APAN, OCHO AÑOS DE CARIÑO Y COMPROMISO CONSTANTE
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APAN, OCHO AÑOS DE CARIÑO Y COMPROMISO CONSTANTE

Llegamos al refugio canino APAN (asociación protectora de animales), cuando las colaboradoras ya habían terminada con la jornada de trabajo. Estaban en el refugio desde las 6:30 am, principalmente en verano se intenta ir bien temprano ya que durante la tarde el calor es sofocante, la atención para los refugiados es de lunes a lunes, todos los días del año.  

Habitualmente participan dos o tres voluntarias por día un promedio de dos o tres días por semana. En el refugio habitan alrededor de 90 perros, el espacio de cada uno de ellos se divide en caniles individuales o como máximo de a cuatro animales, hay más de 30 caniles. Ésta división no es al azar, en el refugio hay perros con distintos niveles de agresividad, es por eso que se agrupan o se separan dependiendo de su interacción con los demás. Inclusive muchos de los animales tiene una medicación fija diaria o bien están internados en veterinarias de colaboradoras profesionales.

Todos los días  se limpian todos los caniles, se saca la materia fecal, se da la comida y se cambia el agua. “Esto se hace con mucho cariño pero principalmente con mucha responsabilidad, sin uno de estos dos factores es imposible hacer un voluntariado como este” enfatizan las chicas de APAN.

LTA: Lo primero que nos gustaría que aclaren es qué diferencia hay entre perrera y refugio? Siendo que APAN es un refugio.

Las perreras eran organismos municipiales que antes eran legales, se enjaulaba los perros tres días y si nadie los reclamaba los mataban, hoy ya no se practica ese método como control de la población. En este mismo lugar donde tenemos el refugio se practicaba la eutanasia, hoy peleamos para que los perros tengan una vida digna. En la sociedad la perrera esta asociada a un organismo estatal y se cree que el refugio depende de la municipalidad entonces para ellos nosotros somos una perrera y ahí se confunden. Hay que insistir que cada uno debe hacerse responsable de sus animales.

LTA: Creció la población del refugio en el último tiempo?

Nosotros mantenemos la población, tenemos una determinada capacidad, bajo un estatuto y un convenio de mantener la capacidad del refugio. Porque implica un costo altísimo, cada canil tiene un valor de alrededor de 30 mil pesos, en verano se sirven 40 kilos de alimento por día y en invierno 60 (3 bolsas), un trabajo enorme y diario que no podemos dejar de hacerlo porque hay que ser constante, por estos motivos no superpoblamos el refugio. En casos muy excepcionales y necesarios podemos permitir el ingreso de algún animal. Eso sí, la población nunca baja.

Nuestro objetivo es que los animales que están acá estén bien, vivan de una manera digna. Hay animales que están hace mas de diez años, hay perros que fundaron APAN en el corralón municipal. Básicamente una cuestión de costo no permite un refugio más grande. El convenio que tenemos con el municipio cubre aproximadamente un 10% del gasto fijo.

APAN: Cuál es el ritmo de circulación de los perros en APAN? Cuánto tiempo pasan en el refugio?

La gente quiere que le saques el problema de encima, la mayoría de los perros del refugio no son adoptables, la gente no los elige, suelen pedir perros chiquitos y los del refugio suelen ser perros grandes, mestizos, comunes. Nosotros exigimos que quien se los lleve los tenga mejor que acá. Este año habremos dado 3 perros en adopción. Un porcentaje muy bajo. Si hubiese un recambio sería distinto. El trabajo de conciencia se empezó a generar hace algunos años pero todavía no abarca a la sociedad toda.

LTA: Se han implementado a lo largo de este tiempo sistemas de concientización en las escuelas?

Este año en educación incluyeron una materia en la que hacen proyectos para concretar en conjunto. Seis colegios han trabajado con nosotros. Fue uno de los años  más productivos debido al interés de los chicos y los profesores. Ahí está la clave. Los mismos chicos eligieron el refugio y han hecho proyectos muy buenos, han plantado árboles, armado cuchas, vendido manzanas para recaudar dinero, donado alimento, el día de limpieza dejamos el refugio hermoso. Eso nos enorgullece.

