La revolución que Europa quiso borrar: cómo los esclavizados de Haití hicieron temblar al mundo
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La revolución que Europa quiso borrar: cómo los esclavizados de Haití hicieron temblar al mundo

 

En agosto de 1791 comenzó en Saint-Domingue una revolución protagonizada por esclavizados que derrotó a las potencias coloniales y creó Haití. La historia de una revolución que cambió América.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay revoluciones que cambian un gobierno, otras que modifican las fronteras de un continente y algunas que consiguen alterar para siempre aquello que una época considera posible. La Revolución Haitiana pertenece a esta última categoría, aunque durante mucho tiempo haya quedado relegada en los relatos tradicionales de la historia mundial. Entre 1791 y 1804, en la colonia francesa de Saint-Domingue, una población sometida a uno de los sistemas esclavistas más brutales del planeta consiguió levantarse, derrotar sucesivamente a fuerzas francesas, británicas y españolas y finalmente fundar una nación independiente. No fue solamente una rebelión de esclavizados: fue una revolución social, anticolonial y antiesclavista que convirtió en realidad una idea que para las potencias de la época resultaba prácticamente inconcebible: que quienes habían sido reducidos legalmente a la condición de propiedad podían destruir el sistema que los oprimía y construir un Estado propio. El proceso comenzó en agosto de 1791 y tuvo como uno de sus antecedentes inmediatos la reunión clandestina de Bois Caïman, pero su explicación exige retroceder bastante más, hasta comprender qué era realmente Saint-Domingue y por qué aquella pequeña colonia caribeña tenía una importancia económica descomunal.

La colonia más rica a costa de los más explotados

A fines del siglo XVIII, Saint-Domingue, ubicada en la parte occidental de la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana, era una de las posesiones coloniales más valiosas del mundo. Bajo dominio francés, sus plantaciones producían enormes cantidades de azúcar y café destinadas a los mercados europeos, y esa riqueza dependía de un sistema económico construido sobre la explotación extrema de cientos de miles de africanos esclavizados. La prosperidad que aparecía en los puertos, en las casas de los grandes propietarios y en los mercados europeos tenía, en el otro extremo de la cadena, un costo humano gigantesco que las sociedades coloniales habían convertido en parte de su normalidad. Allí estaba la contradicción que terminaría haciendo estallar el sistema: la colonia que generaba una riqueza extraordinaria para Francia estaba sostenida por una población a la que se negaban los derechos más elementales.

La Revolución Francesa de 1789 introdujo, además, una contradicción política imposible de ignorar. En París se proclamaban principios de libertad e igualdad mientras las colonias francesas continuaban organizadas alrededor de la esclavitud. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hablaba de derechos universales, pero la palabra “universal” adquiría límites muy concretos cuando llegaba a las plantaciones del Caribe. La circulación de esas ideas, sumada a los conflictos entre blancos, mulatos libres y esclavizados, abrió un escenario político cada vez más inestable. En Saint-Domingue, la pregunta dejó de ser exclusivamente quién gobernaría la colonia y comenzó a convertirse en una cuestión mucho más profunda: qué significaba realmente la libertad cuando la economía entera estaba construida sobre la ausencia de libertad de la mayoría de sus habitantes.

Bois Caïman y la noche en que empezó a cambiar todo

En agosto de 1791, representantes de comunidades de esclavizados se reunieron clandestinamente en Bois Caïman, en el norte de Saint-Domingue. La tradición histórica ha convertido aquella ceremonia en uno de los momentos simbólicos de la Revolución Haitiana, porque allí se combinaron elementos religiosos, políticos y organizativos que precedieron a la gran insurrección. La reunión estuvo asociada a líderes como Dutty Boukman, y las fuentes históricas sitúan en esos días la coordinación de grupos que posteriormente se lanzarían contra las plantaciones. La noche del 22 de agosto comenzó una oleada de ataques que se extendió por la región septentrional y que rápidamente adquirió una magnitud que las autoridades coloniales no pudieron controlar.

