Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier RodriguezLastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.
En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.
Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese haber sufrido una violación.
Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.
Ser objetor de conciencia no te convierte en un obstaculizador de derechos.
Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.
La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.
Santiago Muzio renunció a la Casa Argentina en París tras meses de polémicas por su gestión, memoria histórica y vínculos con sectores de ultraderecha.
Por Redacción de NLI
La renuncia de Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París cerró, al menos por ahora, un capítulo incómodo para el gobierno de Milei. El funcionario, designado por la actual administración en 2024, dejó el cargo después de meses de cuestionamientos por su gestión, denuncias de residentes y polémicas que incluyeron el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura y actividades vinculadas a sectores de ultraderecha. La salida, además, ocurre a pocas semanas de una nueva visita de Milei a Francia, en un contexto en el que el Gobierno habría buscado evitar que el escándalo siguiera creciendo y terminara salpicando directamente al Presidente.
La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Universitaire de París y tiene una particularidad que vuelve especialmente sensible cualquier disputa sobre su conducción: no es simplemente una residencia para argentinos que estudian o investigan en Francia, sino también una institución vinculada con la presencia cultural y académica argentina en el exterior. Por eso, lo ocurrido durante la gestión de Muzio excede una discusión interna sobre administración. La controversia terminó involucrando memoria histórica, convivencia universitaria, política exterior y la orientación ideológica que el Gobierno pretende imprimirle a espacios que tradicionalmente estuvieron vinculados con la universidad pública, la cultura y la investigación.
Una gestión atravesada por denuncias y polémicas
Muzio había llegado a la conducción de la Casa Argentina durante el gobierno de Milei y su administración fue acumulando cuestionamientos. El funcionario enfrentaba denuncias y que el Gobierno terminó presionándolo para evitar que el conflicto adquiriera mayor dimensión política antes de la visita presidencial a Francia.
Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el retiro de una placa que recordaba a los desaparecidos durante la dictadura argentina. El hecho resulta particularmente significativo porque la memoria de los crímenes de lesa humanidad constituye una de las construcciones democráticas más importantes de la Argentina desde 1983 y porque la Casa Argentina se encuentra inserta en un ámbito universitario internacional donde esa dimensión histórica no puede separarse de la propia identidad del país.
La controversia se profundizó con cuestionamientos relacionados con residentes y con la realización o recepción de encuentros vinculados a sectores de extrema derecha. Distintos medios señalaron que la gestión de Muzio había quedado bajo observación por decisiones internas y por sus vínculos con ámbitos políticos de ese espacio ideológico.
La combinación es políticamente explosiva para un gobierno que hizo de la batalla cultural uno de los ejes centrales de su identidad: una institución argentina en París, estudiantes y residentes, una placa de memoria retirada y actividades asociadas a la ultraderecha. Todo ello en el marco de una administración que desde su llegada al poder modificó radicalmente el discurso oficial sobre derechos humanos, memoria y el papel del Estado.
La renuncia de Muzio no borra esos episodios. Apenas cambia el nombre que estará al frente de la institución.
Cuando el problema deja de ser administrativo
La salida adquiere otra dimensión si se observa el calendario. Muzio renunció a pocos días de que el escándalo pudiera convertirse en un problema diplomático y político para Milei en Francia. La prensa argentina informó que la salida se produjo en medio de la preocupación oficial por el impacto que la controversia podía tener sobre la visita presidencial y sobre la agenda vinculada a la Paris Week, prevista para fines de septiembre.
Es allí donde una renuncia aparentemente menor empieza a revelar algo más profundo sobre el funcionamiento del Gobierno.
La administración Milei ha construido buena parte de su política exterior alrededor de la exposición internacional del Presidente, sus encuentros con líderes extranjeros, sus intervenciones políticas y su particular estrategia de alineamiento con Donald Trump y otros referentes de la derecha global. En ese esquema, cualquier escándalo producido dentro de una institución argentina en el exterior puede dejar de ser un problema burocrático para transformarse rápidamente en una incomodidad presidencial.
Y la Casa Argentina en París no es un lugar cualquiera. Está en una de las capitales políticas, culturales y diplomáticas más importantes del mundo y dentro de un espacio universitario de enorme visibilidad internacional. Una controversia vinculada con derechos humanos, estudiantes y organizaciones de ultraderecha difícilmente podía permanecer encerrada entre las paredes de una residencia.
De allí que la renuncia de Muzio pueda leerse también como una operación de control de daños.
Antes que asumir públicamente el costo político del escándalo, el Gobierno optó por cambiar al funcionario cuestionado.
El problema de fondo: qué Argentina se representa afuera
La discusión plantea además una pregunta que excede el nombre de Muzio: ¿qué Argentina quiere representar el gobierno de Milei en sus instituciones culturales y académicas en el extranjero?
Durante décadas, las casas argentinas en distintas ciudades del mundo funcionaron como espacios de encuentro para estudiantes, investigadores, artistas y ciudadanos que construían su experiencia fuera del país. La política exterior cultural podía tener gobiernos de distinto signo, pero existía una continuidad vinculada con la universidad, la investigación, la cultura y la memoria democrática.
El modelo libertario introdujo otra mirada sobre el Estado y sobre las instituciones públicas. En su concepción, buena parte de esas estructuras son vistas como espacios atravesados por privilegios, burocracias o intereses políticos que deberían ser revisados, reducidos o directamente eliminados. El conflicto de París aparece así como una expresión pequeña, pero significativa, de una disputa mucho mayor por el sentido de las instituciones argentinas.