LTA: Cómo solventan los elevados gastos del refugio?

Recibimos un subsidio municipal de 8 mil pesos mensuales, eso nos cubre una semana de alimento para los más de 80 animales del refugio en verano, cuando se come 1/3 menos que en invierno. Después contamos con la colaboración de los socios (con cuotas de 100 pesos) que son muy importantes y lo que resta lo juntamos con las actividades (rifas, eventos, venta de productos, etc) que generamos todos los meses para recaudar.

Agradecemos especialmente al señor Carmona (quien presta el servicio de camión para transportar agua) y a Zavecom (brinda el servicio de containers para tirar la basura) que nunca nos cobraron y siempre están bien predispuestos.

LTA: Cómo se resuelven las peleas entre los animales?

Hemos aprendido con el paso del tiempo, lo primero es no meter las manos ni acercar la cara, hay que tratar de separarlo con algún objeto y si los perros no se sueltan hay que agarrarlos de las patas traseras y mantener hasta que se separen por cansancio. Para esto es necesario que haya al menos dos personas. Cuando se agotan se sueltan solos. Nos hemos encontrado con peleas en manadas de cinco perros contra uno, y meterte ahí es muy peligroso.

Las instalaciones que fuimos mejorando son fundamentales, nos brindan la posibilidad de tener más resguardo ante estos hechos. Cuando se ingresa un animal nuevo de alguna manera corrompe el status quo dentro del refugio, es muy difícil que los acepten sin problemas. Durante el 2018 no se murieron perros por peleas. Antes era muy común. Nos ha pasado de encontrar cachorritos muertos, porque la gente viene y los tira dentro de los caniles, eso es prácticamente dictarles sentencia.

El comportamiento de un animal está mediado por una parte genética que es el 30% y el resto, el 70% tiene que ver con la crianza, lo que aprende de sus dueños.

LTA: Para trabajar en el refugio, es más complejo el verano o el invierno?

El verano es algo más complicado, primeramente tenemos continuos problemas con el abastecimiento del agua, después aparecen en mayor cantidad los parásitos (internos y externos), mucha garrapata, sarna, el calor también influye, aumenta las posibilidades de infecciones en lastimaduras. En el verano se requiere más trabajo.

Cuando terminamos la entrevista y ayudamos a cerrar los portones, uno de los perros empezó a aullar, y poco a poco se fueron sumando todos, se activan las alarmas. Las chicas se van, ellos saludan, como cuando llegan. El aullido para los lobos es la unión con la manada, sin dudas los perros del refugio consideran a los voluntarios parte de su manada, es por eso que al irse, todos los días del año las/os apaneras/os reciben esa cálida despedida con un sentimiento inequívoco de ser parte de una gran familia.

«Si te interesa participar como voluntario/a; realizar algún aporte económico; participar del mantenimiento y mejoras; entre otras cosas… no dudes en contactarte con APAN a través de su Fan Page en Facebook»

@APAN Villa Regina

Compaginación de videos y entrevista: Hernan Ermantraut
Texto: Emiliano Piccinini
Portada: Hernan Ermantraut

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    SÚPER RIGI: El país que quiere convertirse en potencia de inteligencia artificial: ¿negocio tecnológico o nuevo enclave energético?

     

    El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?

    Por Ignacia Fratelint para NLI

    La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.

    La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.

    La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad

    Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.

    Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.

    El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.

    La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.

    Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.

    Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.

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    Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.

    La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?

    La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.

    Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.

    Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.

    La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.

    Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.

    El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros

    Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?

    La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.

    Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.

    Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.

    En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.

    Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.

    El espejismo de medir el éxito solamente en dólares

    El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.

    La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.

    El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.

    Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.

    La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.

    Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.

    Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.

    La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI

    El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.

    Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.

    Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.

    El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.

    La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.

    Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.

    La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.

    El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.

    Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.

     

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Un comentario

  1. Antes q nada felicito a todos los q componen esta asociacion para proteger a los animales y me intrtesaria saber el te y direccion de Apan en neuquen plottier para dos cachorros encontrados muchas gracias

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