La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio.
En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.
Las fotos que acompañan la nota corresponden a los residuos extraídos del contenedor ubicado en cercanías al Museo Felipe Bonoli.
El gobierno entró en deliberación sobre las consecuencias de la derogación de los artículos de la Ley de Manejo del Fuego que penan a los propietarios de campos donde se produzcan incendios intencionales, en medio del estrago que se produce desde diciembre en las provincias patagónicas. «La derogación está en evaluación», dijo este martes una fuente libertaria ante la consulta de LPO.
La asunción de la duda contrasta con las definiciones del Consejo de Mayo, que postulaba la derogación de los artículos 22 bis, ter y quater, introducidos en las modificaciones impulsadas por Máximo Kirchner en 2020, para restituir el articulado original. Aquellos cambios establecían un plazo de 60 años sin que los propietarios de un terreno incendiado por quemas de pastos puedan darle a su tierra un uso o destino diferente al que le daban antes del siniestro.
Frente al descontrol de la situación en la Patagonia, el oficialismo en el Congreso espera indicaciones de Casa Rosada.
Como informó LPO, los gobernadores Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal organizaron una cumbre para definir una postura ante la Casa Rosada y reclamar la declaración de la emergencia ígnea.
El bloque de diputados peronista, por su parte, ya había presentado un proyecto con ese objetivo el pasado 9 de enero. La iniciativa lleva la firma de legisladores patagónicos como el neuquino Pablo Todero, el chubutense José Glinsky, los rionegrinos Marcelo Mango y Adriana Serquis, los santacruceños Ana María Ianni y Juan Carlos Molina y el pampeano Ariel Rauschenberger pero también las de la bonaerense Sabrina Selva y el entrerriano Guillermo Michel.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la «emergencia ígnea y ambiental» por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego. Según el articulado, esos fondos deberían destinarse a la población damnificada, la reconstrucción de infraestructura pública crítica, acciones de reparación ambiental y asistencia a los productores.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la ‘emergencia ígnea y ambiental’ por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego.
También proponen la implementación de aumentos a las asignaciones a través de ANSES, como la AUH y prestaciones por desempleo, distribución de agua y alivio fiscal para personas físicas y jurídicas emplazadas en municipios castigados por los incendios.
Llamativamente, la bancada peronista no había divulgado con intensidad el proyecto, acaso atravesada por las discusiones sobre la suerte del PJ bonaerense. Pero fuentes parlamentarias argumentaron ante LPO que la conducción del bloque seguía este martes con atención la cumbre de gobernadores, más allá de que el temario de la reunión a la que habían convocado fuera el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. «Lo estamos siguiendo porque los proyectos de declaración de emergencia son de nuestros diputados y ellos han pedido por nota que el tema sea tratado en extraordinarias».
En tanto, los gobernadores pretenden lo mismo para que la discusión sobre herramientas paliativas frente al estrago comience el próximo 2 de febrero, fecha de inicio de las sesiones extraordinarias.
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
Te dejamos las actividades para este finde: opciones para las infancias, música, gastronomía y deportes, estrenos en el cine. SÁBADO 5 DE MARZO El cierre de la edición verano de las JORNADAS RECREARTE será en B° Villa Alberdi desde las 15 hs. Actividades de escritura, títeres, teatro, organizadas por Cultura y la Secretaría de Desarrollo…
El piloto rionegrino ya está en Concepción y va por su primer podio en la 2da fecha de la competencia. Este fin de semana se corre la segunda fecha del Top Race V6, el autódromo de Concepción del Uruguay recibirá a los pilotos los días 15 y 16. Los motores vuelven a rugir a más…
Salta, Jujuy y Tucumán presentaron en las últimas horas una denuncia conjunta sin precedentes contra la empresa transportadora Transnoa, a la que acusan de haber dejado a más de 900 mil usuarios del Noroeste Argentino (NOA) sin suministro eléctrico en los últimos tres días.
La presentación se hizo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que generaron los apagones recientes, que provocaron un efecto dominó en otros servicios básicos, como el agua potable y la atención sanitaria.
Esta acción colectiva es el resultado de un largo historial de conflictos que cada una de estas provincias mantuvo por su lado con Transnoa, a la que acusan de incumplir con el plan de inversiones comprometido para los últimos años.
Funcionarios de las tres provincias advierten que es «crítica» la situación que el sistema eléctrico regional atraviesa. Ahí, no solo apuntaron contra la desinversión y el déficit de personal técnico por parte de Transnoa.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán
También, desde las provincias administradas por Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo acusan una deficiente supervisión por parte del gobierno de Javier Milei.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán, que denunciaron una política empresarial que «prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio».
Transnoa tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la Red de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del NOA desde 1994, a partir de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem.
Más del 57% de las acciones de esta transportadora están a manos de Elecnorte S.A., propiedad de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, mientras que IATE S.A., del Grupo Taselli, tiene el 27,18% de las acciones. El resto lo posee la provincia de Catamarca (5,06%) y el Programa de Propiedad Participada (10%).
En medio de recientes denuncias por cortes y desinversión, Transnoa realizó cambios de directorio que también generaron problemas internos.
Hoy, como presidente figura Diego Héctor Castro y, como vice, Melitón Eugenio López, que tiene un pasado reciente en la función pública como presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante de la gestión de María Eugenia Vidal. También dentro del directorio de Transnoa figura otro ex funcionario de Lotería en ese mismo periodo, Marcelo Oscar Mehl.
Cúpula directiva de Transnoa durante una reunión reciente con el gobierno de Santiago del Estero.
En la presentación ante el ENRE, las provincias detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta.
Mientras que, en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios.
En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.
En concreto, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán le reclaman al ENRE que le exija a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas.
También, que se obligue a la transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que detalle la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.
La presentación ante el ENRE fue hecha por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.
La Directora de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina Katerina Iogna se reunió esta mañana con integrantes de la Mesa de Turismo Rural. En el encuentro se realizó un balance de las actividades desarrolladas durante el verano y se planificaron las propuestas para llevar adelante en lo que resta del año. Entre otros temas…
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