Allanan a un ex rugbier cercano a Lorenzetti implicado en la causa del juez Bailaque

Allanan a un ex rugbier cercano a Lorenzetti implicado en la causa del juez Bailaque

 

Santiago Busaniche, un ex rugbier de la alta sociedad santafesina que durante 25 años despliega en las sombras influencias en los sectores más sensibles de la Justicia Federal, fue allanado esta mañana a pedido de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). En los próximos días fiscales de ese organismo lo imputarán en la causa donde un ex juez federal, un ex jerárquico de ARCA y un financista rosarino están acusados de armarle una causa a un directivo de una aseguradora para extorsionarlo.

Los allanamientos son múltiples y en uno de ellos efectivos de Gendarmería Nacional le secuestraron el celular a Busaniche, que es abogado y escribano de formación, aunque sus actividades se relacionan con gestiones institucionales y económicas desde los sótanos del Poder Judicial. Las redadas se hicieron en el Palacio Paz, el edificio de Esmeralda al 1000 donde vive el hombre sospechado en la pesquisa de ser operador judicial de Ricardo Lorenzetti.

Las requisas contra Busaniche incluyeron a una oficina del Círculo Militar en Santa Fe 750 donde el escribano y ex rugbier tiene actividades. También en una escribanía de la ciudad de Santa Fe, en la calle Hipólito Yrigoyen al 2600. Y en una conocida empresa constructora de Rosario.

Busaniche, el carismático rugbier de 120 kilos que puede hundir a Lorenzetti

La investigación que lo conecta a Busaniche, un hombre ligado a la política y a funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación, es la que tiene en prisión domiciliaria al ex juez federal 4 de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei, e implicado también al ex director regional de la ex AFIP Carlos Vaudagna. Los dos últimos aceptaron actuar como arrepentidos en este trámite, lo que implica admitir su culpa y proporcionar información a cambio de una reducción de pena.

Lo que se investiga es cómo los tres mencionados armaron en 2019 una causa penal por lavado de activos contra Claudio Iglesias que es un agente de Bolsa de Rosario que competía en esa época para ser presidente de la Compañía de Seguros San Cristóbal, una de las mayores en su rubro. Iglesias reveló en el juicio que para desvincularlo de la investigación le solicitaron 200 mil dólares de los cuales pagó 160 mil.

La pesquisa deja en claro que Busaniche le dio recomendaciones a Vaudagna sobre el tipo de informe que debería confeccionarse en la ex AFIP para que en 2021, luego de que a Iglesias lo imputaran y empezara a pagar, lo desvincularan de la causa penal. Las instrucciones también según los investigadores las recibía Bailaque que era parte de la trama extorsiva.

La empresa rosarina Edeca fue allanada como una derivación en esta causa que instruye el fiscal Juan Argibay Molina de Procelac. Fuentes del caso revelaron a LPO que se sospecha que los directivos de la constructora hicieron gestiones para que el juez federal Bailaque planchara una causa penal en contra de la firma por delitos tributarios. A cambio, según la pesquisa, la compañía le habría entregado al juez un departamento que estaría inscripto a nombre de un familiar directo del magistrado.

Busaniche es señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos. Viene de Santa Fe pero se catapultó hacia la zona sensible de decisiones a partir de Héctor Daniel Marchi, un ex concejal de Rafaela vinculado a Lorenzetti, que llegó a ser administrador general de la Corte Suprema. Busaniche y Marchi fueron presentados a su vez por el abogado rafaelino Guillermo Zenklusen que está imputado en la causa junto a Bailaque.

Busaniche es señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos. Viene de Santa Fe pero se catapultó hacia la zona sensible de decisiones a partir de Héctor Daniel Marchi, un ex concejal de Rafaela vinculado a Lorenzetti, que llegó a ser administrador general de la Corte Suprema

En Rosario le adjudican a Busaniche una estrecha relación con el polémico juez federal Gastón Salmain que afronta una investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura. Busaniche ahondó su poder inorgánico en el Poder Judicial porque su capacidad de moverse fue transversal a la política. Se hizo lugar con otros operadores del macrismo como Daniel Angelici y César Martucci.

Busaniche está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche. Su esposa es escribana en Santa Fe. Para los allanamientos a sus oficinas la Justicia Federal informó previamente al Colegio de Escribanos de Santa Fe. 

 

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    La fiscal Roteta frena el dedazo libertario y le da la razón a la paridad: Karen Reichardt debe encabezar la lista bonaerense de Milei

     

    La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt debe reemplazar a José Luis Espert al frente de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El Gobierno quería poner a Diego Santilli, pero la fiscal recordó que la ley de paridad no se negocia ni se acomoda según conveniencias políticas.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    La interna libertaria por el reemplazo de José Luis Espert en la lista de diputados nacionales bonaerenses sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que la persona que debe asumir ese lugar es Karen Reichardt, segunda en la nómina original, y no Diego Santilli, como pretendía el oficialismo de Milei.

    El pronunciamiento respondió a un planteo interno entre La Libertad Avanza y la Justicia Electoral, luego de la renuncia de Espert a su candidatura tras las denuncias por lavado de dinero que lo vinculan con el empresario Fred Machado. Mientras el Gobierno intentaba imponer a Santilli —tercero en la lista—, la fiscal sostuvo que la sustitución debía respetar el orden de prelación y la paridad de género establecida por la ley, aclarando que el principio de paridad fue concebido como una herramienta para revertir desigualdades estructurales y no puede ser aplicado de modo que perjudique a las mujeres.

