Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier RodriguezLastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia, agregando que “el acusado nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba la mujer”.
En función del fallo F.A.L vinculado con un aborto no punible que tuvo origen en la provincia de Chubut la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) invita a todos los poderes ejecutivos provinciales a eliminar las barreras administrativas y garantizar el acceso al aborto por parte de los profesionales y ordena crear un protocolo para poder llevarlo a cabo.
Además a nivel provincial nos rige la ley 4.796 en la que establece que la mujer debe prestar su consentimiento informado para realizar el aborto y éste debe ser practicado con su sola declaración jurada en la que exprese haber sufrido una violación.
Un fallo ejemplar desde la decisión, la cuestión penal merece un análisis aparte. La provincia de Río Negro, esperaba y merecía una decisión acertada como la que dictó el Juez de la causa, para seguir sustentando los avances provinciales en cuestión de género. En Río Negro NO gobierna la religión por sobre las normas ni las personas. Los fallos judiciales no están atados a cuestiones de creencias o fanatismo.
Ser objetor de conciencia no te convierte en un obstaculizador de derechos.
Es importante aclarar que el médico ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra no irá preso ya que la pena, que se fijará en posteriores audiencias, es excarcelable. También podrá seguir ejerciendo hasta que la sentencia quede firme.
La víctima, fue internada cuando tenía 18 años, hoy con 21 años tenía intenciones de presentarse a la audiencia aunque sus familiares decidieron que no asista debido a la fuerte exposición social, además del temor que sufra agresiones físicas luego de conocido el veredicto, ya que en las afueras del edificio judicial en Cipolletti fanáticos proclamados pro-vida montaron guardia durante la sentencia y la jornada previa al dictamen; donde instalaron una especie de altar con figuras religiosas, velas, banderas celestes, pancartas, imágenes de bebés y similares.
Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, lo hizo de nuevo. Volvió a plantarse contra las pretensiones del gobierno de Maximiliano Pullaro de que se retire del máximo tribunal este año. El oficialismo santafesino hasta le designó reemplazante, a él y a otros dos ministros, cuando no están formalizadas las renuncias. «Me voy a ir cuando yo quiera», dijo.
En el gobierno santafesino por ahora no dicen mucho públicamente. Pero dicen. «Si no se va, lo echamos».
Gutiérrez luego suavizó esa declaración de manera íntima. En un acto protocolar donde estuvo el gobernador este martes se acercó a Pullaro. «No te dejes llevar por mis declaraciones. Voy a cumplir mi compromiso», le dijo, al igual que a uno de sus ministros. Eso porque había señalado que se retiraba en noviembre de este año pero que quería despedirse como presidente de la Corte Suprema e inaugurando el nuevo edificio judicial de Santa Fe que será a fin de mes.
No obstante a un viejo vizcacha con 51 años en funciones como funcionario judicial si algo no se le escapa son los momentos políticos. Y para tocarle la oreja al gobierno aprovecha una cadena de tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial que son muy palpables y que busca capitalizar. Los jueces declaran, sin exponerse, que pocas veces estuvieron ante un gobernador que avance sobre la esfera de un poder autónomo. Indican que los jueces penales sobre todo avalan por miedo más que por convicción muchas medidas de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) muy ganado por la influencia del ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni.
La sensibilidad en la Justicia con Pullaro es máxima. La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a un concurso para reemplazar al secretario de Gobierno del órgano que durante décadas cumplió funciones esenciales en la organización del Poder Judicial y también de sus compras. En la Justicia hay una convicción absoluta de que Pullaro aspira a colocar ahí un funcionario propio.
Ese cargo sirvió para una concentración de poder que ejerció Eduardo Bordas que se acaba de ir. Una pretensión manifesta del gobierno desde antes de asumir fue bloquear ese control omnímodo de un funcionario polémico. «No van a poder», dicen desde adentro de la Corte. Primero porque el concurso lo maneja la misma Corte. Segundo porque las atribuciones del secretario de Gobierno serán desmontadas en al menos cinco dependencias o funcionarios distintos. Y además porque una Corte renovada, incluso con impulsados por Pullaro, ejercerá una supervisión nueva sobre el manejo de caja, que este ejercicio 2026 tiene disponibles 387.946 millones de pesos.
Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe
Ahora la fecha límite al concurso fue prorrogada. La lectura entre magistrados de Rosario fue automática. «Buscan que estén ya en funciones tres ministros designados que se presume serán mucho más leales a las intenciones de Pullaro. Para definir quién entrará como Secretario de Gobierno necesitarán solamente sumar un voto sobre siete ministros», le dijo una jueza a LPO.
«Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tiene suplente por lo menos. Es increíble, un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo», le dijo Gutiérrez al programa Verte Bien TV. La crítica fue profunda pero es razonable. Es cierto que la nueva constitución santafesina fija como límite de permanencia en el máximo tribunal los 75 años y que el ministro ya pasó ese borde. Pero también lo es algo inédito y es que la coalición de Pullaro haya nombrado un sucesor cuando no está ni planteada su dimisión.
