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Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin

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  • Roggio y Filiberti compiten por la privatización de AySA

     

    El Ministerio de Economía realizó este martes la apertura de las ofertas técnicas para la privatización de AySA y la disputa quedó entre el Grupo Roggio y un consorcio de empresas encabezado por Mauricio Filiberti.

    El gobierno de Javier Milei venderá el 90% del paquete accionario de la empresa que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se estima que podría recaudar entre 450 y 500 millones de dólares, aunque todavía no se conocen las ofertas económicas ni hay precio base en el pliego.

    Lo que quedó confirmado es que sólo dos grupos podrán avanzar a la siguiente etapa de la licitación, cuando se presentará la oferta económica. 

    El primer oferente es el Grupo Roggio, que opera el servicio de agua en Córdoba a través de la firma Aguas Cordobesas. El grupo presidido por Aldo Roggio está asociado en este caso con la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni, que proveerían asistencia técnica.

    Mauricio Filiberti

    Competirán contra un consorcio encabezado por Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti que es el mayor proveedor de AySA. Desde hace tiempo se descontaba que «El Rey del Cloro» sería uno de los jugadores de la licitación, aunque no estará asociado con José Luis Manzano como se suponía. Filiberti es socio de Manzano y Vila en Edenor.

    En este caso, Filiberti está asociado con Rowing SA,

    la constructora de Walter Román; el fondo de inversión neerlandés PHX y la brasileña Arcos que opera en Río de Janeiro.

    Según el ministro Luis Caputo, quien gane la licitación tendrá la obligación de invertir 2 mil millones de dólares en cinco años. Durante esa etapa, el gobierno garantiza que las tarifas se mantendrán en términos reales, es decir que aumentarán según la inflación.

    La Justicia bonaerense frenó la privatización de Aysa y la causa pasa al fuero federal

    En el camino quedaron varios grupos internacionales que se habían interesado en quedarse con AySA, sobre todo a partir de que el gobierno de Milei aplicó un feroz ajuste de tarifas que acomodó los números de la firma que actualmente preside Alejo Maxit.

    Desde un primer momento se había especulado con la posibilidad de una participación más fuerte de la israelí Mekorot (algo que incluso había celebrado el gobierno de Milei), aunque quedó afuera de la disputa por la cláusula «antichina» que impidió la participación de empresas controladas por otros Estados. De todos modos, Mekorot había aclarado que no podía comprar activos en el extranjero. Ahora, tendría un acuerdo de asistencia técnica a Roggio.

    Tampoco finalmente jugará la francesa Veolia, que en 2022 compró el grupo Suez que fue concesionario de AySA hasta la estatización en 2026. El rumor era que Veolia podía participar a través de alguna de sus controladas, como reveló LPO. Otro de los interesados que no presentó ofertas es la brasilera Sabesp, que opera el servicio de agua en San Pablo.

     

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