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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    La hidrovía, el lobby portuario y los nombres que el Gobierno no quiere explicar

     

    El problema político para Milei es que la discusión por la Hidrovía empieza a parecerse demasiado a las viejas estructuras de poder que prometía erradicar.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La caída de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay dejó algo más grave que un fracaso administrativo. Lo que empezó como una discusión técnica sobre dragado y navegación terminó exponiendo una feroz interna empresaria, operadores históricos del negocio marítimo y vínculos incómodos para un Gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”.

    La llamada Vía Navegable Troncal no es un contrato más. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, aceites y derivados agroindustriales. El control del sistema implica manejar peajes millonarios, logística estratégica y una enorme capacidad de influencia sobre el comercio exterior argentino.

    Por eso la pelea alrededor de la Hidrovía nunca fue solamente técnica.

    El rol de Juan Manuel Ondarcuhu y Emilio Elías

    En el centro de las versiones que circulan en el sector marítimo aparece el nombre de Juan Manuel Ondarcuhu, ligado al grupo naviero Maruba, una de las empresas históricas del transporte fluvial argentino.

    Ondarcuhu es un actor conocido dentro del mundo portuario y marítimo. Su nombre empezó a sonar con más fuerza alrededor de la discusión por la Hidrovía debido a presuntos movimientos de lobby y articulación empresarial vinculados a la futura concesión del corredor fluvial.

    Junto a él aparece mencionado Emilio Elías, señalado por distintos actores del sector como otro de los operadores con influencia dentro de las negociaciones informales que rodearon el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno.

    La importancia política del tema radica justamente ahí: la discusión sobre la Hidrovía empieza a mostrar la presencia de los mismos grupos empresarios y operadores históricos que desde hace décadas orbitan alrededor de los grandes negocios del Estado.

    Una licitación envuelta en sospechas

    La administración de Milei había presentado la nueva licitación como una demostración de transparencia y apertura al sector privado. Sin embargo, el proceso terminó convertido en un problema político.

    La licitación fue anulada luego de que sólo quedara una oferente formal, la empresa belga DEME. A partir de ahí comenzaron las acusaciones cruzadas, las denuncias de presiones empresariales y las sospechas sobre posibles intentos de direccionamiento de los pliegos.

    Dentro del sector naviero aseguran que detrás de la caída del proceso existió una guerra silenciosa entre grupos económicos con intereses en el control del negocio portuario y del dragado.

    Y es ahí donde empiezan a aparecer los nombres de operadores, estudios jurídicos, empresarios marítimos y compañías vinculadas históricamente al comercio exterior argentino.

    Mucho más que barcos

    La Hidrovía concentra uno de los negocios estratégicos más importantes de la región. No se trata solamente de barcos circulando por el Paraná.

    Lo que está en juego incluye: peajes multimillonarios, control logístico, acceso privilegiado a información comercial, influencia sobre puertos privados y capacidad de presión sobre buena parte del ingreso de dólares al país.

    Por eso cada movimiento alrededor de la concesión genera tensión política y económica.

    En despachos oficiales y empresas del sector existe preocupación por la posibilidad de que comiencen a trascender reuniones reservadas, gestiones privadas y contactos informales vinculados al armado de la licitación.

    Si el expediente escala judicialmente, la situación podría transformarse en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno.

    El choque entre el discurso anticasta y los viejos operadores

    El problema político para Milei es evidente.

    Mientras el oficialismo construyó su identidad alrededor del combate contra “la casta”, la discusión por la Hidrovía muestra la persistencia de estructuras empresariales tradicionales con fuerte capacidad de influencia sobre áreas estratégicas del Estado.

    La aparición de nombres ligados históricamente al negocio marítimo y portuario alimenta además la sensación de que detrás del relato libertario siguen operando viejos mecanismos de poder económico.

    La pelea por la Hidrovía expone justamente eso: una disputa feroz entre sectores empresarios por el control de una de las cajas más importantes de la Argentina.

    Y en ese tablero, nombres como Juan Manuel Ondarcuhu, Emilio Elías, Maruba y los grupos vinculados al negocio portuario empiezan a quedar cada vez más cerca del centro de la escena política.

     

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