El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, dispuso a través de la Resolución 956/2018, el “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”.
Como antecedente de este reglamento, se nos viene a la mente el precedente del caso “Chocobar”, aunque no fue el único durante el último tiempo, quizás sí, el más renombrado. Seguramente el Ministerio vio la necesidad de reglamentar estas situaciones y el procedimiento del actuar policial para, principalmente, responder ante el reclamo de parte de una sociedad que exige “leyes más duras”.
Y no es sólo la minoría menos afectada (que relojea las problemáticas sociales desde arriba) la que celebra la resolución, son varios los sectores de la sociedad que ante este nuevo reglamento festejan que un policía tenga a prima facie la posibilidad de usar su arma reglamentaria, ya que el texto avala ese accionar; además de tratarse de un reglamento que en la práctica apelará a la subjetividad del agente policial con términos demasiado ambiguos y vagos. Es decir, el funcionario tendrá que evaluar al momento de vivenciar la situación, de que se trata el hecho. ¿Están capacitados para hacerlo?
El principal cambio, símbolo de esta resolución es la posibilidad del uniformado de usar su arma reglamentaria antes que el supuesto delincuente. Y siendo respetuosos con los ordenamientos internacionales y nacionales de derechos humanos, ésta disposición es violatoria de dichos derechos.
Es irracional pensar que ésta nueva disposición tenga mucho tiempo de vida, ya que como es un Reglamento, tiene menor jerarquía en el orden del ordenamiento nacional y no faltará mucho tiempo para que surja la avalancha de inconstitucionalidades (la justicia porteña ya lo hizo).
Los nuevos (y no tanto) aires políticos que se respiran en la región, que viajan por el carril derecho de la autovía, atemorizan con resoluciones prácticas que no profundizan sobre la problemática, no previenen; sino que confrontan y en el peor de los casos (o mejor, para algunos) eliminan. En la práctica, estas decisiones abren el espacio a abusos y dejan demasiados grises para analizar, donde cada juez responderá con la biblioteca de su juzgado.
PUNTOS DEL
REGLAMENTO QUE GENERAN CONTROVERSIA
El texto indica en qué momentos hay “peligro inminente”, uno de ellos, según el reglamento, es cuando el presunto “delincuente” posea un arma letal, aunque luego delos hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
Se recalca que los funcionarios solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. ¿Cuándo será “estrictamente necesario”? ¿Cuál es “la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”? Deja librado a la casuística y muchas posibilidades.
Se prevé,que se hará uso de las armas de fuego, cuando otros medios no violentos sean ineficaces, por ejemplo, en el caso de que se quiera impedir la comisión de un delito “particularmente grave”, que presente “peligro inminente” para la vida o la integridad física de las personas; entre otros supuestos. ¿Con qué certeza el agente policial sabrá si el medio no violento fue, o no, eficaz?.
El Código Penal ya prevé la situación de legítima defensa en el Art. 34. Un actuar del oficial de seguridad, fuera de esos límites, caería en un delito severamente penado por dicho Código, previsto en el Art. 80 inc. 9. Entonces, éste Reglamento, es un arma de doble filo, tanto para los ciudadanos como para los miembros de las fuerzas; ya que corre peligro la vida de la persona y también la libertad del funcionario que exceda los límites del Código.
La puerta del chalet se llena de policías. Son casi las once de la noche del sábado 9 de junio de 1956 y el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel (R.) Desiderio Fernández Suárez –47 años, alto, moreno, de bigote corto, pantalones claros y chaquetilla color verde oliva–, grita ante el 4519 de Hipólito Yrigoyen, localidad de Florida, partido de Vicente López:
–¡¿Dónde está Tanco?!
Fernández Suárez lleva seis meses como jefe policial y es la segunda vez que participa de un operativo. El 23 de febrero, cuando una explosión en la sede de Fabricaciones Militares de Villa Martelli puso en alerta a toda su fuerza, salió en auto desde su casa en Núñez 2546, en Belgrano, y llegó solo a la zona de la explosión. Al bajar vio a una pareja, los detuvo y acusó de “sabotaje peronista”. Ellos dijeron que sólo estaban ahí para “hacer el amor”. Masticando bronca, los dejó ir.
