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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    La inflación de mayo desaceleró al 2,1% y marcó el registro más bajo desde septiembre de 2025. El Gobierno leyó el dato como una confirmación de su estrategia económica. Pero detrás del promedio que publica el Indec, los rubros que pesan más en la vida cotidiana siguieron corriendo por arriba del índice general.

    Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% en el mes. Según el Indec, el aumento estuvo explicado sobre todo por el salto de las verduras, con fuertes incrementos en distintas regiones del país. Es decir, la baja del índice general convivió con subas más fuertes en el gasto básico de las familias.

    La Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, aumentó 2,4%, también por encima del IPC. La Canasta Básica Total, que define el umbral de pobreza, avanzó 2%. Con esos valores, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no caer bajo la línea de pobreza.

    El mayor aumento de mayo se registró en Comunicación, con una suba de 3,4%. Allí impactaron los ajustes en telefonía celular, internet y televisión por cable. Luego aparecieron Educación, con 2,9%; Salud, con 2,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también con 2,6%.

    En el AMBA, las boletas de electricidad y gas para los hogares sin subsidio aumentaron 5,6% y 5,1%, respectivamente. Esos ajustes forman parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la desregulación energética.

    En Salud, la suba respondió al incremento de las cuotas de medicina prepaga y a nuevas remarcaciones en medicamentos. En Vivienda, el golpe vino por los servicios públicos, con aumentos en electricidad, gas y agua.

    Son rubros cada vez más relevantes dentro del presupuesto familiar. Además, tienen una particularidad: no se pueden recortar con facilidad. Una familia puede postergar una compra, pero no puede dejar de pagar la luz, el gas, el transporte, el alquiler, la prepaga o el colegio.

    Por eso, más que mirar sólo el promedio de precios del Indec, la variable central para medir el impacto social del programa económico es el salario disponible. Es decir, cuánto dinero le queda efectivamente a un trabajador después de pagar los gastos fijos e inevitables.

    Ese ingreso disponible acumuló una caída promedio del 12% durante la gestión de Javier Milei. A diferencia del salario real general, este indicador mide el ingreso neto que queda luego de cubrir tarifas de servicios públicos, alquileres, transporte, medicina prepaga y educación.

    El deterioro se explica por varios factores. El primero es la quita de subsidios, que trasladó a los hogares una parte mayor del costo de la luz, el gas, el agua y el transporte. Esos aumentos neutralizaron buena parte de las recomposiciones salariales obtenidas en paritarias.

    Otro factor es el peso creciente de la canasta de servicios. Los gastos de mantenimiento del hogar y los servicios esenciales ya absorben cerca de un cuarto de un sueldo promedio en Argentina.

    La desaceleración de la inflación general, entonces, no alcanza para mejorar el ingreso disponible. Mientras el IPC muestra una baja, los precios regulados, las tarifas y los combustibles siguen avanzando por encima de los salarios corrientes. Ahí aparece la distancia entre el dato que celebra el Gobierno y la plata que queda en el bolsillo.

     

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