Ambiente solicita hacer un uso correcto de los Puntos Limpios

 

La llegada de la electricidad transformó Buenos Aires mucho más allá del alumbrado público: modificó el trabajo, el transporte, los hogares y la vida nocturna de la ciudad.

Por Redacción de NLI

Hoy resulta casi imposible imaginar una Buenos Aires en la que encender una luz no fuera un gesto automático, en la que una calle pudiera quedar prácticamente a oscuras después de la puesta del sol y en la que las actividades económicas, culturales y sociales estuvieran condicionadas por la disponibilidad de iluminación natural. Sin embargo, durante buena parte del siglo XIX esa era la realidad cotidiana de los porteños, y la transformación que posteriormente produjo la electricidad fue tan profunda que terminó modificando no solamente la manera de iluminar una habitación, sino también los horarios de trabajo, el funcionamiento de las fábricas, el transporte, los espectáculos, la actividad comercial y hasta la percepción que los habitantes tenían de su propia ciudad. La electrificación de Buenos Aires fue, en definitiva, una de las grandes revoluciones silenciosas que construyeron la metrópolis que conocemos actualmente.

La electricidad no apareció de golpe ni llegó a todos los hogares al mismo tiempo, sino que atravesó un largo proceso de experimentación, inversiones y construcción de infraestructura que acompañó la modernización acelerada de Buenos Aires durante las últimas décadas del siglo XIX. Antes de convertirse en un servicio cotidiano, fue una tecnología extraordinaria que se utilizaba en demostraciones, instalaciones particulares y determinados espacios públicos o comerciales, mientras que la iluminación urbana dependía fundamentalmente de sistemas basados en el aceite y, posteriormente, en el gas. El verdadero cambio comenzó cuando la generación eléctrica pudo combinarse con redes de distribución suficientemente amplias como para llevar energía desde las centrales hasta distintos puntos de la ciudad, porque la revolución no consistía simplemente en inventar una lámpara eléctrica, sino en construir un sistema capaz de hacer que millones de personas pudieran encenderla cuando quisieran.

Antes de la electricidad, la noche era otra cosa

Durante siglos, la oscuridad había impuesto límites concretos a la actividad humana. En una ciudad como Buenos Aires, donde la vida económica y social fue creciendo rápidamente durante el siglo XIX, las alternativas para iluminar las calles y los edificios eran necesariamente limitadas. Las velas y las lámparas de aceite permitían resolver determinadas necesidades domésticas, mientras que el alumbrado público requería sistemas de mantenimiento permanente que no podían ofrecer la intensidad ni la regularidad que posteriormente alcanzaría la iluminación eléctrica.

La incorporación del alumbrado a gas representó un avance enorme y constituyó uno de los primeros pasos hacia una ciudad capaz de prolongar su actividad después de la puesta del sol. Las calles, edificios y espacios públicos podían disponer de una iluminación mucho más potente que la ofrecida por las tecnologías anteriores, y Buenos Aires comenzó a experimentar una transformación de sus hábitos nocturnos. La aparición del gas también demostró que la iluminación urbana podía convertirse en una infraestructura permanente y organizada, dependiente de redes y empresas especializadas, y no solamente de miles de pequeñas fuentes de luz distribuidas individualmente.

Pero el gas todavía tenía limitaciones importantes y, sobre todo, pertenecía a una etapa tecnológica que estaba empezando a quedar atrás frente a las posibilidades de la electricidad. Las grandes ciudades del mundo experimentaban entonces una carrera por incorporar nuevas formas de energía a sus sistemas urbanos, y Buenos Aires, que pretendía consolidarse como una capital moderna vinculada económica y culturalmente con Europa, no permaneció al margen de ese proceso.

