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Mesías conservador con voto popular.

Seguimos siendo como sociedad una amalgama dispersa entre las visiones colectivas y las individuales. En esta continuidad ininterrumpida bajo el sistema democrático todavía no se desarrollaron horizontes colectivos sin antagonismos fuertes que propongan un sistema mixto entre las visiones de la presencia y guía (desarrollo) del estado por un lado y un sistema de privados que no esté en disputa continua con su sistema de base.

La dualidad de pensamientos opuestos que alimentan las ideas y horizontes simbólicos están guiados por una mezcla de sistemas de comunicación clásicos (Tv, stream, diarios digitales, etc.) y los algoritmos de aplicaciones, las social media (un sistema mucho más caótico y disperso con propaganda disfrazada de generación de contenido espontánea muy difícil de identificar por parte de los usuarios o lectores).

En 42 años de democracia continua se han logrado consensos que se construyeron como una capa sobre otra. Esta consolidó un sistema con bases sólidas como respuestas a demandas propias y representadas en las dos cámaras legislativas.

La fuerza política que ganó estas elecciones por un período de 4 años llegó al poder fruto de la sensación de estancamiento y demonización de los modelos económicos propuestos anteriores y conocidos. Alimentados por una falsa idea de que estos no son útiles y que además son «decadentes». (Sin discutir los modelos de fondo, estas se sintetizan en frases simplistas con un alto poder de ser retenidas por la base popular, como por ejemplo «La casta» o «la motosierra»). EL MARKETING ES MÁS PODEROSO QUE LA MEMORIA por un lado. Y por otro el voto popular se consolidó como herramienta para que «alguien deje de gobernar» sin que se comprenda muy bien cual es el «próximo programa económico» que se aplicará.

Los que ya vivimos varias instauraciones conservadoras y sabemos leer entrelineas entendimos que el pacto de Acassuso es un programa frustrado del PRO, o lo que hubiera querido hacer MM. Pero como ahora el costo político lo paga el oficialismo, ante una falsa urgencia se redactó un DNU con poco visos democráticos llevándose puesta a una joven y estable tradición. (EL programa económico que instala el Decreto de Necesidad y Urgencia sería aplaudido desde los cementerios por los ex-presidentes de facto o conservadores).

Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de una forma totalitaria, con argumentos populistas, sin respetar la tradición democrática actual de consenso. Este DNU difícilmente pueda avanzar en ambas cámaras, sobre todo por el desconocimiento de parte del Poder Ejecutivo de «como» funciona un sistema de gobierno en la práctica concreta, con los actores reales de la economía.

Continuará ………..?

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  • Por fallas de seguridad en su planta, Passerini quiere echar a la empresa estatal de uranio

     

    Una serie de fallas de seguridad aparentemente no reportadas por Dioxitek en su planta de Alta Córdoba dejaron a la empresa estatal de enriquecimiento de uranio al borde de la expulsión de la ciudad, tras décadas de operar con permisos precarios en medio de uno de los barrios más populares de la capital provincial y a 10 cuadras del estadio de Instituto.

    Dos hechos graves que no habrían sido reportados por Dioxitek (ocurridos en 2023 y en 2024), pero sí por empleados y ex empleados, llevaron a la Municipalidad a reclamarle a la empresa informes actualizados de seguridad ambiental y nuclear; lo que puso en jaque la pretensión de la empresa estatal de continuar operando en Alta Córdoba durante 8 años más.

    «Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro, están desde hace 40 años así, desde el 86, con prórrogas y yo quiero terminar mi mandato con este tema resuelto», dijo Passerini en declaraciones a La Voz.

    Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro, están desde hace 40 años así

    La tropa libertaria salió a cuestionar la posición de Passerini. A través de La Derecha Diario, responsabilizó al intendente cordobés por el cierre de Dioxitek «sólo por su ensañamiento con Milei». El equipo de comunicación de Passerini negó que prime lo ideológico sobre la seguridad: «Lo que sí es ideológico es mentir deliberadamente», fue la respuesta en redes. Desde su desembarco en Córdoba, La Derecha Diario apuntó sus cañones contra Passerini.

    Dioxitek debía trasladarse a una nueva planta industrial en Formosa, pero su construcción está paralizada, por falta de inversión del Estado nacional, desde septiembre de 2023, cuando tenía un avance del 70% y una inversión ejecutada de 149 millones de dólares. Así, la empresa quiere extender la vida útil de la ubicada en el barrio de Alta Córdoba hasta 2034; donde opera a pleno y con una producción anual récord de 190 toneladas de dióxido de uranio de grado nuclear.

    Meses atrás, una inspección de la Dirección de Bomberos en la planta de Dioxitek en Alta Córdoba detectó una serie de fallas: solicitó mejores sistema de extinción de incendio, que se coloquen rociadores en tanques de combustible, un inventario de los productos químicos que se almacenan y que muros y aberturas de la zona donde está el horno sean ignífugos, y no con cobertura de chapa. Además, la empresa tuvo dos informes negativos de Ambiente de la Provincia.

    La empresa niega todo: dice que los presuntos incidentes no reportados no existieron y que las falencias detectadas por Bomberos ya fueron resueltas o están en ese proceso. Sin embargo, se aferró a cláusulas de confidencialidad y de seguridad para dar detalles.

    La continuidad de Dioxitek en Alta Córdoba está atada al expediente que abrió el juez federal Miguel Vaca Narvaja, que le solicitó a la empresa informes ambientales y de seguridad. En la planta hay cientos de litros de metanol, hidrógeno, amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio, entre otros. 

     

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    El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

    La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.

    Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.

    Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.

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    El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.

    A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.

    Carolina Moisés y Flavia Royón.

    En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.

    Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».

    Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.

    El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.

    En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.

    Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.

    La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.

    En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.

    A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.

    Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.

     

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