Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier RodriguezLastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.
En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.
Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese haber sufrido una violación.
Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.
Ser objetor de conciencia no te convierte en un obstaculizador de derechos.
Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.
La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.
Una pregunta emerge, ¿cómo no hay camellos en el desierto patagónico? La respuesta parece obvia: el clima. Bueno, pero los animales se adaptan y hacen todo para sobrevivir a pesar de las condiciones meteorológicas… Es cierto, pero trajeron vacas y caballos cuando colonizaron estas tierras… Ahora, ¿porqué no camellos? Bueno, porque los que trajeron a…
El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.
En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.
Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación».
Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».
Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.
«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.
En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».
El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.
El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.
Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».
Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.
Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.
Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.
En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.
Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.
En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.
Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.
En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.
Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn.
Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.
No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.
Corre fuerte por estas horas en los pasillos tribunalicios la versión de un «acuerdo» entre Luis Armella y el gobierno de Javier Milei que implica la designación como funcionarios de personas allegadas al juez federal de Quilmes.
Fuentes judiciales señalaron a LPO que recientes nombramientos en el estratégico Hospital El Cruce de Florencio Varela tienen un estrecho vínculo con el juez que actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas que lleva la causa Insaurralde.
Concretamente, aluden a la resolución 698 firmada por el ministro de Salud Mario Lugones en la que se nombraron los nuevos representantes de esa cartera en el Consejo de Administración del Hospital «El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner», centro de salud de alta complejidad clave en el conurbano.
Allí, se designó por cuatro años a Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara que en el ámbito judicial lo ubican muy cercano a Armella desde finales de los 90, cuando ambos eran fiscales en Quilmes.
El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Incluso, hay quienes recuerdan que a mediados de 2000, en pleno fulgor del caso que investigaba la muerte del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, el fiscal Armella, por entonces a cargo de la investigación, se tomó licencia por estrés y fue suplantado por Mendoza.
El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Mendoza abandonó el control de las cárceles de la provincia en 2011, cuando la misma gestión sciolista lo promovió como juez de Cámara en Mar del Plata.
Mendoza junto a Scioli en tiempos donde era jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
«Así se cierra el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mendoza provenía de la justicia provincial al momento de ocupar un cargo estratégico en el Ejecutivo. Luego de tomar decisiones que implicaron fuertes retrocesos y debilitamientos del control judicial de los actos de gobierno, termina la gestión con un ascenso en la carrera judicial», denunció un informe del Cels en 2012.
El 1 de diciembre de 2018 Mendoza renunció con fines jubilatorios como juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata.
Preocupado por la movilidad jubilatoria en tiempos de Milei, en noviembre de 2025 Mendoza fue uno de los firmantes del comunicado de ex jueces contra la acordada de la Suprema Corte que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.
Mendoza (izq.) en la presentación de los nuevos representantes del gobierno de Milei en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
Puntualmente, cruzaron el acuerdo 4191 de junio de 2025 que implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense pero que no se aplicó a los jubilados de ese sector.
Es en ese contexto que Mendoza llega al Consejo de Administración del Hospital El Cruce que está compuesto por seis integrantes: dos miembros del Ministerio de Salud Nacional, dos por la cartera sanitaria bonaerense y los dos restantes por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
En ese esquema, la presidencia es del Ministerio de Salud Nacional, que -en la misma resolución que designó a Mendoza- nombró al Dr. Luciano Nápoli, que venía desempeñándose en otros centros de salud de la zona.
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