El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, dispuso a través de la Resolución 956/2018, el “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”.
Como antecedente de este reglamento, se nos viene a la mente el precedente del caso “Chocobar”, aunque no fue el único durante el último tiempo, quizás sí, el más renombrado. Seguramente el Ministerio vio la necesidad de reglamentar estas situaciones y el procedimiento del actuar policial para, principalmente, responder ante el reclamo de parte de una sociedad que exige “leyes más duras”.
Y no es sólo la minoría menos afectada (que relojea las problemáticas sociales desde arriba) la que celebra la resolución, son varios los sectores de la sociedad que ante este nuevo reglamento festejan que un policía tenga a prima facie la posibilidad de usar su arma reglamentaria, ya que el texto avala ese accionar; además de tratarse de un reglamento que en la práctica apelará a la subjetividad del agente policial con términos demasiado ambiguos y vagos. Es decir, el funcionario tendrá que evaluar al momento de vivenciar la situación, de que se trata el hecho. ¿Están capacitados para hacerlo?
El principal cambio, símbolo de esta resolución es la posibilidad del uniformado de usar su arma reglamentaria antes que el supuesto delincuente. Y siendo respetuosos con los ordenamientos internacionales y nacionales de derechos humanos, ésta disposición es violatoria de dichos derechos.
Es irracional pensar que ésta nueva disposición tenga mucho tiempo de vida, ya que como es un Reglamento, tiene menor jerarquía en el orden del ordenamiento nacional y no faltará mucho tiempo para que surja la avalancha de inconstitucionalidades (la justicia porteña ya lo hizo).
Los nuevos (y no tanto) aires políticos que se respiran en la región, que viajan por el carril derecho de la autovía, atemorizan con resoluciones prácticas que no profundizan sobre la problemática, no previenen; sino que confrontan y en el peor de los casos (o mejor, para algunos) eliminan. En la práctica, estas decisiones abren el espacio a abusos y dejan demasiados grises para analizar, donde cada juez responderá con la biblioteca de su juzgado.
PUNTOS DEL
REGLAMENTO QUE GENERAN CONTROVERSIA
El texto indica en qué momentos hay “peligro inminente”, uno de ellos, según el reglamento, es cuando el presunto “delincuente” posea un arma letal, aunque luego delos hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
Se recalca que los funcionarios solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. ¿Cuándo será “estrictamente necesario”? ¿Cuál es “la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”? Deja librado a la casuística y muchas posibilidades.
Se prevé,que se hará uso de las armas de fuego, cuando otros medios no violentos sean ineficaces, por ejemplo, en el caso de que se quiera impedir la comisión de un delito “particularmente grave”, que presente “peligro inminente” para la vida o la integridad física de las personas; entre otros supuestos. ¿Con qué certeza el agente policial sabrá si el medio no violento fue, o no, eficaz?.
El Código Penal ya prevé la situación de legítima defensa en el Art. 34. Un actuar del oficial de seguridad, fuera de esos límites, caería en un delito severamente penado por dicho Código, previsto en el Art. 80 inc. 9. Entonces, éste Reglamento, es un arma de doble filo, tanto para los ciudadanos como para los miembros de las fuerzas; ya que corre peligro la vida de la persona y también la libertad del funcionario que exceda los límites del Código.
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Verdades y fantasías en torno al trabajo precario y la corrupción en obras públicas faraónicas que por más de un siglo atraviesan el imaginario histórico argentino.
Por Silvina Belén para NLI ·
Cada vez que la precarización laboral se agiganta, como ahora, asoma un viejo informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la república: el que Bialet Massé le presentó a principios del siglo pasado, en 1904, a Julio A. Roca y Joaquín V. González, presidente y ministro del interior, respectivamente, ese año.
Del interés por el apabullante informe suele pasarse a exaltar la figura de su autor, prácticamente convertida en mito tras los sucesivos redescubrimientos del texto de la investigación que realizó con tanto celo –un disgusto para los rancios González y Roca, seguramente, que se la habían encomendado- como sacrificios para su osamenta.
Incluso, a fines de los noventa, un historiador tan poco convencional como Javier Trímboli decidió emprender el mismo camino que casi cien años atrás había recorrido Juan Bialet Massé para realizar su trabajo. Trímboli plasmó su experiencia en el libro Mil novecientos cuatro. Por el camino de Bialet Massé (1999), que publicó Colihue en la colección “Puñaladas, ensayos de punta” que dirigía nada menos que Horacio González.