Lo verdaderamente extraordinario es que aquella rebelión no se produjo en una sociedad sin organización, sino en una comunidad donde los esclavizados habían construido redes sociales, culturales y religiosas propias pese a los intentos del sistema colonial por fragmentarlos. Las plantaciones podían controlar el trabajo y castigar los cuerpos, pero no habían conseguido eliminar completamente la capacidad de comunicación y organización de quienes las sostenían. La insurrección demostró que detrás de la aparente inmovilidad del régimen existía una sociedad capaz de coordinarse y actuar colectivamente cuando apareciera una oportunidad histórica.

La rebelión se propagó con una velocidad extraordinaria y numerosas plantaciones fueron incendiadas. El fuego comenzó a destruir precisamente aquello que había convertido a Saint-Domingue en una de las colonias más rentables del planeta: las plantaciones, los ingenios y las instalaciones sobre las cuales descansaba el sistema esclavista. El mensaje era inequívoco: si la riqueza de la colonia dependía de mantener a cientos de miles de personas sometidas, entonces destruir las plantaciones significaba atacar directamente la estructura económica del poder colonial.

Una revolución dentro de otra revolución

La Revolución Haitiana resulta todavía más extraordinaria cuando se observa su relación con la Revolución Francesa. En cierto sentido, los acontecimientos del Caribe fueron una consecuencia radical de las ideas que habían comenzado a circular desde Europa, pero también fueron mucho más allá de los límites que muchos revolucionarios franceses estaban dispuestos a aceptar.

La libertad podía ser proclamada en París, pero ¿qué ocurría cuando esa libertad llegaba hasta quienes trabajaban las plantaciones?

La igualdad podía ser defendida en los clubes políticos franceses, pero ¿qué sucedía cuando los hombres que exigían igualdad tenían propiedades y esclavizados en las colonias?

La tensión terminó siendo inevitable.

En los años siguientes, distintos sectores de la población de Saint-Domingue participaron en conflictos cruzados y alianzas cambiantes. Los grandes blancos defendían sus privilegios económicos; los blancos pobres reclamaban determinadas prerrogativas; los libres de color exigían derechos políticos; los esclavizados luchaban directamente por su emancipación. Al mismo tiempo, las potencias europeas observaban el conflicto porque comprendían perfectamente que el destino de Saint-Domingue podía afectar el equilibrio colonial del Caribe.

La revolución había dejado de ser un problema interno de una colonia francesa y se había convertido en una cuestión internacional.

Toussaint Louverture y el salto de la rebelión a la revolución

Dentro de ese escenario apareció una de las figuras políticas y militares más extraordinarias de la historia americana: Toussaint Louverture. Nacido esclavizado y posteriormente convertido en hombre libre, Louverture llegó a transformarse en el principal dirigente político y militar del proceso revolucionario durante una parte decisiva de la década de 1790.

Su trayectoria resulta fascinante porque no encaja cómodamente en la imagen simplificada de un líder revolucionario que solamente combate contra Francia. Louverture fue un político extraordinariamente pragmático que debió moverse entre franceses, británicos, españoles y diferentes grupos internos de Saint-Domingue, intentando preservar la autonomía de la revolución mientras enfrentaba enemigos que podían cambiar de posición de un momento a otro.

En 1793, en medio de la guerra y la presión de las fuerzas extranjeras, los representantes franceses en la colonia proclamaron la abolición de la esclavitud. Posteriormente, en 1794, la Convención Nacional francesa extendió oficialmente la abolición de la esclavitud a las colonias francesas. Aquella decisión modificó radicalmente el conflicto, porque el poder revolucionario francés pasó a defender formalmente una medida que años antes hubiera resultado prácticamente impensable.

Pero la historia todavía estaba lejos de terminar.

