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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    Se fue pero le seguís pagando: el Gobierno mantiene la custodia de Adorni

     

    Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.

    Por Roque Pérez para NLI

    La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.

    De combatir la «casta» a conservar sus privilegios

    Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.

    La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.

    Una decisión que también genera preguntas judiciales

    El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.

    En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.

    Los recursos del Estado vuelven al centro del debate

    Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.

    La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.

     

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