La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio.
En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.
Las fotos que acompañan la nota corresponden a los residuos extraídos del contenedor ubicado en cercanías al Museo Felipe Bonoli.
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
Hace un año y medio el Gobierno celebraba que los instrumentos de deuda en pesos como el dólar linked no tuvieran demanda, porque lo interpretaba como una señal de confianza en el ancla cambiaria del programa económico.
Bueno esa situación cambió. La demanda de cobertura cambiaria obligó a Toto Caputo a convalidar esa preferencia para poder financiarse. En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.
El dato marca un cambio en el humor del mercado. Mientras durante buena parte de 2025 la mayor parte del financiamiento se concentraba en instrumentos en pesos, en los últimos meses los inversores comenzaron a privilegiar activos que los protegen frente a una eventual aceleración del tipo de cambio oficial, que anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando dijo que «en unos meses» el dólar cotizará en torno a los $1.800.
También coincide con la afirmación de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que en su encuentro con empresarios argentinos dijo que el dólar debería estar mas alto, como reveló en exclusiva LPO.
La situación contrasta con el mensaje que el propio Gobierno transmitía al comienzo de su programa económico. En febrero de 2025, luego de una licitación en la que el Tesoro ofreció un bono dólar linked con vencimiento en enero de 2026, el ministro Caputo, celebró que el instrumento prácticamente no hubiera tenido demanda. «Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda», escribió.
En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.
El presidente Javier Milei reforzó aquella lectura con una respuesta que rápidamente se viralizó: «No apto para econochantas». Poco después, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, agregó: «Hoy ofrecimos dólar linked a enero 2026… y no vino casi nadie. Adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%. Una cosa son los que opinan, otra el mercado».
Un año y medio después, ese mismo mercado parece haber cambiado de postura. Las colocaciones de deuda atada al dólar crecieron de manera sostenida durante 2026 hasta alcanzar en julio un máximo histórico. El informe que sigue la evolución de las licitaciones sostiene que el fenómeno responde a una mayor demanda de cobertura cambiaria y a un menor interés por los instrumentos tradicionales en pesos.
«El mensaje no es necesariamente que el mercado espere una devaluación brusca en el corto plazo. Lo que muestra es que aumentó la necesidad de cubrir riesgos. Muchos inversores prefieren resignar algo de rendimiento antes que quedar totalmente expuestos a una corrección cambiaria», explicó a LPO un operador financiero que participa habitualmente de las licitaciones del Tesoro.
El analista sostuvo que la estrategia también tiene beneficios para el Gobierno. «Mientras logra renovar los vencimientos ofreciendo cobertura cambiaria, evita tener que convalidar tasas en pesos todavía más altas. El problema es que va acumulando una deuda cuyo costo aumenta automáticamente si el dólar oficial acelera su ritmo de suba», señaló.
Los números muestran con claridad esa tendencia. Después de varios meses con emisiones reducidas de deuda dólar linked, el volumen comenzó a incrementarse desde mayo y terminó explotando en julio. La colocación de $8,1 billones no sólo duplicó el máximo anterior sino que consolidó a estos instrumentos como uno de los principales vehículos de financiamiento del Tesoro.
En paralelo, las expectativas del mercado también comenzaron a reflejar un sendero de depreciación más pronunciado para los próximos meses. Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.
Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.
Para el Gobierno, el esquema permite mantener el financiamiento en pesos sin generar una presión inmediata sobre las reservas o sobre el mercado cambiario. Sin embargo, la contracara es que crece la exposición del Estado a una eventual aceleración del dólar. Cuanto mayor sea la deuda indexada, mayor será también el costo financiero de cualquier corrección cambiaria.
La paradoja es evidente. En febrero de 2025 el oficialismo exhibía la escasa demanda por un bono dollar linked como una prueba de la confianza del mercado en su estrategia económica. Dieciocho meses después, el récord de colocaciones muestra exactamente lo contrario: para seguir financiando al Tesoro, los inversores vuelven a exigir una cobertura frente al riesgo cambiario. Esa transformación, más que cualquier declaración, refleja cómo cambió la percepción del mercado sobre el dólar.
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