La causa por la estafa con la criptomoneda Libra quedó en terapia intensiva. El juez Marcelo Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar.
Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Javier Milei, y apartó a cinco querellas de la causa, que ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba. La medida puede ser apelada ante la Cámara federal.
La causa Libra viene a paso de tortuga y los pocos avances se dieron gracias al impulso de los querellantes. Ahora, el único impulsor será Taiano, a quien en Comodoro Py llaman despectivamente «tardano». Se trata de un triunfo enorme del gobierno de Milei en su intento de enterrar la causa por la estafa.
La decisión de Martínez De Giorgi generó muchas suspicacias porque se da justo en momentos en que el magistrado espera que Milei le firme la designación como jueza federal a su esposa
Martínez De Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron acreditar un «perjuicio real y directo» que los habilite a continuar en la causa y que tampoco pudieron probar debidamente ser titulares de las billeteras afectadas.
Eduardo Taiano
El juez además pareció darle argumentos a los acusados para que pidan la nulidad de la causa, que se descuenta será el próximo paso. En ese sentido, Martínez De Giorgi dijo que quienes invirtieron en Libra asumieron «riesgos inherentes» por tratarse de una «memecoin», algo que claramente no se sabía al momento del lanzamiento y mucho menos ante la promoción que hizo Milei.
La decisión de Martínez De Giorgi generó muchas suspicacias porque se da justo en momentos en que el magistrado espera que Milei le firme la designación como jueza federal a su esposa.
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Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
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