AMÉN

 

En 1911, décadas antes de la ley de sufragio femenino, Julieta Lanteri consiguió votar en Buenos Aires gracias a una batalla judicial contra un sistema que había dado por sentado que las mujeres no eran ciudadanas.

Por Alcides Blanco para NLI

El 26 de noviembre de 1911, en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista de La Boca, ocurrió algo que para la Argentina de aquel tiempo parecía sencillamente imposible: una mujer se presentó ante una mesa electoral y votó. No fue una escena preparada por el Estado ni una concesión de las autoridades. Fue el resultado de una pelea individual contra una estructura jurídica que había construido la ciudadanía en masculino y que, precisamente por no haber imaginado que una mujer pudiera reclamar sus derechos políticos, había dejado un pequeño resquicio legal. Esa mujer se llamaba Julieta Lanteri y su historia fue durante décadas mucho menos conocida de lo que merece.

Lanteri había nacido en Italia en 1873 y llegó a la Argentina siendo niña. En un país que todavía discutía qué lugar debían ocupar las mujeres en la vida pública, logró ingresar al Colegio Nacional de La Plata y posteriormente estudiar Medicina, una carrera prácticamente vedada para ellas. También obtuvo el título de farmacéutica. Su trayectoria profesional ya era, por sí misma, una ruptura con las convenciones de su época, pero Lanteri no estaba dispuesta a limitar su lucha al ámbito universitario. Entendía que la igualdad no podía existir mientras las mujeres fueran consideradas aptas para estudiar y trabajar, pero incapaces de intervenir en las decisiones políticas.

El día en que descubrió que la ley no decía que las mujeres no podían votar

La historia de su primer voto parece casi un argumento de película porque nació de una lectura minuciosa de una norma. En 1911, la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos a actualizar sus datos para el padrón electoral destinado a las elecciones municipales. Los requisitos establecidos contemplaban edad, residencia, profesión o actividad económica y pago de impuestos, pero no establecían expresamente que el elector debiera ser hombre.

Lanteri entendió inmediatamente la importancia de aquella omisión. No se limitó a reclamar públicamente: recurrió a la Justicia y consiguió ser reconocida como ciudadana e incorporada al padrón. El 16 de julio de 1911 se convirtió en la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino y, meses después, pudo presentarse a votar.

El 26 de noviembre llegó a la mesa ubicada en la parroquia San Juan Evangelista. Los hombres que esperaban para votar observaron sorprendidos cómo aquella mujer se incorporaba a la fila. El presidente de mesa era el historiador Adolfo Saldías, quien recibió su voto. La escena quedó registrada en fotografías que hoy forman parte del patrimonio del Archivo General de la Nación: Lanteri, vestida de blanco y con sombrero, frente a una mesa electoral dominada por hombres.

La imagen tiene una fuerza extraordinaria precisamente porque no muestra una multitud de mujeres reclamando detrás de una bandera. Muestra a una sola mujer parada frente a una institución. Y eso alcanza para explicar la dimensión del desafío.

No hubo una revolución armada, ni una reforma constitucional, ni una multitud ocupando las calles. Hubo una ciudadana que leyó una norma y decidió preguntarse por qué un derecho que la ley no le prohibía expresamente debía serle negado.

La trampa del sistema: cuando cerraron el agujero

El triunfo duró poco. La reforma electoral de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones y vinculó el padrón electoral con los registros militares. La nueva legislación cerró el camino que Lanteri había encontrado. El sistema había aprendido de su propia contradicción: si una mujer podía ser incorporada al padrón porque la norma no decía explícitamente que estaba excluida, entonces había que construir una exclusión más precisa.

Y Lanteri volvió a desafiarlo.

En lugar de aceptar que la puerta se había cerrado, buscó otra. Si las mujeres no podían votar, razonó, había que preguntarse si existía alguna norma que les prohibiera ser candidatas. En 1919 se presentó como candidata a diputada nacional por el Partido Feminista Nacional, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en disputar formalmente un cargo electivo en la Argentina. Su plataforma no era simbólica: proponía derechos laborales, protección de la maternidad, igualdad civil, protección de los hijos y reformas sociales.

