La Justicia intervino Vorterix Rosario, controlada por un narco durante cinco años

La Justicia intervino Vorterix Rosario, controlada por un narco durante cinco años

 

La Justicia Federal de Rosario dispuso la intervención empresaria de Vorterix Rosario que fue adquirida en 2018 por un grupo que tuvo como su dueño en las sombras a un hombre implicado en el tráfico internacional de cocaína mediante avionetas en vuelos clandestinos hacia distintos lugares del país.

La determinación fue requerida por la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y admitida por 90 días este martes por el juez federal Carlos Vera Barros. Es un legajo impulsado por el fiscal federal Juan Argibay Molina que avanzó tras la detención de Brian Bilbao en noviembre del año pasado. Se trata de un rosarino que lideró una organización de narcotraficantes y fue apresado tras dos años prófugo en la localidad bonaerense de Pavón tras el aterrizaje de una aeronave con 956 kilogramos de cocaína. Ese mismo día una avioneta cayó a tierra en Arequito, Santa Fe, donde se hallaron otros 60 kilos de cocaína acondicionados de la misma forma que los que transportaba Bilbao.

El fiscal Argibay Molina pidió ahora la intervención de Vorterix Rosario -VTX Rosario-para que los movimientos accionarios queden bajo el control de un síndico ya que se tiene acreditado que la compra del teatro ligado a la conocida radioemisora de Buenos Aires -que no tiene ningún vínculo con esta investigación- fue concretado con dinero del narcotráfico con fines de lavado.

Vorterix Rosario era una emisora con sistema de redes que controlaba un teatro donde se organizaban shows de rock de primer nivel. Y que incluía también la administración de un teatro que llevaba el mismo nombre en Mar del Plata.

Bilbao está preso desde el 11 de noviembre de 2025. Para ese momento la provincia de Santa Fe ofrecía por datos para ubicarlo una recompensa de 50 millones de pesos. Es un hombre al que no se le reconocen antecedentes de violencia. Precisamente invocó eso y su estado de salud para que le concedieran la libertad durante el proceso judicial. Tiene insuficiencia coronaria y tres stents colocados. «No soy una persona agresiva ni conflictiva», declaró cuando lo imputaron.

Las acciones de Vorterix fueron compradas por Brian Bilbao y administradas por él al menos desde fines de octubre de 2018 y hasta 2023 inicialmente por medio de Anabela Acuña. También compartieron la administración Ludmila Aragón con la compra de seis mil acciones correspondientes al 30 por ciento del capital de Vorterix Rosario por el valor de una camioneta Toyota BW por 32 mil dólares. También Germán Urán estuvo en la administración desde junio de 2019 hasta que cedió seis mil acciones propias a Brian Bilbao

Por su parte el productor de espectáculos Germán Uran, de la empresa Kaos Productora, también habría administrado la sociedad desde junio de 2019 con participación accionaria que transfirió en febrero de 2023, cuando se deshizo de seis mil acciones que retornaron a Brian Bilbao por la misma camioneta Toyota inscribió a nombre de Kaos Productora. Urán no la puso a su nombre sino de la productora, dice la fiscalía, en un indicio de intento de lavado.

La pesquisa inicial de Gendarmería Nacional estableció que Brian W. Bilbao adquirió VTX Rosario a través de testaferros. Luego la fiscalía concluyó que Urán era socio gerente de los teatros Vorterix Rosario y Vorterix Mar del Plata.

De las conversaciones telefónicas de Urán los investigadores de Procelac detectaron que hacía referencia constantemente a que Brian Bilbao era su socio y que no figuraba en la sociedad porque «no le daba para blanquear». Sin embargo era Bilbao, reconoce el productor, quien había puesto el capital para adquirir VTX Rosario.

Ahora la sociedad quedará bajo el control de un síndico. La fiscalía había sugerido una intervención con un veedor o uno o varios coadministradores para controlar el patrimonio de personas que en algunos casos tienen elevadas a juicio causas por narcotráfico y, ahora, por lavado de activos.

Los 956 kilos de cocaína secuestrados tras la detención del prófugo Brian Bilbao.

Brian Bilbao fue detenido tras tener dos años de pedido de captura activo. Lo habían implicado en una asociación ilícita transnacional activa desde al menos octubre de 2024, que ingresaba al país grandes cargamentos de droga mediante avionetas privadas sin plan de vuelo ni registros válidos, que concluían en pistas clandestinas ubicadas en campos del sur santafesino y el norte bonaerense, para su posterior transporte o exportación hacia otros países, en particular mediante el uso de puertos fluviales de la región.

El fiscal federal de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) Matías Scilabra recordó al imputar a Bilbao que la investigación se inició el 30 de octubre de 2024, tras el hallazgo de 475 kilos de cocaína en una avioneta en Pueblo Andino, a 50 kilómetros de Rosario, que era pilotada por el ciudadano boliviano Oscar Armando Caba Hurtado, que ya tenía una condena a 7 años y 2 meses de prisión.

Según la pesquisa, Bilbao y otra persona fueron detectados en dos camionetas en las inmediaciones y huyeron advertir que el piloto era perseguido por la Fuerza Aérea Argentina.

Brian Bilbao era socio de su hermano Waldo Bilbao quien fue atrapado en Rosario en una persecución de película cuando huía por el ducto de cañerías del edificio donde habitaba en el céntrico barrio Martin.

 

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    YPF vende MetroGAS por US$780 millones: Milei entrega otro activo estratégico y el negocio queda en manos de Manzano y Vila

     

    YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.

    Por Roque Pérez para NLI

    Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

    El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?

    De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado

    Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.

    La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.

    El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.

    Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.

    El comprador no es un actor cualquiera

    La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.

    El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.

    Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.

    Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.

    La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.

    Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia

    La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.

    Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.

    Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?

    No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.

    La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.

    Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.

    La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.

    En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.

    Y quizás allí esté la verdadera noticia.

    Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.

    La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.

     

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