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Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.

Por Roque Pérez para NLI

Un expediente sin pruebas, pero con relato

Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.

A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.

La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.

La operación: cuando la política reemplazó a la justicia

Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.

La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.

Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.

El trampolín de la derecha y el silencio posterior

El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.

Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.

La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.

Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.

El gobernador bonaerense apuntó contra el atraso cambiario y advirtió que la sangría de dólares por viajes al exterior es una postal más de una economía que se enfría. Los datos del INDEC confirmaron la caída del turismo receptivo y el fuerte aumento de argentinos que viajan fuera del país.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Axel Kicillof volvió a poner en palabras lo que en la provincia de Buenos Aires ya se siente en la calle. Tras la difusión de los últimos datos del INDEC sobre la balanza turística, el gobernador calificó como “un desastre” la gestión de Milei y señaló que el problema no es cultural ni aspiracional, sino estrictamente económico: atraso cambiario y recesión.

Según explicó el mandatario bonaerense, la lectura de los números oficiales desmiente cualquier relato optimista. “No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, ironizó en declaraciones radiales, para luego subrayar que el fenómeno responde a una moneda artificialmente cara que expulsa turistas y empuja a los argentinos a gastar afuera.

Un déficit que crece y se lleva dólares

Los datos publicados por el INDEC fueron contundentes. En noviembre, la cantidad de turistas que ingresaron al país cayó 2,7%, mientras que los viajes de argentinos al exterior se dispararon un 15,3%. El resultado fue un déficit de 224 mil turistas en un solo mes, con el consecuente impacto negativo en la salida de divisas.

En números absolutos, durante noviembre ingresaron a la Argentina 491.400 turistas, mientras que salieron 763.800. La diferencia no solo refleja un desequilibrio turístico, sino también una presión adicional sobre las reservas, en un contexto donde el propio gobierno nacional hace del ajuste y la escasez de dólares su bandera.

Para Kicillof, estos indicadores no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de una política económica que encarece el país en dólares, enfría el consumo interno y castiga a las economías regionales, particularmente a aquellas que dependen del turismo.

La provincia en crisis

El gobernador fue más allá del turismo y trazó un diagnóstico general de la situación productiva bonaerense. “No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, advirtió.

La caída del turismo receptivo impacta de lleno en la costa atlántica, en los destinos rurales y en los polos gastronómicos, que ven reducirse la demanda justo en un contexto de costos en alza y consumo deprimido. Menos visitantes implica menos trabajo, menos ingresos y más cierre de comercios.

En ese marco, Kicillof volvió a diferenciar dos modelos. De un lado, un esquema que apuesta al atraso cambiario y al ajuste como ancla; del otro, la necesidad de una política económica que proteja la producción, el empleo y el mercado interno. Los números del INDEC, lejos de ser una estadística más, funcionan como una señal de alerta temprana de un rumbo que, según el gobernador, conduce a una crisis cada vez más profunda.