Aquello permite comprender que Lanteri no estaba interesada solamente en conseguir que las mujeres pudieran colocar una boleta dentro de una urna. Su proyecto era mucho más amplio: quería transformar a las mujeres de sujetos pasivos de las decisiones políticas en protagonistas de esas decisiones.

En 1910 había participado además de la organización del Primer Congreso Internacional Femenino realizado en Buenos Aires y desarrolló una intensa actividad en defensa de los derechos civiles y políticos. Su militancia incluía cuestiones vinculadas con la educación, el trabajo, la maternidad, la infancia y la lucha contra la trata de mujeres.

El contraste con su época resulta notable. Mientras buena parte de la sociedad todavía discutía si una mujer debía estudiar una carrera universitaria o ejercer determinadas profesiones, Lanteri ya estaba planteando una cuestión mucho más profunda: qué sentido tenía una democracia que excluía políticamente a la mitad de su población.

Una muerte que dejó una pregunta abierta

El final de su vida agregó otra capa de misterio a una historia que ya parecía extraordinaria. Julieta Lanteri murió el 23 de febrero de 1932, cuando fue atropellada por un automóvil en la esquina de Diagonal Norte y Suipacha. Tenía 58 años. La muerte fue considerada oficialmente como un accidente, pero con el tiempo surgieron dudas y sospechas alrededor del episodio, especialmente porque Lanteri había recibido amenazas y mantenía una intensa actividad política. El conductor del vehículo fue identificado como David Klappenbach, vinculado a la Legión Cívica. Las circunstancias nunca quedaron definitivamente esclarecidas.

No corresponde convertir esas sospechas en una certeza histórica que la documentación disponible no permite demostrar. Pero tampoco es necesario borrar la existencia de esas dudas. La muerte de Lanteri quedó rodeada de interrogantes, y su desaparición contribuyó a que durante mucho tiempo su figura perdiera espacio frente a otras protagonistas de la lucha por los derechos políticos de las mujeres.

El sufragio femenino argentino llegaría finalmente décadas después. La ley que reconoció los derechos políticos de las mujeres fue sancionada en 1947 y el voto femenino se ejerció en elecciones nacionales en 1951. Para entonces, Lanteri llevaba casi veinte años muerta.

Pero hay una diferencia fundamental entre esperar a que la historia conceda un derecho y obligar a la historia a discutirlo.

Lanteri hizo lo segundo.

Su primer voto no cambió por sí solo el sistema electoral argentino. Tampoco logró convertirse en diputada. No consiguió que las mujeres votaran inmediatamente ni pudo ver concretada la conquista por la que había luchado. Sin embargo, su gesto dejó expuesta una contradicción que ya no podía ocultarse: una democracia que hablaba de ciudadanía mientras excluía a las mujeres tenía una deuda imposible de disimular.

Por eso aquella fotografía de 1911 conserva una potencia que excede largamente la anécdota. Allí está Lanteri, vestida de blanco, frente a una mesa electoral. A su alrededor, hombres que parecen observar una escena extraordinaria. Para nosotros, más de un siglo después, la situación puede parecer absurda. Pero justamente ahí reside su valor histórico.

Los derechos que hoy parecen naturales casi siempre tuvieron un momento en el que alguien tuvo que desafiar la idea de que eran imposibles.

Julieta Lanteri hizo eso mucho antes de que el Estado argentino estuviera preparado para reconocerlo.

Y quizá por eso su historia no debería recordarse solamente como la de “la primera mujer que votó”. Fue también la historia de una mujer que entendió algo elemental y profundamente revolucionario: que muchas veces el poder se sostiene no solamente por las leyes que existen, sino también por aquellas prohibiciones que todos creen que existen aunque nadie se haya tomado el trabajo de escribirlas.

 

 

El Ejecutivo anticipó que La Libertad Avanza no acompañará en el Congreso las iniciativas destinadas a atender el creciente endeudamiento de los hogares argentinos. Mientras la oposición busca discutir refinanciaciones, límites a los intereses y mecanismos de alivio, el Gobierno insiste en que las deudas son apenas “acuerdos entre privados”.

