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ALLEN, PETRÓLEO EN EL PATIO DE TU CASA

Una nueva fuga de fluidos de la planta productora de gas YPF en Allen puso en vilo a todo el Alto Valle de Río Negro. La empresa actuó inmediatamente montando dos operativos de seguridad: uno puertas adentro, para evitar potenciales afecciones en zonas aledañas. Y otro, tranquera afuera, para que ningún ciudadano común o equipo periodístico logre captar imágenes que los comprometan.

Es claro que un modelo avanza sobre el otro, entonces: ¿la convivencia entre economías extractivas y productivas es viable? ¿La fruticultura puede sostenerse ante el avance petrolero? ¿Los derrames de fluidos son la única problemática?

 #LaTapa viajó hasta la ciudad de Allen, zona productora de pera por excelencia, para entrevistarse con vecinos que viven entre perales, manzanos, y ahora, torres de perforación que funcionan las 24hs contrastando con el paisaje rural. Desde su sinceridad y congoja expresan cual es la cruda realidad que están viviendo.

Rodolfo Rochetti es el encargado de la chacra adjunta al pozo EFO355 del yacimiento Fernández Oro donde el domingo se produjo el derrame, nos cuenta como es convivir con los pozos trabajando todo el día, todos los días.

La convivencia no es fácil, tenemos problemas con el tránsito que ellos manejan, tuvimos problemas con arañuelas, en el manchado del carozo, los ruidos son insoportables, los motores hace meses que están a fondo (…) siempre hay derrames e inclusive no estamos al tanto de todo lo que hacen”.

Rodolfo Rochetti

La familia Peña es productora de la zona hace muchísimos años, Ricardo  expresa cual es su situación hoy en día a causa de la instalación de los pozos al lado de la chacra donde su abuelo inicio todo el proceso productivo que es el sostén de toda su familia.

La contaminación visual y acústica es tremenda. Cuando más se escucha es a la noche, no se puede dormir bien. Se siente la vibración en el cuerpo. Es bastante estresante, para nosotros y para los animales.  Vivimos asustados porque no sabemos si nos están entrando a robar porque los ruidos varían todos los días.  Es frustrante

Ricardo Peña

Allen, ante la desigualdad de los modelos productivos

La cadena petrolera viene ganando terreno hacia el sudeste desde Neuquén y se instala con fuerza en el valle rionegrino. Sin respeto por la fruticultura y menos por la tierra en una clara convivencia derrotera para la producción de la zona. Como la gota que rompe la piedra después de tanto golpearla, la actividad hidrocarburífera carcome con sigilio y sin detenerse lo que tanto costó erigir a fuerza de arado y pala.

Ambos modelos productivos ya comparten tierras en Allen y la connivencia que lo permite se da entre políticos y empresarios o políticos empresarios, como nos tienen acostumbrados.

El pueblo rionegrino combatió con fuerza ante los embates desde nación para la colocación de una planta de energía nuclear en la provincia y dio sus frutos.

Nunca es tarde para salir a dar una nueva pelea, literalmente, por nuestros frutos.

Audiovisuales: Esteban Vazquez
Entrevistas: Esteban Vazquez y Pablo Castel
Texto: Emiliano Piccinini
Foto Portada: Esteban Vazquez
Intervención Portada: German Busin
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  • La revolución es un sueño eterno

     

    “Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.

    Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?

    Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.

    En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.

    El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares. 

    Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.

    A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.

    ¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?

    Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.

    En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.

    La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.

    La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.

    Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.

    Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua. 

    El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.

    La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre. 

    En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva  reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.

    Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.

    Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.

    El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.

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  • Tras el mundial, Alak retoma la campaña y arma un acto con Duhalde en Bahía Blanca

     

    El intendente de La Plata, Julio Alak, retoma su campaña para suceder a Axel Kicillof y viajará la semana próxima a Bahía Blanca junto al ex presidente Eduardo Duhalde para encabezar un acto político.

