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El relato libertario sobre el supuesto “regreso del crédito hipotecario” empezó a chocar de frente con la realidad. Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras con hipoteca se desplomaron un 48,9% interanual en abril y encendieron una alarma directa sobre la destrucción del acceso a la vivienda para la clase media. Pero el dato adquiere un tono todavía más escandaloso cuando se lo cruza con las denuncias que estallaron semanas atrás sobre créditos millonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Mientras millones de argentinos ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda, sectores vinculados al poder parecían acceder a condiciones privilegiadas. La postal es devastadora para el discurso de Milei: el crédito hipotecario se derrumba para la sociedad, pero no necesariamente para quienes orbitan alrededor del Gobierno.

Los números difundidos por el Colegio de Escribanos son contundentes. En abril apenas se registraron 609 escrituras formalizadas con hipoteca en la Ciudad de Buenos Aires. El dato implica una caída de casi el 50% respecto del mismo mes del año pasado y muestra que el “boom hipotecario” que promocionaba el oficialismo prácticamente se desinfló en pocos meses. El mercado inmobiliario volvió a frenarse y la financiación desaparece otra vez como herramienta de acceso para los sectores medios.

La explicación económica es relativamente simple. Los salarios quedaron destruidos frente al ajuste, las cuotas UVA volvieron a generar temor por la inflación acumulada y las condiciones exigidas por los bancos se volvieron prohibitivas. En muchos casos, las familias necesitan ingresos que triplican o cuadruplican el promedio salarial argentino para acceder a una vivienda mínima. El resultado es una exclusión silenciosa pero masiva.

El escándalo del Banco Nación que dejó expuesta la doble vara

En ese contexto explotó semanas atrás el escándalo de los créditos del Banco Nación. Las denuncias publicadas por distintos medios revelaron que funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza habrían obtenido préstamos hipotecarios millonarios en condiciones extraordinariamente favorables. La polémica generó indignación porque coincidía exactamente con el momento en que el resto de la población comenzaba a quedar afuera del sistema financiero.

La contradicción política fue imposible de ocultar. Milei llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta”, pero el caso del Banco Nación terminó mostrando a funcionarios y dirigentes oficialistas accediendo a beneficios que para cualquier trabajador promedio son prácticamente inalcanzables. El mensaje que queda flotando es brutal: el mercado no funciona igual para todos.

Lo más grave es que el derrumbe de los créditos hipotecarios no aparece como un accidente sino como una consecuencia lógica del modelo económico libertario. El Gobierno sostiene tasas altísimas, destruye el poder adquisitivo y profundiza la precarización laboral. En ese escenario, pensar en una hipoteca a 20 o 30 años se vuelve directamente imposible para gran parte de la sociedad.

El sueño de la casa propia vuelve a convertirse en un privilegio

Durante décadas, el acceso a la vivienda fue uno de los pilares de la movilidad social argentina. Incluso con crisis recurrentes, existía la expectativa de que una familia trabajadora pudiera aspirar a comprar su casa. Hoy ese horizonte parece romperse nuevamente.

El desplome registrado por el Colegio de Escribanos revela mucho más que un problema inmobiliario. Expone el agotamiento de un esquema económico que favorece la especulación financiera mientras castiga ingresos y consumo. En paralelo, el escándalo del Banco Nación dejó instalada otra percepción todavía más corrosiva: que el crédito existe, pero para sectores cercanos al poder.

En otras palabras, el “mercado libre” que prometía Milei empieza a mostrar una dinámica conocida en la Argentina: ajuste para las mayorías y privilegios para minorías bien conectadas. Mientras la clase media vuelve a alejarse del sueño de la casa propia, los funcionarios libertarios quedaron bajo sospecha por haber accedido justamente a aquello que el resto ya no puede alcanzar.

La irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede explicarse únicamente como un fenómeno electoral ni como el simple ascenso de una nueva derecha. Hay algo más profundo ocurriendo en el modo en que el poder se legitima, organiza el lenguaje público y redefine quién merece reconocimiento dentro de la comunidad política. Allí es donde una lectura atravesada por las categorías de Michel Foucault adquiere una potencia singular: no para reducir el mileísmo a una fórmula académica, sino para comprender cómo un discurso de ruptura moral puede transformarse en una tecnología eficaz de gobierno.

