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Ambiente solicita hacer un uso correcto de los Puntos Limpios

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio.

En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.

Las fotos que acompañan la nota corresponden a los residuos extraídos del contenedor ubicado en cercanías al Museo Felipe Bonoli.

 

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  • Alarma total entre los militares, en Mar del Plata cortaron la cobertura social por una deuda de $800 millones

     

    La llegada de Carlos Presti al ministerio de Defensa está lejos de resolver la crisis de IOSFA, la obra social de los militares que desde la llegada del gobierno de Javier Milei acumula deudas millonarias que afectó progresivamente la cobertura social tanto de los activos como de los retirados. 

    Esta situación empeoró y fuentes afectadas por la situación revelaron que en Mar del Plata los afiliados de IOSFA se quedaron sin cobertura por una deuda de 800 millones de pesos con el Hospital Privado de la Comunidad. 

    Esta fuente afirmó que «hay un corte total de cobertura en Mar del Plata desde hace varios días sin solución a la vista.
    Los afiliados deben pagar de su bolsillo «cifras astronómicas» en el HPC (donde normalmente tienen cobertura) y tienen problemas para conseguir turno». 

    Un decreto de Milei a la medida de Presti reabre el debate sobre la politización de las Fuerzas Armadas

    El enojo y decepción arrastra a Presti porque, según afirman, se esperaba que el nuevo ministro saneara la obra social, pero «la realidad es que es peor todo y no ha servido de nada».

    Esta fuente afirma que «en Mar del Plata están las tres fuerzas representadas, hay gente en actividad y retirados de las tres fuerzas y se quedaron sin obra social y sin alternativas porque en el HPC vas con problemas médicos o algún tipo de estudio». 

    «Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores», remarca. 

    Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores

    «Es una situación muy compleja que no tiene viso de solución por el momento, a pesar de que habían hablado de que se iba a regularizar a través de un DNU y que se iban a separar las obras sociales con la fuerza de seguridad. De todo eso nada y con pagos muy a cuenta gotas que son insuficiente como para restablecer la prestación», lamenta. 

    Según esta fuente, otra ciudad con problemas similares es en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y  hay problemas con las farmacias que atendían IOSFA en todo el AMBA.

    Petri mete mano en los fondos de las Fuerzas Armadas para resolver el déficit de la obra social 

    «CABA tiene otra situación porque también está el Hospital Militar Central, el Hospital Naval y el Hospital Aeronáutico como alternativas primarias. La situación está muy delicada, porque en este momento IOSFA no cuenta con caja como para hacer frente al pago de los prestadores, y entonces eso se va cortando», concluye. 

    El enojo es mayor porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.

    LPO accedió a un comunicado en el que dice que «el Hospital Privado de Comunidad (HPC), a través de la Fundación Médica de Mar del Plata, notifica a la Base Naval que, debido a las deudas impagas por parte del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se suspenden la mayoría de los servicios programados» con la excepción de Oncología, Pediatría, Obstetricia y emergencias que pongan en riesgo la vida.  

     

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    Milei reordena los subsidios al gas

     

    Con un DNU firmado en pleno ajuste, el Gobierno modificó el Plan Gas.Ar para “aplanar” las tarifas durante el año. El cambio garantiza el cobro de las petroleras y traslada al Estado —y al presupuesto— el costo completo de la variación estacional del gas.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Decreto 26/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, introduce una modificación clave en el Plan Gas.Ar para hacerlo compatible con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo el argumento de evitar saltos tarifarios en invierno, el Gobierno de Milei resolvió que el precio del gas que pagan los usuarios se calcule como un promedio anual, eliminando el diferencial estacional visible en las boletas. Sin embargo, el trasfondo del cambio deja una certeza: el Estado pasa a absorber íntegramente las diferencias de precio, garantizando la renta del sector hidrocarburífero.

    La medida se adoptó por Decreto de Necesidad y Urgencia, sin debate previo en el Congreso, y redefine uno de los puntos centrales del esquema creado en 2020 para asegurar producción local de gas y reducir importaciones.


    Precio “plano” para el usuario, cobertura total para las petroleras

    El núcleo del decreto es la sustitución del punto 13 del Plan Gas.Ar, que habilita explícitamente a la Secretaría de Energía a fijar un Precio Anual Uniforme del gas. Ese valor será el que llegue a los usuarios residenciales, independientemente de la época del año.

    En la práctica, esto implica que:

    • En verano, cuando el gas es más barato, el usuario pagará un precio más alto que el de mercado.
    • En invierno, cuando el gas es más caro, el usuario pagará menos que el precio real de abastecimiento.

    La diferencia —ya sea a favor o en contra— queda siempre a cargo del Estado nacional. El decreto es explícito: el Tesoro cubrirá cualquier desfasaje entre el precio anual uniforme y el precio que surge de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustadas por estacionalidad.

    De este modo, las empresas productoras cobran el precio pleno comprometido, sin asumir riesgos por la nueva modalidad de facturación al usuario.


    Subsidios “focalizados”, pero garantizados

    El Gobierno presenta la medida como parte del ordenamiento de los subsidios energéticos. Sin embargo, lejos de reducirlos, el decreto consolida un esquema donde el Estado actúa como amortiguador absoluto del sistema. No solo subsidia cuando el precio es alto, sino que también administra compensaciones inversas cuando el precio de mercado es menor.

    Para ello, el DNU ordena modificar el régimen de cálculo de compensaciones del Plan Gas.Ar, admitiendo que:

    • En algunos meses el Estado deba pagar montos adicionales a los productores.
    • En otros meses, se realicen deducciones.
    • El balance cierre siempre a favor de la estabilidad del negocio energético.

    El objetivo declarado es evitar cortes en la cadena de pagos y garantizar previsibilidad al sector, aun en un contexto de ajuste fiscal severo sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales.


    Ajuste para abajo, blindaje para arriba

    Mientras Milei sostiene un discurso de “déficit cero” y poda del gasto público, el Decreto 26/2026 muestra otra cara de la política energética: cuando se trata del gas y de las petroleras, el Estado sigue siendo garante de rentabilidad. El riesgo del mercado no se traslada a las empresas, sino al presupuesto público.

    En términos concretos, el usuario puede ver boletas más estables a lo largo del año, pero el costo estructural del sistema sigue recayendo sobre el Estado, en un esquema que posterga cualquier discusión de fondo sobre tarifas, renta energética y soberanía sobre los recursos.

    El DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso. Pero, como ya es habitual, el modelo queda en marcha: precios “suavizados” para el consumo, negocios asegurados para arriba y un Estado que paga la cuenta.

     

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