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Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin

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    Javier Milei se subió a la causa Malvinas a casi tres años de llegar a la Rosada en los que permitió que dos empresas extranjeras avanzaran en los proyectos para explotar petróleo en la cuenca norte de las islas.

    El presidente sacó pecho en la cadena nacional del jueves para anunciar que endurecería las sanciones para ese tipo de empresas que ya están previstas en una ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

    La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.

    De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. «La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones», dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.

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    «Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron», dijo Aníbal.

    Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.

    El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas. Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención.

    En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. «El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas», dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.

    «Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención», dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la «autodeterminación» de los kelpers. 

    «El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto», dijo el directivo de Navitas .

     

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