Cuando la Selección Argentina enfrente el próximo viernes a Cabo Verde por un pase a los octavos de final del Mundial, no solo se cruzará con una de las grandes revelaciones del torneo. También se medirá con un país cuyo nombre aparece en uno de los documentos más trascendentales de la historia de América y, por extensión, de la propia Argentina. Mucho antes de que existieran nuestro país, Brasil o cualquiera de los actuales Estados sudamericanos, unas pequeñas islas frente a la costa occidental de África sirvieron como punto de referencia para dividir el mundo.
Por Alcides Blanco para NLI
La historia de la conformación territorial argentina comienza, en buena medida, con una línea imaginaria que el papa Alejandro VI ordenó trazar en 1493 y que debía medirse desde las islas de Cabo Verde. Aquella decisión, plasmada en la bula Inter Caetera, marcaría durante siglos la geografía política del continente y sería el antecedente directo del Tratado de Tordesillas, uno de los acuerdos diplomáticos más influyentes de la historia moderna.
Una línea imaginaria que cambió el mapa de América
Tras el primer viaje de Cristóbal Colón, Castilla y Portugal disputaban el control de las nuevas tierras descubiertas en el Atlántico. Para evitar un conflicto abierto, los Reyes Católicos recurrieron al papa Alejandro VI, quien emitió la bula Inter Caetera el 4 de mayo de 1493.
El documento establecía una línea de norte a sur ubicada 100 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. Todo lo que se descubriera al oeste correspondería a Castilla; lo situado al este quedaría para Portugal. Aunque la ubicación exacta de esa línea sigue siendo discutida por los historiadores debido a las distintas formas de medir las leguas y a que Azores y Cabo Verde no comparten el mismo meridiano, el principio político quedó establecido: el océano Atlántico sería dividido utilizando a Cabo Verde como referencia geográfica.
Portugal consideró insuficiente esa delimitación y exigió renegociarla. Apenas un año más tarde, ambas coronas firmaron el Tratado de Tordesillas, desplazando la línea hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ese cambio resultó decisivo: permitió que la futura costa brasileña quedara dentro de la esfera portuguesa mientras el resto de la mayor parte de Sudamérica permanecía bajo dominio castellano. Sin esa modificación probablemente hoy Brasil hablaría español, o incluso podría no existir como el país que conocemos.
Para la futura Argentina, aquellas decisiones tuvieron consecuencias enormes. Los territorios que luego integrarían el Virreinato del Río de la Plata y, más tarde, las Provincias Unidas y la República Argentina, quedaron comprendidos dentro del espacio jurídico adjudicado a la Corona de Castilla, sobre el cual se apoyaría posteriormente el principio del uti possidetis juris utilizado durante las independencias americanas, una doctrina del derecho internacional que establece que los nuevos Estados independientes conservan las fronteras administrativas que tenían cuando eran colonias.
Las pequeñas islas que terminaron entrando en la historia argentina
El archipiélago de Cabo Verde está formado por diez islas volcánicas ubicadas a unos 600 kilómetros de la costa africana. Cuando los navegantes portugueses llegaron allí hacia 1456 encontraron un territorio deshabitado, sin población permanente. Poco después comenzó su colonización y las islas se transformaron rápidamente en un importante centro de abastecimiento para las expediciones atlánticas y en uno de los principales puertos del comercio esclavista portugués entre África, América y Europa.
Durante siglos, Cabo Verde permaneció bajo dominio portugués y recién alcanzó su independencia el 5 de julio de 1975, luego de un largo proceso anticolonial impulsado junto con Guinea-Bisáu por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).
Actualmente es una de las democracias más estables del continente africano y una economía que ha logrado destacarse por su desarrollo institucional, el turismo y los servicios, pese a la escasez de recursos naturales.
