AGENDA VERANO CULTURAL 2022

En medio de las alertas que crecen por el impacto que podrían acarrear las fuertes lluvias previstas para los próximos meses, la diputada provincial Silvina Vaccarezza acusó a Toto Caputo de poner «en la timba financiera» más de 354 mil millones de pesos que se deberían destinar a obras hidráulicas.

Tras un pedido de Acceso a la Información Pública, la legisladora alineada a Emilio Monzó reveló que la gran mayoría del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (303.370 millones) está colocado en Letras del Tesoro Nacional.

Además del grueso de los recursos que se redirigieron a bonos, Vaccarezza expuso que 47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez y los 50.779 millones restantes a la vista en cuenta.

 Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva». 

«Mientras esos recursos permanecen en instrumentos financieros, en el territorio las necesidades siguen siendo urgentes», sostuvo la diputada.

Y agregó: «Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas».

Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva».

No llegan los 1.900 millones que Bullrich le prometió al campo inundado y crece la bronca

«¿Hasta cuándo van a seguir usando como caja los fondos que tienen un destino específico?», preguntó.

El impacto del fenómeno climatolóigico denominado «Súper Niño» genera alertas en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de mesas de acción coordinadas entre la Provincia y los 135 municipios, a la par de una serie de obras de infraestructura.

Más allá de eso, en el campo la preocupación es extrema, más aún con el antecedente del año pasado, cuando numerosas hectáreas del noroeste bonaerense se inundaron y el Gobierno, vía Patricia Bullrich, anunció con 9 meses de demora una asistencia de 1.900 millones a repartir en 20 distritos, anuncio que fue digerido por los productores como «una tomada de pelo». 

La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.

Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.

El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente. 

Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

Una investigación de abuso de menores complica a un diputado peronista y amenaza la mayoría de Llaryora

La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.

Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma». 

El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña. 

El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio. 

La diputada radical Alejandra Ferrero.

Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente. 

Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar. 

En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.

La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.