Porque quitar una placa de homenaje a los desaparecidos no es simplemente retirar un objeto de una pared. Tampoco lo es convertir una residencia universitaria en escenario de determinadas disputas ideológicas. Son decisiones que transmiten un mensaje acerca de qué acontecimientos se consideran dignos de memoria y qué sectores políticos son considerados legítimos interlocutores.
En una institución que lleva el nombre de la Argentina, ese mensaje trasciende al funcionario de turno.
Por eso la renuncia de Muzio no debería clausurar el debate. Si el Gobierno considera que hubo errores de gestión, deberá explicar cuáles fueron. Si existieron denuncias, deberá aclararlas. Y si la salida estuvo vinculada con la necesidad de evitar un costo político para Milei antes de su visita a Francia, también sería saludable que lo explicara.
Porque cambiar al director puede apagar momentáneamente los titulares, pero no resuelve las preguntas que dejaron los meses de polémica.
La Casa Argentina seguirá allí, en París, como una representación del país. Y el verdadero interrogante ahora será qué orientación tendrá esa institución después de la salida de Muzio y si el Gobierno pretende recuperar su perfil académico y cultural o profundizar la transformación ideológica que atravesó su gestión.
La renuncia puede cerrar una crisis de nombres. Lo que todavía no está resuelto es la crisis de sentido.
Desde LALCEC Villa Regina queremos comunicar que realizaremos junto con el Hospital Área Programa de Villa Regina, una Campaña sin costo de Prevención de Cáncer de Piel mediante el Control de lunares y manchas sospechosas, para personas que no posean cobertura médica, durante la semana del 03 al 06 de Diciembre. Para solicitar turnos pueden…
Para muchos medios, hoy, no hay otra posibilidad en el horizonte de producción que analizar el «discursito» del presidente. Hablarán de la inexistencia de la autocrítica, la reducción de los ministerios, la falta de precisiones, a quien fue dirigido el mensaje, la inentendible «retención» a las exportaciones con un número fijo (3/4) frente a cada…
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti advirtió que existe un «entramado muy complejo» en el ámbito de Rosario que no se agota con el delincuente que está en la cárcel. Adujo que se debe apuntar hacia quienes le brindaron protección. En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que «honran» su cargo y afirmó que «los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo».
El titular del máximo tribunal dijo esto en un contexto muy significativo que no solo incluye a los sectores que omitieron o suavizaron la persecución a los factores de la violencia. Con sus palabras también posó la mirada en el sector empresarial que en los últimos años sacó todo tipo de ventajas con el blanqueo de dinero de origen delictivo. Lo que no solo conecta con el narcotráfico.
Justamente esta semana cinco fiscales federales avanzaron con detenciones que dejan al desnudo una formidable y sistemática maquinaria de blanqueo de dinero que tuvo eje en el puerto concesionado de Rosario. Y que muestra cómo empresarios y profesionales del establishment rosarino sacaron provecho con el traspaso de acciones hacia sociedades fantasma para lavar activos trasnacionales, promovidos por los adjudicatarios de la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR), la empresa Puerto de Tarragona. Su titular, Jordi Pujol i Ferrusola, tiene librado por esto un pedido de captura.
«Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino», dijo Rosatti.
El presidente del máximo tribunal argentino hizo este discurso en la Cámara Federal de Rosario, donde le tomaron juramento al flamante camarista federal Florentino Malaponte, un ex fiscal y juez provincial rosarino que se suma desde este viernes a ese órgano. Rosatti declaró no conocer previamente a Malaponte. «Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la humildad y honestidad porque se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año», lo aconsejó.
Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda resaltó la actividad de autodepuración ya que «hay dos jueces con prisión preventiva», en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de resoluciones, quien afrrontará un juicio político desde el próximo 6 de octubre.
Pineda justamente acaba de disponer, en un fallo controvertido que fue muy criticado por los fiscales federales, la suspensión del proceso que llevaba al juicio oral y público a Bailaque, por tres hechos de corrupción. El magistrado señala que no puede avanzar hasta que la Corte Suprema no defina si esos hechos se juzgan con el vigente código procesal federal que dispone oralidad en todas las etapas o con el anterior sistema escrito de tipo inquisitivo. Los fiscales le replicaron que decidió al menos erróneamente y que dispuso actos que nadie le había pedido.
Florentino Malaponte, el nuevo nuevo camarista, con Aníbal Pineda, Rosatti y Mahiques
Rosatti recordó un encuentro de la Justicia Federal en Rosario durante 2022 para enviar un mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta «un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel», porque ese sistema organizado «se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado».
Justamente esto es lo que está encontrando novedades recientes con los procesos que incluyeron detenciones contra el empresario Leandro «Lelo» Pérez y especialmente con los hechos del Puerto de Rosario que sucedieron entre 2009 y 2020 sin que la Justicia Federal actuara, y que hoy están en revisión por un equipo de fiscales federales que actúan desde hace poco tiempo en la jurisdicción de Rosario.
En referencia al comercio urbano de drogas y la violencia, el titular de la Corte dijo: «Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que falta mucho».
Rosatti declaró reconocimiento a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que habían honrado el cargo. También indicó que agradecía a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque en el momento de máxima violencia en Rosario habían percibido que sin una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación.
Pero el ministro dijo que también se debe enfocar el aspecto sombrío, «porque en ese evento de hace cuatro años dijimos «vamos a poner el reflector» y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso».
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