Seguimos siendo como sociedad una amalgama dispersa entre las visiones colectivas y las individuales. En esta continuidad ininterrumpida bajo el sistema democrático todavía no se desarrollaron horizontes colectivos sin antagonismos fuertes que propongan un sistema mixto entre las visiones de la presencia y guía (desarrollo) del estado por un lado y un sistema de privados que no esté en disputa continua con su sistema de base.
La dualidad de pensamientos opuestos que alimentan las ideas y horizontes simbólicos están guiados por una mezcla de sistemas de comunicación clásicos (Tv, stream, diarios digitales, etc.) y los algoritmos de aplicaciones, las social media (un sistema mucho más caótico y disperso con propaganda disfrazada de generación de contenido espontánea muy difícil de identificar por parte de los usuarios o lectores).
En 42 años de democracia continua se han logrado consensos que se construyeron como una capa sobre otra. Esta consolidó un sistema con bases sólidas como respuestas a demandas propias y representadas en las dos cámaras legislativas.
La fuerza política que ganó estas elecciones por un período de 4 años llegó al poder fruto de la sensación de estancamiento y demonización de los modelos económicos propuestos anteriores y conocidos. Alimentados por una falsa idea de que estos no son útiles y que además son «decadentes». (Sin discutir los modelos de fondo, estas se sintetizan en frases simplistas con un alto poder de ser retenidas por la base popular, como por ejemplo «La casta» o «la motosierra»). EL MARKETING ES MÁS PODEROSO QUE LA MEMORIA por un lado. Y por otro el voto popular se consolidó como herramienta para que «alguien deje de gobernar» sin que se comprenda muy bien cual es el «próximo programa económico» que se aplicará.
Los que ya vivimos varias instauraciones conservadoras y sabemos leer entrelineas entendimos que el pacto de Acassuso es un programa frustrado del PRO, o lo que hubiera querido hacer MM. Pero como ahora el costo político lo paga el oficialismo, ante una falsa urgencia se redactó un DNU con poco visos democráticos llevándose puesta a una joven y estable tradición. (EL programa económico que instala el Decreto de Necesidad y Urgencia sería aplaudido desde los cementerios por los ex-presidentes de facto o conservadores).
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de una forma totalitaria, con argumentos populistas, sin respetar la tradición democrática actual de consenso. Este DNU difícilmente pueda avanzar en ambas cámaras, sobre todo por el desconocimiento de parte del Poder Ejecutivo de «como» funciona un sistema de gobierno en la práctica concreta, con los actores reales de la economía.
Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La trama oculta del “subsidio a los ricos”
El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.
Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.
Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal
Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.
En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.
El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.
La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.
Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida
Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.
En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.
La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.
El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.
El negocio financiero y la arquitectura del privilegio
El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.
En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.
Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.
El Estado como garante de la desigualdad
Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.
En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.
La ilusión del sacrificio compartido
El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.
Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.
Un modelo con beneficiarios definidos
Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.
Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.
La discusión de fondo
La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.
La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.
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Un empresario en medio de un juicio en Río Negro afirmó que compró una estancia en El Bolsón con dos millones de dólares «donados» por un jeque árabe y desató un escándalo en el frente Juntos Somos Río Negro del gobernador Alberto Weretilneck.
En Río Negro se sobresaltaron en febrero por la visita a Bariloche de uno de los hombres más poderosos del mundo: Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dabi.
Pese a un operativo de hermetismo de película, los medios locales pudieron consignar que el arribo del Emir se produjo en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche a borde de un Boeing 787-9 Dreamliner, la aeronave VIP utilizada por el gobierno emiratí bajo la denominación «Abu Dhabi Amiri Flight», con matrícula A6-PFG.
Su presencia no parece casual. En un juicio local por una ocupación mapuche, el presunto propietario de una mega estancia de 14 mil hectáreas junto a la frontera, confesó que compró el campo gracias a la «donación» de dos millones de dólares del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La legislación vigente prohíbe vender a extranjeros tierras de frontera, una interdicción que también pesa sobre la mansión den Lago Escondido del inglés Joe Lewis.
Una vez en Bariloche, el jeque se trasladó a la estancia Las Marías, ubicada en el paraje El Manso, cerca del paradisíaco Rio Manso, aproximadamente a 100 kilómetros de Bariloche. Las Marías es lindera a Lago Escondido, la estancia del magnate británico Joe Lewis, que impide el acceso al lago.
En un juicio local por una ocupación mapuche, el presunto propietario de una mega estancia de 14 mil hectáreas junto a la frontera, confesó que compró el campo gracias a la «donación» de dos millones de dólares del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La legislación vigente prohíbe vender a extranjeros tierras de frontera.
La presencia del jeque adquirió otra connotación esta semana, en medio de un juicio por usurpación contra una mujer mapuche llamada Soledad Cayunao, que terminó siendo declarada inocente. Lo que no esperaban los asistentes al juicio fue una revelación que cayó como una bomba en el gobierno rionegrino.
Hugo Alberto Barabucci, que era el denunciante de la supuesta usurpación, reveló ante la pregunta del abogado de la mujer mapuche que en 2017 compró 14.000 hectáreas en las nacientes del río Chubut con dos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. En 2017 Weretilneck atravesaba su segundo mandato como gobernador.
Barabucci dijo que vive hace más de dos décadas en los Emiratos y que gracias a esa «donación», le compró la estancia a Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía.
La revelación se da cuando el gobernador de Río Negro es sospechado de hacer maniobras para privatizar el Cerro Catedral con otro peso pesado del Golfo, el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thanien. Los vínculos de Weretilneck con el qatarí aparecen nítidos en los audios, revelados por LPO, entre Pablo Toviggino y el arrepentido de la AFA, Juan Pablo Beacon.
La compra de las hectáreas de Mindlin podría haber violado la ley de tierras rurales (N° 26.737), que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en zonas de frontera, ya sea de forma directa o «por interpósita persona». Javier Milei intentó derogar la ley mediante el DNU 70/2023, redactado por Federico Sturzenegger, pero finalmente la Justicia mantuvo la vigencia de la ley mediante medidas cautelares.
El frente de Weretilneck empezó a tener fisuras por la irrupción de los jerarcas árabes en los negocios de la provincia. Los propios integrantes de Juntos Río Negro admiten que Weretilneck violó las normas ambientales para otorgarle permisos a Barabucci, el emisario del jeque Al Nahyan, para que construyera su mansión sobre la ladera rocosa.
A eso se suma el camino de gran extensión que atraviesa la montaña en el trayecto entre Bariloche y El Bolsón, que obliga a los pobladores locales a tener que pedir permiso al jefe si quieren utilizarlo. En caso contrario por la falta de rutas alternativas el trayecto es mucho más largo.