Aunque la relación entre Argentina y Cabo Verde nunca fue particularmente intensa, existen algunos vínculos interesantes. Durante fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX llegaron al país pequeños contingentes de inmigrantes caboverdianos, muchos de ellos marinos y trabajadores portuarios que se radicaron principalmente en Ensenada, Dock Sud y Mar del Plata. Con el tiempo formaron una de las comunidades afrodescendientes organizadas más importantes del país, conservando tradiciones culturales que aún hoy perduran en asociaciones civiles y centros culturales.
Paradójicamente, muchos argentinos desconocen esa presencia histórica mientras sí conocen a Cabo Verde únicamente por su selección de fútbol.
El viernes, cuando el árbitro dé inicio al partido entre Argentina y Cabo Verde, se enfrentarán dos países separados por más de nueve mil kilómetros de océano. Sin embargo, mucho antes de que existiera la camiseta albiceleste o la nación caboverdiana, aquellas islas africanas ya figuraban en el documento que comenzó a delinear el mapa político del continente donde nacería la Argentina. En cierto modo, la historia de nuestro territorio también empezó midiendo distancias desde Cabo Verde.
Como en la apertura del Campeonato Nocturno de Karting 2022, la segunda fecha sostuvo el más de un centenar de pilotos participantes y la gran convocatoria de público que se dieron cita en el Kartódromo del Moto Club Reginense. Fue nuevamente una noche donde las luces y el espectáculo conformaron un gran show deportivo que…
La puerta del chalet se llena de policías. Son casi las once de la noche del sábado 9 de junio de 1956 y el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel (R.) Desiderio Fernández Suárez –47 años, alto, moreno, de bigote corto, pantalones claros y chaquetilla color verde oliva–, grita ante el 4519 de Hipólito Yrigoyen, localidad de Florida, partido de Vicente López:
–¡¿Dónde está Tanco?!
Fernández Suárez lleva seis meses como jefe policial y es la segunda vez que participa de un operativo. El 23 de febrero, cuando una explosión en la sede de Fabricaciones Militares de Villa Martelli puso en alerta a toda su fuerza, salió en auto desde su casa en Núñez 2546, en Belgrano, y llegó solo a la zona de la explosión. Al bajar vio a una pareja, los detuvo y acusó de “sabotaje peronista”. Ellos dijeron que sólo estaban ahí para “hacer el amor”. Masticando bronca, los dejó ir.
Pero esta noche confía en que será diferente: se está gestando un levantamiento militar peronista, liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Los sublevados buscan derrocar a Aramburu y garantizar el regreso de Perón, exiliado en Panamá desde el golpe de la Revolución Libertadora. Ya hay enfrentamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa.
–¡¿Dónde está Tanco?! –vuelve a gritar.
Fernández Suárez fuerza la puerta y sorprende al dueño de casa. Un pelotón de oficiales se abre detrás suyo. Horacio di Chiano, un electricista de 50 años, los recibe con una bolsa de agua caliente en la mano que había preparado para su mujer, ya acostada. Con él está su vecino, Miguel Ángel Giunta, un zapatero de 29. No hay señales de Tanco ni de ningún levantamiento militar.
Desiderio saca su revólver calibre 45 y lo apoya en la garganta de Giunta.
–No te hagas el piola y levantá las manos.
Los oficiales suben a di Chiano y Giunta a un móvil de la comisaría de Florida. Afuera también hay un colectivo rojo de la línea 19 de Vicente López que la policía secuestró en el camino. Fernández Suárez no entiende. La información de un encuentro de militantes peronistas en esta dirección le llegó a través del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA), creado cinco meses atrás para desplegar agentes de información encubiertos en fábricas, talleres y sindicatos. “Son los ojos y oídos de la jefatura en la provincia en lo que respecta al movimiento gremial y la actividad subversiva”, había explicado el jefe policial en una entrevista. Y los resultados eran buenos: el 17 de abril habían detenido a dos militantes comunistas en Trenque Lauquen por repartir folletos.