    Es el segundo encuentro en el que Alak y Duhalde comparten en los últimos meses. A fines de marzo estuvieron juntos en el Sindicato de Pasteleros de Villa Elisa. En esa reunión también participó Chiche Duhalde.

    Esta vez el encuentro será en el Centro de Empleados de Comercio de Bahía Blanca y se sumarán intendentes, concejales y dirigentes sindicales del sur de la provincia.

    Alak había desacelerado sus recorridas y reuniones. Algunas versiones señalan que el motivo era el mundial de fútbol, pero otras aseguran que la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner hacía casi imposible encarar una campaña de instalación.

    De la Sota se reunió con Olmos y se acerca al peronismo de centro

    Como sea, lo cierto es que esta semana el intendente de La Plata reactivó sus intenciones y se mostró en el Palacio Municipal con Natalia De la Sota, quien trabaja en un acercamiento con el peronismo federal y arranca una construcción política con horizontes más allá de Córdoba.

    «Con Natalia coincidimos en la necesidad de construir una alternativa federal que priorice el desarrollo, fortalezca las economías regionales y recupere el dinamismo de la actividad económica», escribió Alak junto a la foto con la diptuada nacional en el balcón del Palacio Municipal y con la Catedral de La Plata de fondo.

    Natalia De la Sota y Julio Alak.

    Alak busca ser un candidato de unidad validado tanto por Cristina como por Kicillof. Se sabe que con el gobernador mantiene un buen vínculo después de algunas turbulencias que tuvieron que ver con las definiciones sobre la presidencia del PJ bonaerense. Sin embargo, mantiene roces con algunos funcionarios que conforman el grupo político del gobernador.

    En tanto, con la ex presidenta mantiene canales abiertos y hasta evalúa salir fuerte en los medios en los próximos días a cuestionar la condena que la mantiene con libertad domiciliaria en su departamento de San José 1111.

    El intendente de La Plata encara una campaña con varios frentes. Uno de ellos, quizás el más disruptivo (si se tiene en cuenta los movimientos del resto de los pre candidatos), tiene como objetivo recuperar a la vieja guardia del peronismo.

    Alak sumó a la vieja guardia del peronismo a su proyecto para gobernador

    En marzo, Alak logró juntar en Dolores a dirigentes históricos que lograron ocupar cargos ejecutivos y legislativos relevantes en la provincia, pero que el kirchnerismo fue apartando de los lugares decisivos.

    Fue un encuentro distendido en la casa de Alfredo ‘Tati’ Meckievi, un ex senador provincial y ex intendente de Dolores.

    Entre los invitados estuvieron Baldomero ‘Cacho’ Álvarez, ex intendente de Avellaneda que ocupó el ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Daniel Scioli. También se lo vio a Federico Scarabino, un dirigente muy importante, que ocupó la presidencia del Senado bonaerense en 2010 tras el ACV que sufriera Alberto Ballestrini.

    Se sumó a esa reunión Juan Garivoto que apuntaló la lista de Gustavo Pulti en la interna peronista de Mar del Plata, lista que cayó frente a la de Fernanda Raverta. Otro histórico de la Quinta Sección que participó fue el ex diputado provincial Tomas Hogan.

     

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  • Lula logra un acuerdo con el líder del Senado de Brasil para aprobar la reducción de la jornada laboral

     

    Lula logró un acuerdo clave para el tramo final de la campaña electoral. El líder del Partido de los Trabajadores consiguió que el presidente del Senado de Brasil, David Alcolumbre, destrabe la propuesta que busca terminar con la jornada laboral conocida como 6×1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso. 

    La decisión se produjo tras semanas de tensión por el nombramiento de Jorge Messias para ocupar una vacante en la Corte Suprema pero el Senado de Brasil lo rechazó por primera vez desde 1894.

    La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo con 461 votos a favor y apenas 19 en contra, permanecía frenada en el Senado pero ahora comenzará el debate en las comisiones. entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. 