Por Ignacio Fraticelli para NLI

La crisis del endeudamiento familiar llegó al Congreso y, antes de que siquiera comience formalmente el debate, el Gobierno de Milei ya decidió de qué lado estará. El vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición para aliviar la situación de las familias que no pueden afrontar sus deudas, una definición política que vuelve a colocar al Ejecutivo frente a una contradicción central de su modelo económico: mientras millones de argentinos recurren al crédito para sostener consumos básicos, pagar servicios o simplemente llegar a fin de mes, la respuesta oficial consiste en negar que exista una crisis y trasladar toda la responsabilidad al individuo.

La discusión no es menor ni se reduce a una disputa parlamentaria más. En la acutalidad el problema del endeudamiento alcanza a casi 20 millones de argentinos, mientras que distintas iniciativas legislativas ponen el foco específicamente en los hogares que acumularon atrasos en préstamos, tarjetas de crédito y otros mecanismos de financiamiento. La oposición presentó decenas de proyectos con diferentes alternativas para atacar el problema, desde mecanismos de refinanciación hasta límites sobre los costos financieros, en un contexto donde la morosidad viene creciendo y el crédito dejó de funcionar para buena parte de las familias como una herramienta para proyectar consumo y pasó a convertirse en un recurso para sobrevivir.

Cuando endeudarse deja de ser una elección

Durante décadas, el acceso al crédito fue presentado como uno de los instrumentos centrales de inclusión financiera: una familia podía financiar una compra importante, afrontar una emergencia o distribuir un gasto en el tiempo. El problema aparece cuando el crédito deja de utilizarse para mejorar las condiciones de vida y empieza a utilizarse para cubrir necesidades que el ingreso corriente ya no permite afrontar. Allí la discusión deja de ser exclusivamente financiera y pasa a ser social, porque detrás de cada tarjeta impaga o préstamo refinanciado hay un hogar que perdió capacidad de compra.

Ese fenómeno explica la importancia política de los proyectos que comenzarán a discutirse en Diputados. Las propuestas opositoras buscan establecer diferentes mecanismos para evitar que una deuda originalmente manejable termine transformándose en una obligación imposible de cancelar mediante la acumulación de intereses, punitorios y refinanciaciones sucesivas. Entre las alternativas aparecen planes de reestructuración de entre 36 y 60 cuotas, reducción de intereses punitorios, límites a la proporción del ingreso familiar que puede destinarse al pago de una deuda y mecanismos para impedir determinadas formas de capitalización de intereses. También existe una iniciativa que plantea declarar una emergencia crediticia durante 24 meses y establecer herramientas específicas para el desendeudamiento.

El Gobierno, sin embargo, observa ese conjunto de propuestas desde una perspectiva completamente diferente. Ravier sostuvo que las deudas constituyen esencialmente “acuerdos entre privados” y anticipó que LLA no tendría intención de acompañar iniciativas que impliquen una intervención estatal. El argumento oficial plantea que utilizar recursos públicos para resolver obligaciones financieras privadas significaría transferir recursos de una parte de la población hacia bancos o entidades crediticias. La explicación puede parecer consistente dentro de la lógica doctrinaria libertaria, pero deja una pregunta política difícil de esquivar: ¿qué ocurre cuando las condiciones en las que se celebran esos contratos están determinadas por un mercado financiero con tasas extraordinariamente elevadas y salarios que pierden capacidad de compra?

El Estado que aparece para ajustar, pero desaparece para proteger

La discusión expone una de las características más profundas del modelo económico de Milei: el Estado es presentado como una intromisión cuando se trata de proteger al ciudadano frente a determinadas relaciones económicas, pero recupera un papel central cuando se trata de garantizar las condiciones generales del mercado. Para el Gobierno, una familia que no puede pagar un préstamo debe afrontar las consecuencias de la decisión que tomó; sin embargo, el debate sobre las condiciones concretas de ese crédito, los intereses aplicados, la capacidad real de pago del deudor y la asimetría existente entre una persona necesitada de dinero y una entidad financiera queda relegado a un segundo plano.