Un levantamiento militar como el de esta noche no se le podía escapar. Hasta que hay señales claras: del pasillo al costado derecho del chalet dos personas salen corriendo. Desiderio y sus policías entran, mientras otros policías persiguen a los fugitivos. Agazapados, mezclados entre un grupo más numeroso de hombres que se había juntado a escuchar por radio una pelea de box en el Luna Park, algunos militantes esperaban novedades sobre el levantamiento. El jefe policial irrumpe y los detiene a todos. Los sube al colectivo. Cuando ve a Juan Carlos Livraga, de 24 años, Fernández Suárez lo golpea en el estómago con la culata de su pistola.
–¿Así que vos ibas a hacer la revolución? ¿Con esa facha?
Otros dos hombres son apresados más tarde cuando llegan al mismo PH. En total son doce. Los trasladan a la Unidad Regional de San Martín, a cargo del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. Desiderio viaja a La Plata, donde lo espera el general e interventor de la provincia, Emilio Augusto Bonnecarrére. A las 0.30 –ya es 10 de junio– la radio oficial transmite la Ley Marcial. A las 4.47 el vicepresidente Isaac Rojas comunica que el alzamiento peronista fue neutralizado.
Fernández Suárez llama a Rodríguez Moreno.
–A esos detenidos de San Martín ¡que los lleven a un descampado y los fusilen!
Esa misma madrugada, en un basural de la localidad de José León Suarez, en el cruce de lo que hoy es la calle 9 de julio y avenida Márquez, la policía asesina a cinco de los detenidos: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. El resto –Livraga, Di Chiano, Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez–, se salvan porque escaparon o porque sólo fueron malheridos.
Fernández Suárez sale fortalecido del operativo. Comparte un acto con Aramburu y declara en una revista: “El buen policía tiene a mano todos los recursos legales necesarios para esclarecer un hecho o descubrir un delito sin acudir a la violencia”.
Cinco meses después, el 18 de diciembre de 1956, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, frente a un vaso de cerveza en un bar de La Plata, escucha en voz de un amigo:
–Hay un fusilado que vive.
***
El Círculo Militar de avenida Santa Fe 750 hierve esta media mañana del viernes 12 de octubre de 1945. Más de trescientos oficiales del Ejército y la Marina gritan. Sus voces se superponen, los rangos que no se respetan. El capitán Fernández Suárez –con 37 años– lanza una temeraria propuesta ante el presidente de la mutual de oficiales, el almirante Héctor Vernengo Lima.
–¡Hay que matar a Perón!
Nacido en 1908 en Villa Mercedes, San Luis, Desiderio se convirtió en antiperonista hacia 1940, tras conocer a Perón como profesor en la Escuela de Guerra y en la de Alta Montaña. Lo veía “como un peligro para el país”, según lo recuerda el diario La Nación.
Y con apenas 22 años, Fernández Suárez ya había rechazado a otro líder popular. Siendo cadete, el 6 de septiembre de 1930 se sumó a la columna de unos 600 estudiantes y 900 soldados que marcharon hacia Plaza de Mayo contra Hipólito Yrigoyen. Partieron desde el Colegio Militar de San Martín, a 4 kilómetros del basural de José León Suárez, el de los fusilamientos del 56. La protesta la encabezó José Félix Uriburu, quien derrocaría al líder de la Unión Cívica Radical.
El pedido de Fernández Suárez por la cabeza de Perón se conjugaba con un clima de rechazo generalizado. Flotaba en el aire “la sensación de que el país se había salido de cauce y que la institución armada tenía que decidir qué hacer con eso”, describe Jorge Abelardo Ramos en La Era del Peronismo.
Los militares antiperonistas lograron finalmente que el 9 de octubre de 1945 Perón renunciara y fuera detenido en la isla Martín García. No esperaban, sin embargo, la movilización popular del 17 en la Plaza de Mayo. Entonces Fernández Suárez tuvo el primer traspié en su vida militar.
