VAZZANA CUMPLIÓ SU SUEÑO

Después de una corta pero intensa campaña pre eleccionaria, donde el recorrido por los barrios y el uso de la red social facebook fueron los dos pilares sobre los que se posicionaron los candidatos de cara a la sociedad. Arribó el día de la elección. El escrutinio transcurrió con normalidad y determinó que Carlos Vazzana (PJ-FPV) será el encargado de gobernar la ciudad durante el próximo año y medio. Con el 37% de la totalidad de los votos, pudo sacarse la espina del 2015 y cumplir su proeza luego de pasar una compleja situación de salud hace muy poco tiempo.

La participación de la ciudadanía estuvo por debajo del promedio histórico local, que marca aproximadamente que el 75% del padrón suele cumplir con su deber cívico. En esta ocasión los números finales arrojan que solo el 66% de los posibles electores hicieron uso de su voto para elegir su nuevo intendente, no es un dato menor ya que demuestra el desgaste político y democrático sufrido por la ciudad, generado por el juicio político y la posterior renuncia del Doctor Fioretti. Márcela Ávila (JSRN) obtuvo el 29,5 % de los sufragios, mientras que Carly Rodriguez (Cambiemos) consiguió el 23,67% y Norma Dardik el 7,5%.

Sobrevoló la teoría limitante de las posibilidades políticas que brinda éste corto mandato que durará menos de la mitad de un período completo. Que la limitación temporal es un obstáculo de cara al desarrollo de políticas sociales y económicas a mediano o largo plazo, que justamente son las que necesita la ciudad para empezar a crecer y salir de la mediocridad en la que está empantanada. Sin embargo, este triunfo brinda o permite seguir sobre la misma línea de trabajo, ya que el equipo que dirigió interinamente el municipio los últimos meses, donde el nuevo intendente era Secretario de Gobierno, será casi el mismo que se encolumne detrás de él.

Vazzana tiene frente a él, la posibilidad de convertirse, de SER. Porque un manojo de acciones es más que una tonelada de palabras. Porque Regina necesita y también merece, un intendente que no diga cual es el camino, sino que lo construya y lo transite, mejorando así la calidad de vida de todos los reginenses.

Para finalizar y apartándonos del yugo local, ésta fue una elección testigo clave a nivel provincial, todos los ojos estaban puestos hoy en Regina. Porque el resultado de esta elección determina la decisión real de una posible alianza entre JSRN y la UCR compatible con Cambiemos para enfrentar a Martin Soria en 2019, que se viene elucubrando hace un tiempo y hoy termina de tomar forma. En las próximas elecciones la maquinaria estructural y operativa de los partidos activará al cien por cien. Es por eso, la gran importancia política provincial de éste 15 de Abril reginense.

LA TAPA-EMILIANO MARTÍN PICCININI

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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