El historiador –fallecido tempranamente en 2025- ya en ese momento finisecular olfateaba la defunción de la política que hoy, por desgracia, debemos dar por consumada. Así, en la Presentación de su libro, Javier Trímboli decía que la obra giraría en torno a esa sospecha fúnebre y al homenaje que pretendía rendirle a Bialet Massé como hombre político.
Se refería, claro, a la faceta de político humanista que el autor del informe había mostrado a sus cincuenta y ocho años, no así a la trayectoria de empresario e inversor que este médico catalán había forjado por décadas codo a codo con la voraz élite cordobesa que reunía a personajes como Miguel Juárez Celman y Félix Funes, amigo de Bialet el primero y socio el segundo.
Este derrotero tuvo su pico más alto en fama, controversias y mito en torno al Dique San Roque, su construcción, financiamiento, puesta en marcha e intrigas palaciegas, muchas de las que hasta hoy permanecen en una obscuridad histórica teñida de polémicas entre entusiastas y detractores de la obra que dirigió el ingeniero Carlos Cassaffousth, otra figura mitificada por los panegiristas del dique.
El Horno “La Primera Argentina”
Quienes hayan visitado San Roque como turistas seguramente habrán escuchado de boca de los guías diferentes versiones de la historia del viejo dique, todas con Bialet y Cassaffousth como héroes trágicos, adelantados a su época, envidiados, víctimas de la injusticia que los empobreció y llevó a prisión con la ayuda del peritaje de un “falso” ingeniero –el villano Federico Stavelius en el relato-.
De los tres apellidos principales relacionados con la construcción, Funes, Bialet Massé y Cassaffousth –el cuarto sería Dumesnil-, el menos mentado es Funes[i], que eludió la cárcel por fueros parlamentarios. Del legendario empobrecimiento de don Juan, se sabe que duró casi nada: recompró en remate, a precio módico, sus antiguas posesiones, quizá con un “canuto” atesorado.
El mote de “falso ingeniero” colgado como Sambenito a Stavelius, se sabe que nació del tecnicismo legal que salvó a los encarcelados y motivó la indignada renuncia del gobernador cordobés de turno: Stavelius no había revalidado su legítimo título de ingeniero obtenido en Suecia, su país de origen. No hubo, claro, ni revisión de su peritaje ni mucho menos uno nuevo…
Se habla aún de la perfidia inglesa que, con malas artes e influencia, hizo caer en desgracia a los constructores por haber usado cales hidráulicas cordobesas y no cemento portland. Pero los préstamos para financiar el costo de la obra vinieron de las islas. Haber impuesto su portland sin necesidad de complejas venganzas, por lógica, hubiese sido muy sencillo para los ingleses.
Una revisión asequible de la historia del dique es la de Lázaro Llorens, “Viejo Dique San Roque: el monumento a la corrupción de Roca y Juárez Celman”, artículo publicado en 2019. Por el contrario, la más amplia, mistificadora y encendida defensa de la obra y sus responsables en todos los aspectos puede leerse en el libro La historia del Dique San Roque (1985), de Luis Rodolfo Frías –disponible en PDF-, que el autor dedica “A la memoria venerable de mi abuelo materno Senador de la República Don Augusto Manuel Funes.”.
Los muñones del dique de 1890 todavía pueden verse con aguas bajas del lago San Roque. Se dice que resistieron la dinamita. Para algunos esta imagen es símbolo de calidad indiscutible; para otros, vestigio de corrupción inocultable. A ciento cincuenta metros hay otro paredón, el del dique nuevo, de 1944, hecho a puro portland y con el embudo gigante que le valió el sobrenombre.
Juan Bialet Massé
Los biógrafos de Bialet Massé todavía no han logrado reconstruir totalmente su historia de vida ni aclarar cómo fueron sus últimos años en España y los primeros en Argentina, cómo a pesar de haberse cambiado el nombre para entrar al país –presumen los investigadores una interdicción política en la península- logró hacer valer su título de médico y hasta dónde llegó su responsabilidad o participación en los beneficios espurios, incluyendo negocios inmobiliarios relacionados, que los Juárez, Roca y Funes le sacaron a la construcción del dique. Misterios aún sobran.