La electricidad llegó primero como una demostración de futuro

Las primeras experiencias eléctricas porteñas estuvieron lejos de parecerse al sistema que hoy consideramos normal. Durante las décadas iniciales, la electricidad podía encontrarse en instalaciones particulares, establecimientos específicos o demostraciones destinadas a mostrar las posibilidades de una tecnología que todavía resultaba novedosa para la mayoría de la población. El problema no era solamente conseguir producir electricidad, sino encontrar una forma eficiente de distribuirla y mantener el suministro de manera relativamente estable.

Ese aspecto resulta fundamental para comprender cualquier proceso de electrificación: una ciudad no se electrifica instalando lámparas, sino construyendo una red. Esa red necesita centrales generadoras, sistemas de transporte de la energía, estaciones de transformación, tendidos, instalaciones de seguridad y una organización empresarial capaz de mantener todo el conjunto funcionando. Cada nuevo usuario agrega demanda y obliga a ampliar la infraestructura, por lo que la electrificación se convierte rápidamente en un proceso acumulativo en el que una mejora tecnológica genera nuevas necesidades y esas necesidades impulsan nuevas inversiones.

Buenos Aires comenzó a atravesar ese proceso mientras experimentaba una expansión demográfica y económica extraordinaria. La llegada masiva de inmigrantes, el crecimiento de las actividades comerciales, la expansión de los servicios y el desarrollo de nuevas zonas urbanas generaban una demanda cada vez mayor de infraestructura. La electricidad encontró allí un terreno particularmente favorable porque podía responder simultáneamente a necesidades muy diferentes: iluminar, mover máquinas, alimentar sistemas de transporte y, con el tiempo, hacer funcionar una enorme cantidad de aparatos domésticos.

Cuando la luz empezó a cambiar los horarios

La consecuencia más evidente de la electrificación fue, naturalmente, la iluminación, pero su verdadero impacto estuvo en todo aquello que la iluminación hizo posible. Cuando una ciudad consigue disponer de luz artificial abundante y relativamente estable, comienza a modificar su relación con el tiempo, porque las horas posteriores al anochecer dejan de representar necesariamente el final de la actividad.

Los comercios podían extender sus horarios, los teatros y salas de espectáculos podían funcionar con mayor comodidad, los restaurantes podían recibir clientes durante más tiempo y las calles podían mantener una actividad nocturna que anteriormente estaba mucho más condicionada por las posibilidades de iluminación. La noche comenzó a incorporarse progresivamente a la vida económica y cultural de Buenos Aires, y con ella apareció una nueva percepción de la ciudad: una metrópolis que no necesitaba apagarse completamente cuando desaparecía la luz natural.

Este cambio tuvo una dimensión social particularmente importante porque modificó las rutinas de una población que hasta entonces había organizado buena parte de su vida alrededor del ciclo natural del día y la noche. La electricidad permitió que el tiempo útil de una jornada se ampliara, aunque esa posibilidad también tuvo consecuencias contradictorias, especialmente en el mundo del trabajo, donde la existencia de iluminación artificial podía significar tanto mejores condiciones para determinadas tareas como la posibilidad de extender los horarios laborales.

La fábrica ya no tenía que obedecer al sol

La industria fue uno de los sectores que más rápidamente aprovechó las posibilidades de la electricidad. Las fábricas podían incorporar iluminación más eficiente y, progresivamente, utilizar motores eléctricos que ofrecían ventajas importantes frente a otras fuentes de energía. La electrificación industrial no solamente permitió mejorar determinadas condiciones de producción, sino que facilitó una organización mucho más flexible de las instalaciones, porque la energía podía distribuirse hacia diferentes máquinas sin depender exclusivamente de un único sistema mecánico central.

En Buenos Aires, este proceso acompañó la expansión de una economía urbana cada vez más diversificada, en la que crecían las actividades manufactureras, los talleres y las empresas vinculadas con el consumo de una población en aumento. La electricidad permitió que la producción pudiera desarrollarse durante períodos más extensos y contribuyó a crear una ciudad industrial que necesitaba cantidades cada vez mayores de energía.

