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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    ROCA–RUNCIMAN: El pacto que entregó la economía nacional al Imperio Británico

     

    En 1933, mientras el mundo se sacudía por la crisis y Argentina intentaba sostener su economía agroexportadora, el gobierno conservador de la llamada Década Infame firmó el Pacto Roca–Runciman: un acuerdo que dejó al país arrodillado frente a los intereses británicos y consolidó una dependencia económica que duraría décadas. Fue presentado como una “solución”, pero terminó siendo un símbolo de subordinación colonial en plena era de pactos secretos, fraudes patrióticos y negocios turbios entre políticos criollos y los frigoríficos británicos.

    Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

    Un país en crisis y un acuerdo a medida del imperio

    Tras el derrumbe del comercio mundial por la crisis de 1929, el Reino Unido decidió publicar sus “preferencias imperiales”: un sistema para privilegiar a sus colonias en el intercambio comercial. Argentina no era colonia, pero dependía de vender carne a Londres.
    El gobierno de Agustín P. Justo envió entonces a su vicepresidente, Julio A. Roca (h), a negociar con los británicos. Del otro lado estaba Walter Runciman, presidente del Board of Trade británico.

    El resultado fue un contrato bilateral desequilibrado que entregaba ventajas a los frigoríficos británicos, garantizaba su control absoluto del comercio cárnico y sometía al Estado argentino a condiciones humillantes.


    La famosa frase que marcó a fuego la entrega

    En medio de esas negociaciones, Roca declaró que «la Argentina es, en lo comercial, una parte integrante del Imperio Británico».
    La frase —registrada por la prensa de la época y señalada por Cornejo Linares en su análisis histórico— se convirtió en la marca indeleble del pacto como símbolo de sumisión(1).


    ¿Qué decía realmente el Pacto Roca–Runciman?

    Detrás de los formalismos diplomáticos, el acuerdo establecía medidas que hoy serían inadmisibles para cualquier país que aspire a la soberanía económica:

    1. Cuotas de carne y favoritismo explícito

    Argentina solo podía exportar a Gran Bretaña un 85% del cupo preexistente, mientras que el resto quedaba bajo control directo de los frigoríficos británicos(2).

    2. La CADE y los ferrocarriles: beneficios sin control nacional

    El pacto aseguraba la continuidad de los privilegios de los ferrocarriles británicos y permitía ajustes tarifarios que perjudicaban al comercio interior.

    3. Exenciones impositivas y garantías extraordinarias

    Los capitales británicos obtenían beneficios fiscales y operativos, mientras el Estado argentino asumía obligaciones sin recibir contrapartidas equivalentes.

    4. Un control total sobre la cadena cárnica

    Los frigoríficos británicos quedaron con el 90% del negocio de la exportación de carne.
    El resto del mercado siguió en manos de un pequeño grupo local asociado al poder conservador.


    La reacción nacional: del escándalo a la resistencia

    El pacto generó un repudio inmediato.
    El senador Lisandro de la Torre encabezó la denuncia parlamentaria más famosa de la época, demostrando cómo el acuerdo favorecía a los frigoríficos extranjeros a costa del interés nacional(3).
    Su investigación derivó en el escándalo de las carnes y en el asesinato del senador Enzo Bordabehere en pleno recinto, un episodio que retrata hasta qué punto el poder económico estaba dispuesto a defender sus privilegios.


    La sombra larga del pacto

    Aunque algunos defensores lo justificaron como una medida “pragmática” en tiempos de crisis, el Pacto Roca–Runciman selló un modelo de dependencia y consolidó la hegemonía británica sobre la economía argentina durante buena parte del siglo XX.

    Esa estructura recién comenzó a resquebrajarse con las políticas de industrialización por sustitución de importaciones y la consolidación de un Estado planificador a partir del peronismo, que rompió la lógica colonial que el pacto había cristalizado.


    Un espejo histórico para el presente

    Recordar el Pacto Roca–Runciman no es un ejercicio académico: es revisar el adn de los modelos de entrega, los alineamientos automáticos y las subordinaciones externas que, cada cierto tiempo, vuelven a aparecer disfrazadas de modernización o “necesidad económica”.

    Referencias

    1) Cornejo Linares, R. Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas, análisis del período 1930–1933.

      2) Rouquié, Alain. Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina; capítulo sobre acuerdos comerciales en la Década Infame.

      3) Cámara de Senadores, Debates Parlamentarios de 1933–1935: Intervención de Lisandro de la Torre en la Comisión Investigadora de Carnes.

