El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, dispuso a través de la Resolución 956/2018, el “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”.
Como antecedente de este reglamento, se nos viene a la mente el precedente del caso “Chocobar”, aunque no fue el único durante el último tiempo, quizás sí, el más renombrado. Seguramente el Ministerio vio la necesidad de reglamentar estas situaciones y el procedimiento del actuar policial para, principalmente, responder ante el reclamo de parte de una sociedad que exige “leyes más duras”.
Y no es sólo la minoría menos afectada (que relojea las problemáticas sociales desde arriba) la que celebra la resolución, son varios los sectores de la sociedad que ante este nuevo reglamento festejan que un policía tenga a prima facie la posibilidad de usar su arma reglamentaria, ya que el texto avala ese accionar; además de tratarse de un reglamento que en la práctica apelará a la subjetividad del agente policial con términos demasiado ambiguos y vagos. Es decir, el funcionario tendrá que evaluar al momento de vivenciar la situación, de que se trata el hecho. ¿Están capacitados para hacerlo?
El principal cambio, símbolo de esta resolución es la posibilidad del uniformado de usar su arma reglamentaria antes que el supuesto delincuente. Y siendo respetuosos con los ordenamientos internacionales y nacionales de derechos humanos, ésta disposición es violatoria de dichos derechos.
Es irracional pensar que ésta nueva disposición tenga mucho tiempo de vida, ya que como es un Reglamento, tiene menor jerarquía en el orden del ordenamiento nacional y no faltará mucho tiempo para que surja la avalancha de inconstitucionalidades (la justicia porteña ya lo hizo).
Los nuevos (y no tanto) aires políticos que se respiran en la región, que viajan por el carril derecho de la autovía, atemorizan con resoluciones prácticas que no profundizan sobre la problemática, no previenen; sino que confrontan y en el peor de los casos (o mejor, para algunos) eliminan. En la práctica, estas decisiones abren el espacio a abusos y dejan demasiados grises para analizar, donde cada juez responderá con la biblioteca de su juzgado.
PUNTOS DEL
REGLAMENTO QUE GENERAN CONTROVERSIA
El texto indica en qué momentos hay “peligro inminente”, uno de ellos, según el reglamento, es cuando el presunto “delincuente” posea un arma letal, aunque luego delos hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
Se recalca que los funcionarios solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. ¿Cuándo será “estrictamente necesario”? ¿Cuál es “la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”? Deja librado a la casuística y muchas posibilidades.
Se prevé,que se hará uso de las armas de fuego, cuando otros medios no violentos sean ineficaces, por ejemplo, en el caso de que se quiera impedir la comisión de un delito “particularmente grave”, que presente “peligro inminente” para la vida o la integridad física de las personas; entre otros supuestos. ¿Con qué certeza el agente policial sabrá si el medio no violento fue, o no, eficaz?.
El Código Penal ya prevé la situación de legítima defensa en el Art. 34. Un actuar del oficial de seguridad, fuera de esos límites, caería en un delito severamente penado por dicho Código, previsto en el Art. 80 inc. 9. Entonces, éste Reglamento, es un arma de doble filo, tanto para los ciudadanos como para los miembros de las fuerzas; ya que corre peligro la vida de la persona y también la libertad del funcionario que exceda los límites del Código.
‘Puerta a la Vida’ es un espacio de abordaje integral de las adicciones que depende de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y es integrante además de la red CRAIA (Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones) de la provincia que pertenece a APASA (Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso…
La nueva economista jefe del FMI nació en Tucumán, se formó en la universidad pública de su provincia, obtuvo un doctorado en Harvard y terminó en la cúspide de la tecnocracia global. Silvana Tenreyro asumirá en agosto como consejera económica y directora del Departamento de Investigación del Fondo. En Washington la presentaron con el idioma prolijo de los organismos: excelencia académica, liderazgo intelectual y experiencia en política económica. Pero el apellido Tenreyro trae otra historia. Una que no entra fácil en un paper.
Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El organismo informó que reemplazará a Pierre Olivier Gourinchas y que asumirá el 10 de agosto. Kristalina Georgieva la definió como «globally respected economist» y destacó su experiencia en bancos centrales, academia e instituciones internacionales. El cargo no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.
El currículum impresiona. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997. Después hizo una maestría en Harvard en 1999 y el doctorado en 2002. Sus directores fueron Alberto Alesina, Robert Barro y Kenneth Rogoff. No se fue por el kirchnerismo, como podría ordenar rápido alguna sobremesa porteña. Se fue antes. A los pocos meses de graduarse ya estaba en Massachusetts. La crisis de 2001 la encontró afuera, mirando desde Harvard el derrumbe de la convertibilidad y el país en llamas.
Antes había estudiado en el colegio Santa Rosa de Tucumán y había trabajado como asistente de investigación de Víctor «Turco» Elías, uno de los economistas tucumanos más reconocidos. La Gaceta la presentó en 2017 como una «chica 10» tucumana cuando fue designada en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. En esa nota se recordaba que había obtenido uno de los mejores promedios en la UNT y que ya tenía experiencia en bancos centrales.