Volviendo al informe, motivo principal de sus cíclicas reapariciones, también hay misterios y un halo de leyenda. El contenido, por supuesto, conserva su valor incuestionable. Sin embargo, el que González y Roca se lo hayan encomendado a un hombre de cincuenta y ocho años, avanzada edad para la época, no deja de llamar la atención. Al respecto, un lapidario crítico como Llorens reflexiona:
Luego del culebrón del dique San Roque, el médico catalán siguió manteniendo estrechos lazos económicos con el “Zorro” Roca. Así fue que en 1904, durante su segunda presidencia, fue el mismísimo Roca quien contrató a Bialet Massé para que confeccionara su famoso informe “El Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República Argentina”. Informe con el que el constructor del dique fallido, se compró la buena opinión a todo el progresismo local. A pesar de haber vivido siempre comiendo de la mano de la oligarquía más agria de la República Argentina.
Tal vez Bialet Massé, previendo sospechas como esta, se apresuró a aclararles a los funcionarios que haría el informe ad honorem. Y así fue: en lo formal no hubo honorarios. Sin embargo, la suma que finalmente se le otorgó en concepto de viáticos, gastos de preparación y edición[ii] del informe fue de 25.000 pesos, una friolera para 1904, podría decirse.
A más de un siglo y con tantos ceros quitados de por medio, solo puede hacerse una comparación apelando al respaldo oro del peso en la época. Gramo más, gramo menos, serían unos once kilos de oro aproximadamente lo que el estado invirtió en gastos para un informe al que ni quienes lo encargaron le dieron importancia ni lo hicieron valer políticamente para legislar[iii] en favor de la mejora de las condiciones de trabajo en el país.
El esposo catalán de Zulema Laprida, hija del célebre Narciso, falleció en Buenos Aires en 1907 sin apuros económicos. Se llevó a la tumba no pocos secretos y dejó los mitos que se asocian a su apellido: el del hombre que a caballo y bajo la lluvia descubrió el milagro de las piedras calizas cordobesas, y el del mártir del progreso y defensor de la dignidad del trabajador, que le escupió las verdades del sufrimiento obrero en la cara a funcionarios venales de alto rango.
Si valiese definir sencillamente el mito como unión de ínfima verdad y mucha fantasía, habría que considerar si Juan Bialet Massé forma parte o no de nuestra mitología histórica, de todo aquello que nos gustaría creer sin vacilaciones ni peros.
[i] Félix Funes, concuñado de Juárez Celman y Julio A. Roca.
[iii] “Su presentación, en 1904, no fue bien recibida y la Ley Nacional de Trabajo que originara este relevamiento, tampoco llegó a ser sancionada.”: https://proyectobialet.com/bio/.
Como todos los viernes, te compartimos las actividades del fin de semana para que no te pierdas ninguna: VIERNES 25 Comenzamos con una propuesta de cine para toda la familia que llega desde la extensión de cine móvil de la Secretaría de Estado de Cultura. Será en el Galpón de las Artes a las 21…
El ataque a balazos contra efectivos de fuerzas federales afectados a la seguridad en un barrio de alta conflictividad en Rosario aparece como un hecho oscuro. El ataque fue en un pasillo de Villa Banana donde funciona un bunker de drogas. Desde allí abrieron fuego contra dos empleados de la Policía Federal. Uno de ellos murió en el acto. El segundo se encuentra internado en muy grave estado.
El efectivo que murió es el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, tenía 30 años, pertenecía a la Policía Federal y estaba afectado al Plan Bandera, que realiza tareas preventivas y operativas de manera fija en ocho zonas priorizadas por la violencia. El otro policía que recibió disparos es el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años, oriundo de Santiago del Estero. Según fuentes médicas reportaron a LPO, uno de los balazos le perforó diafragma e intestino grueso, lo que motivó que lo operaran. Este viernes al anochecer evaluaban su traslado al Hospital Churruca en Buenos Aires.
Ocurrió en la zona de un bunker que se atribuye al grupo de Leonardo Dalmacio Saravia, conocido como Leo Rey Saravia, un aliado del Ariel «Viejo» Cantero, antiguo líder de la banda de Los Monos, quien en 2023 fue condenado por portación de armas a cuatro años de prisión. Pero que antes estuvo imputado por asociación ilícita y delitos violentos.