Pero esta noche confía en que será diferente: se está gestando un levantamiento militar peronista, liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Los sublevados buscan derrocar a Aramburu y garantizar el regreso de Perón, exiliado en Panamá desde el golpe de la Revolución Libertadora. Ya hay enfrentamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa.
–¡¿Dónde está Tanco?! –vuelve a gritar.
Fernández Suárez fuerza la puerta y sorprende al dueño de casa. Un pelotón de oficiales se abre detrás suyo. Horacio di Chiano, un electricista de 50 años, los recibe con una bolsa de agua caliente en la mano que había preparado para su mujer, ya acostada. Con él está su vecino, Miguel Ángel Giunta, un zapatero de 29. No hay señales de Tanco ni de ningún levantamiento militar.
Desiderio saca su revólver calibre 45 y lo apoya en la garganta de Giunta.
–No te hagas el piola y levantá las manos.
Los oficiales suben a di Chiano y Giunta a un móvil de la comisaría de Florida. Afuera también hay un colectivo rojo de la línea 19 de Vicente López que la policía secuestró en el camino. Fernández Suárez no entiende. La información de un encuentro de militantes peronistas en esta dirección le llegó a través del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA), creado cinco meses atrás para desplegar agentes de información encubiertos en fábricas, talleres y sindicatos. “Son los ojos y oídos de la jefatura en la provincia en lo que respecta al movimiento gremial y la actividad subversiva”, había explicado el jefe policial en una entrevista. Y los resultados eran buenos: el 17 de abril habían detenido a dos militantes comunistas en Trenque Lauquen por repartir folletos.
Un levantamiento militar como el de esta noche no se le podía escapar. Hasta que hay señales claras: del pasillo al costado derecho del chalet dos personas salen corriendo. Desiderio y sus policías entran, mientras otros policías persiguen a los fugitivos. Agazapados, mezclados entre un grupo más numeroso de hombres que se había juntado a escuchar por radio una pelea de box en el Luna Park, algunos militantes esperaban novedades sobre el levantamiento. El jefe policial irrumpe y los detiene a todos. Los sube al colectivo. Cuando ve a Juan Carlos Livraga, de 24 años, Fernández Suárez lo golpea en el estómago con la culata de su pistola.
–¿Así que vos ibas a hacer la revolución? ¿Con esa facha?
Otros dos hombres son apresados más tarde cuando llegan al mismo PH. En total son doce. Los trasladan a la Unidad Regional de San Martín, a cargo del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. Desiderio viaja a La Plata, donde lo espera el general e interventor de la provincia, Emilio Augusto Bonnecarrére. A las 0.30 –ya es 10 de junio– la radio oficial transmite la Ley Marcial. A las 4.47 el vicepresidente Isaac Rojas comunica que el alzamiento peronista fue neutralizado.
Fernández Suárez llama a Rodríguez Moreno.
–A esos detenidos de San Martín ¡que los lleven a un descampado y los fusilen!
Esa misma madrugada, en un basural de la localidad de José León Suarez, en el cruce de lo que hoy es la calle 9 de julio y avenida Márquez, la policía asesina a cinco de los detenidos: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. El resto –Livraga, Di Chiano, Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez–, se salvan porque escaparon o porque sólo fueron malheridos.
Fernández Suárez sale fortalecido del operativo. Comparte un acto con Aramburu y declara en una revista: “El buen policía tiene a mano todos los recursos legales necesarios para esclarecer un hecho o descubrir un delito sin acudir a la violencia”.
Cinco meses después, el 18 de diciembre de 1956, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, frente a un vaso de cerveza en un bar de La Plata, escucha en voz de un amigo:
–Hay un fusilado que vive.
