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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    BANCO NACIÓN: 1120 créditos hipotecarios para funcionarios de Milei, ajuste para el resto

     

    Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

    Por Roque Pérez para NLI

    La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

    Una modificación que despertó sospechas

    La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

    Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

    La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

    Los nombres que complican al relato libertario

    Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

    Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

    La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

    El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

    El choque entre discurso y realidad

    La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

    La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

    Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

     

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  • La oposición en la Legislatura logró el quórum para una sesión sobre IOMA pero no pudo aprobar ningún proyecto

     

    La oposición en la Legislatura bonaerense consiguió el quórum para iniciar la sesión especial y discutir proyectos vinculados a la crisis que atraviesa IOMA. Sin embargo, no pudo contar con los votos para aprobar ninguna iniciativa.

    Sabiendo que la oposición llegaría al quórum, el peronismo opto por sentarse en las bancas apenas arrancó la sesión y con eso bloqueó la posibilidad de que los bloques opositores lleguen a los dos tercios para aprobar proyectos.

    Tras el debate frustrado, los bloques opositores lanzaron fuertes críticas hacia el oficialismo y en particular hacia Axel Kicillof.

    Dichiara tuvo que bajar la sesión porque la oposición tenía los votos para tratar la crisis del IOMA

    El jefe de los diputados del PRO, Alejandro Rabinovich, dijo que «un afiliado activo de IOMA pone el 4,8% de su sueldo y otro tanto el empleador y no está recibiendo prestaciones».

    «El gobernador, o los que hablan por él, dicen que acá hay un problema que es de toda Argentina (en referencia a las críticas de Kicillof al recorte de fondos nacionales) y es siempre tirar la pelota afuera», agregó.

    En tanto, el radical Diego Garciarena (UCR) abrió una conferencia de prensa improvisada en el hall de acceso a la cámara de Diputados tras el fracaso en el tratamiento de los proyectos. «Acabamos de terminar una cesión rápida, acelerada, donde quedó clara una cosa: Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona internada está esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no puede hacerlo», dijo Diego Garciarena (UCR) al salir del recinto.

    Un afiliado activo de IOMA pone el 4,8% de su sueldo y otro tanto el empleador y no está recibiendo prestaciones. Pero el gobernador, o los que hablan por él, dicen que acá hay un problema que es de toda Argentina.

    «Esta Cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de 2.200.000 afiliados», dijo Alejandra Lorden (UCR) y apuntó al presidente de IOMA, Homero Giles. «El IOMA está peor que hace un año y medio que vino Giles aquí. Por eso queremos hablar de un tema que es central para la salud de los bonaerenses», dijo.

    Andrés De Leo (Coalición Cívica) apuntó al problema que está generando el IOMA en los hospitales municipales. Según explicó, junto con PAMI, la mayoría de las prestaciones son internaciones y operaciones de IOMA. Y son los municipios quienes se están haciendo cargo de esos costos.

    La oposición en la provincia tiene los votos para armar una sesión sobre la crisis de IOMA

    En tanto, desde La Libertad Avanza, Juan Osaba dijo que «con este tipo de maniobras queda en claro que ni a Kicillof ni a los diputados kirchnerismo le importan los problemas que sufren los afiliados de IOMA. Le dan la espalda a temas de salud pública que son tan importante como el pago a médicos y proveedores».

    En principio, la sesión estaba pautada para el lunes, pero el peronismo decidió pasarla al jueves especulando con la posibilidad de que la oposición no logre juntar los votos para iniciar la sesión especial.

    Durante semanas, los legisladores de Fuerza Patria buscaron que el Homero Giles vaya a la Legislatura a exponer sobre la crisis que atraviesa la obra social del Estado bonaerense. Esa era la única carta que tenía el oficialismo para bajar la sesión especial pedida por la oposición.

    La crisis en el IOMA recrudeció en los últimos meses. Los descuentos de los afiliados pasaron de 13.000 pesos en 2023 a 100.000 por estos días. Pero, además, tienen que abonar encima de cada consulta con un profesional médico.

    El organismo no tiene fondos para costear la atención de los afiliados. Uno de los puntos que cuestiona la oposición es que los aportes van a Rentas Generales y desde ahí sólo una parte va a la obra social. Por eso, algunos de los proyectos que se incluyeron en el pedido de sesión especial piden la autarquía del IOMA.

     

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