Washington lo exigió, aunque eso implicara contener migrantes centroamericanos con los mismos métodos que denuncia en su propia frontera norte. Explica también por qué los presidentes del partido político MORENA —Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum— proclaman una política exterior más independiente, pero negocian con más cuidado que confrontación. Y explica también algo que transformó la geografía política de América Latina: al entrar definitivamente en la órbita de influencia estadounidense, México fue perdiendo su rol histórico de contrapeso regional y resistencia latinoamericanista.

Argentina perdió un aliado tradicional en sus disputas con Washington y en la moderación de la influencia brasileña en Sudamérica. Brasil, en consecuencia, respondió profundizando su proyecto de integración sudamericana, mediante el Mercosur y luego, con la Unasur. La premisa era que si México ya era parte indefectible de América del Norte, Sudamérica tenía que construir su propio bloque.

Trump llegó a la presidencia denunciando el mismo acuerdo que Clinton había celebrado. En su primer mandato, forzó a una renegociación del NAFTA, que pasaría a ser rebautizado como T-MEC. En su segunda presidencia volvería a la carga y denunciaría que México y Canadá “se han aprovechado de Estados Unidos por 40 años. (…) No pueden llegar aquí y robarse nuestro dinero, robarse nuestros empleos, tomar nuestras fábricas y tomar nuestros negocios y esperar que no sean castigados”. Los aranceles del 25% fueron su respuesta. En retrospectiva, la candidatura tripartita para organizar la Copa del Mundo terminó siendo el último acto de fe en un proyecto que está siendo dinamitado por su arquitecto.

El conflicto entre Estados Unidos y Canadá es aún más sorprendente, tanto por la intensidad del vínculo como por los elementos culturales en común. Además, la integración tiene una expresión deportiva perfecta: la Major League Soccer, que desde su fundación incluyó franquicias canadienses y estadounidenses compitiendo en la misma liga. Toronto FC, Vancouver Whitecaps y CF Montreal juegan contra New York City FC y LA Galaxy con la misma naturalidad con que comparten mercado y cultura popular. Un buen ejemplo de que “el fútbol une”. Todo eso cambió con una velocidad que desconcertó a los propios canadienses.

Los aranceles comerciales y la amenaza de convertir a Canadá en el “Estado 51” por parte de Trump fueron replicados con la aparición de etiquetas “Hecho en Canadá” como señal de identidad política y el abucheo del himno estadounidense en partidos de hockey de la NHL (otra liga en la que participan equipos de ambos países). Una encuesta de 2025 reveló que el porcentaje de canadienses que consideran a Estados Unidos una amenaza principal para su país se había triplicado desde 2019. El antiamericanismo que hoy prima en Canadá no tiene precedentes en la memoria de nadie que viva en ese país.

Cuando se aprobó la candidatura en 2018, pocos pensaron que el Mundial que iba a actuar como símbolo de la integración en América del Norte se terminaría jugando en el momento de mayor tensión histórica entre sus co-anfitriones.

La FIFA tiene 211 miembros. La ONU tiene 193. La casa madre del fútbol reconoce selecciones que existen en el mundo del fútbol antes de existir en el mundo de los tratados. Sumado a ello, la FIFA tiene su propio poder legislativo, ejecutivo y judicial, su propio código de ética y tributación reducida bajo el código civil suizo. No tiene ejército, pero sí el control monopólico sobre un bien simbólico que ningún Estado puede producir por sí solo. No hay fútbol internacional fuera de la FIFA. Y eso la vuelve un actor privado transnacional con enorme poder sobre las autoridades de sus Estados asociados. Por caso, cuando la casa madre suspende a un país, ese país desaparece del fútbol mundial con una completitud que ninguna sanción diplomática convencional puede igualar.

El principio está escrito en los artículos 15 y 19 de sus estatutos: las federaciones nacionales deben garantizar su “independencia y prevención de injerencias políticas” y actuar “sin la injerencia de terceros”. El incumplimiento puede derivar en desafiliación definitiva. Volviendo al mantra del Mundial, para la FIFA, la política no puede romper lo que ha sido unido por el fútbol.

Nigeria fue suspendida en 2010 porque el presidente del país sancionó al entrenador de la selección y en 2014 por un proceso judicial que limitó las capacidades de su federación. Sri Lanka fue suspendida en enero de 2023 por interferencia gubernamental en las elecciones de su comité ejecutivo. Zimbabue y Kenia fueron sancionadas simultáneamente en febrero de 2022 porque sus ministerios de deportes disolvieron las asociaciones nacionales. Cuando el gobierno de Javier Milei intentó imponer las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, la FIFA le recordó que cualquier modificación estatutaria impuesta por el Estado podría derivar en la desafiliación inmediata. El gobierno retrocedió. El mecanismo funciona porque la amenaza es creíble.

