Manuel Adorni suspendió la conferencia de prensa que iba a dar en la mañana del miércoles para tratar de superar el papelón de la semana pasada, cuando blanqueó un departamento en Caballito en medio de los nervios que le provocaron las preguntas de los periodistas acreditados.
El jefe de gabinete buscaba una revancha porque se fue domado el miércoles pasado, pese a que se jactaba de chicanear a los periodistas que cubren Casa Rosada, a los que incluso hostigaba con videos en redes oficiales del gobierno, propagados por los trolls libertarios.
Pero finalmente decidió evitar otra situación angustiante y canceló la conferencia que planeaba repetir semanalmente para salir del atolladero.
El jefe de gabinete está acorralado por los escándalos que ya motorizaron varias causas penales en la Justicia por el crecimiento injustificado de su patrimonio desde que ingresó a la función pública.
Para colmo, el soporte de Karina Milei en el que se apoyaba empezó a tener fisuras. Adorni no estuvo el lunes en el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia, musicalizado con temas de ABBA que interpretaron los Granaderos en el Patio de las Palmeras.
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Repudiamos enfáticamente un nuevo hecho vandálico contra los bienes públicos, esta vez ocurrido en el barrio El Sauce. En el acceso a ese sector de la ciudad robaron 4 equipos peritas del alumbrado público con 200 metros de cable. Esto constituye un ataque a las mejoras que en materia de infraestructura lleva adelante el Municipio…
Uno de los referentes de Sebastián Pareja en el sur bonaerense, el presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales (Punta Alta), Pablo «Papu» Gómez, fue denunciado en las últimas horas por «violencia política, agresión institucional y maltrato».
La presentación realizada en el mismo deliberativo la hizo el gremio Suteba, que acusó a Gómez de intentar bloquear la presentación de una nota en la delegación local de Anses que comanda su pareja, Jeanette Rivas.
Se trata de un petitorio que reclama el pago de la deuda de alrededor de 2 billones que mantiene la Nación con el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. Ese documento fue entregado en todas las oficinas locales de Anses de la provincia en el marco de una jornada de reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense.
Sin embargo, en Punta Alta esa presentación desató un escándalo a partir de la actitud de Gómez. «El funcionario se dirigió hacia mi persona y hacia el resto de los presentes con un trato prepotente, utilizando un vocabulario violento y grosero, impropio de su investidura», detalla en su nota al Concejo la titular del Suteba de Coronel Rosales, Claudia Introssi.
Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.
Ahí, Introssi expuso que Gómez se hizo presente en la oficina de Anses e «intervino de manera injustificada, pretendiendo arrogarse atribuciones y facultades que no corresponden a su cargo ni a su esfera de competencia administrativa».
Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.
La referente de Pareja en la Sexta sección, Franca Grippo abraza para la foto a su armador en Punta Alta, el concejal Pablo Gómez, acusado de agresiones por parte de docentes.
Fuentes al tanto de la dinámica política rosaleña señalaron a LPO que «Papu» ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».
A nivel seccional, Gómez responde directamente en la Sexta a la bahiense Franca Grippo, la armadora de Sebastián Pareja que, como reveló LPO a comienzos de 2026, usaba el padrón de Andis para la campaña.
«La gravedad de su conducta constituye un atropello al libre ejercicio de la labor sindical y un agravio a la dignidad de las y los trabajadores de la educación presentes, sentando un precedente que no puede ser omitido por este cuerpo deliberativo», sostiene el Suteba en su denuncia, donde señalaron que las disculpas que improvisó Gómez cuando el tema escaló «resultan insuficientes».
Por eso, el gremio docente reclamó a los ediles que evalúen «la conducta del funcionario en la comisión correspondiente o en sesión, de acuerdo con lo previsto por el reglamento interno y las normativas de ética pública vigentes».
Pero en Punta Alta hay quienes dudan que el tratamiento de la presentación del Suteba avance, en un contexto donde el oficialismo local que responde al intendente axelista Rodrigo Aristimuño necesita de los siete votos de La Libertad Avanza para tener aprobada su rendición de cuentas.
Gómez ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».
Por eso, en los pasillos de Concejo se habla de «un tufo de concordancia» para que el planteo del Suteba sea derivado para su evaluación precisamente a la presidencia del Concejo, que encarna el mismo Gómez.
«Como organización no vamos a naturalizar el maltrato, defendemos también el derecho a que en nuestra Comunidad el Respeto Institucional no sea una excepción, sino parte de ella», advirtieron en Suteba.
La decisión de Karina Milei y Juan Bautista Mahiques de enterrar el proyecto de reforma del Código Penal que se había trabajado durante dos años para proponer apenas unos retoques que tiene como eje central la suba de las penas para casi todos los delitos, excepto para los de la corrupción de la política, cayó como una bomba en el gobierno.
«Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país, en el proyecto de reforma del Código Penal que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso de dejó de lado», recordó un funcionario al tanto de las discusiones internas, ante la revelación del cambio profundo de sentido de la iniciativa que reveló La Nación.
La decisión de voltear el proyecto anterior se anunció luego de la primer reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el propio Javier Milei. El nuevo enfoque, más favorable o tolerante a la corrupción, coincide con la preocupación que atenaza a Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, que la tienen como protagonista de presuntos hechos de corrupción.
Mahiques llegó al cargo por decisión de la hermana y contra la opinión de su hermano que le había anticipado al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la nueva dulpa que conduciría el ministerio de Justicia era Guillermo Montenegro y Santiago Viola, como reveló LPO. No parece casual que en su primera entrevista luego de asumir el cargo, Mahiques haya hablado como abogado de los hermanos Milei y hasta deslizó la posibilidad de anular las pruebas de la causa de la Criptoestafa que los compromete.
La reforma del Código Penal que llevaba dos años de trabajo quedó así enterrada de un día para otro. El borrador que venían elaborando el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue desplazado tras la intervención de Mahiques. El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El cambio más fuerte es conceptual. El gobierno de Milei se vuelca a una mirada punitivista del derecho penal para perseguir delitos comunes, pero pierde impulso en la lucha contra la corrupción, justo cuando sus tres funcionarios más importantes -Javier y Karina Milei y Manuel Adorni- aparecen muy comprometidos por sospechas de enriquecimiento ilícito.
La reforma así avanza sobre los delitos de calle contra la propiedad y se detiene frente a los delitos del poder. El giro no es técnico. Es político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo. Castigar con mayor dureza los delitos comunes y hacer la vista gorda o directamente favorecer los de cuello blanco.
El texto prioriza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, en línea con una agenda de seguridad urbana y se abandona la lucha contra la corrupción, antes descripta por Milei como una de las causas estructurales de la decadencia argentina. En el anterior proyecto se proponía incluso declarar impescriptibles los delitos de corrupción. Nada de eso quedó en la modificación de Mahiques.
El nuevo texto incluso introduce cambios en materia probatoria. Se ajustan los criterios de admisión de pruebas. Se limitan algunos mecanismos que hoy permiten incorporar evidencia en las causas. Un punto con impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra. Las modificaciones podrían afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad.
El texto también introduce cambios en delitos de lesa humanidad. Según el nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
En el Congreso ya se anticipa una discusión tensa. Desde la oposición afirmaron que la reforma «recorta por arriba y endurece por abajo».
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