Haber pedido la cabeza de Perón le costó caro: el 9 de mayo de 1946 lo arrestaron por seis meses y pasó a retiro obligatorio. En ese mismo año, Walsh traducía su primera novela policial, de Irish William, con un título sugestivo para lo que vendría después: Lo que la noche nos revela.
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Traje gris, camisa blanca y corbata negra, bigote prolijo y peinado engominado, Fernández Suárez se sienta en su oficina en el Departamento Central de la Policía frente a un periodista del Noticiario Bonaerense. Acaba de asumir como jefe –el 20 de diciembre de 1955– y ya purgó a 1445 oficiales subalternos y personal de tropa. Faltan seis meses para la Operación Masacre. Ante la cámara que lo filma en blanco y negro dice:
–Queremos hacer una policía humana, una policía que esté dedicada exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, que tenga un profundo respeto por los derechos individuales. La policía está en franco tren de transformación. Doce años de dictadura no se pueden cambiar en tres meses.
La Libertadora le permitió a Fernández Suárez salir del ostracismo que vivió durante el peronismo, donde se refugió en la actividad privada. Según aparece su apellido en los diarios de la época, vendió ganado en Florida: ofrecía, por ejemplo, “3 novillos prom. 243 kgs. a 240 mls.”. O también, “15 vacas prom. 308 kgs. a 205 mls”.
Con su pareja tuvo tres hijos: Carlos, Mario y Oscar Alberto. Uno de ellos seguirá la carrera militar y será detenido siendo subteniente en 1959 por Arturo Frondizi. Luego llegarán nietos y bisnietos.
La suerte le empezó a cambiar el 16 de junio de 1955, cuando la Aviación Naval bombardeó la Plaza de Mayo y dejó 300 muertos y 1.200 heridos. Un hilo invisible conecta a Fernández Suárez con Walsh: compartían un sentimiento nacionalista y antiperonista y el escritor había soñado con ser aviador, aunque volcó su pasión al papel: el 21 de diciembre del 55 publicó la crónica 2-02-no vuelve, donde describe la audacia de los pilotos bombarderos. Años después llegó a escribir un borrador de cuento titulado El aviador y la bomba, contado desde la perspectiva de uno de los pilotos golpistas.
Con Aramburu en el poder, el 17 de octubre de 1955, Fernández Suárez es designado jefe de personal en el Ministerio de Educación. Su primera medida fue alentar a los empleados a denunciar irregularidades de la anterior gestión. Pero el 13 de noviembre ya es nombrado subjefe de la Policía. Y un mes después asume la jefatura. Un decreto del 13 de enero del 56 lo reincorpora al Ejército, lo asciende «al grado inmediato» y lo vuelve a pasar a retiro como teniente coronel. Aramburu y Rojas destacan que había sido sancionado «por razones políticas» durante la “dictadura imperante”. En el 58 –ya después de los fusilamientos– lo reincorporan al servicio activo con fecha retroactiva al 19 de enero de 1949 y lo promueven a coronel.
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–¡Encontré al hombre que mordió al perro!
El 20 de diciembre de 1956, dos días después de escuchar que hay un “fusilado que vive”, Walsh consiguió la denuncia de Livraga y la llevó con excitación a la editorial Hachette, donde trabajaba su compañera Enriqueta Muñiz, una periodista de 22 años. Con ella empezaría a investigar la Operación Masacre: lo que descubren los periodistas es que la Ley Marcial comenzó a regir un día después de las detenciones, o sea que fueron fusilados ilegales.
Walsh tenía un “topo” en la policía de Fernández Suárez. El contacto era Jorge Doglia, jefe de la División Judicial. Le permitirá revelar los fusilamientos, pero también torturas en las comisarías a cargo del jefe de la Policía.
Walsh y Enriqueta trabajan juntos y rápido. El 23 de diciembre, en el semanario Propósitos publican la primicia de la denuncia de Livraga. No la firman, pero es un ataque a Fernández Súarez: el “fusilado que vive” confiesa allí que la policía intentó asesinarlo en un descampado antes de la Ley Marcial. El dato es contundente: días después, una Junta Consultiva provincial de legisladores convoca al jefe de la Policía. Lo arrinconan con preguntas sobre varios hechos del 9 y 10 de junio en distintas comisarías: fusilamientos, torturas con picanas, palizas de sus oficiales.