    Lula pretende presentar la reducción de la jornada laboral y el aumento del tiempo de descanso como una de sus principales banderas durante la campaña. 

    El poderoso presidente de la Cámara de Diputados de Brasil anunció el apoyo a la reelección de Lula 

    La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales. 

    La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales

    La negociación también tiene un componente político para Alcolumbre dado que el senador busca conservar la presidencia del Senado en la elección interna de 2027 y necesita construir apoyos para enfrentar una eventual candidatura del bolsonarismo. 

    Golpe a Lula: el Senado rechazó nombrar un juez para la Corte Suprema por primera vez desde 1894

    En ese escenario, una recomposición de la relación con Lula puede resultar estratégica. El reencuentro de Lula con Alcolumbre buscan cerrar esa etapa y reactivar la negociación con el Congreso y forma parte de un acuerdo que con líderes de centro como el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que anunció el apoyo a la reelección de Lula.

    Además de la reducción de la jornada laboral, el presidente del Senado destrabó la tramitación de la PEC de Seguridad Pública que propone redefinir el rol del gobierno federal frente a los estados en el combate al crimen organizado, un eje que será tomado por el bolsonarismo y forma parte de la agenda de Donald Trump y Marco Rubio.

     

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  • Bausili renovó el swap con China al mismo tiempo que Lamelas agrava la tensión con el gigante asiático

     

    La disputa entre Estados Unidos y China volvió a colocar a la Argentina en el medio del tablero. En menos de 24 horas quedaron expuestas dos señales que muestran la tensión. Por un lado, el Banco Central de Santiago Bausili renovó el swap con el Banco Popular de China y destacó la cooperación entre ambos países. Por el otro, la embajada estadounidense endureció su postura y advirtió que podría cancelar las visas de directivos de una cooperativa eléctrica de Neuquén si avanzan con un proyecto junto a Huawei.

    La decisión del Banco Central representa un gesto político de peso. El Banco Popular de China y el BCRA acordaron renovar el swap de monedas por un monto de 130.000 millones de yuanes equivalentes a 18.000 millones de dólares. 

    El nuevo convenio modifica una condición relevante: el plazo pasa de tres a cinco años, lo que extiende la vigencia del acuerdo y le da mayor previsibilidad a una herramienta que el Gobierno considera clave para la estabilidad financiera.

    El entendimiento también mantiene activa la utilización de 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, habilitados desde comienzos de 2023.

    En el comunicado oficial, el Central resaltó que la renovación consolida la cooperación entre ambas entidades y recordó que la relación bilateral ya suma 17 años desde el primer convenio firmado en 2009. El mensaje no pasó inadvertido en Washington, donde la administración de Donald Trump viene intensificando su presión para limitar la expansión china en América Latina.

    La coincidencia temporal con el conflicto en Neuquén alimentó las lecturas políticas. La embajada de Estados Unidos hizo llegar una advertencia a los integrantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia. El mensaje fue claro: si la entidad concreta un acuerdo con Huawei para desarrollar un data center en la provincia, los directivos involucrados podrían perder el derecho a ingresar a territorio estadounidense.

    La información fue confirmada por el propio embajador Peter Lamelas, quien sostuvo que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos. 

    En Washington consideran a Huawei un actor estratégico del Estado chino. Sostienen que, pese a presentarse como una empresa privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y con el Ejército Popular de Liberación, por lo que su tecnología podría utilizarse con fines de inteligencia.

    El conflicto salió a la luz cuando el portal patagónico Sur Política reveló que funcionarios de la embajada habían transmitido informalmente la advertencia a CALF. La cooperativa evitó hacer declaraciones públicas en ese momento, aunque envió una nota formal a la representación diplomática estadounidense y otra copia a la Cancillería para solicitar precisiones sobre el alcance de la advertencia. Según fuentes de la entidad, los potencialmente alcanzados serían los 16 integrantes del consejo de administración, además de un síndico titular y otro suplente. En total, 18 directivos.