Napoleón quiso recuperar la colonia

A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte decidió intentar recuperar el control directo de Saint-Domingue. La importancia económica de la colonia seguía siendo enorme y el gobierno francés no estaba dispuesto a aceptar fácilmente la pérdida de una de sus principales fuentes de riqueza colonial.

En 1802, una poderosa expedición francesa llegó al Caribe. Louverture fue capturado mediante engaños y trasladado a Francia, donde murió encarcelado en 1803. Sin embargo, la captura del líder no consiguió destruir la revolución. Al contrario, la ofensiva francesa produjo una resistencia todavía mayor.

La conducción militar pasó entonces a figuras como Jean-Jacques Dessalines, antiguo esclavizado que se convirtió en uno de los principales dirigentes de la lucha independentista. Las tropas revolucionarias comprendieron que ya no se trataba simplemente de defender determinadas conquistas dentro del imperio francés: había llegado el momento de romper definitivamente con Francia.

El ejército napoleónico, además, encontró un enemigo adicional que no podía controlar con facilidad: la fiebre amarilla, que provocó enormes pérdidas entre las tropas europeas. La enfermedad, combinada con la resistencia militar y las dificultades logísticas, terminó debilitando profundamente la expedición francesa.

En 1803, las fuerzas revolucionarias obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Vertières.

Poco después, el proyecto colonial francés quedó definitivamente derrotado.

Haití nació en 1804, pero el mundo no estaba preparado para reconocerlo

El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia y recuperó el nombre de Haití, derivado del término indígena utilizado para la isla. La nueva nación se convirtió en el primer Estado independiente de América Latina y el Caribe surgido de una revolución de esclavizados victoriosa y en el primer país del mundo nacido de una insurrección antiesclavista de esas características.

El acontecimiento tenía una dimensión internacional extraordinaria porque demostraba que el sistema esclavista podía ser destruido por quienes habían sido sometidos a él.

Para las potencias esclavistas, esa noticia era peligrosa.

No solamente porque Haití había dejado de ser una colonia francesa, sino porque su existencia misma constituía una amenaza política para sociedades enteras que dependían de la esclavitud. Un antiguo esclavizado podía convertirse en ciudadano de una república; una plantación podía dejar de existir; una colonia podía transformarse en un Estado independiente.

La revolución haitiana demostraba que aquello que parecía imposible podía ocurrir.

El castigo de las potencias

La independencia no significó el final de las dificultades. Haití quedó aislado durante años y tuvo enormes problemas para obtener reconocimiento internacional. Francia, derrotada militarmente, consiguió décadas después imponer una indemnización extraordinaria a cambio del reconocimiento de la independencia, una carga financiera que condicionó profundamente el desarrollo económico del nuevo país.

En 1825, el rey francés Carlos X reconoció la independencia haitiana mediante una ordenanza que exigía el pago de 150 millones de francos como compensación a los antiguos colonos por las propiedades perdidas. La suma fue posteriormente reducida, pero el principio resultó devastador: la nación que había conseguido su libertad debía endeudarse para compensar económicamente a quienes habían perdido el derecho a explotar a los esclavizados. Esa deuda se convirtió en uno de los grandes lastres de la historia económica haitiana.

La paradoja es brutal.

Haití había pagado con sangre su libertad y después tuvo que pagar dinero por haberla conquistado.

Una revolución que incomodó a demasiados relatos

La historia haitiana fue durante mucho tiempo presentada de manera marginal en buena parte de los relatos occidentales sobre las grandes revoluciones modernas. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las guerras napoleónicas ocuparon un espacio central, mientras que la revolución protagonizada por los esclavizados de Saint-Domingue quedó muchas veces reducida a un capítulo secundario.

Pero resulta imposible comprender plenamente la historia atlántica de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX sin Haití.