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El Círculo Militar de avenida Santa Fe 750 hierve esta media mañana del viernes 12 de octubre de 1945. Más de trescientos oficiales del Ejército y la Marina gritan. Sus voces se superponen, los rangos que no se respetan. El capitán Fernández Suárez –con 37 años– lanza una temeraria propuesta ante el presidente de la mutual de oficiales, el almirante Héctor Vernengo Lima.
–¡Hay que matar a Perón!
Nacido en 1908 en Villa Mercedes, San Luis, Desiderio se convirtió en antiperonista hacia 1940, tras conocer a Perón como profesor en la Escuela de Guerra y en la de Alta Montaña. Lo veía “como un peligro para el país”, según lo recuerda el diario La Nación.
Y con apenas 22 años, Fernández Suárez ya había rechazado a otro líder popular. Siendo cadete, el 6 de septiembre de 1930 se sumó a la columna de unos 600 estudiantes y 900 soldados que marcharon hacia Plaza de Mayo contra Hipólito Yrigoyen. Partieron desde el Colegio Militar de San Martín, a 4 kilómetros del basural de José León Suárez, el de los fusilamientos del 56. La protesta la encabezó José Félix Uriburu, quien derrocaría al líder de la Unión Cívica Radical.
El pedido de Fernández Suárez por la cabeza de Perón se conjugaba con un clima de rechazo generalizado. Flotaba en el aire “la sensación de que el país se había salido de cauce y que la institución armada tenía que decidir qué hacer con eso”, describe Jorge Abelardo Ramos en La Era del Peronismo.
Los militares antiperonistas lograron finalmente que el 9 de octubre de 1945 Perón renunciara y fuera detenido en la isla Martín García. No esperaban, sin embargo, la movilización popular del 17 en la Plaza de Mayo. Entonces Fernández Suárez tuvo el primer traspié en su vida militar.
Haber pedido la cabeza de Perón le costó caro: el 9 de mayo de 1946 lo arrestaron por seis meses y pasó a retiro obligatorio. En ese mismo año, Walsh traducía su primera novela policial, de Irish William, con un título sugestivo para lo que vendría después: Lo que la noche nos revela.
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Traje gris, camisa blanca y corbata negra, bigote prolijo y peinado engominado, Fernández Suárez se sienta en su oficina en el Departamento Central de la Policía frente a un periodista del Noticiario Bonaerense. Acaba de asumir como jefe –el 20 de diciembre de 1955– y ya purgó a 1445 oficiales subalternos y personal de tropa. Faltan seis meses para la Operación Masacre. Ante la cámara que lo filma en blanco y negro dice:
–Queremos hacer una policía humana, una policía que esté dedicada exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, que tenga un profundo respeto por los derechos individuales. La policía está en franco tren de transformación. Doce años de dictadura no se pueden cambiar en tres meses.
La Libertadora le permitió a Fernández Suárez salir del ostracismo que vivió durante el peronismo, donde se refugió en la actividad privada. Según aparece su apellido en los diarios de la época, vendió ganado en Florida: ofrecía, por ejemplo, “3 novillos prom. 243 kgs. a 240 mls.”. O también, “15 vacas prom. 308 kgs. a 205 mls”.
Con su pareja tuvo tres hijos: Carlos, Mario y Oscar Alberto. Uno de ellos seguirá la carrera militar y será detenido siendo subteniente en 1959 por Arturo Frondizi. Luego llegarán nietos y bisnietos.
La suerte le empezó a cambiar el 16 de junio de 1955, cuando la Aviación Naval bombardeó la Plaza de Mayo y dejó 300 muertos y 1.200 heridos. Un hilo invisible conecta a Fernández Suárez con Walsh: compartían un sentimiento nacionalista y antiperonista y el escritor había soñado con ser aviador, aunque volcó su pasión al papel: el 21 de diciembre del 55 publicó la crónica 2-02-no vuelve, donde describe la audacia de los pilotos bombarderos. Años después llegó a escribir un borrador de cuento titulado El aviador y la bomba, contado desde la perspectiva de uno de los pilotos golpistas.
