Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier RodriguezLastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.
En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.
Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese haber sufrido una violación.
Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.
Ser objetor de conciencia no te convierte en un obstaculizador de derechos.
Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.
La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
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Está abierta la inscripción para participar de la 6ta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia a realizarse del 1 al 5️ de Octubre de 2021 en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia Argentina. Enlaces en la siguiente nota.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, dijo este miércoles que el oro de la Argentina fue enviado por el gobierno al BIS, el banco de bancos suizo, aunque el mercado cree que los lingotes siguen en Londres. Las declaraciones de Bausili para justificar la operación por la que fue denunciado en 2024, una maniobra cubierta de opacidad, desconcertaron a los agentes financieros porque la información disponible indicaba que esos recursos del país estaban en Gran Bretaña.
Para colmo, el funcionario creyó que podía ser didáctico y dijo que el traslado del oro argentino, por su mala calidad, era como el «dólar cara chica».
Durante su exposición ante los senadores para defender la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, explicó que los lingotes de oro argentinos se fundieron en las décadas del 60, 70, 80 y 90 y que su calidad varía según su antigüedad. «Dependiendo de cuándo se hizo eso, hay distintas calidades, hay calidades que son más o menos aceptables o tienen un costo», argumentó.
Bausili se entusiasmó con su exposición y quiso ejemplificar ante los legisladores del plenario de comisiones de Economía e Inversión y Presupuesto y Hacienda. «Acá pasa con el dólar: el dólar cara chica o el dólar cara grande tienen un costo o una penalidad», dijo para comparar con el oro.
La explicación del ex socio del ministro Luis Toto Caputo se produjo ante la pregunta de la peronista Juliana di Tullio, que recordó que presentó un pedido de acceso a la información pública hace dos años sin que el gobierno se lo respondiera. «Ustedes hace dos años y dos meses que no me contestan qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro», expresó, y le exigió a Bausili: «Quiero que me diga a mí y, a través mío, a los bonaerenses qué hicieron con las 13 toneladas de oro. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con eso y para qué se lo llevaron?».
El presidente del BCRA pretendió que «cuando un participante del mercado financiero, como el Banco Central, expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes financieros a operar en contra de esos intereses». «Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra», justificó, y agregó que «se publica con un rezago, porque como todas las entidades públicas, están sujetos a los controles».
Bausili sostuvo también que la información de la entidad que preside está sujeta «al control parlamentario» y «está auditada». «Están los informes de auditoría, todos los movimientos del oro están documentados y están registrados», contestó.
Sobre su curiosa comparación de los lingotes de oro con los «dólares cara chica», dijo que «de tanto en tanto, en el mercado de oro mundial, cuando hay más escasez o menos escasez, ese costo se achica o se agranda». «A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 de que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro y, en ese contexto, se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos, de calidad más dudosa, más cuestionable o más difícil de analizar», explicó, y añadió: «entonces tomamos una oportunidad, era óptimo en la administración de las reservas del BCRA aprovechar esa oportunidad y convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta, así que se trasladó y se depositó en el BIS, que es donde sigue estando».
Su respuesta enervó a la oposición. Di Tullio volvió sobre el asunto tras la exposición del funcionario porque «no hay trazabilidad sobre lo que hicieron», y apuntó que lo dice la Auditoría General de la Nación, pese a que Bausili había dicho que la AGN lo había auditado. «De hecho hay un diputado nacional que llegó a la Corte Suprema para preguntar qué hizo usted con el oro», planteó la senadora en referencia a la acción judicial tramitada por Sergio Palazzo en 2024.
Ustedes hace dos años y dos meses que no me contestan qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro.
La presentación de Bausili esconde un problema mayor. Como Javier Milei quiso embanderarse con la causa de la soberanía argentina en Malvinas, complicó las relaciones con Gran Bretañoa y el titular del BCRA tuvo que salir a decir que los lingotes de oro están en Basilea, en lugar de admitir que están en Londres.
Un ejecutivo de uno de los bancos más importantes dijo a LPO que «en las operaciones de gold swap (canje de oro por divisas) entre un banco central y el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el oro físico nunca se traslada a bóvedas propias del BIS, sino que permanece inmovilizado bajo custodia en las bovedas del Bank of England». «Londres es el epicentro mundial de la compensación de oro institucional bajo los estándares de la London Bullion Market Association (LBMA) y el BIS mantiene cuentas soberanas dentro del BoE», remarcó.
El especialista indicó que «en menor medida, se utilizan la Reserva Federal de Nueva York (FRBNY) porque es susceptible de ser embargado». Pero precisó que «cuando el BCRA llevó los lingotes a Londres en 2024, la operación de swap no implicó movimiento físico de lingotes», y aclaró que el mecanismo establecido es de «un traspaso contable (book-entry transfer o locational swap) desde la cuenta asignada (allocated account) del banco central hacia la cuenta del BIS dentro de la misma bóveda del BoE».
«Cuando los lingotes estaban en las bóvedas locales de la calle Reconquista, el oro no sirve como colateral inmediato. Históricamente (como ha ocurrido en diversas operaciones en América Latina en las últimas décadas), el banco central primero debe fletar físicamente los lingotes hacia Londres, someterlos a un proceso de refinación o certificación para que cumplan con el estándar Good Delivery de la LBMA, e ingresarlos al BoE. Recién una vez acreditados en Londres, se ejecuta el swap contable con el BIS», aclaró.
El banco central primero debe fletar físicamente los lingotes hacia Londres, someterlos a un proceso de refinación o certificación para que cumplan con el estándar Good Delivery de la LBMA, e ingresarlos al BoE. Recién una vez acreditados en Londres, se ejecuta el swap contable con el BIS.
El senador Fernando Salino también cuestionó a Bausili, cuando opinó que la conducta para sacar el oro del BCRA era «especulativa». «Quiero preguntar si está entre sus atribuciones legales este tipo de especulación aprovechando una oportunidad», planteó.
Salino formuló la hipótesis contraria a la de Bausili. «Supongamos que, de golpe, recuperan uno de los dos (tipos de dólares) su valor, la Argentina habría tomado una decisión grave y errónea», fue el razonamiento del peronista puntano.
Más allá de la presentación del funcionario, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica sin sobresaltos.
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