Agenda cultural: primera semana de junio

A muchos causan sorpresa o extrañeza los sucesivos viajes de Milei a Israel. Sin embargo, se trata del perfeccionamiento de relaciones que políticos argentinos mantienen, sobre todo con el Mossad, desde hace décadas. Con la pantalla de una empresa de seguridad llamada SIA, Security and Intelligence Addvising, agentes del Mossad, operan en el país desde antes del 2000. Por Koly Bader, para ANCAP.

En su inicial página web (https://siacorp.com/ ) incluso se presentaban como EX Mossad y en 2014 sacaron este detalle de su descripción. Antes de ese cambio su dirección era Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires. Hoy registran una dirección en Tel Aviv: 5 Druyanov St., 12º Floor Tel Aviv 63143, y en Buenos Aires en Gurruchaga 440 4º piso C1414DHJ. También tienen filiales en Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal, Uruguay, Rusia, España y Estados Unidos. Según su página web.

Durante el gobierno de Julio Miranda en Tucumán, el gobernador, a instancias del entonces senador José Alperovich, los contrató para entrenar al Grupo Cero de la policía provincial. El Decreto 344/1 del 14 de noviembre de 2003, Expte. Nº 2214/110-D- 2003, Establece la contratación de los servicios de una organización privada de inteligencia. Según reza el decreto para “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal.”

Operaciones del Mosad no son nuevas en América Latina. Agentes del Mosad han tenido responsabilidad directa en el tráfico de armas a Ecuador, Panamá y Colombia y operaron en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por medio de sus agentes Víctor Manuel García, pretendido gerente de una compañía encuestadora que se adjudicó la dirección civil del movimiento militar contra Chávez, reconociendo que su comando de dirección lo tenía en Fuerte Tiuna, sede de la SIA.

El Mossad es posiblemente la organización criminal más importante del planeta dejando incluso en segundo lugar a la popular CIA. Sus agentes son especialistas en técnicas de tortura, método “investigativo” que en Israel es legal en tanto se trate de árabes o palestinos. Es el único estado del planeta que se atrevió a legitimar la tortura por medio de resoluciones de su Suprema Corte de Justicia. Estos agentes son tenidos también como elevadamente entrenados y especializados en la falsificación de pruebas, documentos y hechos destinados a utilizarse en procesos judiciales para inculpar de cualquier delito grave a quien se considere “enemigo” si su carácter de tal no implicó violación de la ley alguna. (*)

Instalado el Mossad en Tucumán, cuando José Alperovich resultó electo gobernador, son ellos los que registraron con aparatos electrónicos el despacho del gobernador y hasta su casa particular. Dos de ellos fueron todo el tiempo guardaespaldas de Alperovich casi hasta el final de sus tres mandatos.

Imagen de José Alperovich. Foto: La Gaceta.

Por su parte, el propio Alperovich viajó varias veces a Israel en supuestas vacaciones y su esposa Beatriz Rojkes , electa senadora nacional, hizo su primer viaje oficial a su patria de origen como la llamó.

A la DAIA le gusta decir que José Alperovich fue el primer gobernador judío y Beatriz Rojkes la primera presidente judía de Argentina. Fue vice presidenta del senado por mandato de CFK y ante un viaje de la presidenta y Armando Boudou, ejerció el cargo por algunas horas. Era además presidenta del PJ tucumano.

No obstante, las relaciones con el Estado de Israel nunca fueron transparentes. Pocos saben que Argentina es firmante, por medio de Alberto Fernández, de la “Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto” (IHRA por sus siglas en inglés). Se trata de un puntuado que define el antisemitismo en una forma tan ambigua que cualquier crítica a Israel puede ser tomada como antijudía o antisemita. Es preferible usar el termino antijudío ya que los pueblos semitas se originaron en el Cercano Oriente y el Cuerno de África. Los países actuales con mayor población semita incluyen a Etiopía, Eritrea, Israel, los países árabes (como Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Egipto, etc.) y partes de África del Norte. Tradicionalmente, se consideraba que descendían de Semita, hijo de Noé en la Biblia. Este grupo incluye a árabes, hebreos (judíos), arameos, acadios, fenicios, y otros.