El núcleo de esa construcción no es económico. Tampoco estrictamente ideológico. Es moral.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Milei no llegó al poder solamente prometiendo bajar la inflación o destruir regulaciones estatales. Llegó construyendo un antagonismo ético absoluto entre “la casta” y “los argentinos de bien”. Ese lenguaje, repetido hasta el agotamiento mediático, terminó produciendo algo mucho más relevante que un slogan: fabricó una identidad social.

Porque “argentino de bien” no funciona como una descripción objetiva. No existe un criterio verificable que permita determinar quién pertenece realmente a esa categoría. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. El concepto opera como una consagración moral difusa donde cada adherente puede reconocerse a sí mismo como parte de un grupo virtuoso amenazado por enemigos internos.

Allí aparece uno de los mecanismos centrales del poder contemporáneo: la administración de legitimidades.

La pureza como herramienta de poder

Foucault entendía que las sociedades modernas no se organizan únicamente mediante leyes o coerción física. El poder necesita producir discursos verdaderos, clasificar sujetos y establecer qué formas de vida son consideradas normales, productivas o deseables. Gobernar implica también ordenar moralmente la sociedad.

En la Argentina de Milei, esa lógica aparece de manera descarnada.

El “argentino de bien” es presentado como alguien que trabaja, paga impuestos, soporta sacrificios y rechaza cualquier forma de mediación colectiva asociada al Estado. Del otro lado emerge una masa difusa de sospechosos: sindicalistas, militantes, empleados públicos, movimientos sociales, periodistas críticos, universidades, artistas subvencionados, organismos de derechos humanos o cualquiera que cuestione el nuevo orden moral libertario.

No se trata simplemente de adversarios políticos. Se los construye discursivamente como sectores parasitarios, degenerados o moralmente inferiores.

Ese desplazamiento es decisivo. Porque cuando la política abandona el terreno del conflicto democrático y pasa a estructurarse sobre categorías morales absolutas, el opositor deja de ser alguien con quien se disputa el poder para convertirse en alguien cuya existencia misma aparece como ilegítima.

En otras palabras: ya no hay diferencias políticas; hay sujetos “sanos” enfrentados a elementos contaminantes.

La obsesión mileísta con palabras como “parásitos”, “zurdos de mierda”, “empobrecedores” o “casta” no responde solamente a un estilo agresivo. Constituye una forma de clasificación social. Una maquinaria simbólica destinada a dividir la población entre quienes merecen reconocimiento y quienes pueden ser humillados públicamente sin costo moral.

El outsider y la ficción de la excepción

La fuerza inicial de Milei provino de una promesa de exterioridad. Su legitimidad surgía de aparecer por fuera del sistema político tradicional, incluso cuando rápidamente comenzó a tejer alianzas con actores históricos del poder económico, mediático y judicial argentino.

Pero el outsider moderno no necesita estar realmente afuera del sistema. Le alcanza con conservar la narrativa de la excepción moral.

Ahí reside una de las grandes paradojas del mileísmo contemporáneo. Incluso frente a denuncias, escándalos, negociaciones opacas o evidencias de privilegios dentro del propio gobierno, parte importante de su electorado sigue interpretando esos hechos como secundarios frente a una supuesta batalla histórica contra enemigos mayores.

Ese fenómeno revela algo incómodo sobre el funcionamiento real de las democracias contemporáneas: los ciudadanos no adhieren solamente a programas racionales; adhieren a sistemas emocionales de interpretación del mundo.

Cuando un gobierno logra construir una identidad moral fuerte, la evidencia objetiva pierde centralidad. Los hechos dejan de evaluarse en sí mismos y pasan a interpretarse según quién los denuncia y desde qué lugar político se enuncian. Por eso la corrupción puede relativizarse. No porque deje de existir, sino porque el discurso oficial logra reorganizar su significado. Si el líder continúa siendo percibido como quien combate a “los verdaderos corruptos”, entonces las contradicciones internas pueden absorberse dentro del relato épico de transformación nacional.

