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LA TENTACIÓN DE….

En la semana se hizo viral una imagen donde los usuarios de la empresa de colectivos koko debieron bajar a empujar una unidad que se había quedado en el camino. El viaje inconcluso terminó con clientes empujando un colectivo, y llegando a sus destinos a dedo.

Ante el decadente servicio, los precios altos y como contraposición de esta reacción bondadosa, pero sumamente pasiva de los usuarios, nos encontramos con un joven estudiante de derecho que por «redes» propone la idea reaccionaria de juntar a todos los estudiantes del valle para bloquear la salida de los vehículos hasta que la empresa, al menos, baje la tarifa, argumentando como pibes y pibas de la zona deben dejar de estudiar abandonando su realización personal porque no tienen guita para subirse a un bondi.

Vale recalcar que la empresa aumenta sus boletos semestralmente con la aprobación el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, este 2019 ya incrementó sus tarifas en un 20%. Precios caros y pésimas prestaciones son los reclamos constantes contra la empresa en defensa al consumidor en todas las localidades de la región.

¿Qué tan lejos estamos, como sociedad, de enfrentar y luchar con valentía contra las injusticias sociales que perpetran diariamente las empresas privadas contra sus usuarios?

Quien viaja en la empresa monopólica del transporte público del Alto Valle sabe de qué hablo. No hace falta mencionar ni una de sus falencias, sería hacerles perder el tiempo porque las conocen, las viven a diario.

Durante muchos años los afroamericanos debían ceder sus lugares a los blancos en el transporte público norteamericano, hasta que un día una humilde costurera negra encendió la mecha y desató el boicot al transporte público en los Estados Unidos, un boicot que duró más de un año.

A mediados del ‘50 seguían vigentes las leyes Jim Crow, herederas directas de la esclavitud del siglo XIX, redactadas para que los afroamericanos tomaran conciencia de su presunta inferioridad y se mantuvieran en situación de marginación social. De acuerdo con ellas, los negros no podían compartir con los blancos los espacios públicos.

Un 1ro de diciembre del ‘55 subieron muchos blancos al colectivo, por lo que el conductor exigió a cuatro pasajeros negros que cedieran su asiento. Sin embargo Rosa Parks se negó. El conductor había tratado de disuadirla, ella estaba obligada a acatar la ley, firme en su decisión Rosa pasó la noche en el calabozo, acusada de perturbar el orden público. Ese gesto valiente la convertiría en símbolo de la lucha por los derechos civiles. Tiempo después, el Tribunal Supremo de EEUU declaraba inconstitucional la ley de segregación racial en el transporte público.

El «koko» como los colectivos norteamericanos en los ’50 también tienen una delgada línea que divide. En este caso los que sufren son los que a la vez solventan las ganancias de la empresa sentándose inmutables detrás de la línea, por delante de ellos quienes se regocijan en la poluta comodidad política empresarial. Esto no deja de ser una precisa analogía de la Argentina cotidiana: El trabajador, el estudiante, el jubilado sufre y pierde; y los empresarios y políticos gozan de privilegios.

Mientras sigamos sentados en la miseria de quien calla, implosiona por dentro y escupe la basura por redes, este tipo de injusticias seguirán a la orden del día. Ante esto se debe alzar la voz, buscar la unidad en el enojo y consolidar la empatía por el prójimo. Luchar.

Las redes sociales pueden servir de punta pie inicial, pueden generar la comunicación de manera inmediata, sembrar redes, pero eso es solo el primer paso, el que da inicio a una batalla que luego debe continuar en la calle.

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Intervención Portada: Emiliano Piccinini
Imagen: https://solidaridad.net/wp-content/uploads/2005/11/RosaParks.jpg
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    Milei reglamentó por decreto la ley de emergencia en discapacidad tras la presión judicial

     

    Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.

    Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar

    La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.

    La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.

    Qué establece el decreto reglamentario

    El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:

    • La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
    • La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
    • La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.

    Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.

    Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial

    Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.

    Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.

    Reglamentación tardía y sin debate presupuestario

    El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.

    La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.

    Un avance formal que no despeja las dudas

    La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.

    Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.

     

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    Milei autorizó a buque de la U.S. Navy a relevar datos estratégicos en el Atlántico Sur: impacto político y riesgos para la soberanía

     

    El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.

    Por la Redacción de NLI


    Un giro geopolítico con impacto político

    El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.

    Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.


    Ciencia o geopolítica disfrazada

    El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.

    Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.


    Alineamiento político y riesgos para la soberanía

    La decisión del Gobierno se enmarca en una política exterior definida por una orientación marcadamente pro-estadounidense, con giros significativos respecto a la defensa de la soberanía marítima en áreas tradicionalmente disputadas, como el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

    Críticos de la medida señalan que, más allá de la ciencia, los datos recolectados por instrumentos de alta precisión pueden alimentar capacidades de inteligencia estratégica que exceden los supuestos fines cooperativos, y que el marco legal argentino carece de mecanismos robustos de control de contrainteligencia para proteger información sensible generada en estas campañas.

     

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