La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio.
En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.
Las fotos que acompañan la nota corresponden a los residuos extraídos del contenedor ubicado en cercanías al Museo Felipe Bonoli.
Estadística mensual correspondiente al mes de Junio 2020.- Saludos cordiales. Oficial Inspector Sandoval, Cesar A.Encargado Área AyudantíaBomberos Voluntarios Villa Regina. Central Alarma TE:100 TE: 2984461477-2984461999 Fray Luis Beltrán 322 V.R. (R.N) Difunde esta nota
Quien es incapaz de instalarse, olvidando todo lo ya pasado, en el umbral del presente, quien es incapaz de permanecer erguido en un determinado punto, sin vértigo ni miedo, como una diosa de la victoria, no sabrá lo que es la felicidad o, lo que es peor, no hará nunca nada que haga felices a…
Hace un mes atrás tuvimos la visita en Villa Regina de Guilherme Coury quien junto a otros dos slackers (Pablo Signoret y Rafael Bidi) ostentan uno de los records mundiales en la disciplina Highline, luego de caminar sobre la cinta 200 metros de largo entre dos picos de los Alpes franceses a más de 3.000 metros de…
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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Hace unos años un importante abastecedor de droga de Rosario se reunió con un contacto en un paraje entrerriano. Una avioneta iba a bajar un cargamento al costado de una quinta entre Nogoyá y Victoria. El proveedor necesitaba que el contacto trasladara la carga hasta más allá del peaje de entrada por el puente a Rosario en una camioneta que le darían. El hombre se preocupó. «Todo bien con la camioneta, ¿no? ¿No será robada?». El dueño del lote de droga le dio un frenazo. «Vos no te preocupas de nada. No preguntás nada. Solamente hacés lo que te digo».
Fernando Sebastián Vázquez, hoy de 45 años, se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores que es la organización a la que se le atribuye el control territorial del narcomenudeo en Rosario actualmente y cuyos miembros son los que de un modo brutal mataron en 2024 a Andrés Pillín Bracamonte, que fue por más de 20 años líder de la barra brava de Rosario Central.
Precisamente el Narigón Vázquez tiene sus principales problemas penales en el barrio de Arroyito, donde está la cancha de Central. Este miércoles lo indagaron por primera vez en la Justicia Federal de Rosario. Lo acusan de comercio agravado de drogas por una causa por la que estaba prófugo hace ocho años y por la que pueden darle entre seis y veinte años de cárcel. El 9 de junio de 2018 a la tarde efectivos de la Policía Federal supieron que Vázquez se iba a encontrar con un mayorista llamado Andrés Uriz. Los policías le salieron al cruce en Ferreyra y Juan B. Justo, a cuatro cuadras del estadio auriazul. Atraparon al abastecedor pero Vázquez y su pareja atropellaron a un policía en Almafuerte y Cordiviola, a una cuadra de la cancha, y huyeron en una VW Fox que enseguida abandonaron.
Lo buscaban desde un año antes, cuando en 2017 el fiscal federal Claudio Kishimoto avanzó en una pesquisa de la División Antidrogas de la Policía Federal y descubrió en una veterinaria de la zona sur, en Oroño y Saavedra, el funcionamiento de una cocina de cocaína que tenía dos abastecedores. Uno era Cristian «Negro» González, un hombre de Los Monos, que en esa causa terminó condenado a 18 años de prisión. Por ese mismo hecho al Narigón Vázquez lo llevó a indagatoria ahora el fiscal federal Federico Reynares Solari.
Esos ocho años como fugitivo se cortaron el martes cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina entró a la casa de pasillo en Villa Gobernador Gálvez, ciudad pegada al sur rosarino, donde se ocultaba. Hacía tres semanas que efectivos de civil merodeaban en el lugar. El Narigón estaba solo. Los hombres del cuerpo especial entraron corriendo al pasillo. Desde afuera un equipo controlaba con un dron desde arriba todos los vericuetos de las casas contiguas. Los que entraron cuentan que el Narigón corrió hacia su cama pero los efectivos tácticos lo inmovilizaron. Tenía una pistola debajo de la almohada.
En octubre pasado la misma fuerza especial lo había detectado en Victoria, a 60 kilómetros de Rosario, pero cuando un grupo de esa provincia fue a detenerlo logró escabullirse.
Para el momento en que empezaron a buscarlo por ser proveedor de Los Monos, el Narigón Vázquez había sido captado conversando con Silvana Gorosito en 2017, en la calle Blandengues al 900, la casa de la mujer. Gorosito es la esposa y madre de los hijos de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, uno de los gerentes logísticos de Los Monos que fue condenado a 37 años de prisión.
Pero a siete años de esa causa lo conectaron al crimen de Pillín Bracamonte que ocurrió el 9 de noviembre de 2024.
Y eso que ocurrió a 150 metros de la cancha de Central también lo tuvo cerca al Narigón Vázquez. Lo perdió una Citroën Air Cross blanca que fue captada por las cámaras de calle en la escena donde Pillín fue acribillado y que iba como auto de apoyo de una moto Honda Twister 150 en la que escapaban los tiradores. El vehículo al ser identificado fue conectado con su hermano Alejandro Vázquez, quien era una persona sin prontuario, y al que lo ligaba una denuncia de venta del auto. Cuando lo intentaron ubicar en marzo de 2025 le encontraron 70 kilos de marihuana en su vivienda de Aguzzi al 4000.
El Narigón Vázquez se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores, la organización a la que se le atribuye en la actualidad el control del narcomenudeo en Rosario
En el examen del espectro relacional los investigadores del crimen supieron que el hermano de Alejandro era Sebastián Vázquez, que llevaba siete años con captura recomendada. Todo el trabajo de la fiscalía provincial fue la que identificó
Para los que participan del caso Sebastián Vázquez es quien puso a los asesinos por encargo en el lugar y que fue allí en compañía de su hermano Alejandro que era quien manejaba. Todo se terminó de detectar cuando una especialista en imágenes captó la Citroen C3 y una moto con la que sacaron a los tiradores de la escena donde mataron a Pillín y a Daniel Attardo que era el número dos de la hinchada de Central.
Hay una discrepancia sobre el rol que tuvo el Narigón Vázquez en el homicidio que cuando se realice la audiencia por este delito tal vez no quede dilucidada. La policía actuante entiende que fue uno de los dos autores materiales de los disparos. No así la fiscalía que no tiene esa certeza, que preliminarmente lo ubica como organizador del atentado y también aportante para que los matadores llegaran a la zona.
Los fiscales Patricio Saldutti, Ignacio Hueso y Agustina Eiris tienen desde la detención que fue el martes 15 días para imputar que se concede a los casos complejos que vence el 1 de julio. Como la pesquisa viene de antes los fiscales dicen estar en condiciones de imputar la semana próxima.
Con las dinámicas de las organizaciones criminales que se desplazan, la demanda y los cambios de liderazgo, los referentes van cambiando. Las áreas de inteligencia de Santa Fe y los fiscales provinciales y federales creen que el Narigón Vázquez pasó de ser proveedor de Los Monos a cumplir igual papel con Matías Gazzani, que es el cabecilla prófugo de Los Menores, el grupo al que se le atribuye haber matado a Pillín. Gazzani tiene 29 años y el gobierno de Maximiliano Pullaro ofrece 65 millones de pesos de recompensa por datos que lleven a su captura.
El despiadado atentado contra Pillín, según la principal línea investigativa de los fiscales, fue cometido para generar cambios en la escala de negocios en la barra del club rosarino hacia el control de personas metidas de lleno en el terreno del narcotráfico a gran escala.
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