Pero aquella transformación también planteó una contradicción que acompañaría la historia del desarrollo industrial durante décadas. La electricidad podía mejorar la productividad y las condiciones materiales de determinadas tareas, pero al mismo tiempo permitía que las empresas extendieran los períodos de funcionamiento, porque la llegada de la noche ya no constituía necesariamente una barrera técnica para continuar produciendo.

La modernización, como tantas veces ocurrió en la historia, no tenía una única consecuencia social.

La electricidad también empezó a mover la ciudad

La expansión de la electricidad no se limitó a los edificios y las fábricas, porque muy pronto alcanzó otro de los grandes problemas de una Buenos Aires en crecimiento: el transporte. El desarrollo del tranvía eléctrico permitió reemplazar progresivamente los antiguos sistemas de tracción animal por vehículos que podían desplazarse mediante energía eléctrica, ampliando las posibilidades de transporte urbano y contribuyendo a la expansión territorial de la ciudad.

Esto produjo un efecto particularmente importante porque la electrificación empezó a actuar simultáneamente sobre dos dimensiones fundamentales de la vida urbana: permitía iluminar la ciudad y, al mismo tiempo, permitía moverla. Los cables eléctricos comenzaron a formar parte del paisaje porteño y la infraestructura necesaria para sostenerlos se convirtió en una nueva capa tecnológica superpuesta sobre una ciudad que ya estaba creciendo rápidamente.

Los tranvías eléctricos ayudaron a conectar barrios alejados del centro, facilitaron los desplazamientos cotidianos y permitieron que muchas personas pudieran vivir a mayor distancia de sus lugares de trabajo. De esta manera, la electricidad no solamente hizo posible que Buenos Aires permaneciera activa durante la noche, sino que también contribuyó a que pudiera extenderse geográficamente.

El negocio que estaba detrás de cada lámpara

La electrificación también generó un enorme negocio alrededor de la producción y distribución de energía. Construir centrales, tender redes y abastecer a una población creciente requería inversiones de gran magnitud, por lo que diferentes empresas participaron de un proceso en el que se fueron definiendo las características del sistema eléctrico porteño. La historia de la electricidad estuvo desde el comienzo vinculada, por lo tanto, con una cuestión que adquiriría enorme importancia durante el siglo XX: quién debía controlar una infraestructura de la que dependía cada vez más la vida de toda la sociedad.

La electricidad no era comparable con cualquier mercancía porque una interrupción del suministro podía afectar simultáneamente a hogares, comercios, fábricas, hospitales, transportes y servicios públicos. A medida que la dependencia aumentaba, también crecía la importancia política y económica de las empresas responsables de la generación y distribución.

Esa discusión atravesaría diferentes etapas de la historia argentina, desde la expansión de compañías privadas hasta la intervención estatal y las posteriores transformaciones del sector energético. Lo interesante es que el debate no nació recientemente: está presente desde el mismo momento en que la electricidad dejó de ser una curiosidad tecnológica y se convirtió en una infraestructura indispensable para la vida urbana.

Cuando la electricidad entró finalmente en las casas

La transformación más íntima se produjo cuando la electricidad comenzó a incorporarse de manera creciente a los hogares. Para una persona acostumbrada a encender una vela o una lámpara de aceite, poder iluminar una habitación simplemente accionando un interruptor debía representar una experiencia extraordinaria, pero el verdadero cambio estaba en todo lo que esa facilidad permitía hacer.

La iluminación eléctrica eliminaba buena parte de los inconvenientes asociados al fuego, ofrecía una luz más uniforme y permitía disponer de ella inmediatamente, sin necesidad de preparar una llama. Con el tiempo, además, la instalación eléctrica doméstica abrió la puerta a una enorme cantidad de nuevos aparatos y servicios que transformarían las tareas del hogar, aunque esa segunda revolución se desarrollaría plenamente durante el siglo XX.