Su carrera después tuvo escala global. Fue economista de la Reserva Federal de Boston entre 2002 y 2004. En 2004 entró a la London School of Economics. Fue lecturer, reader, profesora y desde 2025 ocupa la cátedra James E. Meade. Integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. También fue miembro externo del comité del Banco Central de Mauricio entre 2012 y 2014, visitante académica del Banco Central Europeo y parte del grupo asesor externo de la directora gerente del FMI desde 2023.
Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El cargo de economista jefe del FMI no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.
La lista sigue. Fue presidenta de la European Economic Association entre 2021 y 2022. Es fellow de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society. En 2023 recibió la distinción de Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la economía. Ganó el premio Yrjö Jahnsson en 2021, el Birgit Grodal en 2022 y el Bernhard Harms en 2025. Tiene publicaciones sobre política monetaria, comercio internacional, volatilidad, desarrollo, Brexit, dominancia del dólar, fragmentación comercial e inflación.
Su producción no es la de una economista de manual. Trabajó sobre cómo la política monetaria se transmite a la economía real. Es decir, cómo una tasa no queda encerrada en una planilla: pega sobre empleo, salarios, producción y demanda. En una entrevista con Martín Kanenguiser, en Infobae, dijo que su objetivo era entender «cómo se transmite la política monetaria a la economía real». También marcó que las rigideces salariales son clave para explicar el efecto de una baja de tasas sobre empleo y producción.
En esa misma conversación defendió «la apertura al comercio internacional» como una vía para diversificar shocks domésticos. Su argumento fue que las economías más ricas y abiertas tienden a ser «menos volátiles» porque tienen más compradores, más proveedores y tecnologías más variadas. También sostuvo que, en una crisis, las políticas monetarias y fiscales óptimas son contracíclicas, y que idealmente debería verse una «expansión fiscal y monetaria». Un razonamiento bastante menos lineal que el reflejo pavloviano de cortar gasto ante cualquier incendio.
La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.
Los registros de organismos de Derechos Humanos ubican a Juan Eduardo Tenreyro Díaz como detenido desaparecido. El Parque de la Memoria consigna que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en San Miguel de Tucumán, que tenía 64 años y que era contador público nacional. Según consta en la Comisión Bicameral de Tucumán fue Seecretario de Hacienda de Amado Juri. O sea, era parte del poder constitucional tucumano que Antonio Domingo Bussi vino a arrasar.
La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.
La Comisión Bicameral describió la represión contra el gobierno justicialista de Tucumán como una ofensiva directa contra las autoridades constitucionales. Amado Juri estuvo detenido casi tres años. Funcionarios, legisladores y dirigentes fueron encarcelados, torturados, perseguidos o desaparecidos. En esa lista aparecen Dardo Molina, Juan Eduardo Tenreyro, Guillermo Vargas Aignasse y José Chebaia, entre otros. No fue sólo una cacería ideológica. Fue también la demolición de un elenco político completo.
En noviembre de 2003, el fiscal federal Emilio Ferrer acusó al ex gobernador Antonio Bussi por el secuestro y la desaparición de Juan Eduardo Tenreyro. Bussi ya estaba detenido por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Ferrer sostuvo que el militar tenía una responsabilidad penal «fuera de toda discusión y duda» y pidió además la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por inconstitucionales.
El operativo contra Tenreyro fue en la madrugada del golpe. Según el expediente, lo secuestraron en su casa de avenida Mitre 224. Los hombres que llegaron se identificaron como policías y se movían en un Ford Falcon. Pocos minutos después apareció personal del Ejército bajo las órdenes del mayor Capitán, con la excusa de cumplir una orden de detención. Para el fiscal, ese grupo no iba a detenerlo. Iba a comprobar que la misión hubiera salido bien.
Juan Gelman reveló un ángulo todavía más oscuro en una contratapa de Página/12 publicada a fines de los noventa. El texto se tituló «Revisiones» y retomó el testimonio de Andrés Francisco Valdez, un preso por delitos comunes que dijo haber actuado como asesor de inteligencia. Gelman escribió que Valdez había viajado a Tucumán enviado por el Batallón 601 y que había quedado bajo las órdenes del coronel Ramón Fernández.
En esa columna, Gelman citó la declaración de Valdez sobre Chebaia, Vargas Aignasse, Dardo Molina y Tenreyro. Según ese relato, Tenreyro fue interrogado el 27 de marzo en la Jefatura de Policía. Valdez dijo que la orden había sido de Bussi y que luego fue «muerto y fondeado». Gelman subrayó además una confusión reveladora: Valdez hablaba del dique «El Acheral», aunque en Acheral no hay dique. La referencia real, escribió, conducía al Cadillal.
Gelman agregó otra hipótesis, más incómoda todavía. En Tucumán, escribió, era «secreto a voces» que Chebaia y Tenreyro habían sido secuestrados por tierras en Taco Ralo con las que terminaron quedándose militares. La represión, entonces, no sólo disciplinaba cuerpos y partidos. También iba a por las propiedades y los negocios.
Ahí está el pliegue de la historia. La nieta de un funcionario peronista desaparecido por Bussi llega a la jefatura económica del FMI. La casa que durante décadas le habló a la Argentina de equilibrio, disciplina y reformas ahora tendrá como principal voz técnica a una tucumana cuya biografía familiar remite al costado más brutal del poder económico y militar.
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