El gobierno nacional dispuso que Martín Ferlauto, número dos del Ministerio de Seguridad, viajara a Rosario. «Hemos perdido a un agente que puso su vida para defender a la patria. Es un héroe. Vamos a despedirlo como tal. Murió cumpliendo con el deber y merece nuestra memoria», dijo el funcionario. Al final de la tarde el caso pasó a manos de fiscales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) de la Justicia Federal.
En primer plano, ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y secretario de Seguridad de la Nación Martín Ferlauto, en Rosario tras el ataque a balazos a policías federales en un bunker de drogas
Hubo inicialmente dos civiles detenidos en la zona del incidente. Uno de ellos quedó preso y será imputado en audiencia este lunes por el fiscal federal Matías Scilabra.
A esta hora lo más controvertido de este incidente aún en investigación inicial es qué hacían los policías en el interior de Villa Banana, en un pasillo situado en cercanías de Gutenberg y Gálvez, en la zona oeste rosarina. Es una zona de gran conflictividad. Según los primeros relatos ofrecidos por testigos, los policías que llegaron al lugar en compañía del chofer de la patrulla, el agente Ricardo Barrios Zabala, se bajaron a las 23 de este jueves en una zona peligrosa sin vestimenta que los identificara de manera clara como personal policial, ni tampoco con el chaleco antibalas reglamentario.
Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación consultado por este medio dijo que se trata de establecer esa circunstancia que es llamativa. «En principio no se encontraban realizando tareas de inteligencia que es lo que podría explicar que no llevaran el uniforme reglamentario». Si realizaban labores propias del trabajo preventivo deberían haber llevado uniforme y, según distintos testigos iniciales, solo llevaban pantalones y camperas de uso civil.
Luego esto fue relativizado por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien señaló a LPO que los policías efectivamente no llevaban chalecos, pero que calzaban camperones de uso regular de la Policía Federal.
Los policías estaban afectados a la Dirección de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal. Las primeras impresiones producen incertidumbre a los investigadores por el aparente desapego a los protocolos policiales de los efectivos atacados. Estos habrían bajado de un móvil de la fuerza identificable sin ir vestidos de manera clara como policías y, según testimonios que se consideran, caminado hacia un puesto de venta de drogas. Desde allí se habrían empezado a acumular personas, según declararon, y habrían provenido los disparos.
«Eran unas 15 personas en total, estaban en motos, y fue una cortina de balas contra los policías. Hubo intercambio de disparos», indicó a LPO un participante de la preliminar pesquisa judicial. «No se advierte a priori nada irregular en el accionar de los policías pero sí luce extraño que hayan actuado en esa área difícil a esa hora», agregó.
Las referencias oficiales indican que los policías fueron atacados a balazos cuando se disponían a identificar a un grupo de personas que estaban en el lugar. La Policía Federal indica que identificar personas en zonas conflictivas es una práctica regular de esta fuerza. No lo es de otras como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que también participan en el Plan Bandera.
Una versión que recogió LPO y que proviene de la misma repartición a al que pertenecen los policías atacados indica que desde la superioridad los mandaron a intentar una compra de droga como forma de asegurar evidencia del lugar ilícito. No se entiende entonces que hayan llegado en un patrullero -móvil 13205- hasta el borde mismo del corredor donde está el búnker de drogas y donde se produjo la balacera.
Analistas de temas criminales que trabajan en investigaciones penales tienen otra idea. Estos afirman que existe una tolerancia de sectores de fuerzas de seguridad santafesinas que admiten la compraventa de drogas en determinadas zonas calientes a cambio de garantizar el no ejercicio de la violencia. En ese sentido la presencia de policías que pudieron haber ido a pedir o hacer algo por fuera del acuerdo, aún sin objetar que sea algo legal, supuso algún punto de ruptura. O bien porque no era claro que estuvieran uniformados. O porque tenían una fisonomía que llamó la atención. Según les atribuyen a propios camaradas de la Policía Federal que dicen que al menos uno de los policías atacados -tez clara ojos claros- tenían rasgos físicos que habrían sido llamativos.
Gómez Villafañe, el policía herido tenía el vaso, diafragma e intestino grueso perforados. Está intubado, con gran pérdida de sangre y se le practicó una colostomía. «Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso», dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
A partir de este miércoles 17 y hasta el sábado 20 se desarrollará el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV). En el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo se desplegará un programa de cuatro días de proyecciones cinematográficas. La inauguración será este miércoles a las 21 horas. En el predio se instalará la pantalla inflable del…