La paradoja resulta todavía más evidente porque el propio oficialismo reconoce que el incremento de las tasas de interés puede contribuir al deterioro de la capacidad de pago. El vocero presidencial señaló que existen diferentes factores detrás del aumento de la mora y relativizó incluso la explicación que había dado Milei sobre el endeudamiento de los hogares a partir de la compra de televisores durante el Mundial, al señalar que aquello había sido apenas un ejemplo. La aclaración es significativa porque muestra que el fenómeno es bastante más complejo que una supuesta ola de consumo irresponsable: hay familias que se endeudan porque necesitan consumir, pero también porque necesitan sostener gastos cotidianos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó precisamente esa mirada y sostuvo que la morosidad seguirá creciendo mientras se mantenga una combinación de salarios bajos y tasas altas, rechazando la idea de que se trate simplemente de relaciones privadas desconectadas de la política económica. Su planteo apunta al núcleo del problema: si una política económica reduce el poder adquisitivo de los ingresos al mismo tiempo que encarece el financiamiento, el endeudamiento deja de ser una cuestión individual y comienza a expresar el resultado de un determinado modelo económico.

La oposición, mientras tanto, intenta convertir ese problema social en una discusión parlamentaria capaz de generar una respuesta concreta. Más de 30 iniciativas buscan abordar la situación de las familias endeudadas, en paralelo con otros proyectos que forman parte de una ofensiva legislativa que también incluye la emergencia en discapacidad y otras demandas sociales. El desafío para esos bloques será transformar la dispersión de propuestas en una alternativa que pueda reunir los votos suficientes para avanzar, pero también construir un mensaje político que dispute la interpretación oficial según la cual cada deudor es responsable individual de su situación.

Porque detrás de la discusión sobre una ley, un límite de tasas o una refinanciación existe una pregunta mucho más profunda: ¿qué tipo de sociedad construye un país cuando millones de personas necesitan endeudarse para sostener su vida cotidiana y el Estado responde que el problema no le pertenece? El Gobierno puede definir que las deudas son contratos privados, pero no puede convertir en un asunto privado la pérdida de ingresos, el encarecimiento del crédito, la caída del consumo y la imposibilidad creciente de numerosas familias de cumplir con obligaciones que alguna vez parecieron pagables.

La decisión de Milei de no acompañar los proyectos será, por lo tanto, mucho más que una posición legislativa. Será una definición sobre qué intereses considera prioritario proteger el Estado frente a una crisis de endeudamiento que ya dejó de ser invisible. Mientras el oficialismo defiende la libertad contractual y rechaza cualquier mecanismo que pueda implicar intervención pública, millones de argentinos enfrentan una pregunta mucho más concreta y menos doctrinaria: cómo pagar lo que deben cuando el salario no alcanza. Y en esa distancia entre la teoría libertaria y la vida cotidiana de los hogares se juega buena parte de la verdadera discusión económica de la Argentina.

 

 

Hasta mediados del siglo XX, los automovilistas argentinos circulaban por la izquierda, como todavía ocurre en el Reino Unido. El cambio de mano realizado en 1945 fue una de las transformaciones logísticas más grandes de la historia nacional y obligó a modificar rutas, colectivos, tranvías, señales de tránsito y hasta la fabricación de los automóviles.

Por Redacción de NLI

Hoy nadie duda de qué lado de la calle debe circular un vehículo en la Argentina. Es una de esas reglas que parecen haber existido desde siempre y cuya naturalidad impide preguntarse por su origen. Sin embargo, durante gran parte de la historia nacional ocurrió exactamente lo contrario: carruajes, tranvías y los primeros automóviles transitaban por la izquierda. La decisión de cambiar completamente el sentido de circulación no respondió a una moda ni a un capricho administrativo. Fue el resultado de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas que estaban modificando el comercio mundial y la integración regional. Aquella jornada obligó a reorganizar la vida cotidiana de millones de personas y se convirtió en uno de los mayores operativos de coordinación realizados por el Estado argentino en tiempos de paz.

