Río Negro tuvo una alta participación en las pruebas aprender 2025

El Colegio de Agrimensores de Neuquén celebra su décimo aniversario en un momento de fuerte expansión urbana. Su presidente, Guillermo Martínez, destacó la importancia de planificar el territorio para garantizar la seguridad jurídica del suelo y preservar el equilibrio productivo.

En un contexto de transformación constante, el Colegio de Agrimensores de Neuquén cumple diez años de vida institucional, consolidándose como una referencia en el desarrollo urbano y la gestión del territorio. Martínez repasó los principales logros y desafíos de una profesión que acompaña el avance de las ciudades y asegura la seguridad jurídica de los bienes inmuebles.

“Cuando alguien compra un lote o inicia un emprendimiento, necesita un amojonamiento. Esa tarea garantiza los límites y evita conflictos entre vecinos”, explicó Martínez, destacando que los agrimensores matriculados son los únicos habilitados para realizar estos trabajos en la provincia.

El Colegio, creado por ley en 2015, cumple una función pública delegada por el Estado provincial: controlar y regular el ejercicio profesional. «Estos son colegios de ley, no asociaciones gremiales. El Estado nos confía la tarea de fiscalizar la práctica profesional”, recordó Martínez.

Gracias al aporte de sus matriculados, la institución logró su sede propia en Avenida Argentina 480, símbolo del crecimiento institucional y del compromiso colectivo. Además, el Colegio ofrece asesoramiento a la comunidad.

Neuquén, una provincia que crece sin pausa

El fuerte desarrollo urbano ha impulsado la demanda de profesionales en toda la provincia.“Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y San Martín de los Andes son hoy los puntos más activos. Añelo explotó en estos años, pero el crecimiento se replica en todo el territorio”, señaló Martínez.

“Se han perdido cientos de hectáreas productivas, especialmente en zonas de Plottier y Centenario. La expansión es inevitable, pero debe ser equilibrada. Tenemos que pensar en nuevos espacios para la producción”, advirtió.

Uno de los hitos recientes es la creación de la carrera de Agrimensura en la Universidad Nacional del Comahue. “Había mucho trabajo y pocos agrimensores. El año que viene egresarán los primeros veinte estudiantes. Es un logro enorme para toda la provincia”, celebró Martínez.

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El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, fue liberado de la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía, pero el motivo no fue una simple lesión. Detrás de su baja se esconde un escándalo de comunicación y procedimientos médicos que desató el «malestar» de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El jugador se sometió a un tratamiento sin el consentimiento ni la notificación previa del equipo médico nacional.

El detonante fue un procedimiento invasivo de radiofrecuencia al que Lamine Yamal fue sometido esa misma mañana para tratar molestias en el pubis. Según un comunicado oficial de la RFEF, los servicios médicos de la Selección se enteraron de la intervención a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, el día que todos debían concentrarse. La Federación expresó su «sorpresa y malestar» al descubrir que un jugador convocado había pasado por un tratamiento de esta índole sin comunicación previa al cuerpo médico de ‘La Roja’.

La situación se agravó cuando, solo a las 22:40 de ese día, la RFEF recibió un reporte médico que confirmaba la intervención y recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días para el futbolista. Ante este escenario, la Federación tomó la drástica decisión de desvincular temporalmente a Yamal para priorizar su salud y recuperación total. La RFEF dejó claro que, si bien desean su pronta mejoría, la falta de coordinación y la autonomía médica ejercida desató un conflicto protocolario a nivel nacional.

El impacto en España ha sido notable. Con solo 18 años, Lamine Yamal es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo y una pieza esencial en los planes de la Selección de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026. Para cubrir su inesperada baja, el seleccionador ya ha convocado a Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano. Este incidente pone el foco en la tensión entre los clubes y las selecciones nacionales en el manejo de las lesiones y los tratamientos de sus estrellas.