Con Aramburu en el poder, el 17 de octubre de 1955, Fernández Suárez es designado jefe de personal en el Ministerio de Educación. Su primera medida fue alentar a los empleados a denunciar irregularidades de la anterior gestión. Pero el 13 de noviembre ya es nombrado subjefe de la Policía. Y un mes después asume la jefatura. Un decreto del 13 de enero del 56 lo reincorpora al Ejército, lo asciende «al grado inmediato» y lo vuelve a pasar a retiro como teniente coronel. Aramburu y Rojas destacan que había sido sancionado «por razones políticas» durante la “dictadura imperante”. En el 58 –ya después de los fusilamientos– lo reincorporan al servicio activo con fecha retroactiva al 19 de enero de 1949 y lo promueven a coronel.
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–¡Encontré al hombre que mordió al perro!
El 20 de diciembre de 1956, dos días después de escuchar que hay un “fusilado que vive”, Walsh consiguió la denuncia de Livraga y la llevó con excitación a la editorial Hachette, donde trabajaba su compañera Enriqueta Muñiz, una periodista de 22 años. Con ella empezaría a investigar la Operación Masacre: lo que descubren los periodistas es que la Ley Marcial comenzó a regir un día después de las detenciones, o sea que fueron fusilados ilegales.
Walsh tenía un “topo” en la policía de Fernández Suárez. El contacto era Jorge Doglia, jefe de la División Judicial. Le permitirá revelar los fusilamientos, pero también torturas en las comisarías a cargo del jefe de la Policía.
Walsh y Enriqueta trabajan juntos y rápido. El 23 de diciembre, en el semanario Propósitos publican la primicia de la denuncia de Livraga. No la firman, pero es un ataque a Fernández Súarez: el “fusilado que vive” confiesa allí que la policía intentó asesinarlo en un descampado antes de la Ley Marcial. El dato es contundente: días después, una Junta Consultiva provincial de legisladores convoca al jefe de la Policía. Lo arrinconan con preguntas sobre varios hechos del 9 y 10 de junio en distintas comisarías: fusilamientos, torturas con picanas, palizas de sus oficiales.
–Aquí hay cargos –se defiende Desiderio–. Pero no hay pruebas.
La pareja de periodistas continúa investigando. Suman sobrevivientes y expedientes. Walsh empieza a firmar con sus iniciales: RJW. Dos notas en el diario Revolución Nacional, ocho en la revista Mayoría, otrastres en el semanario Azul y Blanco. El coronel tiene quien le escriba: las crónicas apuntan directamente a su responsabilidad en la masacre. El nombre de Walsh circula rápido en la jefatura de policía. Sus notas quedan archivadas en el SIPBA.
–¿Quién carajo es? –pregunta Fernández Suárez.
Manda a sus oficiales a detenerlo, pero terminan levantando a un reportero con las mismas iniciales. También van a su casa en La Plata, pero no lo encuentran: Walsh vive en otro lado y con identidad falsa –Francisco Freyre–, aunque firma las notas con su nombre para que Fernández Suárez sepa que no va a parar.
El último cruce entre ambos –del que se tenga registro– fue el 13 de enero de 1965, nueve años después de la primera nota en Propósitos y ocho de la publicación de Operación Masacre como libro. Desiderio manda una carta al diario Crónica para –otra vez– desligarse de la responsabilidad de la masacre. Walsh le contesta en el mismo diario:
–Los descargos de Fernández Suárez son los mismos que pulvericé hace ocho años y que lo llevaron al completo silencio.
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A partir de los 60, con la Libertadora fuera del poder, Fernández Suárez cambia de piel. Funda una empresa inmobiliaria y financiera junto a militares y ex funcionarios. Durante el gobierno de J. M. Guido es detenido acusado de una supuesta “conspiración” y “rebeldía”.