Pero sigamos. Tan ambigua es la definición del IHRA que en 2020 se emitió la “Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo” (DJA ).Es un documento que pretende delinear los límites del discurso y la conducta antisemita, en particular con respecto al sionismo , Israel y Palestina. Su creación fue motivada por el deseo de confrontar el antisemitismo y por las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA , que, según los críticos, reprime las críticas legítimas al gobierno israelí y restringe la libertad de expresión] La redacción de la declaración se inició en junio de 2020 bajo los auspicios del Instituto Van Leer en Jerusalén por ocho coordinadores, la mayoría de los cuales eran profesores universitarios. Una vez finalizada, la declaración fue firmada por unos 200 académicos de diversos campos y publicada en marzo de 2021.

Siendo la Argentina el país de América Latina con la más grande comunidad judía, no es extraño el especial interés de Israel en este país. Lo que, claro, no justifica nada y mucho menos la preferencia de políticos argentinos en sus métodos represivos y, en general, las políticas de un estado claramente violatorias de todo principio reconocido por la humanidad.

La historia sigue con la adquisición por argentina del programa informático Pegasus, de la inteligencia israelí, creado para el espionaje de todo tipo por medio de los artefactos electrónicos de uso masivo hoy en día.

En el gobierno de Alberto Fernández y de la mano de su ministro del Interior Wado De Pedro, se firmó un convenio con la firma israelí Mekorot. De esta forma, hasta ahora, las provincias que han firmado convenios con Mekorot para la gestión del agua son: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Estos acuerdos se han establecido para la elaboración de planes maestros hídricos y la implementación de asesoramiento técnico en la gestión del agua. Nada menos. Y con seguridad será una de las empresas que participe de las privatizaciones, por ejemplo, de Aysa

En los viajes de Milei a Israel se vino consolidando y ampliando estas “relaciones carnales” con el estado genocida. En su ultima visita firmó un memorándum de acuerdo. En un hecho que el gobierno caracterizó en su página web como: “histórico sin precedentes, Javier Milei, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron en Jerusalén, el Memorándum “En Defensa de la Libertad y la Democracia Contra el Terrorismo y el Antisemitismo”, donde “se comprometen a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, impulsando la defensa de las libertades y la democracia”. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, “el Memorándum implica una cooperación sin precedente en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros “fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná”.

Paralelamente y por denuncia del periodista de derecha Alconada Mon, el diario La Nación publica el «Plan de Inteligencia Nacional» de la SIDE, señalando que podría permitir el espionaje interno, incluyendo a periodistas, economistas y cualquier persona que critique al gobierno de Milei. Además, ha revelado haber recibido amenazas tras exponer este plan. La Comisión Bicameral del Congreso también ha expresado preocupaciones sobre la ambigüedad y los riesgos que plantea el plan. En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”.

Posteriormente la revista Crisis amplia la información y consigna, con facsímiles del documento:

Dice Crisis: El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

Y mucho, mucho más que apunta claramente a la inteligencia interna.

Casi simultáneamente y al retornar Milei de Israel, firma un decreto dirigido a habilitar a la Policía Federal a más espionaje e incluso habilitar detenciones sin orden de juez. Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La PFA podrá realizar tareas de «prevención del delito» en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización previa de un juez.

Detenciones sin autorización judicial: La reforma permite a la PFA detener a personas por hasta 10 horas si no pueden acreditar su identidad y existen «circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Estas detenciones deberán notificarse a un juez, y los detenidos tendrán derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza. Sin embargo, especialistas han criticado la vaguedad de los criterios, señalando que podría habilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, una práctica que ha sido condenada en el pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Este departamento contará con subáreas especializadas, como Agencias Federales de Investigación y una unidad dedicada al combate del narcotráfico.

Además, se prevé un aumento en el despliegue de agentes en provincias, especialmente en ciudades con alta incidencia delictiva como Rosario, para fortalecer la presencia federal.

Nada de esto es casual. Aun cuando lo dispuesto es relacionado por la prensa con el FBI, se trata exactamente de la forma de operar del Mossad y las fuerzas de seguridad israelíes.

No queremos ignorar las múltiples denuncias de la llamativa presencia permanente de soldados israelíes en el sur con el justificativo de “vacaciones”. Un verdadero lujo para simples soldados.