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Distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos están construyendo el tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. La emergencia habitacional que atraviesa a miles de personas exige una respuesta urgente, solidaria y colectiva. Frente a la ausencia de políticas públicas efectivas, las organizaciones del pueblo dan el paso al frente para generar datos concretos, visibilizar esta realidad, y exigir derechos. Por Proyecto7.

Convocatoria

Llegan los primeros fríos, mucha gente en la calle, mucha población nueva, y mucha que va a llegar, sabemos que te importa, siempre lo dijiste, estamos por hacer el 3er Censo Popular de Personas en situación de Calle, desde PROYECTO7 te queremos pedir 3 cosas:1 – que te sumes como voluntarie para ser parte.2- que difundan esto y el link de inscripción para poder sumarse.3 – que tomes conciencia de que es indispensable que sepamos qué cantidad de personas está padeciendo esta realidad y cómo está compuesta cualitativamente la población para mejorar nuestro trabajo y también para exigirle al Estado en su conjunto que aplique las leyes conseguidas y les adjudique el presupuesto que corresponda, conforme a las cifras actualizados y reales.Nos vemos en las capacitaciones y el Censo.

Aquí enlace al forms para que puedas inscribirte para participar como censista, con toda la seguridad de una red comunitaria y de contención.

Se convoca a todas las organizaciones sociales, culturales, religiosas, estudiantiles, gremiales y comunitarias que compartan esta preocupación a sumarse aportando voluntarios, difusión y trabajo territorial.

El censo no solo busca contar, sino también reconocer, acompañar y organizar.

Detrás de cada número hay una historia, una vida y un derecho vulnerado.Nuestro compromiso es transformar la realidad.

Si formás parte de alguna organización y querés sumarte, contactanos por:

Correo electrónico: [email protected]

Cuenta de Instagram: @CensoPopularCaba

O cuenta de X: @3erCensoPopular

El Gobierno de Javier Milei acelera su plan de privatizaciones luego del resultado electoral de octubre, con el objetivo de que el sector privado asuma el control de servicios estratégicos en transporte y energía. El primer paso se concreta este mes con la concesión de la ruta del Mercosur, proceso que ya recibió siete ofertas y que tendrá preadjudicación antes de dos semanas, según estiman en Economía.

El ministro Luis Caputo aseguró que el modelo implicará mayor inversión y eficiencia: “El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, resaltó al difundirse el interés de las empresas oferentes.

A la par, el 7 de noviembre se conocerán las propuestas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, con una expectativa de recaudación estatal de entre US$500 millones y US$700 millones. Entre los actuales operadores que presentarían ofertas figuran AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados).

El Gobierno planea además, para lo que resta de 2025, la segunda etapa de licitación de rutas nacionales hoy bajo la órbita de Corredores Viales, abarcando más de 4.400 kilómetros, incluidos accesos a los puertos del Paraná. Una tercera fase, con la ruta 9 como uno de los ejes, quedaría para comienzos de 2026.

Las empresas que se preparan para una posible venta

El Ejecutivo trabaja en el envío al nuevo Congreso de un listado con empresas que podrían privatizarse total o parcialmente, como parte de la “segunda ola” de reformas.

Entre las firmas con procesos ya en marcha o en preparación se destacan:

• Enarsa, cuyo programa de venta avanzará “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue.
• Transener, donde se prevé la venta antes de febrero de las acciones estatales.
• Aysa, en etapa de valuación para definir las condiciones de una futura privatización mayoritaria vía Bolsa.
• Belgrano Cargas, con llamado a licitación previsto entre fines de noviembre y principios de diciembre.
• Hidrovía, cuya adjudicación se proyecta para fin de año.
• Nucleoeléctrica, con avance hacia una privatización parcial en 2026.

En despachos oficiales también ya se analizan empresas que quedaron fuera de la Ley Bases aprobada en 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, que podrían incorporarse más adelante al plan.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución legislativa que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, una parálisis que duró 43 días y generó pérdidas económicas estimadas en 14.000 millones de dólares.

La votación final en la Cámara baja fue de 222 a favor y 209 en contra, dando luz verde a la ley presupuestaria que el presidente Donald Trump tenía previsto firmar la misma noche. La medida ya había sido aprobada por el Senado el lunes.

