Una nueva fuga de fluidos de la planta productora de gas YPF en Allen puso en vilo a todo el Alto Valle de Río Negro. La empresa actuó inmediatamente montando dos operativos de seguridad: uno puertas adentro, para evitar potenciales afecciones en zonas aledañas. Y otro, tranquera afuera, para que ningún ciudadano común o equipo periodístico logre captar imágenes que los comprometan.
Es claro que un modelo avanza sobre el otro, entonces: ¿la convivencia entre economías extractivas y productivas es viable? ¿La fruticultura puede sostenerse ante el avance petrolero? ¿Los derrames de fluidos son la única problemática?
#LaTapa viajó hasta la ciudad de Allen, zona productora de pera por excelencia, para entrevistarse con vecinos que viven entre perales, manzanos, y ahora, torres de perforación que funcionan las 24hs contrastando con el paisaje rural. Desde su sinceridad y congoja expresan cual es la cruda realidad que están viviendo.
Rodolfo Rochetti es el encargado de la chacra adjunta al pozo EFO355 del yacimiento Fernández Oro donde el domingo se produjo el derrame, nos cuenta como es convivir con los pozos trabajando todo el día, todos los días.
“La convivencia no es fácil, tenemos problemas con el tránsito que ellos manejan, tuvimos problemas con arañuelas, en el manchado del carozo, los ruidos son insoportables, los motores hace meses que están a fondo (…) siempre hay derrames e inclusive no estamos al tanto de todo lo que hacen”.
Rodolfo Rochetti
La familia Peña es productora de la zona hace muchísimos años, Ricardo expresa cual es su situación hoy en día a causa de la instalación de los pozos al lado de la chacra donde su abuelo inicio todo el proceso productivo que es el sostén de toda su familia.
“La contaminación visual y acústica es tremenda. Cuando más se escucha es a la noche, no se puede dormir bien. Se siente la vibración en el cuerpo. Es bastante estresante, para nosotros y para los animales. Vivimos asustados porque no sabemos si nos están entrando a robar porque los ruidos varían todos los días. Es frustrante”
Ricardo Peña
Allen, ante la desigualdad de los modelos productivos
La cadena petrolera viene ganando terreno hacia el sudeste desde Neuquén y se instala con fuerza en el valle rionegrino. Sin respeto por la fruticultura y menos por la tierra en una clara convivencia derrotera para la producción de la zona. Como la gota que rompe la piedra después de tanto golpearla, la actividad hidrocarburífera carcome con sigilio y sin detenerse lo que tanto costó erigir a fuerza de arado y pala.
Ambos modelos productivos ya comparten tierras en Allen y la connivencia que lo permite se da entre políticos y empresarios o políticos empresarios, como nos tienen acostumbrados.
El pueblo rionegrino combatió con fuerza ante los embates desde nación para la colocación de una planta de energía nuclear en la provincia y dio sus frutos.
Nunca es tarde para salir a dar una nueva pelea, literalmente, por nuestros frutos.
Audiovisuales: Esteban Vazquez Entrevistas: Esteban Vazquez y Pablo Castel Texto: Emiliano Piccinini Foto Portada: Esteban Vazquez Intervención Portada: German Busin
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El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