En 1964 aparece como proveedor del Estado en servicios de seguridad. El 17 de septiembre del mismo año participa con Aramburu y Rojas de una celebración por el aniversario del golpe a Perón. Según la crónica del evento, apenas llenaron la Plaza Libertad del barrio de Recoleta.
En 1970, el mismo año en que secuestran a Aramburu, funda otra compañía de seguridad e investigaciones: POL-PAR, con sedes en Capital Federal y La Plata. En el ‘76 crea otra empresa: S.P.
Entrada la última dictadura, su rastro se pierde.
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No la encuentra. Después de cebar unos mates dulces, Berta Josefa Carranza –72 años, petisa, pullover de lana celeste, la cara redonda, el pelo corto, lacio, con algunas canas– se para con dificultad de la silla y camina despacio hacia un sillón mullido para buscar algo. Es un jueves de mayo de 2026 y en la casa de los Carranza, en el barrio obrero de Boulogne, la luz entra limpia por la ventana. Berta busca detrás de un mueble, dentro de una carpeta. Pero no. La hoja amarillenta escrita a máquina que dice que su padre, Nicolás Carranza, uno de los cinco fusilados por Fernández Suarez, fundó una sociedad de fomento para su barrio en 1954, no aparece.
–Le dije varias veces que tiene que ser más organizada con esos papeles –se queja Majo Carranza, hija de Berta y nieta de Nicolás, mientras la ayuda a buscar.
–Acá está –dice Berta y saca la hojita de una bolsa. –Tiene su firma.
Es de las pocas cosas que le quedan de su papá. Tenía 2 años cuando el 11 de junio de 1956 –dos días después de los fusilamientos– su madre recibió a Fernández Suárez en esta misma casa, en la esquina de Guayaquil y –ahora– pasaje Carranza. El jefe policial había llegado para buscar la libreta de enrolamiento de Carranza “por un trámite en La Plata”. Le dijo que desconocía su paradero y apuró a la mujer a buscar el documento de su esposo.
Mientras esperaba, Fernández Suárez se cruzó en el pequeño comedor a Elena, de entonces 12 años, la hija mayor de la familia. Parado frente a un retrato del recién fusilado, el jefe de la bonaerense le preguntó: “¿Ese era tu papá?”.
–Nunca nadie fue preso. Nunca alguien pagó por esto –retoma Berta en 2026–. Porque hubiéramos podido hacer algunas cosas, cuando había otros compañeros vivos.
El 24 de abril de 1957 la Corte Suprema de Justicia –tras un largo derrotero de la denuncia del “fusilado que vive”– falló que el expediente debía pasar a la justicia militar. Los responsables fueron absueltos. “Dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez”, escribió Walsh.
El 17 de junio de 2026, 70 años después, el Juzgado Federal N°2 de San Martín a cargo de Alicia Vence comenzará un juicio de recuperación histórica. Berta y su hija Majo, junto al resto de los familiares de los asesinados, acusan al Estado por delitos de lesa humanidad. Mencionan el rol de Aramburu, Rojas y Fernández Suárez. Es probable que en el proceso de su testimonio el sobreviviente Livraga, que vive en Estados Unidos.
Según una fuente con acceso a la causa, un familiar de Aramburu llamó al juzgado para averiguar el estado del expediente.
–En los noventa aún estaba vivo el sorete de Desiderio –recuerda Berta–. Queríamos iniciarle un juicio en la provincia. Recién nos armábamos como comisión de familiares de los fusilados, pero no salió.
Sobre la mesa hay ejemplares de Operación Masacre e Historia de una investigación, el diario personal que escribió Enriqueta Muñiz, mientras colaboraba con Walsh. En una pared verde cuelga una enorme bandera de Boca Juniors. En otra, un cuadro del Che Guevara. En un rincón hay cuatro tanques de oxígeno. Son de Berta.