Un pulso político con alto costo

El cierre, provocado por un tenso debate político, afectó gravemente al funcionamiento del país, con la cancelación de vuelos por falta de controladores aéreos y el despido temporal de unos 670.000 funcionarios, quienes se reincorporarán a sus puestos con derecho a sueldo a partir del jueves.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a los demócratas de «causar daño» intencionadamente, mientras que el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries, defendió la postura de su partido de «defender los derechos de los estadounidenses».

El debate sobre la sanidad pública, en el centro de la disputa

Más allá del presupuesto, el cierre estuvo marcado por el intenso debate sobre la financiación de la cobertura sanitaria pública, especialmente los subsidios derivados del Obamacare (la reforma sanitaria de Barack Obama) y sus extensiones bajo la presidencia de Joe Biden. Estas ayudas, que benefician a millones de estadounidenses, vencen a finales de año y su posible aumento ha sido un punto de fricción.

Los republicanos argumentan que los subsidios deberían enfocarse en los sectores más vulnerables y no extenderse indiscriminadamente, mientras que los demócratas alertan que, sin estas ayudas, la atención médica podría volverse «impagable» para muchas personas.

A pesar de que los sondeos indicaban que la opinión pública responsabilizaba mayoritariamente a Trump y a los republicanos por el cierre, la unidad de estos últimos se mantuvo firme. Sin embargo, el nerviosismo creció entre los demócratas, que recientemente habían celebrado victorias en sus feudos electorales.

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El Gobierno nacional avanza en una tensa negociación con la CGT y los empresarios por la reforma laboral, mientras intenta mantener la paz sindical mediante el pago de $20.000 millones a las obras sociales.

Este primer giro es parte de tres desembolsos que totalizarán $60.000 millones antes de fin de año, y busca saldar parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales. La medida, interpretada como un gesto político, genera suspicacias sobre su influencia en el debate por los cambios en la legislación laboral.

La gestión de los pagos fue impulsada desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene un rol clave en el vínculo con los gremios. Aunque Caputo evitó convocar oficialmente a la CGT, reconoció el peso del nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Desde la central obrera, sin embargo, reclaman que los interlocutores del Gobierno sean Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, en lugar del secretario de Trabajo Julio Cordero, a quien acusan de falta de diálogo.

El malestar sindical se profundizó tras la filtración de un borrador de reforma laboral que incluye puntos conflictivos, como la limitación del derecho a huelga y la eliminación de la cuota solidaria. La CGT atribuye estos intentos al ministro Federico Sturzenegger, a quien acusan de reactivar sin consenso artículos rechazados por la Justicia. En tanto, en la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresaron preocupación por las propuestas que permitirían negociar convenios colectivos por empresa, una medida que podría fragmentar la representación sindical y generar conflictos internos.

Frente a este escenario, los gremios adoptaron una estrategia de resistencia “blanda”: intentar suavizar el proyecto oficial preservando tres pilares fundamentales. Buscan mantener su rol en la negociación colectiva, evitar cambios en los aportes sindicales y la cuota solidaria, y sostener la ultraactividad de los convenios, que garantiza la continuidad de derechos laborales aunque no se renueven los acuerdos. Mientras tanto, el Gobierno prepara un texto basado en el proyecto de la diputada Romina Diez, que apunta a incentivar el empleo y la inversión, y podría presentarse en el Congreso en diciembre.

La iniciativa incluye medidas como la fragmentación de las vacaciones, el banco de horas y facilidades para el pago de indemnizaciones, aunque el Ejecutivo asegura que no se eliminarán las compensaciones por despido. Además, el secretario de Trabajo evalúa incorporar un esquema de “salario dinámico” vinculado a la productividad, mientras el diputado gremialista Sergio Palazzo propone que los trabajadores participen en las ganancias empresariales. Con la tensión entre los sectores todavía abierta, la reforma laboral podría transformarse en uno de los debates más duros del cierre de 2025.

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