El diputado Manuel Passaglia le mete presión al PRO y La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense con un proyecto que supone compactar las motos con caño de escape adulterado.
La oposición -donde libertarios y amarillos son mayoría- tiene la llave para llevar el proyecto al recinto y aprobarlo, aún con la negativa de todos los sectores del peronismo y las dos bancas de la Izquierda.
«Así como se unieron para repartirse los cargos de directores millonarios en el BAPRO esperamos que ahora sigan trabajando juntos, pero en esta oportunidad para beneficio de los bonaerenses», escribió el diputado en las redes.
El proyecto nació primero como una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante de San Nicolás y autorizaba al intendente Santiago Passaglia a compactar las motos con escape libre, una práctica ilegal -sobre todo en adolescentes- que supone un fuerte malestar en los vecinos.
El tema genera controversia en particular en las ciudades del interior. El problema era que la normativa vigente no alcanzaba. El municipio le secuestraba la moto, pero los dueños pagaban una multa y a los pocos días volvían con los ruidos.
No espero que el peronismo nos acompañe porque ellos viven en Puerto Madero y ahí no hay ruidos molestos. Pero sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o que presenten una solución superadora.
Secuestrar las motos tampoco era sencillo. A través de grupos de WhatsApp, los adolescentes avisaban donde estaban los controles y los evitaban.
Por eso, los Passaglia pensaron en una encerrona. En los días previos a la aprobación de la ordenanza el gobierno municipal retiró todos los controles y dejó a los pibes la ciudad liberada. Luego -ya con la ordenanza aprobada- dispusieron un vallado sorpresa en la plaza principal y quedaron atrapados 130 adolescentes con motos con escape libre.
Muchos intendentes pidieron copia de la ordenanza para bajarla a sus municipios. En el interior varios jefes municipales ven con buenos ojos un proyecto de mano dura contra los ruidos molestos.
«Acá no es un problema de ideologías. Es una solución de convivencia a un problema real que existe en el interior», dijo el diputado Manuel Passaglia y agregó que no espera nada del peronismo porque los legisladores «viven en Puerto Madero». «Sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o una solución superadora».
Los Passaglia vienen dejando el PRO y a los Libertarios en una posición incómoda. El intendente y el diputado de San Nicolás fueron los primeros en bajarse del acuerdo electoral que los amarillos cerraron con los libertarios. Y lanzaron un armado provincial que hizo una buena elección en el norte de la provincia. Esos votos fueron clave en la derrota de la alianza entre el PRO y los libertarios durante la elección de septiembre pasado.
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
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El conflicto sanitario por las flexibilizaciones de los controles que lleva adelante el ministro de Desregulación «para ahorrar en burocracia estatal», sumó un nuevo capítulo que enciende alarmas en el sector agroexportador a pesar de que las entidades del campo evitaron pronunciarse.
Tras el rechazo de carne por parte de China, salió a la luz que semanas atrás, Chile bloqueó el ingreso de producción argentina y endureció los controles, «lo cual significa un deterioro acelerado de la credibilidad sanitaria del país», comentó un productor a LPO.
Como anticipó este medio, el rechazo de envíos a China encendió alarmas en la cadena agroexportadora y puso en la mira el vaciamiento del Senasa impulsado por Federico Sturzenegger pero las entidades del campo no dijeron ni mu.
Tras el rechazo de carne por parte de China, salió a la luz que semanas atrás, Chile bloqueó el ingreso de producción argentina y endureció los controles, «lo cual significa un deterioro acelerado de la credibilidad sanitaria del país», comentó un productor a LPO
«En las entidades hablan en voz baja, no sabemos bien que pasa porque hay suficientes motivos para, al menos, convocar a una asamblea de productores para contar cómo estamos, señalar problemas o al menos hacer propuestas, pero deberían tener expresiones más contundentes y no la están tendiendo. ni siquiera la Federación Agraria», se quejó un pequeño productor afiliado a la entidad que nació del Grito de Alcorta.
Por su parte, el ex presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo a LPO que «esta desregulación de Sturzenegger que tienen por objetivo debilitar al Senasa y los controles, nos está generando problemas de mercado. Ya pasó con China y Chile y se puede extender a otros destinos que es donde nos lleva las políticas del ministro de Desregulación».
Esta desregulación de Sturzenegger, que tienen por objetivo debilitar al Senasa y a los mecanismos de conrol, nos está generando problemas de mercado. Ya pasó con China y Chile y se puede extender a otros destinos. Es donde nos lleva las políticas del ministro de Desregulación
Es que los controles sanitarios funcionan en el mundo como el engranaje de un reloj, con rigurosos requisitos que son compromisos que adoptan los países como políticas de Estado y que en Argentina se están diluyendo por la tozudez ideológica de algunos funcionarios.
La acumulación de incidentes empezó a configurar un problema estructural: «El riesgo no es un embarque rechazado, es que Argentina pierda reputación sanitaria», advirtieron en el sector, y alertaron sobre el apagón informativo en la actualización de los controles.
Sucede que la decisión del gobierno de reducir controles y desarticular sistemas de alerta sanitarias empieza a tener consecuencias concretas en los procesos productivos donde sin controles, las exigencias se empiezan a aflojar, la trazabilidad se relaja y el riesgo de alguna avivada puede significar el cierre de mercados internacionales.
Lo que hasta hace pocos meses se presentaba como una simplificación burocrática para «liberar al sector productivo», ahora amenaza con convertirse en un cuello de botella para las exportaciones.
Según pudo saber LPO de fuentes del sector, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno intensificó de manera inusual los controles sobre toda la cadena productiva argentina: frigoríficos, feedlots, campos, transporte y cadena de frío. «Están recorriendo todo, uno por uno, como nunca antes», describió una fuente con acceso directo al negocio exportador que da cuenta de la desconfianza creciente.
Además, el endurecimiento no es caprichoso. En agosto del año pasado, Chile ya había suspendido la importación de carne y productos animales provenientes de la Patagonia tras la flexibilización sanitaria dispuesta por Argentina mediante la Resolución 460/2025, que habilitó el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa.
En agosto del año pasado, Chile ya había suspendido la importación de carne y productos animales provenientes de la Patagonia tras la flexibilización sanitaria dispuesta por Argentina mediante la Resolución 460/2025, que habilitó el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa
Esa decisión implicó en los hechos la eliminación de la histórica barrera sanitaria en un esquema que durante décadas funcionó como garantía de estatus diferencial de las carnes patagónicas. Para las autoridades chilenas, la medida abrió un riesgo sanitario preocupante.
Chile se mantiene libre de la Aftosa sin vacunación desde 1981 y para ello, necesitó políticas sanitarias extremadamente estricta de control de importaciones. Cualquier señal de relajamiento del lado argentino dispara automáticamente mecanismos de defensa.
Si bien hacia fin de año Chile reanudó parcialmente las compras tras verificar determinados estándares, en el sector aseguran que los controles nunca volvieron a ser los mismos y que ahora se intensificaron aún más.