Lo importante fue que la electricidad dejó de ser percibida como una demostración de lujo y comenzó a convertirse en una condición esperada de la vida moderna. Una vivienda sin electricidad empezó progresivamente a ser considerada incompleta, de la misma manera que una ciudad sin alumbrado eléctrico comenzó a parecer atrasada frente a otras capitales.

La tecnología había conseguido algo fundamental: transformar lo extraordinario en cotidiano.

La infraestructura que aprendimos a no ver

Hay una paradoja en la historia de la electricidad que se repite con muchas tecnologías fundamentales: cuanto más exitosa resulta una infraestructura, menos conscientes somos de su existencia. Los primeros cables y postes eléctricos eran símbolos visibles de modernidad y anunciaban en cada calle que algo estaba cambiando; con el paso de las décadas, buena parte de esa infraestructura fue integrada al paisaje urbano hasta convertirse en algo que prácticamente dejamos de observar.

Hoy, cuando accionamos un interruptor, rara vez pensamos en las centrales que producen la energía, en las redes que la transportan, en las estaciones que modifican su tensión o en los trabajadores que mantienen todo el sistema operativo. La electricidad parece aparecer detrás de la pared como si fuera una propiedad natural de la vivienda, cuando en realidad depende de una de las redes técnicas más complejas que construyó la sociedad moderna.

Esa invisibilidad explica también por qué los cortes de suministro pueden producir una sensación tan extraña. Durante unas horas desaparece algo que normalmente no vemos y, de inmediato, descubrimos hasta qué punto nuestra vida cotidiana depende de ello.

La ciudad aprendió a fabricar su propio día

La llegada de la electricidad modificó Buenos Aires de una manera mucho más profunda de lo que puede sugerir una fotografía de una lámpara encendida. Cambió la relación con la noche, permitió ampliar horarios comerciales y laborales, impulsó nuevas formas de producción industrial, transformó el transporte y terminó incorporándose a los hogares como una necesidad básica. La electricidad hizo posible que la ciudad dejara de depender completamente de los ritmos naturales de la luz solar, y esa modificación afectó tanto las estructuras económicas como las costumbres más pequeñas de la vida cotidiana.

Por eso, cuando se habla de la modernización porteña de fines del siglo XIX y comienzos del XX, la electricidad merece ocupar un lugar central junto con los ferrocarriles, los tranvías, los puertos, las grandes obras públicas y la expansión de los servicios urbanos. Todas esas transformaciones estaban conectadas entre sí y formaban parte de un mismo proceso: la construcción de una metrópolis capaz de sostener una población cada vez mayor y una economía cada vez más compleja.

La Buenos Aires de aquella época quería presentarse ante el mundo como una capital moderna, y la electricidad fue una de las formas más visibles de demostrarlo. Pero su importancia histórica fue mucho mayor que la imagen de progreso que podía transmitir. La electricidad cambió la estructura misma de la vida urbana, porque permitió que las personas trabajaran, viajaran, produjeran, comerciaran y se entretuvieran de maneras que anteriormente habían estado limitadas por la oscuridad y por las tecnologías disponibles.

Quizás por eso el mejor símbolo de aquella transformación no sea una gran central eléctrica ni un moderno tendido de cables, sino algo mucho más pequeño: el interruptor de una habitación.

Durante siglos, para obtener luz había que encender algo.

Después de la electrificación, simplemente hubo que apretar un botón.

Ese gesto aparentemente insignificante condensó una revolución entera: la de una ciudad que descubrió que podía producir su propia luz, prolongar sus jornadas y comenzar a vivir más allá de los límites que durante miles de años había impuesto la llegada de la noche.

Y Buenos Aires, desde entonces, ya nunca volvió a ser la misma.

 

 

El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.

El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.

Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa

El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.

No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.

La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.

El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura

La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.

Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.

Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.

Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.

Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política

La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.

El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.

Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.

La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.

El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.

El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.