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AMÉN

Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.

En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.

Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese  haber sufrido una violación.

Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.

Ser objetor de conciencia no te convierte
en un obstaculizador de derechos.

Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez  Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.

La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.

Portada: Germán Busin
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    El sector inmobiliario argentino atraviesa una grieta central en el último año y medio entre los que defienden la matrícula obligatoria para operar, manejada históricamente por los Colegios y Cajas Inmobiliarias, y los que proponen poner en competencia a ese sistema.

    Hasta hace pocos años parecía una discusión imposible de instalar, pero hace varios meses comenzó a filtrarse en fundaciones, despachos políticos y legislativos, cámaras empresariales y debates técnicos. Detrás de esa incomodidad empezó a aparecer un nombre repetido con insistencia en el sector, Jorge Amoreo Casotti.

    Casotti lleva meses tejiendo una estrategia para instalar el tema en la agenda del gobierno. El evento de Reporte Inmobiliario en la UCA fue el momento elegido para salir a la luz. El 27 de abril pasado, en un auditorio de la facultad ubicada en Puerto Madero, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó de exponer ante desarrolladores e inmobiliarios cuando, desde el público, Casotti tomó el micrófono y realizó la única pregunta del evento, incómoda, pero que muchos esperaban.

    Casotti no es un dirigente corporativo ni un referente político conocido. Es fundador de Pint, una startup proptech que opera en el mercado de intermediación inmobiliaria en varias ciudades. En sus redes sociales se distingue, sin decirlo, como un libertario radical. En una publicación de Instagram mostró una reunión personal con Alberto Benegas Lynch, figura de referencia para Javier Milei y los libertarios.

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    De esas entrañas provienen las ideas de Casotti. Pero no todo es idealismo. La pregunta en el evento de Reporte Inmobiliario no fue precisamente espontánea. Según pudo saber este medio, Casotti tenía perfectamente coordinada la situación para volver a poner el tema en la agenda.

    El intercambio funcionó como el disparador público de algo que el gobierno ya tenía en carpeta: Sturzenegger confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete de desregulación inmobiliaria con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.

    Casotti no viene del riñón del sector inmobiliario tradicional. Pero desde principios de 2025 se volvió una voz disruptiva en la industria. Llegó a ser considerado para ocupar el rol de director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) cuando la entidad era presidida por Iván Ginevra, de estrecha relación con el libertario, e importante empresario inmobiliario de Puerto Madero. Casotti no pudo nunca asumir su cargo porque la comisión directiva de la CIA lo despachó rápidamente. Luego también lo hizo con Ginevra, que dejó el cargo por haberlo propuesto.

    La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.

    La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.

    Los cambios apuntan a un esquema más flexible, con la figura del corredor independiente, la eliminación de restricciones territoriales y la posibilidad de acordar comisiones libremente. Según informó El Cronista, hoy la intermediación puede representar más del 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos, tasas y procesos burocráticos.

    Jorge Amoreo Casotti. 

    La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio. 

    La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.

    En un reciente video de Youtube, titulado «La verdad sobre el plan del gobierno para destruir la industria», dos históricos referentes del sector apuntan principalmente contra Casotti. Se trata de Alberto Loyarte, de Semana Inmobiliaria, y Alejandro Braña, de Braña Propiedades. No solo apuntan a Casotti, también señalan a Daimán Tabakman, reconocido consultor inmobiliario, José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, y al célebre influencer Beltrán Briones como parte de una conspiración digitada por el propio gobierno.

    Otro dato no menor se dio el mes pasado en la cena de la Fundación Libertad. El cónclave que reunió a las máximas figuras libertarias también contó con la presencia del empresario inmobiliario detrás de la desregulación. Según fuentes que asistieron al evento, se pudo ver a Casotti hablando junto a Sturzenegger cuando finalizaba el encuentro, lo que da sobradas muestras de la cercanía entre el Ministro y el CEO de Pint.

    Hay también un antecedente jurídico que los críticos esgrimen: el decreto 2484 de 1991, impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, planteó una desregulación comparable y terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema, dado que las provincias poseen la facultad de ejercer el poder de policía sobre las profesiones y de delegar ese control en los colegios profesionales.

    Lo que distingue a Casotti del perfil típico del lobbista sectorial es su exposición pública y su disposición al conflicto directo. Mientras las críticas al sistema colegiado circulaban históricamente en conversaciones privadas, él decidió convertirlas en ofensiva abierta. «Esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo técnico sino también desde lo moral», comentó en El Cronista.

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    El gobierno, por su parte, ya tomó posición. Sturzenegger cuestionó abiertamente el rol de los colegios profesionales y afirmó «que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social». Aunque aclaró que el problema no es la existencia de estas entidades, sino su carácter coactivo, y el uso de regulaciones para fijar condiciones que no responden al mercado.

    Con el proyecto camino al Congreso y el sector dividido, Casotti pasó de ser un nombre que circulaba en foros especializados de la innovación a convertirse en el rostro civil de una de las reformas más polémicas de las últimas décadas, y que el oficialismo tiene en agenda para el segundo semestre. 

