Más casta no se consigue: Santilli reemplazará a Adorni
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Más casta no se consigue: Santilli reemplazará a Adorni

 

El recambio en la Jefatura de Gabinete vuelve a exponer la lógica de concentración política del oficialismo libertario, que ahora deposita ese cargo clave en Diego Santilli, un dirigente que atraviesa distintas etapas del poder político argentino desde hace más de dos décadas y cuya trayectoria está profundamente entrelazada con el PRO, el macrismo porteño y la estructura estatal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Tomás Palazzo para NLI

La salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Santilli no solo implica un cambio de nombres: reordena el tablero interno del Gobierno y reabre el debate sobre el perfil de quienes ocupan los principales despachos del Ejecutivo. En ese contexto, el nuevo Jefe de Gabinete asume con un historial político que lo vincula a múltiples espacios de poder, siempre dentro del mismo ecosistema de gestión y negocios del Estado.

De la política porteña al corazón del poder

Diego Santilli inició su recorrido político en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos durante los gobiernos del PRO. Fue parte del armado que consolidó la estructura política de Mauricio Macri en territorio porteño y luego vicejefe de Gobierno durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Desde ese lugar, no solo tuvo injerencia en áreas sensibles de la administración, sino que también quedó asociado a un entramado de decisiones políticas y administrativas que, con el correr de los años, derivaron en reiteradas observaciones sobre el modo de contratación del Estado porteño y la cercanía entre funcionarios, militancia y empresas proveedoras.

Contratos, vínculos y la lógica del Estado como ecosistema político

Uno de los casos más mencionados en investigaciones periodísticas refiere a la adjudicación de contratos a una empresa vinculada políticamente a su entorno, SOCIV SRL, que recibió múltiples licitaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. Se destacan millonarios contratos para servicios de mantenimiento y obras públicas, adjudicados en el marco de una licitación del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente porteño .

Otro antecedente remite a la adjudicación del servicio de mantenimiento del Campo de Golf Juan Bautista Segura, por casi 15,6 millones de pesos, también en la Ciudad, en un proceso donde la firma terminó siendo beneficiaria tras la desestimación de otros oferentes .

Estos hechos fueron señalados por distintos medios críticos como parte de una dinámica recurrente de contratación estatal en la que confluyen militancia política, vínculos personales y gestión pública dentro del mismo círculo de poder.

El entramado político y la acumulación de poder

Más allá de los contratos puntuales, el recorrido de Santilli muestra una característica constante: su permanencia dentro de los núcleos de decisión del PRO, acompañando distintas etapas del macrismo desde la Legislatura porteña hasta la Vicejefatura de Gobierno y su proyección nacional posterior.

En paralelo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones periodísticas y denuncias mediáticas que apuntan a la existencia de estructuras societarias y vínculos empresariales asociados a su entorno político y familiar, en el marco de un sistema donde la frontera entre gestión pública y redes privadas aparece frecuentemente difusa.

El nuevo jefe de gabinete y la continuidad del poder

Su llegada a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni no introduce una figura externa ni disruptiva, sino que consolida la circulación de dirigentes dentro del mismo universo político que ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires durante más de una década.

En ese sentido, el nombramiento de Santilli refuerza la idea de continuidad más que de renovación: un dirigente formado en la estructura del PRO, con trayectoria en la administración pública porteña y fuerte inserción en los engranajes del Estado, ahora trasladado al centro de coordinación del Gobierno nacional.

 

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    Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, lo hizo de nuevo. Volvió a plantarse contra las pretensiones del gobierno de Maximiliano Pullaro de que se retire del máximo tribunal este año. El oficialismo santafesino hasta le designó reemplazante, a él y a otros dos ministros, cuando no están formalizadas las renuncias. «Me voy a ir cuando yo quiera», dijo.

    En el gobierno santafesino por ahora no dicen mucho públicamente. Pero dicen. «Si no se va, lo echamos».

    Gutiérrez luego suavizó esa declaración de manera íntima. En un acto protocolar donde estuvo el gobernador este martes se acercó a Pullaro. «No te dejes llevar por mis declaraciones. Voy a cumplir mi compromiso», le dijo, al igual que a uno de sus ministros. Eso porque había señalado que se retiraba en noviembre de este año pero que quería despedirse como presidente de la Corte Suprema e inaugurando el nuevo edificio judicial de Santa Fe que será a fin de mes.