La revolución modificó el equilibrio colonial del Caribe, afectó los proyectos franceses en América y tuvo consecuencias indirectas sobre la política de Estados Unidos. La venta de Luisiana por parte de Francia en 1803 estuvo vinculada, entre otros factores, con el fracaso de los planes franceses en Saint-Domingue y con la pérdida de perspectivas de reconstrucción de un gran imperio francés en América del Norte.

Es decir que una revolución nacida en las plantaciones del Caribe terminó teniendo consecuencias sobre la geopolítica continental.

Y lo hizo protagonizada por quienes, según el orden colonial de la época, estaban destinados a no tener voz política.

El verdadero significado de Haití

La Revolución Haitiana no fue perfecta, no estuvo libre de violencia y tampoco produjo inmediatamente una sociedad igualitaria. Como todas las grandes revoluciones, estuvo atravesada por conflictos internos, disputas por el poder y contradicciones. Pero su significado histórico permanece intacto porque consiguió destruir una estructura que parecía indestructible.

Los esclavizados de Saint-Domingue no esperaron que las potencias europeas les concedieran la libertad.

La conquistaron.

No esperaron que un imperio decidiera voluntariamente abandonar su colonia.

Derrotaron al imperio.

No se limitaron a destruir un régimen de explotación.

Construyeron un Estado independiente.

Y esa secuencia explica por qué Haití ocupa un lugar tan particular en la historia de América.

Cuando hoy se habla de las grandes revoluciones que cambiaron el mundo, es imposible limitarse a París, Filadelfia o las campañas napoleónicas. En el Caribe, hombres y mujeres que habían sido convertidos en mercancía demostraron que podían convertirse en protagonistas de su propia historia y llevar hasta sus últimas consecuencias una idea que las sociedades esclavistas habían intentado mantener encerrada dentro de los discursos: la libertad no podía ser universal si excluía precisamente a quienes más necesitaban conquistarla.

La noche del 22 de agosto de 1791, cuando comenzó la gran insurrección en Saint-Domingue, probablemente pocos europeos imaginaron que estaban asistiendo al comienzo de una transformación capaz de alterar el orden colonial del Atlántico.

Pero la historia tiene esas ironías.

La revolución que nació entre plantaciones, esclavizados y fuego terminó haciendo temblar a los imperios.

Y quizá por eso su memoria haya resultado durante tanto tiempo tan incómoda.

Porque Haití no solamente consiguió independizarse.

Haití demostró que la libertad también podía ser conquistada desde abajo.

 

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    El trabajo que aparece en las estadísticas, pero cada vez alcanza para menos

     

    La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.

    Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.

    La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.

    La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?

    La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar

    El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.

    La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.

    Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.

    Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.

    La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.

    La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos

    Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.

    Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.

    También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.

    Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.

    Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.

    El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?

    No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.

    El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo

    Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.

    Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.

    Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.

    La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.

    La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.

    Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.

    Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.

    El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.

    Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.

    La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.

     

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  • El gobernador de Neuquén acuso a una multinacional por sobrecostos en el transporte de gas a Chile

     

    Rolando Figueroa abrió una pelea inesperada en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén acusó a una multinacional de encarecer el transporte del gas argentino hacia Chile para proteger su propio negocio de GNL en el país vecino. Aunque evitó nombrarla, el señalamiento apunta a Naturgy, el grupo que controla Gasoducto del Pacífico, la conexión que une Neuquén con la región chilena del Biobío. 

    «Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país», dijo Figueroa en el Council of the Américas. 

    La acusación subió de voltaje cuando el neuquino puso números sobre la mesa. «La semana que viene vamos a Chile, específicamente al Biobío. Están pagando el gas 15 dólares y lo pueden obtener a 6 con costo de transporte incluido», sostuvo. 

    Figueroa no dio el nombre de la compañía, pero la descripción conduce a Naturgy. El grupo tiene el 56,7% indirecto de Gasoducto del Pacífico Argentina. Del lado argentino el caño tiene 299 kilómetros y una planta compresora de 15.400 HP. En 2025 transportó 1.747 millones de metros cúbicos hacia el mercado argentino y apenas 260 millones hacia Chile.