     

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  • En el gobierno de Pullaro dicen que Lorenzetti los critica porque quería que designen a su hijo en la Corte provincial

     

    En el medio de la feroz refriega de la Corte Suprema por el caso del lobbysta judicial Santiago Busaniche, el ministro Ricardo Lorenzetti abrió un conflicto nuevo. Esta vez con el gobierno de Santa Fe, al que cuestionó por haber designado seis ministros de su máximo tribunal sobre siete durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

    Lorenzetti dijo el domingo en una entrevista con Clarín que hay un puente entre integrantes de un gobierno que luego pasan a su máxima magistratura. «Lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo en Santa Fe que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte Provincial, ya que el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal», declaró.

    En distintos ámbitos de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe las ironías explotaron. «Qué interesante que Lorenzetti descubrió la discrecionalidad en las designaciones. Lástima que no le pasó antes. Su última esposa es secretaria del juzgado federal de Rafaela, de donde él es oriundo, y en esos tribunales hay unos cuantos allegados que ingresaron por su influencia», dijo a este medio un funcionario de la Justicia Federal.

    En el gobierno provincial manifestaron no tener ningún deseo de responder a Lorenzetti. «Que diga lo que quiera», señaló un ministro del gabinete a LPO. Más cerca del despacho de Pullaro desacreditan el shock moral y son más directos. «La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió». Pablo Lorenzetti es camarista civil, comercial y laboral en Rafaela de la Justicia provincial.

     El juez Mahiques recibió fuertes presiones para evitar un fallo de Casación contra el lobbysta Busaniche

    Es curioso como se dan las cosas, Lorenzetti impulsó junto a Rosenkrantz un proyecto para modificar la selección de jueces como una  iniciativa que se interpretó en tribunales, en parte, como una jugada para dejar en una situación incómoda al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por el envío del pliego de su hijo Emilio para que sea juez en Santa Fe. Ahora es su hijo el que aparece en discusión. No es una novedad la perpetuidad de dinastías familiares en cargos claves de la justicia, como sucede con el clan Mahiques.

    La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió.

    Como sea, los que más revisan lo influyente que es Lorenzetti en Rafaela son funcionarios de la Justicia Federal que están en circunscripciones santafesinas. Hace un mes se difundió el proyecto de reglamento para concurso de jueces elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti, con el propósito declarado de que evite que se digiten nombramientos. Pero en Rafaela indican que en la prosecretaria administrativa del juzgado federal de esa ciudad es Mara Perrén, la esposa del ministro desde 2016. Perrén, según refieren allí a LPO, ingresó en marzo de 2014 y fue efectivizada en 2018.

    También aseguran que Tomás Vietto que ingresó en marzo de 2014 es amigo de Pablo Lorenzetti, el hijo mencionado del cortesano. El juzgado federal de Rafaela fue habilitado en febrero de 2014 mientras Lorenzetti era presidente de la Corte.

    El gobernador Maxi Pullaro en una visita a los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.

    En la coalición oficialista santafesina piensan que si Lorenzetti se molesta porque Pullaro remitió seis candidatos a la Corte provincial él mismo debería haber dicho no a su postulación en su momento. Refrescando la memoria indican que Lorenzetti fue designado en la Corte nacional por Néstor Kirchner en el año 2004. De los siete integrantes del máximo tribunal argentino, afirman, Kirchner había nombrado cinco.

    Lorenzetti niega que la reforma de la elección de jueces sea un proyecto del establishment

    Un ministro de Pullaro que prefiere el off dice que le parece llamativo que Lorenzetti haya salido a cuestionar al procedimiento de renovación de la Corte de Santa Fe en dos medios el fin de semana. «En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición». Dicen también que sin los escándalos de designaciones recientes en la Justicia Federal que tuvo a dos jueces de Rosario al borde del jury en los últimos 16 meses.

    En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición.

    También recuerdan que el muy cuestionado juez federal Gastón Salmain fue designado sin haber tenido más antecedentes en el campo judicial que haber sido echado por unanimidad por la Corte Suprema de la Nación en 2002 por haber ofrecido un soborno a una secretaria para direccionar un expediente al tribunal laboral donde él trabajaba. Y que tras ser designado Lorenzetti se hizo presente en Rosario en su ceremonia de jura.

    La semana pasada la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido del lobista judicial Santiago Busaniche, implicado en causas de corrupción junto a los jueces federales Bailaque y Salmain, para anular las causas en su contra. Este medio reveló el fin de semana que Carlos Mahiques recibió fuertes presiones para votar en favor del planteo de Busaniche de parte del entorno de Lorenzetti. La votación fue por mayoría, por dos votos a uno, y desniveló Mahiques.

    El domingo Lorenzetti declaró que conceder la prórroga que Mahiques pide para permanecer otros cinco años más en su cargo en Casación, ya que superó los 75 años, es ilegítimo e ilegal.

     

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