Y un hombre como él, al que le gusta el frote, podría ir a la pelea por quedarse con un amparo. Pero hay un escenario que cambió. El poder de Gutiérrez durante los 26 años que estuvo como ministro de la Corte no lo dio tanto esa posición sino un Senado poderoso donde por casi tres décadas sus aliados, que ahora votaron por sus sucesores, fueron mayoría. Ya no ocurre. Hoy Pullaro controla la Cámara Alta. Y en el gobierno no van con implícitos. El gobernador ya dijo que si Gutiérrez no se va en noviembre lo correrá por decreto. Lo mismo hará con el ministro Roberto Falistocco.
Otro punto de discordia que peló los cables del Poder Judicial fue el intento de Pullaro a través de su fiscal de Estado de remover por decreto a cuatro ministros de la Corte, Gutiérrez entre ellos, que debían fallar por demandas contra la ley previsional impulsada por el gobierno, y que fue resistida por los trabajadores estatales. El gobierno señaló que no podían votar ministros que ya estaban en situación de jubilarse.
La respuesta fue un 7 a 0 contra el gobierno con los votos incluso de los miembros entrantes de la Corte impulsados por Pullaro. Esto generó nuevas apelaciones desde el Ejecutivo santafesino pero sobre todo contrariedad y bronca. En el Poder Judicial hay un cerrado consenso de que lo que aspira el gobierno es otra muestra del afán de neutralizar todo lo que se oponga a sus pretensiones políticas por cualquier vía. Acá lo que dicen es que no valen las recusaciones por demandas colectivas. Y que además las impulsaron no al principio del trámite, como marca la regla procedimental, sino cuando las demandas ya llegaban a la Corte.
En el gobierno toman las palabras de Gutiérrez como balas de fogueo de un hombre astuto que perdió poder. Pero están atentos. Sabe que conserva legitimidad interna, aunque los empleados judiciales sean el plantel por lejos más chico de la administración. Y también que alborota el panal en momentos en que muchos jueces están molestos por lo que consideran una intrusión inaceptable del Ejecutivo en espacios de un poder distinto.
Cosas que se han expresado con críticas duras del jefe de fiscales de Rosario hacia camaristas provinciales por decisiones de delegar casusa de microtráfico de drogas a la Justicia Federal. Y que cada tanto expresan réplicas. El presidente de la Corte santafesina puede estar en su momento de eclipse, pero usa las herramientas que le quedan para erosionar al gobierno que lo va corriendo de la cancha.
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A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Suteba, los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión de Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, pero la primera, en marzo último, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por Ctera.
Ahora, los reclamos apuntan de lleno a la gestión bonaerense y tienen dos razones centrales como detonantes. La primera, la exigencia de paritarias «urgente» para recomponer salario que denuncian «rezagado». En paralelo, alertan una escalada de hechos de violencia en las escuelas que golpea de lleno al sistema educativo.
El malestar de las bases frente al deterioro del poder adquisitivo del salario y el rol del gremio ante eso, venía siendo una encrucijada de compleja resolución para el liderazgo sindical de largo aliento de Baradel, uno de los sindicalistas más cercanos al gobernador.
En ese delicado equilibrio, para el último paro convocado con Baradel a la cabeza -en el inicio del ciclo lectivo, el 2 de marzo último-, el Suteba publicó una lista de siete reclamos, los primeros cinco se apuntaban al gobierno de Javier Milei y en el sexto apareció el planteo salarial a Provincia.
En ese contexto, Baradel no se presentó por otra reelección y en las últimas elecciones del Suteba fue consagrada como su sucesora una de sus dirigentes de confianza, María Laura Torre. No obstante, la oficialista lista Celeste tuvo una fuerte derrota a manos de Romina Del Pla en la seccional de La Matanza.
A un mes de asumir la conducción del Suteba, Torre acordó con el resto de los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) una huelga para este martes, luego de la advertencia que habían lanzado la semana pasada.
«Los maestros exigen una urgente convocatoria a paritarias con aumento salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector. Además, rechazan la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica y la reforma previsional, al tiempo que demandan garantizar las prestaciones de IOMA», señalaron.
La pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador y exigimos una convocatoria urgente a la paritaria salarial para recomponer el salario
La presión de los docentes por falta de llamado a discutir salarios ya se había puesto de manifiesto en los estatales de ATE, que exigen un aumento de dos dígitos al denunciar una pérdida del poder adquisitivo del 27% en dos años y medio. Así, le avisaron a la Provincia: «Hay mucho malestar».
Los docentes recibieron en 2026 una suba salarial del 9,3% en cuotas, a la que se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre 20 mil y 30 mil pesos.
«La pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador y exigimos una convocatoria urgente a la paritaria salarial para recomponer el salario», dijo la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera.
Y agregó: «Por una parte, solicitamos la restitución del FONID que fue eliminado por el gobierno nacional. Y por la otra, necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados».
En paralelo, existe una creciente preocupación por la escalada de episodios de violencia en las escuelas: «Hay una proliferación de hechos de violencia que requieren de diversas medidas, como la implementación plena del Acuerdo de Resguardo y Reparación o la aplicación de legislación vigente para que delitos o contravenciones de este tipo sean penalizados», sostuvo Olivera.
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