El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
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El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.
«Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.
El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.
No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.
El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.
Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.
Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.
Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.
Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.
Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.
En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.
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