APAN, OCHO AÑOS DE CARIÑO Y COMPROMISO CONSTANTE

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.

Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.

Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.

Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.

El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.

Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.

En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.

Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.

Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.

El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.

Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.

Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.

El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.

Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.

«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.

En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.

Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.

Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.

En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.

Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte

La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.

Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.

Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.

«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.

Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.

Los jueces Borinsky y Hornos.

El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».

Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.

«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».

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En la antesala del dato oficial de la inflación de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó anticipar el golpe y blanqueó que el IPC se ubicará por encima del 3%. Lo atribuyó a un shock externo. Más precisamente, al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía. La explicación es directa. La duda, también.

El conflicto en Medio Oriente alteró el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una arteria clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Las dificultades logísticas redujeron la oferta efectiva. Y el precio reaccionó. 

El barril de Brent se mueve en torno a los 100 dólares. Un nivel que no es neutro para ninguna economía importadora de inflación como la Argentina. Porque los precios de las materias prima que exporta se fijan afuera. Como el trigo cotiza en Chicago, el pan también. 

REM: El mercado empeora las previsiones sobre inflación, empleo y crecimiento

Caputo tomó ese dato como explicación y como punto de partida. Dijo que el aumento de marzo responde a ese shock. Y, en paralelo, aseguró que desde abril comienza un proceso de desinflación y crecimiento. Habló de los «mejores 18 meses de la Argentina». Un contraste fuerte con el presente. Y más fuerte aún con el escenario internacional.

Porque no hay señales de que ese shock esté cediendo. Al contrario. Los datos de Estados Unidos funcionan como un anticipo de lo que puede venir. La inflación anualizada fue del 3,3%. Para estándares norteamericanos es alta. Pero además tiene un rasgo clave: estuvo explicada casi en su totalidad por la energía. El petróleo, otra vez, como motor.

Caputo prometió que en abril bajará la inflación, pero en el mes en curso seguirá impactando fuerte la suba del precio de los combustibles.

El detalle técnico es importante. Ese dato releva precios hasta el 22 de marzo. Es decir, capta el primer impacto de la suba de combustibles. Pero todavía no refleja el traslado completo a otros precios. Ni a servicios. Ni al consumo. En términos simples: el efecto de segunda ronda aún no apareció. Por eso, en los mercados creen que no se vio lo peor.

Las proyecciones de los bancos van en esa línea. Goldman Sachs ajustó su escenario para el segundo trimestre: estima un Brent en torno a los 90 dólares si el contexto se estabiliza. Pero advierte que, si la tensión escala, puede subir a una zona de entre 100 y 115 dólares. Mientras que el especialista Fereidun Fesharaki advirtió que el precio del petróleo podría trepar a 150 dólares,  200 dólares o más, si el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

Ese contexto global ya tiene efectos concretos en Argentina. La nafta subió cerca de 23% desde el inicio del conflicto. El impacto se siente en el transporte, en la logística y en toda la estructura de costos. Es el canal más rápido de transmisión del shock externo a la inflación doméstica.

Frente a eso, el Gobierno activó medidas paliativas. YPF decidió frenar los aumentos en surtidores hasta mediados de mayo bajo un esquema de «pacto con sus clientes». Esto quiere decir, que en caso de que el barril baje, el surtidor se mantendrá sin cambios para compensar la medida.  

En paralelo, Caputo suspendió la actualización de los impuestos a los combustibles (ICL). Y autorizó a elevar el corte de bioetanol al 15%, buscando abaratar costos, lo que choca contra la disparada del precio de los fertilizantes. 

Son herramientas defensivas. Buscan amortiguar. «Estamos comprando tiempo», reconoció a LPO un diputado aliado al gobierno.