Pero en la orbe del fútbol las calles son de doble mano. Por un lado, la FIFA les prohíbe a los gobiernos intervenir en el fútbol y, por otro, les exige condiciones que ningún Estado soberano aceptaría de otro Estado. Exenciones fiscales, cesión de jurisdicción a tribunales internacionales o modificación de normativas laborales son algunas de ellas. México firmó garantías de 93 páginas, en inglés, que conceden amplias exenciones fiscales a la FIFA y entidades vinculadas al Mundial 2026. Fue el único de los tres co-anfitriones que entregó exención fiscal total. Canadá negoció y Estados Unidos impuso sus condiciones. Aunque los tres aparecen en los afiches, publicidades y álbumes del Mundial, el precio que pagó cada uno fue distinto. Esto también se tradujo en los partidos que alberga cada país: mientras que en Estados Unidos se disputarán 78 encuentros (incluyendo los de eliminación directa y la gran final), México y Canadá organizarán 13 partidos cada uno.

El fútbol también refleja las asimetrías del poder global.

La secuencia de los Mundiales de Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018 es, en ese sentido, elocuente. Tres países del grupo BRICS, tres economías emergentes que en la primera década del siglo XXI se volvieron emblemáticas de las transformaciones del orden internacional. Durante aquellos años, la Copa del Mundo se había vuelto el espejo de un mundo cada vez más multipolar.

Hay quienes sostienen que la irrupción de Trump es, en gran medida, una respuesta al ascenso de China y la pérdida de poder de Estados Unidos. En este marco, las guerras comerciales y el creciente uso del poder militar son indicadores de una potencia que busca retrasar (o revertir) su declive y su merma de competitividad en la economía global.

Que la Copa del Mundo vuelva a ser organizada por Estados Unidos puede ser leída en un doble sentido (geo) político: como una señal de la primacía global que pretende recuperar Estados Unidos; y también una señal sobre cómo funciona la FIFA en el sistema internacional. A diferencia de lo que ocurre con organismos como la ONU, donde el poder de los Estados se traduce directamente en capacidad de veto y de bloqueo, la FIFA opera, en teoría, de otra manera: permite a todos (grandes y pequeños, poderosos y débiles) sentarse a la misma mesa, con el mismo poder de voto, aunque en la práctica, grandes y pequeños, poderosos y débiles no son iguales. México firmó un contrato con condiciones que Estados Unidos nunca habría aceptado. De igual forma, que el FBI haya liderado la investigación que destapó el megaescándalo de corrupción conocido como FIFAgate en 2015 constituye un antecedente difícil de ignorar al analizar la posterior designación de Estados Unidos como sede principal del Mundial 2026 y la disparidad (organizativa y contractual) respecto de México y Canadá.

El 11 de junio de 2026, en el estadio Azteca de Ciudad de México, se jugará el partido inaugural. Es el único estadio del mundo donde se han disputado dos finales mundialistas. Es también el estadio donde Diego Maradona hizo el gol de todos los tiempos, cuatro años después de la Guerra de Malvinas, en el partido que todo el mundo recuerda como una revancha que el fútbol procesó de una manera que la diplomacia no podía. El Azteca sabe de fútbol y política.

Afuera del estadio habrá hinchas de todo el mundo. Iraníes que no pudieron entrar a territorio estadounidense. Canadienses que llegaron al país que intenta anexarlos. También algunos otros deportados por el ICE. Lo que esos hinchas van a compartir, sin saberlo del todo, es el producto final de un sistema en el que los Estados ceden soberanía a un organismo privado para obtener el derecho de existir en el imaginario global, en el que ese organismo proclama su neutralidad como herramienta de poder y en el que las jerarquías que el fútbol promete suspender reaparecen a la hora de organizar cada Mundial.Kapuscinski llegó a Tegucigalpa horas antes de que empezara la guerra y escribió sobre lo que el fútbol puede desatar cuando las tensiones ya no tienen otra salida. En 2026, el espacio es más grande, las cámaras son más numerosas y los intereses en juego son incomparablemente mayores. Lo que el Mundial va a encontrar cuando abra sus puertas en el Azteca es un mundo que no está esperando que el fútbol lo una. Está esperando, con distintos grados de esperanza y escepticismo, que lo que pase afuera de la cancha no dependa de hacia dónde salga la redonda.

La entrada El bien y el mal definen por penal se publicó primero en Revista Anfibia.

 El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.

La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.

El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.

Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.

La agonía de la industria o cómo destruir un sector

La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.

El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.

El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular. 

Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.

La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.

En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador. 

«La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.  

Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.

La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.

El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado. 

El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.

El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización. 

Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.

El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri recorrieron el miércoles la calle Libertad, donde se trabaja en la construcción del boulevard y el recambio de luminarias a luces LED. Además ya se completó el retiro de la carpeta asfáltica existente y se proseguirá en otras…