Cuando los argentinos circulaban «al revés»

La costumbre de circular por la izquierda tenía raíces muy antiguas. Provenía de tradiciones europeas que se remontaban a la época de los carruajes y de los jinetes armados, cuando mantener la mano derecha libre facilitaba el manejo de armas o el saludo entre quienes se cruzaban en el camino. Como muchas otras normas urbanas, esa práctica fue heredada durante la etapa colonial y permaneció vigente incluso después de la independencia.

Cuando aparecieron los primeros automóviles, a fines del siglo XIX, simplemente adoptaron las reglas ya existentes. Buenos Aires, Rosario, Córdoba y las principales ciudades argentinas convivieron durante décadas con vehículos que circulaban por la izquierda, mientras el crecimiento del parque automotor comenzaba a transformar el paisaje urbano. Los tranvías, los colectivos y los primeros ómnibus también fueron diseñados para ese sistema, al igual que buena parte de la señalización vial.

Sin embargo, el escenario internacional estaba cambiando rápidamente. La expansión de la industria automotriz estadounidense convirtió a los vehículos fabricados en ese país en protagonistas del mercado mundial. A diferencia del modelo británico, los automóviles norteamericanos estaban pensados para circular por la derecha y comenzaron a imponerse también en América Latina. La Argentina, cada vez más integrada comercialmente con sus vecinos, enfrentaba un problema creciente: compartía largas fronteras con países que ya utilizaban la circulación por la derecha o se preparaban para adoptarla.

El histórico cambio de 1945

El 10 de junio de 1945 quedó grabado como el día en que la Argentina cambió oficialmente de mano. Detrás de aquella decisión existía un enorme trabajo previo de planificación. Durante meses se reemplazaron señales de tránsito, se adaptaron cruces ferroviarios, se modificaron paradas de transporte público y se organizaron campañas informativas para evitar accidentes.

El desafío era gigantesco. No se trataba solamente de pedirles a los conductores que manejaran por el otro lado. Miles de colectivos debieron modificar sus recorridos, numerosos vehículos fueron adaptados y las autoridades desplegaron un importante operativo policial para acompañar las primeras horas del cambio. Los diarios de la época dedicaron amplias coberturas a explicar cómo debía comportarse la población durante esa jornada excepcional.

Uno de los argumentos centrales para adoptar la circulación por la derecha era la integración con Brasil, Uruguay y el resto de América del Sur, además de facilitar la importación de automóviles producidos bajo los estándares internacionales que comenzaban a consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial. La decisión también respondía al crecimiento constante del transporte automotor, que exigía reglas homogéneas para reducir riesgos y simplificar la circulación entre provincias y países vecinos.

Sorprendentemente, el cambio se produjo con menos inconvenientes de los que muchos imaginaban. Aunque hubo episodios aislados y cierta confusión durante las primeras horas, la adaptación fue relativamente rápida. En pocos días, una costumbre arraigada durante siglos había comenzado a desaparecer.

Una decisión cotidiana que habla de un país en transformación

La historia del cambio de mano permite comprender que incluso las normas más elementales de la vida cotidiana responden a procesos históricos mucho más amplios. La circulación por la derecha no fue únicamente una cuestión de tránsito. Reflejó la creciente importancia de la industria automotriz, la necesidad de coordinar políticas públicas con los países vecinos y el papel del Estado en la organización de un territorio cada vez más complejo.

También muestra cómo las sociedades son capaces de modificar hábitos profundamente incorporados cuando existe planificación, información y una estrategia clara. Lo que durante generaciones había parecido inmutable dejó de serlo en una sola jornada, sin alterar el funcionamiento general del país.

Ochenta años después, muy pocos argentinos saben que sus abuelos aprendieron a conducir por el lado opuesto al actual. Cada vez que un automóvil toma una avenida o una ruta nacional, reproduce una decisión adoptada en 1945 que cambió para siempre la movilidad argentina. Es una de esas transformaciones silenciosas que, precisamente porque tuvieron éxito, terminaron desapareciendo de la memoria colectiva.