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    La fiscal también se apoyó en antecedentes de la Cámara Nacional Electoral y en el caso Lucila Crexell, donde los jueces priorizaron el objetivo sustantivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los cargos electivos. Desde esa perspectiva, Roteta reafirmó que el principio de paridad no puede ser interpretado de manera literal cuando eso implique un retroceso en los derechos políticos de las mujeres, sino que debe entenderse como un mandato de reparación y equidad sustantiva.


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    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    El escándalo que envuelve a José Luis Espert no es un hecho aislado. Es la punta de un sistema que mezcla narcotráfico, lavado de dinero, empresas mineras fantasma, financiamiento político y complicidades judiciales. La misma red que hoy sostiene a los “libertarios” también tejió negocios con narcos y empresarios antisindicales.


    Una transferencia que delata al sistema

    El 22 de enero de 2020, 200 mil dólares volaron desde una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia los bolsillos de José Luis Espert. La empresa —según la justicia de Texas— era una pieza central del engranaje de lavado de dinero comandado por el argentino Federico “Fred” Machado y su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin.

    Durante años, Wright Brothers fue la fachada financiera que movió fondos del narcotráfico disfrazados de operaciones aeronáuticas y mineras. Cuando el caso salió a la luz, Espert intentó explicar la transferencia con un argumento precario: dijo que se trataba de un “adelanto por consultoría económica” para la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A.

    Pero los registros del Bank of America que integran el expediente texano lo dejan sin margen: la operación partió desde la red criminal de Machado, y Minas del Pueblo aparece en el mismo anexo judicial como empresa utilizada para lavar capitales. No es una cliente inocente, sino una pantalla más de un esquema delictivo internacional.


    El extractivismo como fachada

    Minas del Pueblo no sólo está en los papeles. En abril de 2021, la fiscalía guatemalteca allanó su concesión “La Meca” en Tucurú, Alta Verapaz. El resultado fue una postal de manual: tala ilegal, minería sin permisos, contaminación y una pista clandestina usada para vuelos sospechosos.

    El operativo confirmó lo que las comunidades del Valle del Polochic venían denunciando hacía años: una estructura ilegal que saqueaba recursos naturales y movía droga, amparada por funcionarios locales y empresarios extranjeros.

    Machado consiguió sus concesiones mineras durante el gobierno de Jimmy Morales, a fuerza de financiar campañas políticas. Su método era simple: lavar dólares, explotar oro y comprar poder. En ese mismo circuito se insertó Espert cuando aceptó el pago.


    Del oro al suero

    El expediente judicial de Texas agrega un nuevo capítulo a la trama: los nombres de Vidal y Alejandra Bada Vázquez, dueños de Lácteos Vidal, aparecen vinculados a transferencias por cientos de miles de dólares hacia Wright Brothers, incluso operaciones en criptomonedas.

    La conexión entre el clan Bada Vázquez y Machado no es menor. Los mismos empresarios que encabezaron la cruzada antisindical contra Atilra —aplaudidos por Patricia Bullrich y Florencia Arietto— figuran como participantes del circuito financiero del lavado.

    Mientras perseguían trabajadores en nombre de la “libertad de empresa”, hacían negocios con narcotraficantes y testaferros internacionales.


    El hilo rionegrino

    La madeja se amplía con el empresario Claudio “El Lechuga” Ciccarelli, señalado por el diputado Martín Soria como testaferro de Machado en empresas mineras y socio de los Bada Vázquez. Ciccarelli fue también dueño del vehículo blindado que usó Espert durante la campaña de 2019.

    En Río Negro, este empresario combina su rol de inversor privado con un cargo en la planta del Estado provincial desde 1999. En paralelo, participó en sociedades vinculadas al negocio de la arena silícea en Vaca Muerta, junto a economistas formados en el CEMA, cuna ideológica del libertarismo argentino.

    Todo queda en familia: política, negocios y dólares sucios.


    La sombra de Villaverde

    El entramado llega hasta Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, acusada en Estados Unidos de presunta vinculación con tráfico de cocaína y denunciada por estafas inmobiliarias. Pese a ello, sigue ocupando su banca y goza del respaldo del propio Milei.

    Ciccarelli mantiene un vínculo directo con ella: fue uno de los invitados al acto de asunción de su mandato. El mismo empresario que conectaba a Machado con Espert termina en la foto del nuevo poder libertario rionegrino.


    El hilo conductor

    Cuando se recorren los nombres —Machado, Espert, Bada Vázquez, Ciccarelli, Villaverde— el mapa se vuelve nítido: detrás de los discursos de “libertad de mercado” y “república”, opera una red de corrupción estructural que mezcla lavado, narcotráfico, extractivismo y represión laboral.

    Las instituciones no fallan: funcionan exactamente como esperan los que las corrompen. La justicia que demora extradiciones, los bancos que procesan millones sin control, los empresarios que financian campañas y los políticos que hacen silencio.

    No hay azar en la coincidencia de apellidos ni en los montos que cruzan fronteras. Hay un sistema articulado donde la codicia se disfraza de ideología y donde cada transferencia bancaria es una declaración de principios: la ética no cotiza.

     

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