Chubut: por segundo año consecutivo, el campo no pagará Impuesto Inmobiliario

Chubut: por segundo año consecutivo, el campo no pagará Impuesto Inmobiliario

 

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, destacó la aprobación, por amplia mayoría en la Legislatura, de la ley que prorroga durante el período fiscal 2026 la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para establecimientos ganaderos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales. 

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, apunta a acompañar al sector ganadero a través de medidas excepcionales y transitorias que permitan aliviar la carga impositiva, preservar la continuidad de las explotaciones y sostener una actividad estratégica para la economía y el desarrollo territorial de Chubut.

 Al respecto, Torres aseguró que la aprobación de la norma «demuestra que, cuando ponemos los intereses de los chubutenses por encima de cualquier diferencia, las cosas suceden y podemos lograr avances importantes para proteger nuestra economía».

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 En el mismo sentido, sostuvo que la prórroga de la exención «es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos». 

Es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos

«Fortalecer a nuestros productores ganaderos es, en definitiva, fortalecer la economía de Chubut: dar previsibilidad, cuidar el trabajo y acompañar al campo en un momento económico complejo, con una visión de desarrollo para cada rincón de nuestra provincia», concluyó el mandatario.

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La normativa establece que los pagos que hubieran realizado durante 2026 los contribuyentes alcanzados por el beneficio serán imputados como pagos a cuenta del gravamen correspondiente a 2027 y, de existir remanentes, a los períodos fiscales subsiguientes. Asimismo, prorroga los vencimientos del Impuesto Inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para los establecimientos comprendidos en la medida. 

La aplicación de la ley estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH). La norma alcanza a inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera y sus actividades conexas, siempre que acrediten su carácter productivo conforme a la reglamentación vigente. 

 

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    ATE describió en mayo la situación del sector como una verdadera «catástrofe salarial» y señaló que existen trabajadores que ni siquiera llegan al día 10 con su sueldo. También estimó una pérdida salarial cercana al 50% en el colectivo de civiles y docentes civiles de las Fuerzas Armadas, Seguridad e IOSFA.

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    El endeudamiento es otro de los drama que viven los docentes. En ese punto, denuncian que  «cuando un trabajador cobra un salario que no alcanza para vivir, tiene solamente algunas alternativas: reducir el consumo, pedir ayuda a familiares, utilizar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo o refinanciar una deuda anterior. Después llega la segunda tarjeta, otro préstamo el adelanto de haberes y finalmente comienza la conocida bola de nieve». 

    «No hace falta ser economista para comprender el mecanismo. Cuando el salario no alcanza, el crédito deja de ser una herramienta para financiar un proyecto y se transforma en una herramienta para sobrevivir», añadió.

    Cuando un trabajador cobra un salario que no alcanza para vivir, tiene solamente algunas alternativas: reducir el consumo, pedir ayuda a familiares, utilizar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo o refinanciar una deuda anterior. Después llega la segunda tarjeta, otro préstamo el adelanto de haberes y finalmente comienza la conocida bola de nieve

    Este docente planteó que también que «allí aparece una diferencia fundamental respecto del endeudamiento del personal militar.  Si un militar endeudado destina una parte importante de su salario al pago de créditos, la situación es grave. Pero si un docente civil que percibe alrededor de medio millón de pesos debe recurrir al mismo mecanismo para pagar alquiler, alimentos, transporte, medicamentos, servicios y gastos familiares, la deuda adquiere una dimensión mucho más destructiva sobre sus ingresos disponibles. Por eso, hablar de endeudamiento sin hablar de salarios es mirar solamente la consecuencia y ocultar la causa».

    Por último, remarca que «el docente civil quedó atrapado en el inframundo salarial. La paradoja es brutal. Las Fuerzas Armadas necesitan formar a sus futuros oficiales, suboficiales y cadetes. Para eso necesitan docentes. Profesionales que enseñan matemática, lengua, historia, idiomas, informática, ciencias, pedagogía, ingeniería y las distintas disciplinas que sostienen el sistema educativo militar».

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    Sin embargo, culmina, «quienes realizan esa tarea reciben salarios que se encuentran muy por debajo de los que perciben docentes que realizan exactamente la misma función en otras jurisdicciones».

    «La morosidad es el último capítulo. Antes estuvieron la pérdida salarial, la inflación, la falta de recomposición, las paritarias insuficientes y la imposibilidad de recuperar lo perdido», concluyó.

     

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     «Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi a Sombra 

    «Dicha conducta, desplegada por funcionarios dependientes de su Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, no solo vulnera los principios elementales de la solidaridad y el federalismo municipal, sino que configura una flagrante violación al marco normativo vigente», agregó el intendente radical en la nota a Sombra.

    Antes, desde la gestión municipal de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane dijo que la familia en cuestión se presentó en el Municipio y solicitó voluntariamente ser trasladada a Tandil.

    «Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad», dijo Seoane.

    Lunghi habló de incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y de infracciones administrativas en las que puso de relieve la ausencia de comunicación institucional y protocolo social entre ambas gestiones locales.

    «Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi, que pasó factura de la «erogación presupuestaria extraordinaria» que le demandó a su comuna la atención de esa familia.

     Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad 

    Por todo eso, además del resarcimiento financiero, intimó al intendente de Azul a remitir un «informe técnico detallado» donde se justifiquen los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

    También, Lunghi reclamó identificar a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo y «arbitrar los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen».

    En caso de «silencio, negativa o respuesta evasiva», Lunghi amenazó con iniciar acciones civiles por cobro de gastos, promover las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia «y evaluar la radicación de denuncias penales».

     Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

    Previo a eso, el concejal radical Agustín Puyou denunció a Omar Seoane, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravado por la presencia de menores y adultos en situación de vulnerabilidad».

    Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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    Días atrás esa familia atravesó una situación de violencia. El concejal radical dijo haberse comunicado con el secretario de Gobierno local, Xavier Cabrera Cisneros, solicitando custodia policial para que la familia pueda reingresar en su hogar, que abandonó tras el conflicto intrafamiliar.

    Al día siguiente, el padre de la familia le contó al concejal que estaba en Tandil, que no habían hablado con el municipio tandilense y que «los dejaron tirados como perros».

    Ante esa denuncia, Seoane rechazó las acusaciones abandono de persona y sostuvo sobre la presentación del edil radical: «Me parece una mala maniobra política», sostuvo.

     

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