Fuente: https://noticiasancap.org/2025/06/20/la-larga-historia-del-mossad-en-argentina-las-instrucciones-para-la-side-la-pf-y-los-viajes-de-milei/

El lunes alrededor de las 19:30, personal de la Comisaría 26 fue alertado por vecinos del barrio Puente Madera sobre la circulación de varios sujetos en motos realizando maniobras imprudentes y peligrosas en dirección a la calle El Treinta.

Al llegar al lugar, los efectivos visualizaron tres motocicletas –dos tipo enduro– con cinco hombres a bordo. Al percibir la presencia policial, los motociclistas aceleraron y comenzó una persecución, con balizas y señales de luz activadas por los uniformados.

Huida y hallazgos de motos

Durante la persecución, los prófugos ingresaron al frente de una vivienda con salida al canal de riego y escaparon por el patio trasero. En el recorrido, los policías localizaron una moto 110cc abandonada y, en propiedades cercanas, hallaron dos motos Honda enduro de 250cc y 150cc, que contaban con pedido de secuestro por robo, una de Neuquén y otra de Cipolletti.

Uno de los sospechosos arrojó una campera negra mientras intentaba escapar hacia una vivienda, encerrándose en un baño. Durante su aprehensión, opuso resistencia mediante golpes y patadas, intentando incluso apoderarse del arma reglamentaria de un efectivo. Finalmente, fue reducido y trasladado a la Unidad, quedando detenido.

Droga fraccionada de alta pureza

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) confirmó que las motos de 250cc y 150cc estaban reportadas como robadas, mientras que la 110cc estaba siendo investigada por su procedencia debido a que tenía el sistema de arranque violentado.

Personal de la Delegación de Toxicomanía Cipolletti revisó la campera descartada y encontró 27,2 gramos de cocaína de máxima pureza, fraccionada en varios envoltorios, junto con dinero en efectivo. Tras los análisis, se notificó al Juzgado Federal de General Roca, que dispuso actuaciones por infracción a la Ley 23.737, y se inició la causa por resistencia a la autoridad y encubrimiento por la posesión de una de las motos robadas.

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Un nuevo pedido por la aparición de Azul Mía Natasha Semeñenko se llevó a cabo en la tarde de este lunes en el centro de la ciudad de Neuquén. La mujer de 49 años se encuentra desaparecida desde el pasado 25 de septiembre. Por su parte, la policía del Neuquén informó dónde se concentra la búsqueda.

El comisario General Dante Catalán informó que el operativo policial se concentra en el sector ribereño de Neuquén capital: Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki, zona donde se registró el último impacto de antena de su teléfono celular antes de quedar inactivo.

La Policía del Neuquén ha desplegado rastrillajes ampliados con equipos montados, canes, personal de Bomberos y recursos técnicos. Paralelamente, se llevan a cabo entrevistas exhaustivas con el círculo íntimo, familiares, y allegados, y se analizan elementos de interés como una computadora.

Pedido en el centro de Neuquén

Frente al monumento al general José de San Martín, en la avenida Argentina, se concentraron familiares, compañeros de trabajo del Centro de Atención a la Víctima -organismo provincial donde desarrolla sus tareas Semeñenko- y organizaciones que participan de la búsqueda.

Entre quienes convocaron a la manifestación se encuentran la Asamblea Permanente por la Aparición con Vida de Azul Semeñenko y se trató de una acción colectiva de visibilización, con estampas en vivo, panfletos y mensajes públicos, en busca de mantener viva la presencia de Azul y reforzar el pedido urgente por su aparición.

“No se trata solo de estar presente, sino de multiplicar la información. Que todos en Neuquén sepan que Azul falta, y que necesitamos encontrarla ya”, indicaron.

Una mujer visible, solidaria y querida

Semeñenko es descrita por quienes la conocieron como una persona alegre, atenta y generosa. “Azul es responsable, no desaparece porque sí”, había dicho días atrás Juliana, su compañera de trabajo, quien también participará de la intervención.

