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Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin

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    La medida se hará este jueves a las 10 y los bomberos pidieron a los vecinos de cada cuartel que no se alarmen. Con el sirenazo los bomberos buscan visibilizar el creciente malestar del sector ante la falta de respuesta de la ministra de Seguridad ante los reclamos presupuestarios.

    Monteoliva mantiene sin ejecutar ni distribuir $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios agrupa a más de 1000 asociaciones y 52.000 efectivos voluntarios en toda la Argentina,

    En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

    «Nos están dejando con la manguera a medias», dijeron a LPO desde el cuartel de bomberos de Gualeguaychú. Los bomberos dijeron a LPO que generalmente el pago del subsidio se cancela entre marzo y mayo, por lo que van entre cuatro y seis meses de demora este año.

    Desde el sector remarcaron que esos fondos provienen de un régimen de afectación específica recaudado por ley, por lo que desestimaron que se trate de asistencia extraordinaria o aportes discrecionales. El congelamiento de las partidas representa un recorte directo estimado en unos $45 millones por cada asociación de bomberos del país.

    En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

    A la disputa presupuestaria se suman otras tres demandas operativas que impactan directamente en las arcas de los 1000 cuarteles locales. Por un lado, los bomberos reclaman ser compensados por la atención médica y técnica en siniestros dentro de rutas concesionadas, y solicitan que la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones impulsada por el Decreto 97/2025 incluya convenios obligatorios, una contraprestación fija mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y mecanismos de compensación por daños en equipamiento.

    Por otra parte, la conducción de Bomberos exige la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, con especial énfasis en la devolución del IVA por compras de bienes, servicios y equipamiento a cargo de ARCA. A esto se añade un reclamo directo al Ministerio de Economía y al Banco Central para que se agilicen los pagos al exterior.

    Ante los elevados costos de los vehículos de emergencia en el mercado interno, los cuarteles recurren a la compra de unidades usadas en el extranjero, una operatoria que requiere pagos anticipados totales contra factura proforma y que hoy enfrenta severas trabas operativas.

     

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