–Aquí hay cargos –se defiende Desiderio–. Pero no hay pruebas.
La pareja de periodistas continúa investigando. Suman sobrevivientes y expedientes. Walsh empieza a firmar con sus iniciales: RJW. Dos notas en el diario Revolución Nacional, ocho en la revista Mayoría, otrastres en el semanario Azul y Blanco. El coronel tiene quien le escriba: las crónicas apuntan directamente a su responsabilidad en la masacre. El nombre de Walsh circula rápido en la jefatura de policía. Sus notas quedan archivadas en el SIPBA.
–¿Quién carajo es? –pregunta Fernández Suárez.
Manda a sus oficiales a detenerlo, pero terminan levantando a un reportero con las mismas iniciales. También van a su casa en La Plata, pero no lo encuentran: Walsh vive en otro lado y con identidad falsa –Francisco Freyre–, aunque firma las notas con su nombre para que Fernández Suárez sepa que no va a parar.
El último cruce entre ambos –del que se tenga registro– fue el 13 de enero de 1965, nueve años después de la primera nota en Propósitos y ocho de la publicación de Operación Masacre como libro. Desiderio manda una carta al diario Crónica para –otra vez– desligarse de la responsabilidad de la masacre. Walsh le contesta en el mismo diario:
–Los descargos de Fernández Suárez son los mismos que pulvericé hace ocho años y que lo llevaron al completo silencio.
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A partir de los 60, con la Libertadora fuera del poder, Fernández Suárez cambia de piel. Funda una empresa inmobiliaria y financiera junto a militares y ex funcionarios. Durante el gobierno de J. M. Guido es detenido acusado de una supuesta “conspiración” y “rebeldía”.
En 1964 aparece como proveedor del Estado en servicios de seguridad. El 17 de septiembre del mismo año participa con Aramburu y Rojas de una celebración por el aniversario del golpe a Perón. Según la crónica del evento, apenas llenaron la Plaza Libertad del barrio de Recoleta.
En 1970, el mismo año en que secuestran a Aramburu, funda otra compañía de seguridad e investigaciones: POL-PAR, con sedes en Capital Federal y La Plata. En el ‘76 crea otra empresa: S.P.
Entrada la última dictadura, su rastro se pierde.
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No la encuentra. Después de cebar unos mates dulces, Berta Josefa Carranza –72 años, petisa, pullover de lana celeste, la cara redonda, el pelo corto, lacio, con algunas canas– se para con dificultad de la silla y camina despacio hacia un sillón mullido para buscar algo. Es un jueves de mayo de 2026 y en la casa de los Carranza, en el barrio obrero de Boulogne, la luz entra limpia por la ventana. Berta busca detrás de un mueble, dentro de una carpeta. Pero no. La hoja amarillenta escrita a máquina que dice que su padre, Nicolás Carranza, uno de los cinco fusilados por Fernández Suarez, fundó una sociedad de fomento para su barrio en 1954, no aparece.
–Le dije varias veces que tiene que ser más organizada con esos papeles –se queja Majo Carranza, hija de Berta y nieta de Nicolás, mientras la ayuda a buscar.
–Acá está –dice Berta y saca la hojita de una bolsa. –Tiene su firma.
Es de las pocas cosas que le quedan de su papá. Tenía 2 años cuando el 11 de junio de 1956 –dos días después de los fusilamientos– su madre recibió a Fernández Suárez en esta misma casa, en la esquina de Guayaquil y –ahora– pasaje Carranza. El jefe policial había llegado para buscar la libreta de enrolamiento de Carranza “por un trámite en La Plata”. Le dijo que desconocía su paradero y apuró a la mujer a buscar el documento de su esposo.