Alta (1,73 metros), de cabello pelirrojo y personalidad excéntrica, Azul se había mudado recientemente al barrio Confluencia, donde fue vista por última vez. Sus amigas la recuerdan como una mujer que se destacaba por su forma de ser y por su compromiso con su trabajo.

“Era de esas personas que no pasan inadvertidas, siempre arreglada, maquillada, con una sonrisa o un gesto amable para quien la necesitara”, contaron sus compañeras.

Días de búsqueda e incertidumbre

Desde la denuncia presentada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, la Policía de Neuquén mantiene activa la investigación por la desaparición de Azul Mía Natasha Semeñenko, sin descartar ninguna hipótesis. Los rastrillajes se extendieron a diferentes zonas de la capital y localidades vecinas, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados concretos sobre su paradero.

Mientras tanto, familiares, amigas y compañeras continúan impulsando campañas de difusión en redes sociales, colocan carteles en distintos puntos de la ciudad y realizan acciones en la vía pública para mantener vivo el reclamo. En los últimos días, llevaron adelante una panfleteada en los semáforos de Don Bosco y Sarmiento, y ahora se preparan para una nueva intervención en el centro neuquino con el objetivo de sumar voces y visibilizar el caso.

Un pedido que crece

“La intervención es una forma de seguir buscando desde otro lugar. No podemos quedarnos quietas, necesitamos que todos sepan que falta Azul”, expresaron desde la Asamblea Permanente por la Aparición con Vida de Azul Semeñenko.

Las organizadoras remarcaron además la importancia de la colaboración ciudadana, e instaron a que cualquier persona que tenga información, por mínima que sea, se comunique al 101, la línea gratuita, confidencial y anónima disponible las 24 horas.

“Seguimos buscando a Azul. No queremos acostumbrarnos a que desaparezcan personas sin que pase nada. Neuquén tiene que mirar y no mirar para otro lado”, expresaron sus amigas.

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Un fuerte escándalo golpea a Gendarmería Nacional tras confirmarse la detención de 14 efectivos acusados de cobrar coimas a camioneros en distintos puntos del país. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, con la intervención del fiscal federal Rodolfo Cabanillas.

Los arrestos incluyeron a personal de distintas jerarquías del destacamento de Sampacho, en Córdoba, donde también fue detenida la jefa de la unidad, Analía Galian. Según la investigación, los gendarmes pedían dinero a los transportistas para dejarlos circular a pesar de tener documentación incompleta o con irregularidades.

El expediente judicial se inició en febrero de este año, cuando un camionero decidió denunciar tras haber sido obligado a pagar coimas en reiteradas oportunidades. A partir de su testimonio, se desarrolló una investigación que incluyó 25 allanamientos en Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Salta, donde se obtuvieron pruebas que confirmaron la práctica sistemática de sobornos.

De acuerdo con la causa, los pagos se realizaban tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias, modalidad que facilitaba la operatoria y ampliaba el alcance de los cobros ilegales.

Repercusiones y separaciones en la fuerza

La magnitud del caso obligó a separar de sus funciones a otros seis integrantes de las fuerzas de seguridad, mientras avanza el sumario interno y la investigación judicial. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que se trató de una «labor de inteligencia exhaustiva», impulsada por las denuncias de varios camioneros que se sumaron al expediente.

El accionar de los gendarmes encuadra en el delito de cohecho, previsto en el artículo 256 del Código Penal argentino, que establece penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para los funcionarios públicos que reciban dinero o dádivas a cambio de realizar, retardar o no cumplir con actos propios de su función.

Este tipo de prácticas constituye una infracción grave contra la administración pública y afecta directamente la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el control en las rutas.

Un antecedente reciente

El caso ocurre pocas semanas después de otro hecho de cohecho en la Patagonia. A fines de agosto, un comerciante de Puerto Madryn fue detenido por intentar sobornar a policías de Chubut durante un operativo de control en Rawson. Allí, el intento de pago ilegal terminó con la inmediata imputación del acusado.

La investigación abierta en Córdoba revela una red de corrupción dentro de Gendarmería Nacional que ahora será analizada en detalle por la Justicia Federal. Las pruebas recolectadas, sumadas a los testimonios de los camioneros, serán claves para determinar responsabilidades y eventuales condenas.

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Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .

l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»