–Desde que soy bebé, vi toda la lucha de mi vieja y el resto de los familiares por mantener viva la memoria de lo que pasó –dice Majo, de 40 años–. Y también cómo muchos se fueron yendo de a poco. Como nieta, siempre hablo con los más jóvenes. En escuelas, universidades. Pero es tarea de la militancia mantener vivo ese legado. Para que la historia no se repita.
Berta asiente y mira su celular. Le llega un mensaje. Alguien encontró el aviso necrológico de Fernández Súarez que se publicó en el diario La Nación el 10 abril de 2001.
Hace zoom en la imagen.
FERNANDEZ SUAREZ, Desiderio Argentino, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 9-4-2001. – Sus hijos Carlos, Mario y Oscar, sus hijas políticas, sus nietos, bisnietos, su sobrino Marcelo Fernández y Sra. Hilda Rodríguez participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
–Esto está buenísimo –dice Berta. La sonrisa socarrona.
–¿Qué está buenísimo? –le pregunta Majo.
–Saber que este hijo de puta está muerto.
***
El 10 de febrero de este año, vía decreto 97, el presidente Javier Milei designó en un importante cargo a un familiar directo del cerebro de Operación Masacre.
Leandro Fernández Suárez, nieto del teniente coronel de la Libertadora, hijo de su hijo Oscar Alberto, es hoy embajador en México.
Diplomático de carrera –ingresó al servicio exterior en 1993– fue ascendido por Alberto Fernández. Pero en los últimos años se ganó la confianza de Karina Milei por su rol diplomático en Miami.
El embajador aparece en fotos recientes sosteniéndole un paraguas a Milei en un día de lluvia.
No aceptó hacer declaraciones para esta nota.
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Abajo. Más abajo. En el tercer subsuelo del Cementerio de la Chacarita, dentro del Mausoleo de las Fuerzas Armadas, los nichos de generales y militares se amuran en la pared gris.
Los pasillos son anchos, la luz de algunas lamparitas rebota en el mármol frío.
La placa 1117 sólo dice “Cnel. Desiderio Fernández Suárez”.
Una bandera argentina envuelve su cajón marrón, junto a un florero vacío.
–No lo vienen a ver mucho –dice un encargado de overol azul.
Nadie fuera de su familia lo despidió cuando murió a los 92 años el 9 de abril de 2001. Ni los Aramburu, ni los Rojas, ni otros apellidos mandaron condolencias. Sólo el diario La Nación sacó aquel recuadro recordando su muerte, cuatro días después. Un familiar del exjefe de la policía comentó allí que Fernández Suárez “nunca se arrepintió de nada”.
–Acá hay mucha historia enterrada –retoma el encargado –Tenés desde coroneles que lucharon por la independencia hasta soldados de Malvinas.
Pero el nicho de Fernández Suárez no tiene flores, ni una descripción que lo recuerde. Apenas una chapa dorada con su nombre y rango. A dos metros, los restos de los exdictadores Juan Carlos Onganía y Roberto Viola.
Fernandez Suárez descansa en un osario de lesa humanidad. Desde el 2016 nadie paga los costos de mantención de su nicho. La deuda es de 460 mil pesos.
Una nueva revelación vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y los gastos de Manuel Adorni. Esta vez, el foco está puesto en un exclusivo flipper de «Los Locos Addams», valuado en unos 8 mil dólares, que habría sido entregado en su casa del country Indio Cuá y que alimenta las dudas sobre un nivel de vida difícil de explicar con un salario de funcionario público.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La imagen del gobierno que prometía combatir a «la casta» sigue acumulando fisuras. Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad y el ajuste sobre jubilados, trabajadores y universidades, una nueva denuncia vuelve a colocar a Manuel Adorni en el centro de la escena por un gasto que difícilmente pueda calificarse como indispensable: un flipper temático de «Los Locos Addams» valuado en aproximadamente 8.000 dólares.