Mientras esperaba, Fernández Suárez se cruzó en el pequeño comedor a Elena, de entonces 12 años, la hija mayor de la familia. Parado frente a un retrato del recién fusilado, el jefe de la bonaerense le preguntó: “¿Ese era tu papá?”.
–Nunca nadie fue preso. Nunca alguien pagó por esto –retoma Berta en 2026–. Porque hubiéramos podido hacer algunas cosas, cuando había otros compañeros vivos.
El 24 de abril de 1957 la Corte Suprema de Justicia –tras un largo derrotero de la denuncia del “fusilado que vive”– falló que el expediente debía pasar a la justicia militar. Los responsables fueron absueltos. “Dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez”, escribió Walsh.
El 17 de junio de 2026, 70 años después, el Juzgado Federal N°2 de San Martín a cargo de Alicia Vence comenzará un juicio de recuperación histórica. Berta y su hija Majo, junto al resto de los familiares de los asesinados, acusan al Estado por delitos de lesa humanidad. Mencionan el rol de Aramburu, Rojas y Fernández Suárez. Es probable que en el proceso de su testimonio el sobreviviente Livraga, que vive en Estados Unidos.
Según una fuente con acceso a la causa, un familiar de Aramburu llamó al juzgado para averiguar el estado del expediente.
–En los noventa aún estaba vivo el sorete de Desiderio –recuerda Berta–. Queríamos iniciarle un juicio en la provincia. Recién nos armábamos como comisión de familiares de los fusilados, pero no salió.
Sobre la mesa hay ejemplares de Operación Masacre e Historia de una investigación, el diario personal que escribió Enriqueta Muñiz, mientras colaboraba con Walsh. En una pared verde cuelga una enorme bandera de Boca Juniors. En otra, un cuadro del Che Guevara. En un rincón hay cuatro tanques de oxígeno. Son de Berta.
–Desde que soy bebé, vi toda la lucha de mi vieja y el resto de los familiares por mantener viva la memoria de lo que pasó –dice Majo, de 40 años–. Y también cómo muchos se fueron yendo de a poco. Como nieta, siempre hablo con los más jóvenes. En escuelas, universidades. Pero es tarea de la militancia mantener vivo ese legado. Para que la historia no se repita.
Berta asiente y mira su celular. Le llega un mensaje. Alguien encontró el aviso necrológico de Fernández Súarez que se publicó en el diario La Nación el 10 abril de 2001.
Hace zoom en la imagen.
FERNANDEZ SUAREZ, Desiderio Argentino, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 9-4-2001. – Sus hijos Carlos, Mario y Oscar, sus hijas políticas, sus nietos, bisnietos, su sobrino Marcelo Fernández y Sra. Hilda Rodríguez participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
–Esto está buenísimo –dice Berta. La sonrisa socarrona.
–¿Qué está buenísimo? –le pregunta Majo.
–Saber que este hijo de puta está muerto.
***
El 10 de febrero de este año, vía decreto 97, el presidente Javier Milei designó en un importante cargo a un familiar directo del cerebro de Operación Masacre.
Leandro Fernández Suárez, nieto del teniente coronel de la Libertadora, hijo de su hijo Oscar Alberto, es hoy embajador en México.
Diplomático de carrera –ingresó al servicio exterior en 1993– fue ascendido por Alberto Fernández. Pero en los últimos años se ganó la confianza de Karina Milei por su rol diplomático en Miami.
El embajador aparece en fotos recientes sosteniéndole un paraguas a Milei en un día de lluvia.
No aceptó hacer declaraciones para esta nota.
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Abajo. Más abajo. En el tercer subsuelo del Cementerio de la Chacarita, dentro del Mausoleo de las Fuerzas Armadas, los nichos de generales y militares se amuran en la pared gris.
Los pasillos son anchos, la luz de algunas lamparitas rebota en el mármol frío.
La placa 1117 sólo dice “Cnel. Desiderio Fernández Suárez”.