       

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      Trenes al descarriladero: Liniers y San Miguel, dos señales del vaciamiento ferroviario

       

      El descarrilamiento de una formación del Sarmiento en Liniers, con al menos 19 heridos, vuelve a poner en evidencia la desinversión y el retiro del control estatal sobre el sistema ferroviario. Hace menos de tres semanas, un choque entre dos trenes del Urquiza en San Miguel había encendido la misma alarma. El ajuste de Milei sobre el transporte público ya muestra sus consecuencias.

      Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

      Otra jornada negra para el Sarmiento

      Una formación del tren Sarmiento se descarriló este martes a las 15:50 a unos cien metros de la estación Liniers, cerca de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. La formación se descalzó a pocos metros del paso a nivel, obligando a los pasajeros a evacuar entre el susto, el humo y el desconcierto.

      El SAME desplegó 40 móviles y atendió a 19 personas, de las cuales 9 fueron trasladadas a los hospitales Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson. Según informó su titular, Alberto Crescenti, no hubo víctimas fatales, aunque varios pasajeros presentaron politraumatismos. El operativo de rescate concluyó cerca de las 17:20.

      En la estación Once, los pasajeros estallaron en enojo al encontrarse con cancelaciones y demoras sin explicación oficial. No es para menos: el episodio se suma a una seguidilla de fallas y emergencias en el servicio.


      Una tragedia anunciada

      Desde la Agrupación Naranja Ferroviaria Nacional, integrada al Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), responsabilizaron directamente al Gobierno de Milei: “Decimos claramente que el gobierno nacional es responsable del vaciamiento y la desinversión, dejando una infraestructura obsoleta sin mantenimiento”.

      Los trabajadores recordaron que “hace poco más de 20 días también ocurrió un hecho similar en el ferrocarril Urquiza, provocando un choque de trenes y varios heridos”, y denunciaron que “la falta de inversión en material rodante y en infraestructura genera accidentes predecibles y perfectamente evitables”. Exigieron la reestatización del sistema ferroviario y un plan de obras urgentes.

      No es una advertencia nueva. En septiembre, el sindicato La Fraternidad había realizado medidas de fuerza y “trabajo a reglamento”, denunciando públicamente el saqueo y el abandono en el sector. Pero el Gobierno libertario eligió el camino inverso: ajustar el presupuesto, reducir controles y volver a abrir las puertas a la privatización.


      El antecedente de San Miguel

      El 23 de octubre, dos formaciones del ferrocarril Urquiza chocaron a la altura de la estación General Lemos, en San Miguel, dejando cuatro heridos. La empresa Metrovías, concesionaria de la línea, habló de un “rozamiento entre formaciones”, pero los trabajadores y los pasajeros coincidieron en que el sistema de señales y mantenimiento venía fallando desde hacía semanas.

      Una pasajera, identificada como Milena, contó que “ya venía mal el servicio desde Federico Lacroze, con demoras y quejas; el impacto fue muy fuerte y se cortó la luz”. Otro testigo, Gustavo, relató que “cuando entramos a la estación sentimos el golpe, saqué la cabeza por la ventanilla y vi que habíamos chocado”.

      En aquel momento, el hecho se trató como “un incidente menor”. Hoy, el descarrilamiento del Sarmiento demuestra que no lo era: es parte de un mismo patrón de descontrol y desinversión.


      Sin control, sin inversión, sin Estado

      Desde la llegada de Milei, el Ministerio de Infraestructura —bajo control directo de Guillermo Ferraro primero y luego de Luis Caputo— aplicó un ajuste drástico sobre los fondos destinados al mantenimiento ferroviario. Los convenios con cooperativas y empresas de reparación se paralizaron, y varios sectores de control y seguridad fueron desmantelados o tercerizados.

      Mientras tanto, el discurso oficial sigue repitiendo el mantra del “Estado ausente”, pero en los hechos es un Estado retirado, que deja en manos privadas la seguridad de miles de usuarios diarios. El resultado está a la vista: dos accidentes en menos de un mes, sin muertos sólo por azar.


      El ajuste que mata lento

      Las postales de hoy —pasajeros caminando por las vías, heridos, caos en Once— son el rostro cotidiano del modelo libertario aplicado al transporte público. Un sistema donde se recorta la inversión, se desmantelan los controles y se entrega la infraestructura al deterioro.

      Cada descarrilamiento es una advertencia. Cada herido, una víctima del ajuste. Y cada accidente, una señal de que el ferrocarril argentino vuelve a ser el espejo del país: un tren sin conductor, descarrilando rumbo al desastre.

       

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