    No obstante a un viejo vizcacha con 51 años en funciones como funcionario judicial si algo no se le escapa son los momentos políticos. Y para tocarle la oreja al gobierno aprovecha una cadena de tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial que son muy palpables y que busca capitalizar. Los jueces declaran, sin exponerse, que pocas veces estuvieron ante un gobernador que avance sobre la esfera de un poder autónomo. Indican que los jueces penales sobre todo avalan por miedo más que por convicción muchas medidas de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) muy ganado por la influencia del ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni.

    La sensibilidad en la Justicia con Pullaro es máxima. La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a un concurso para reemplazar al secretario de Gobierno del órgano que durante décadas cumplió funciones esenciales en la organización del Poder Judicial y también de sus compras. En la Justicia hay una convicción absoluta de que Pullaro aspira a colocar ahí un funcionario propio.

    Pullaro logra que le aprueben tres pliegos para la Corte, aunque las vacantes no están confirmadas

    Ese cargo sirvió para una concentración de poder que ejerció Eduardo Bordas que se acaba de ir. Una pretensión manifesta del gobierno desde antes de asumir fue bloquear ese control omnímodo de un funcionario polémico. «No van a poder», dicen desde adentro de la Corte. Primero porque el concurso lo maneja la misma Corte. Segundo porque las atribuciones del secretario de Gobierno serán desmontadas en al menos cinco dependencias o funcionarios distintos. Y además porque una Corte renovada, incluso con impulsados por Pullaro, ejercerá una supervisión nueva sobre el manejo de caja, que este ejercicio 2026 tiene disponibles 387.946 millones de pesos.

    Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe

    Ahora la fecha límite al concurso fue prorrogada. La lectura entre magistrados de Rosario fue automática. «Buscan que estén ya en funciones tres ministros designados que se presume serán mucho más leales a las intenciones de Pullaro. Para definir quién entrará como Secretario de Gobierno necesitarán solamente sumar un voto sobre siete ministros», le dijo una jueza a LPO.

    «Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tiene suplente por lo menos. Es increíble, un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo», le dijo Gutiérrez al programa Verte Bien TV. La crítica fue profunda pero es razonable. Es cierto que la nueva constitución santafesina fija como límite de permanencia en el máximo tribunal los 75 años y que el ministro ya pasó ese borde. Pero también lo es algo inédito y es que la coalición de Pullaro haya nombrado un sucesor cuando no está ni planteada su dimisión.

    Y un hombre como él, al que le gusta el frote, podría ir a la pelea por quedarse con un amparo. Pero hay un escenario que cambió. El poder de Gutiérrez durante los 26 años que estuvo como ministro de la Corte no lo dio tanto esa posición sino un Senado poderoso donde por casi tres décadas sus aliados, que ahora votaron por sus sucesores, fueron mayoría. Ya no ocurre. Hoy Pullaro controla la Cámara Alta. Y en el gobierno no van con implícitos. El gobernador ya dijo que si Gutiérrez no se va en noviembre lo correrá por decreto. Lo mismo hará con el ministro Roberto Falistocco.

    Otro punto de discordia que peló los cables del Poder Judicial fue el intento de Pullaro a través de su fiscal de Estado de remover por decreto a cuatro ministros de la Corte, Gutiérrez entre ellos, que debían fallar por demandas contra la ley previsional impulsada por el gobierno, y que fue resistida por los trabajadores estatales. El gobierno señaló que no podían votar ministros que ya estaban en situación de jubilarse.

    La respuesta fue un 7 a 0 contra el gobierno con los votos incluso de los miembros entrantes de la Corte impulsados por Pullaro. Esto generó nuevas apelaciones desde el Ejecutivo santafesino pero sobre todo contrariedad y bronca. En el Poder Judicial hay un cerrado consenso de que lo que aspira el gobierno es otra muestra del afán de neutralizar todo lo que se oponga a sus pretensiones políticas por cualquier vía. Acá lo que dicen es que no valen las recusaciones por demandas colectivas. Y que además las impulsaron no al principio del trámite, como marca la regla procedimental, sino cuando las demandas ya llegaban a la Corte.

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