    Rolo Figueroa salió a defender a la cooperativa que atacó el embajador Lamelas: «Debe tener la libertad de contratar a quien quiera» 

    La propia memoria de Naturgy reconoce que el ducto quedó adaptado para operar en forma bidireccional después de la crisis del gas argentino. La estructura societaria ayuda a entender el planteo del gobernador, aunque es más compleja que una empresa vendiéndose gas a sí misma. 

    Naturgy Chile participa del transporte a través de Gasoducto del Pacífico y también tiene negocios de distribución y comercialización del otro lado de la cordillera. Controla Metrogas y Gas Sur y participa en Innergy, que abastece a industrias, distribuidoras y generadoras del Biobío. A través de Aprovisionadora Global de Energía (AGESA), además, importa gas de distintos orígenes, principalmente GNL que llega desde Trinidad y Tobago y Estados Unidos a la terminal de Quintero, y también gas argentino. Es decir, el grupo tiene intereses a ambos lados de la tranquera: transporte por caño y comercialización de gas importado. 

    Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país. 

    Hay una precisión importante. AGESA no es GasAndes. Son sociedades diferentes dentro del universo de negocios gasíferos de Naturgy Chile. Y el ducto al que apunta Figueroa por su recorrido entre Neuquén y Biobío es Gasoducto del Pacífico. GasAndes constituye otra de las conexiones que permiten exportar gas argentino a Chile. Desde la cuenca neuquina existen ambas vías para cruzar la cordillera. 

    Desde la compañía pusieron la pelota del otro lado de la cancha. Fuentes de Gasoducto del Pacífico explicaron a LPO que la capacidad de caño esta disponible para la productora que lo solicite. «Tengo un restaurant con diez mesas, pero ocupadas solo ocho. Bienvenidos los que se quieran sentar en las dos que tengo disponibles», ejemplificó. 

    Para Neuquén no es una discusión menor: cada millón de metros cúbicos que queda atrapado por falta de mercado es producción, regalías y dólares que no entran. 

    La discusión ya había aparecido con Brasil. Como reveló LPO, el CEO de TGN, Daniel Ridelener, cuestionó los peajes que se pretendían cobrar para llevar la molécula de Vaca Muerta hasta el corazón industrial de San Pablo. 

    «De nuestro lado lo que tenemos que lograr es llegar con un precio lo más competitivo posible, contra el precio doméstico y contra el precio internacional. Bolivia tiene una infraestructura y puede jugar con el precio todo lo que necesite. El arranque no fue bueno. Querer cobrar USD 1,9 dólares por millón de BTU para gas interrumpible no es bueno. Pero también está pasando algo parecido con actores locales, con lo cual hay que hacer una alineación de todos los actores de una larga cadena para que seamos competitivos en la exportación», dijo Reidelener. 

    La lógica es la misma: Vaca Muerta puede tener uno de los gases más competitivos de la región en boca de pozo y perder esa ventaja a medida que atraviesa sucesivos peajes hasta llegar al consumidor. 

    La ofensiva neuquina sobre Chile abre además una posibilidad mucho más ambiciosa. El gas podría cruzar la cordillera como molécula, aprovechar infraestructura chilena y eventualmente encontrar una salida al Pacífico. Es una alternativa que distintas compañías vienen mirando porque permitiría aprovechar activos existentes y reducir las enormes necesidades de capital que supone desarrollar desde cero una industria exportadora de GNL en la costa argentina. 

    Ahí aparece la segunda pelea que atraviesa a Vaca Muerta: caño o barco. Total Energies viene defendiendo la alternativa de exportar por gasoductos hacia los países vecinos y puso el foco especialmente en Brasil. CGC, la petrolera de la familia Eurnekian, estudia una salida hacia Chile utilizando el Gasoducto Trasandino. La idea es monetizar más rápido el gas disponible utilizando conexiones regionales antes que esperar megaproyectos que requieren decenas de miles de millones de dólares. 