La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Romina Manguel, quien sostuvo que el juego fue entregado el 7 de julio de 2025 en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. Poco después, la diputada Marcela Pagano reforzó la denuncia al afirmar públicamente que el aparato habría costado unos 8 mil dólares y cuestionó cómo un funcionario con un sueldo estatal podría afrontar semejante desembolso.
Una lista de gastos que no deja de crecer
La polémica no aparece en un vacío. En las últimas semanas se conocieron distintos gastos vinculados a la residencia de Adorni que ya habían generado fuertes críticas. Entre ellos, compras de camas, sommiers, sábanas y almohadas por millones de pesos, además del uso de personal estatal para tareas privadas, episodios que hoy forman parte del debate político y judicial.
Ahora, la incorporación de un flipper de colección a esa lista vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿cómo se financia un estilo de vida que parece muy alejado del ingreso declarado por un funcionario?
La controversia resulta todavía más significativa porque el propio espacio libertario construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la dirigencia tradicional. Sin embargo, las sucesivas revelaciones muestran consumos asociados a bienes de lujo y objetos de colección que contrastan con el relato oficial de austeridad.
Un objeto de colección con precio de alta gama
Lejos de tratarse de un simple videojuego, el flipper de «Los Locos Addams» es considerado una pieza de colección muy buscada en el mercado internacional. Modelos restaurados y en buen estado pueden ofrecerse por valores cercanos o incluso superiores a los 9.500 dólares, dependiendo de su conservación y originalidad. Y además, una consola Pac-Man también carísima.
Ese dato convierte al supuesto gasto en un símbolo del debate político: mientras el Gobierno sostiene que no existen recursos para recomponer jubilaciones, salarios docentes o presupuestos universitarios, aparece la imagen de un exclusivo juego de colección instalado en la casa de uno de sus principales funcionarios.
La contradicción alimenta las críticas de la oposición, que sostiene que el ajuste no alcanza a quienes ocupan los lugares de poder y que el discurso anticasta pierde credibilidad cuando sus propios referentes quedan involucrados en denuncias sobre gastos difíciles de justificar.
La Justicia y la política siguen mirando a Adorni
La aparición de este nuevo episodio se suma a las investigaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y a las discusiones sobre sus declaraciones juradas. Cada nueva revelación amplía el escrutinio público y profundiza un desgaste político que ya dejó de ser una cuestión exclusivamente judicial.
El caso del flipper puede parecer anecdótico, pero adquiere una enorme carga simbólica en un contexto donde millones de argentinos enfrentan pérdida de poder adquisitivo y recortes en áreas sensibles. El contraste entre el discurso del sacrificio colectivo y la imagen de una sala gamer equipada con objetos valuados en miles de dólares vuelve a instalar una pregunta que el oficialismo todavía no consigue responder con claridad: quién paga, cómo se paga y con qué recursos se sostiene ese nivel de consumo.
El próximo lunes a las 18 horas en el Galpón de las Artes quedará inaugurada la muestra ‘Artistas visuales rionegrinos representan los derechos humanos’. Las imágenes pictóricas representan cada artículo de los Derechos Humanos con una mirada contemporánea, visual y crítica de nuestros artistas rionegrinos, siendo las obras patrimonio educativo y cultural de la provincia…
Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?
El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.
Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.
El trampolín
Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.
Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.
En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.
El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.
Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.
La previa
Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.
La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.
La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.
La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.
La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.
Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.
El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.
El candidato
La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.
La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.
Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.
La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.
La trampa
Pero aquí empieza la trampa.
El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó.
El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?
La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.
Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.
Lo que los números no dicen
Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?
En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.
La advertencia
Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.
No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.
Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?
La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.
En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.
La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma.
La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.
«La mentira ya no tiene patas cortas, le cortaron las piernas» ¿Cómo comprender la realidad argentina? La palabra quilombo no alcanza, tampoco la palabra mentira o inclusive la llamada verdad. La posverdad ya pasó de moda, la distorsión de la realidad queda corta en el mundo emocional-económico-mediático-político. Cuando la justicia es sinónimo de injusticia…