    Lamelas defendió la postura de su país y aseguró que la preocupación está concentrada únicamente en el posible acuerdo entre CALF y Huawei. Citó además una frase del secretario de Estado, Marco Rubio: «Ingresar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho». En esa línea, desde la embajada remarcaron que las autoridades estadounidenses revisan de manera permanente la elegibilidad de las visas y que quienes, a su criterio, realicen acciones que afecten la seguridad nacional pueden perder ese beneficio.

    El diplomático sostuvo además que fue la cooperativa la que impulsó el acercamiento con Huawei y que la embajada simplemente intentó abrir un canal de diálogo para entender por qué empresas estadounidenses no habían sido consideradas para el proyecto. Según esa versión, los representantes de CALF evitaron mantener ese contacto por tratarse de un asunto especialmente delicado para Washington.

    La advertencia encuentra respaldo en una ampliación de la política de restricciones migratorias anunciada por el Departamento de Estado el 16 de abril. La medida amplía los supuestos para cancelar o negar visas a ciudadanos del hemisferio occidental que, según la interpretación de Washington, actúen en representación de gobiernos considerados adversarios o de empresas vinculadas a ellos. La política también alcanza a quienes autoricen, financien o colaboren de manera significativa con esas actividades.

    El episodio provocó reacciones políticas. El parlamentario del Mercosur por Neuquén de La Libertad Avanza, Fabricio Cascino, cuestionó las amenazas y defendió la búsqueda de un proveedor con mejores condiciones económicas. 

    «En ningún momento CALF fue a hablar con la embajada de China para hacer una sociedad geopolítica. Lo único que buscó fue una empresa con tecnología de punta, calidad y mejor precio», afirmó. 

    Sin embargo, medios patagónicos recordaron que directivos de la cooperativa viajaron a China invitados por Huawei en abril para avanzar en el proyecto del futuro data center regional y analizar la compra de equipamiento.

    Lejos de retroceder, CALF difundió este miércoles un comunicado dirigido a sus usuarios. La cooperativa confirmó que recibió advertencias informales vinculadas con las visas, precisó que el único contacto fue un mensaje de WhatsApp y recordó que el 29 de julio presentó una nota formal tanto ante la embajada estadounidense como ante la Cancillería argentina. También afirmó que nunca recibió objeciones técnicas por los canales institucionales y ratificó que continuará definiendo sus compras según criterios de calidad, precio y financiamiento.

     

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  • Nuestra tierra

     

    Tres novedades en la política argentina cobraron fuerza en las últimas horas. Primero: el activismo organizado y manifestado masivamente en redes logró hacer retroceder al gobierno en su ímpetu legislativo arrasador. Después de decenas de marchas y movilizaciones multitudinarias que no parecían surtir los efectos deseados, por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Y que —aquí lo nuevo— impacta antes de llegar a la movilización en la calle. Segundo: una sensibilidad nacional transversal, distinta de otras formas de nacionalismo o el patriotismo a secas, que parece tener una raíz en el vínculo afectivo con la tierra misma, con el paisaje y el lugar común que habitamos, vivimos y somos capaces de defender. Un sentimiento nacional que se ha expresado de manera transversal a los partidos y las ideologías, incluso y especialmente entre sectores que se autoperciben apolíticos o despolitizados. Y ese sentimiento común —con lo que cuesta encontrar lo común en nuestra Argentina agrietada, atomizada y de a ratos sumida en el sálvese quien pueda— parece haberse configurado como un límite concreto para el proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos en beneficio de los negocios del capital extranjero. Tercero: una fuerza pop que empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados. Si fue Lali una de las primeras grandes figuras que convocó a marchar, después se sumaron María Becerra, Emilia Mernes, Trueno, Tini, Nicki Nicole, y la Joaqui. Ocupando el lugar que el rock simbolizó por décadas, la vanguardia ante la embestida de la ultraderecha la encarnan hoy nuestras reinas del pop. 

    Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei, que se jacta de no levantar el pie del acelerador ni siquiera en las curvas —en línea con el postulado explícito de Santiago Caputo en X: attack, attack, attack, never defend—, tuvo que retroceder ante la masiva campaña digital por la defensa de la Ley de Tierras. Una campaña que también fue empujando al rechazo clave de gobernadores y aliados circunstanciales del oficialismo. La Libertad Avanza cedió y extirpó el capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra del temario de este 6 de agosto para salvar el resto del proyecto. 

    Una sensibilidad nacional transversal configura un límite al proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos al capital extranjero.

    La campaña ganó una batalla clave en la esfera digital y hoy marcha por la caída del proyecto entero, que amenaza con reformar, entre otros frentes, la Ley de Manejo del Fuego del que depende, por ejemplo, la protección de los bosques patagónicos constantemente incendiados. Al calor de la manifestación, ¿cómo podemos pensar la dimensión del costo político que se sintió en las bases de sectores tan diversos sin que siquiera pisemos las calles? ¿Qué despertó esa sensibilidad popular en los aliados del oficialismo? ¿Qué voces y narrativas fueron fundamentales para que el reclamo atravesara las fronteras de los ámbitos tradicionales de resistencia? 

    Diferentes coaliciones políticas, organizaciones ecosociales, territoriales, de derechos humanos, obispos, artistas de todos los campos y personalidades diversas se manifestaron bajo el eslogan #LaPatriaNoSeVende. Es difícil encontrar antecedentes. Las multitudinarias movilizaciones en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario lograron presionar para algunos acuerdos parciales. O aquella movilización de 2017 contra el dos por uno a los represores de la última dictadura cívico-militar. En ambos casos, con centenas de miles en la calle. En este caso, la amenaza de una masividad igual o mayor, aún inmaterial, doblegó anticipadamente la voluntad del partido del 1% a través de su fantasma: el aislamiento. Porque esta respuesta además de masiva fue, ante todo, transversal. La rotura de silos ideológicos y el atravesamiento de una historia que, aún en la diferencia, podemos percibir común.

     Una fuerza pop empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados.

    La escritora Selva Almada esbozó un ejercicio en las redes donde podría estar la clave de lo que ha significado esta masiva interpelación que produjo el intento de derogación de la Ley de Tierras. En su cuenta de Instagram, la autora publicó textos ilustrados que contaban los vínculos con sus ancestros y las tierras que habitaron —el abuelo peón de la estancia de “Los Castro”, a su abuela y su madre que se inclinaban sobre el suelo para hacer surcos donde tiraban semillas; los sitios donde enterró a sus seres queridos, humanos o no-humanos—. Son las historias que unen a nuestra memoria con este suelo las que nos hacen querer defenderlo. Así narrada, la patria deja de ser un ente abstracto de frase nacionalista y pasa a inscribirse en el terreno de la experiencia afectiva, territorial y biográfica. 

    * * *

    Esa reafirmación de un nosotros argentino también tiene algo de impulso malvinero en el último mundial. Cuando el 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Giovanni Lo Celso desplegó la bandera que había recibido desde la tribuna, difícilmente pudo dimensionar el alcance que tendría su gesto. Quizás era consciente de la potencia del reclamo de soberanía por nuestras Islas Malvinas, a segundos de remontar una semifinal épica contra Inglaterra en la semifinal de una Copa del Mundo. Lo que no podía imaginar era que esa imagen circularía horas antes de que el gobierno argentino presentara una ley para desregular la venta de tierras a extranjeros, y que ese ícono terminaría convirtiéndose en la chispa de una renovada defensa del territorio.

    Malvinas sigue siendo un reclamo diplomático vigente, pero también un símbolo cultural que reaparece en canciones mundialistas, en banderas de todos los clubes y en una memoria compartida. Esa sábana blanca pintada con marcador en uno de los eventos más vistos del planeta inspiró remeras, intervenciones y hasta la inédita creación de Malvinas Sans, una tipografía opensource diseñada por Juan Manuel Pelillo para que cualquiera pudiera apropiarse de ese símbolo y multiplicarlo. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Contrariamente al lema del personaje humorístico filonazi Micky Vainilla, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, que dice sólo hacer “pop para divertirse”, en este caso podemos pensar en un “pop para resistir”. 