    Del otro lado está Southern Energy LNG, que eligió el camino de la licuefacción. La compañía está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG y proyecta exportar desde Río Negro mediante buques de licuefacción. Apunta a una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales en dos etapas. El proyecto busca sacar el gas argentino del tablero regional y colocarlo directamente en el mercado mundial. 

    La tensión quedó expuesta este jueves en el propio Council of the Americas. En el mismo panel en el que habló Figueroa participaron Hugo Eurnekian, presidente de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. No representaban solamente dos empresas. Encarnaban las dos rutas que hoy compiten por el gas incremental de Vaca Muerta: utilizar los caños existentes para vender molécula a los vecinos o invertir miles de millones para enfriarla, convertirla en GNL y subirla a un barco. 

    El problema argentino es que Vaca Muerta puede producir mucho más gas del que consume el país durante buena parte del año, pero necesita mercados e infraestructura para evacuarlo. La discusión dejó de ser solamente cuánto gas hay debajo de la tierra. Ahora es quién controla la puerta de salida, cuánto cobra por abrirla y hacia dónde conviene hacer correr la molécula. Por eso la acusación de Figueroa contra Naturgy toca un nervio sensible.  

    Desde la oposición apuntan que el planteo de Figueroa expone además una contradicción del nuevo esquema energético. «Apenas asumió Milei, el Gobierno habilitó una recomposición del 675% en las tarifas por el transporte de gas, a la que luego se sumaron nuevas actualizaciones. Pero cuando el mismo gas tiene que cruzar la frontera, la lógica se invierte: el transporte aparece como un costo que hay que bajar para que Vaca Muerta pueda competir. Tarifas altas hacia adentro y peajes baratos hacia afuera. El modelo exportador convierte así en negociable para venderle gas a Chile un costo que para el mercado interno fue presentado como inevitable», comentó  a LPO un referente del peronismo.

     

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  • Orazi y Buteler coordinaron la llegada de ‘Comunidad en Municipios’ a Regina

    El Intendente Marcelo Orazi recibió al Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler, quien confirmó la llegada del programa ‘Comunidad en Municipios’ a Villa Regina. En esta oportunidad se presentarán cuatro áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad y la agencia CREAR. Las actividades se desarrollarán el 1 y 2 de septiembre, de 9 a…

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  • Cerimedo se largó a llorar ante los periodistas bolivianos: «Quiero ver a mis hijos»

     

    Fernando Cerimedo se largó a llorar ante los periodistas bolivianos que lo interceptaron este jueves en los tribunales de La Paz, tras ser acusado por el intento de homicidio de su ex novia Nadia Beller.

    El ex asesor de Javier Milei se presentó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz para una audiencia que finalmente fue suspendida, escoltado por las fuerzas de seguridad bolivianas y con su rostro cubierto con una capucha.

    Antes de entrar al ascensor del edificio, los periodistas lo abordaron y le preguntaron quién está detrás del atentado a la abogada de 33 años. «Defiéndase señor Cerimedo», le insistían los bolivianos.

    Cerimedo se puso a llorar. «Sólo quiero ver a mis hijos», dijo con la voz quebrada. Antes de subirse al ascensor, pronunció solo tres palabras: «No puedo hablar». 

    Luego las puertas del ascensor se cerraron y el consultor entró, seguido por un custodio personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia. Una vez en el ascensor, se tiró al piso y siguió llorando.

    En su hora más baja, Cerimedo tuvo que aguantar que su socio en La Derecha Diario, Javier Negre, se despegara de él y dijera que su caso es «personal». El español dijo que el caso «afecta única y exclusivamente a él, que no tiene ningún cargo de gestión ni directivo en el medio».

    Negre no se refirió a la composición accionaria de La Derecha Diario, puesto que Cerimedo seguiría siendo titular de la mitad.

     

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