Una bandera argentina envuelve su cajón marrón, junto a un florero vacío.
–No lo vienen a ver mucho –dice un encargado de overol azul.
Nadie fuera de su familia lo despidió cuando murió a los 92 años el 9 de abril de 2001. Ni los Aramburu, ni los Rojas, ni otros apellidos mandaron condolencias. Sólo el diario La Nación sacó aquel recuadro recordando su muerte, cuatro días después. Un familiar del exjefe de la policía comentó allí que Fernández Suárez “nunca se arrepintió de nada”.
–Acá hay mucha historia enterrada –retoma el encargado –Tenés desde coroneles que lucharon por la independencia hasta soldados de Malvinas.
Pero el nicho de Fernández Suárez no tiene flores, ni una descripción que lo recuerde. Apenas una chapa dorada con su nombre y rango. A dos metros, los restos de los exdictadores Juan Carlos Onganía y Roberto Viola.
Fernandez Suárez descansa en un osario de lesa humanidad. Desde el 2016 nadie paga los costos de mantención de su nicho. La deuda es de 460 mil pesos.
El fiscal Gerardo Pollicita aguarda la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni para cotejar esos datos con los requerimientos de justificación patrimonial que ya solicitó a través de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Fuentes al tanto de la investigación comentaron a LPO que el fiscal «buscó hasta lo que Adorni gasta para el seguro del auto». La frase marca el grado de precisión que habría alcanzado en la pesquisa que le delegó el juez Ariel Lijo.
El magistrado se prepara por estas horas para viajar a París, a un encuentro organizado por el GAFI, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El viaje en el que ambos van a coincidir alimentó la sospecha en tribunales acerca de un nuevo intento de acercamiento por parte del gobierno para frenar la investigación contra el jefe de Gabinete.
De hecho, LPO reveló que Karina Milei experimentaba un creciente malestar con el viceministro Santiago Viola, quien se quedó con el cargo de Sebastián Amerio con la promesa de aliviar las causas judiciales que atormentaban a la secretaria general de la Presidencia y su hermano, Javier Milei.
En ese contexto, Lijo aceptó hablar con Mahiques pero le pidió que corran a Viola, a quien ya le dicen «Pitufo» en los pasillos judiciales. «Perfecto que nos vamos a juntar en París y que no viene Viola», habría dicho el magistrado.
Sin embargo, las especulaciones sobre una eventual pleitesía del juez con la Rosada por el caso Adorni parece improbable por la acumulación de documentación reunida por el fiscal. «Pollicita ya tramitó el requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias», graficaron a LPO.
Pollicita ya pidió requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias.
En rigor, la tarea del fiscal será determinar la sospecha sobre el delito de enriquecimiento ilícito y cuál es su magnitud comparando la información aportada como elemento de prueba por la DAFI y la declaración jurada del funcionario. La conclusión no es una interpretación del fiscal sino una ecuación de suma y resta para clarificar si existía un nivel de ingresos acorde a los gastos verificados.
Quienes conocen a Pollicita advierten que «está dispuesto a ir a fondo». LPO había publicado que Adorni había querido llegar a él a través de los oficios de Mahiques pero que, cuando el ministro lo contactó por teléfono para cumplirle ese favor al jefe de Gabinete, el fiscal cortó la comunicación abruptamente. «No le importa el gobierno ni Milei, Karina o Adorni», aseguran.
En la tarde del martes se hizo entrega de los certificados del curso de auxiliar de cuidados gerontológicos. El mismo se enmarcó en el Programa Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en convenio con la Municipalidad de Villa Regina….
Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en San Carlos de Bariloche a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020. Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y…
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que el gobierno provincial pone en marcha medidas de acompañamiento y fortalecimiento a deportistas, clubes e instituciones deportivas, en el marco de la pandemia, a través del programa Más Deporte Río Negro. El apoyo al sector será a través de distintas acciones que demandarán…