    En primer lugar, porque hay pocos artefactos más pop que un símbolo simple, universal y replicable. Más allá de sus infinitas versiones y apropiaciones, la imagen volvió a poner en primer plano una herida compartida: la persistencia de un enclave colonial británico en pleno siglo XXI. Y desde allí renació, una vez más, la posibilidad de reconocernos en un nosotros. En tiempos de individualismos liberales y progresismos identitarios, cuando las pertenencias parecen fragmentarse, ese ícono recordó que existen causas capaces de reunir sensibilidades muy distintas. La coincidencia entre esa ofensiva extranjerizante y la épica performance mundialista hizo visible, quizás como pocas veces, que todavía hay símbolos capaces de recordarnos que tenemos mucho más en común de lo que solemos creer.

    Además, porque fue la primera línea de la música pop local la que tuvo un rol fundamental en el trasvasamiento generacional, cultural y hasta de género de esta efervescencia nacionalista que se constituyó como un límite posible al gobierno libertario. Nuestra bestia pop viene haciéndolo hace rato. No sólo respondió las bravuconadas del Presidente  con el arte que desplegó en su canción Fanático, sino que en cada show de Lali se canta “el que no salta votó a Milei”. Y seguro que hay gente que lo votó —y por eso es incluso más importante para interpelarnos mutuamente—. 

    Esta semana, Lali fue una de las principales convocantes a la marcha del 6A, y lo hizo desde la ola de atención de haber anunciado su tercer River del año sólo un día antes. Sorprendieron también otras artistas de la talla, como Nicki Nicole, que no sólo difundió la nota de Florencia Gómez en Revista Anfibia, sino también los puntos de convocatoria en todo el país. Incluso Emilia Mernes, otra mujer artista exitosa cuestionada por si se posiciona o no políticamente, compartió la publicación de Amnistía Internacional que, con música e imágenes épicas de distintas geografías nacionales, clamaba: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Lo nuevo: impacta antes de llegar a la movilización en la calle.

    El martes, Martín Vidal Ramos, un maestro jujeño de escuela pública que vive en Buenos Aires, sacó su pancarta amarilla en el Movistar Arena que decía “La Patria No Se Vende”. Las 15 mil personas que estaban viendo a Rosalía siguieron la consigna y corearon el agite patriótico. Ramos se adjudica, mediante imágenes en Instagram, haber “desatado esa locura”. En el escenario, la joven de 33 años, graduada de la Escuela Superior de Música de Cataluña y artista total, desplegó uno de los gestos más argentinos de la felicidad: revolear un cacho’e tela. La Rosalía, absurdamente cuestionada de anti-argentina (aunque como mujer, artista y exitosa, podría haber sido acusada de cualquier otra cosa), unía sensibilidades de lo más diversas en torno a la defensa común de una patria que no se vende. 

    Tantas veces confrontados en la falsa dicotomía “desarrollo o proteccionismo”, los bienes naturales de este suelo lograron, por una vez, unirnos. Los glaciares, los bosques, la cordillera o los humedales quedaron, por fin, de “este lado” del nosotros. El antropocentrismo perdió una batalla. Pudimos considerar la relacionalidad de nuestra especie con lo que nos alberga y rodea. ¿Lo entendemos así? Ojalá. Lo que entendimos es que es nuestro: entendimos la soberanía, aún herida en las islas de nuestros mares del sur, valientemente recordadas en un campo de juego. Porque apelando a la construcción de una narrativa cercana a lo común que tenemos, nos movemos de la confrontación al imaginario de nuestras historias compartidas, y así da lugar a la resonancia. Primero conocemos, después amamos; entonces defendemos.

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