Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA

Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA

 

Alejandra Monteoliva levantó la custodia de la Policía Federal de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA.

La ministra de Seguridad ordenó el traslado de 60 agentes del total de 80 que tenía la Policía Federal asignados a esa tarea, desde el momento en que se transfirió la fuerza a la Ciudad, que se quedó con otros 160 agentes para custodiar escuelas, templos y otros edificios de la comunidad israelita. 

Monteoliva trasladó a los custodios con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.

El timing de Monteoliva no podía ser peor: se da justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como el enemigo y el mismo día en que se cumple  el aniversario 34° del atentado en la embajada de Israel.

El Tehran Times, considerada la «voz de la República Islámica», habló de una «línea roja imperdonable».  Milei ya había calificado a Irán como «enemigo» el año pasado y este martes volvió a mencionar despectivamente a los persas en el homenaje por el aniversario del atentado de 1992, que atribuyó al «cobarde ataque del terrorismo iraní».

La DAIA encendió una luz de alarma tras anoticiarse de la decisión de Monteoliva, que derivó en una negociación con el gobierno que se mantiene en curso.

 

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    Kicillof vs. Milei: ¿cómo impacta el cruce político en el comercio y la industria argentina?

     

    Axel Kicillof acusó al presidente Javier Milei de liderar un modelo “destructivo” que podría afectar industria, empleo y comercio y advirtió que podría convertir a Argentina en un esquema similar al peruano sin clase media y con menor capacidad productiva.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El conflicto político que preocupa al sector comercio

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió públicamente contra el presidente Javier Milei, al calificar su modelo económico como “destructivo” y pronosticar un retroceso estructural en la economía nacional. Estas declaraciones se inscriben en una disputa política más amplia que, a juicio de sectores del comercio y la industria, podría tener implicancias directas en la actividad productiva, el empleo y la capacidad competitiva de las pymes argentinas.

    Kicillof sostuvo que la orientación del Gobierno nacional tiende a “volver al modelo agroexportador”, en detrimento de una economía diversificada donde el comercio y la producción industrial juegan un papel central. En ese sentido, advirtió que la clase media está en riesgo bajo el rumbo actual, comparando el escenario con la realidad peruana, donde existe una mayor precariedad social sin una base industrial fuerte.


    Críticas al modelo económico y efectos en la industria nacional

    Una de las principales preocupaciones explícitas por Kicillof es lo que denominó un “plan de exterminio de la industria nacional”. Según el mandatario provincial, el actual Gobierno no ha reaccionado ante cierres de empresas emblemáticas como FATE, situación que debería generar respuestas activas para sostener la producción y mantener el empleo dentro de cadenas de valor comerciales consolidadas.

    Para el sector comercio, donde muchas pymes comprenden insumos y mercados interconectados con la industria, una política que favorezca un giro primario-exportador —sin protección a los eslabones productivos locales— puede traducirse en:

    • Menor demanda de bienes intermedios
    • Disminución de las compras locales de insumos
    • Reducción de consumo interno por pérdida de capacidad adquisitiva de empleados industriales

    Estas tendencias agravarían la ya frágil dinámica comercial de muchas regiones fuera del AMBA, donde la producción y el consumo están estrechamente conectados.


    Implicancias para empleo, comercio minorista y cadenas de valor

    El diagnóstico político de Kicillof sugiere que la combinación de políticas económicas desreguladoras con apertura sin mecanismos de apoyo productivo puede profundizar desequilibrios:

    • Caída de empleo formal industrial, impactando directamente en el poder de compra de hogares y, por ende, en el comercio minorista.
    • Migración de capital y recursos hacia sectores financieros o extractivos, reduciendo inversiones en actividades de alto empleo intensivo.
    • Mayor desigualdad estructural, traducida en un consumo orientado a bienes esenciales de bajo valor agregado.

    Este escenario, vinculado al cruce político entre dos modelos opuestos —uno que prioriza el rol del Estado y la protección industrial, y otro que apuesta por la apertura sin contrapesos— genera incertidumbre en comerciantes y fabricantes que dependen de estabilidad para planificar inversiones y contratos.


    Perspectiva sectorial: comercio, industria y políticas públicas

    Para analistas del sector comercio, el debate político va más allá de una disputa retórica: entra en la esfera de decisiones públicas que afectan la competitividad y la sustentabilidad de negocios. Un enfoque excesivo en la apertura sin políticas activas de integración productiva puede empujar a una economía más dependiente de importaciones de bajo costo, debilitando las cadenas de valor locales que sostienen a miles de comercios y pymes.

    Las tensiones políticas recientes, donde Kicillof advierte sobre un rumbo que considera “a contramano del mundo”, reflejan un choque de visiones que tendrá consecuencias prácticas en variables clave como:

    • Tipo de cambio real y competitividad exportadora
    • Nivel de aranceles y barreras para proteger industria y comercio
    • Incentivos fiscales para pymes manufactureras y comercializadoras

    Este debate será central en los próximos meses, en especial si se recrudece la disputa por recursos, inversiones y estrategias de desarrollo industrial.

     

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