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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que adquirió un nuevo departamento en Caballito sin vender la propiedad que ya tenía en Parque Chacabuco. El dato, revelado por la prensa y confirmado con registros oficiales, reavivó las sospechas sobre su evolución patrimonial desde que llegó al Gobierno.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Un nuevo inmueble bajo la lupa

    Según la información publicada por Clarín, Adorni sumó un departamento en Caballito mientras aún conserva el que tenía previamente en Parque Chacabuco. La operación genera ruido político porque ocurre en paralelo a otras controversias vinculadas a su patrimonio.

    De acuerdo con registros oficiales citados por distintos medios, el nuevo inmueble está ubicado en la calle Miró al 500 y figura a nombre del funcionario junto a su esposa.

    Lo llamativo no es solo la adquisición, sino que no se desprendió de su propiedad anterior, lo que plantea interrogantes sobre la evolución de sus bienes desde su ingreso a la función pública.


    Declaraciones juradas bajo cuestionamiento

    Otro punto clave del escándalo es que el departamento de Caballito no aparece en su última declaración jurada pública, lo que alimenta sospechas sobre posibles inconsistencias o demoras en la actualización de su patrimonio.

    Ante las preguntas, Adorni evitó dar precisiones y se limitó a afirmar que todo está declarado o que será informado cuando corresponda, argumentando que los plazos administrativos aún no vencieron.

    Sin embargo, el contexto complica su defensa:

    • Ya poseía al menos dos inmuebles antes de asumir
    • Sumó un vehículo y nuevas deudas siendo funcionario
    • Su entorno familiar también incorporó propiedades, como una casa en un country

    Respuestas evasivas y tensión con la prensa

    Lejos de aclarar la situación, el jefe de Gabinete adoptó una postura confrontativa. En conferencia de prensa, rechazó brindar detalles y llegó a responder que no tenía por qué dar explicaciones a periodistas.

    Incluso argumentó que existe una investigación judicial en curso y que dar información podría “entorpecerla”, aunque no explicó de qué manera.

    Esa actitud no hizo más que profundizar las dudas: cuanto más evita responder, más crecen las sospechas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.


    Un escándalo que se agranda

    El episodio del departamento no aparece aislado. Se suma a una serie de controversias recientes:

    • Un viaje en avión privado a Punta del Este con financiamiento poco claro
    • La compra de una casa en un country a nombre de su esposa
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    En ese marco, la adquisición en Caballito funciona como una pieza más de un rompecabezas que incomoda al Gobierno.


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     La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación. 

    Así, en La Libertad Avanza de Bahía sostienen que la actitud del municipio refuerza las sospechas de «un entramado de desmanejos políticos, incompatibilidades y manejos espurios».

    Actualmente, la investigación por la desaparición de fentanilo la lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 a cargo de Mauricio Del Cero. La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación de parte del fiscal.

    El 29 de diciembre, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca había aprobado por mayoría el presupuesto 2026, pero rechazó los recursos asignados al Hospital Leónidas Lucero (votaron en contra los 9 concejales de La Libertad Avanza y los dos de Somos Bahía), en medio de acusaciones contra el intendente Susbielles por la falta de una planificación integrada de salud pública.

    Cerca de la bancada libertaria sostienen que el rechazo oficialista a citar a las autoridades del hospital responde al objetivo de la gestión de Susbielles de «blindar» a esos funcionarios frente al escándalo. 

    «Pusimos la lupa en los cargos jerárquicos. Nos preguntamos por qué pasaron de 12 jerárquicos a 27 en los últimos diez años; y no encontramos ninguna respuesta. Esos cargos jerárquicos están de más, sobran, ni siquiera son médicos», dijo por aquel entonces el concejal Martín Salaberry.

    En la oposición a Susbielles señalan que en el último tiempo se reformó el estatuto del centro médico con el objetivo de designar a Facundo Arnaudo, a quien atribuyen un vínculo estrecho con el director de Ciencia, Tecnología y Educación del hospital.

    «El aumento exponencial del gasto en cargos jerárquicos en los últimos años contrasta con las políticas del Poder Ejecutivo cuya Secretaria de Salud tiene unidades sanitarias sin médicos o que sólo funcionan unas pocas horas al día; despidos de personal; reducción de las prestaciones y políticas preventivas casi inexistentes», acusan cerca de LLA.

    En la oposición también se preguntan por el vínculo entre el director del hospital, Gustavo Carestía, y la jefa de Compras, Silvina Gerardi y el impacto que esto podría tener en las licitaciones y el control de insumos hospitalarios.

     

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