La pregunta deja de ser “¿hubo corrupción?” y pasa a ser “¿quién está denunciando y con qué intención?”.

La batalla cultural como disciplina

Uno de los aspectos más sofisticados del fenómeno Milei es haber convertido la confrontación permanente en una forma estable de gobierno. La agresión constante no constituye una anomalía comunicacional ni una pérdida de control emocional. Funciona como una pedagogía política.

Cada ataque presidencial contra periodistas, economistas, artistas o dirigentes opositores produce un efecto disciplinador sobre el resto de la esfera pública. El mensaje implícito es transparente: cualquiera que cuestione el relato oficial puede ser expuesto, ridiculizado o transformado en enemigo colectivo.

Foucault estudió precisamente cómo el poder moderno ya no depende exclusivamente del castigo físico espectacular. El control más eficiente es aquel que induce autocensura, vigilancia mutua y adaptación preventiva. Las redes sociales radicalizaron ese mecanismo hasta niveles inéditos. El ecosistema digital mileísta opera muchas veces como una estructura de disciplinamiento distribuido donde miles de usuarios reproducen hostigamientos, campañas de señalamiento y persecuciones simbólicas contra figuras disidentes. El resultado es un clima político donde la violencia verbal deja de ser excepcional y pasa a constituir la atmósfera cotidiana del debate público.

En ese contexto, la idea de “argentinos de bien” cumple una función central: ofrece legitimidad moral anticipada para la agresión. Si el adversario es presentado como corrupto, degenerado o enemigo de la nación, entonces la violencia discursiva aparece justificada como una forma de defensa social.

El sacrificio como virtud

Otro rasgo distintivo del mileísmo es la moralización del sufrimiento económico. En condiciones normales, una caída abrupta del salario, el consumo o el empleo debería erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental. Sin embargo, Milei logró transformar el ajuste en una prueba ética.

El sacrificio ya no aparece como consecuencia de una política económica concreta, sino como evidencia de madurez social. “Había que pasarla mal”. “No hay plata”. “Estamos pagando décadas de populismo”. El dolor se resignifica como purificación. Ese mecanismo conecta profundamente con la subjetividad neoliberal contemporánea: el individuo debe aceptar precariedad, pérdida de derechos y deterioro material como demostración de responsabilidad personal.

El ciudadano deja entonces de percibirse como sujeto de derechos colectivos y comienza a entenderse como emprendedor moral de sí mismo. Aguantar se vuelve una virtud. Resistir el ajuste se convierte en signo de pertenencia identitaria.

La política ya no promete bienestar inmediato. Promete redención futura a cambio de obediencia presente.

La nueva legitimidad autoritaria

Quizás el aspecto más inquietante de la experiencia argentina actual sea que gran parte de estas transformaciones ocurren dentro de procedimientos democráticos formales. No hace falta clausurar elecciones para producir dinámicas autoritarias. Basta con erosionar sistemáticamente la legitimidad de toda institución intermedia capaz de limitar el poder presidencial.

La demonización del periodismo, el desprecio por el Congreso, el ataque permanente a las universidades, la ridiculización de organismos científicos y la construcción de enemigos internos constantes forman parte de una lógica más amplia: vaciar de autoridad simbólica cualquier espacio que pueda disputar la producción de verdad oficial.

Allí aparece una intuición foucaultiana fundamental: el poder más eficaz no es necesariamente el que prohíbe, sino el que logra que una sociedad naturalice sus propias formas de sometimiento. Tal vez por eso el fenómeno Milei no pueda analizarse solamente como una anomalía argentina ni como una excentricidad mediática. Expresa una mutación más profunda de las democracias contemporáneas: la transición desde sistemas políticos organizados alrededor de consensos institucionales hacia regímenes de legitimidad emocional, identitaria y moral.

En ese nuevo escenario, la verdad importa menos que la pertenencia. La coherencia menos que la fidelidad. Y la corrupción menos que la capacidad de seguir convenciendo a millones de personas de que, pese a todo, continúan formando parte de “los buenos”.