Un artículo de Science traza un panorama inquietante sobre cómo ciertas intervenciones políticas profundas en el ámbito científico de Estados Unidos podrían dejar huellas duraderas en su ecosistema de investigación. Aunque gran parte del texto se centra en el contexto estadounidense, sus conclusiones ofrecen un espejo útil para analizar la situación de la ciencia en Argentina bajo el gobierno de Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una tormenta política sobre la ciencia estadounidense
Un artículo de Science titulado “Which of Trump’s upheavals in U.S. science are likely to stick”, destaca que, tras la asunción de Donald Trump, el sistema científico de Estados Unidos entró en una fase de “sacudidas” que afectan estructuras, financiación y la libertad académica. Aunque algunos cambios pueden revertirse con futuros gobiernos, varias medidas profundas tienen potencial para arraigarse —como la reorientación de la financiación y la politización de los procesos de evaluación de proyectos científicos— lo que podría transformar la manera en que se hace ciencia en ese país.
Estos cambios no surgen de manera aislada. En 2025, miles de científicos firmaron cartas de advertencia señalando la erosión de la ciencia independiente y la creciente interferencia política en decisiones académicas y de investigación; advierten que esta politización amenaza con “aniquilar” el ecosistema científico tal como ha existido en las últimas décadas.
Algunas de las principales transformaciones incluyen recortes y congelamientos en la financiación de organismos clave, revisión ideológica de proyectos de investigación, despidos masivos y purgas de datos científicos relacionados con temas como cambio climático, diversidad y salud pública.
¿Qué cambios podrían “pegar” y no revertirse?
Según la reflexión de Science y del seguimiento de analistas internacionales, algunos efectos de estas políticas podrían perdurar incluso si cambian las administraciones:
Reconfiguración de prioridades científicas: al condicionar financiamiento o investigación a criterios políticos, Estados Unidos corre el riesgo de institucionalizar sesgos que privilegian ciertos temas sobre otros, afectando la capacidad para generar conocimiento básico a largo plazo.
Daño institucional: agencias con décadas de historia y estructuras robustas como la National Science Foundation (NSF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfrentan transformaciones que —si se consolidan— podrían debilitar su independencia científica.
Clima de incertidumbre académica: la politización del proceso de financiamiento y la inseguridad en el futuro de las investigaciones pueden desalentar a nuevas generaciones de científicos e impulsar la “fuga de cerebros”, un fenómeno ya observado en datos recientes de encuestas al personal científico.
La situación de la ciencia en Argentina bajo Milei
En Argentina, la ciencia también ha estado bajo tensiones crecientes desde la llegada de Javier Milei al poder. Aunque el contexto es distinto al estadounidense (diferente estructura institucional, financiamiento y cultura política), existen paralelos preocupantes:
Financiamiento en retroceso: la ciencia argentina viene enfrentando años de subejecución presupuestaria, depreciación de subsidios y pérdida de competitividad para atraer y retener talento investigador.
Politización y recortes: decisiones gubernamentales recientes han priorizado ajustes fiscales por sobre la inversión sostenida en investigación y desarrollo, debilitando programas estratégicos en áreas como energía, salud y agricultura.
Fuga de cerebros acentuada: jóvenes científicos y técnicos han emigrado para buscar oportunidades más estables en Europa y América del Norte, un fenómeno que recuerda a las preocupaciones expresadas por científicos estadounidenses frente al panorama de Trump.
A diferencia de Estados Unidos, donde una parte de la comunidad científica aún puede apoyarse en redes y fondos privados o institucionales amplios, en Argentina la ciencia pública tiene un rol central y fiscalizaciones orientadas por prioridades macroeconómicas pueden resultar en daños estructurales difíciles de revertir si no se sostienen políticas claras de apoyo a largo plazo.
¿Lecciones compartidas?
El análisis de Science nos recuerda que la ciencia no es un sector aislado: es una infraestructura social e intelectual que requiere estabilidad, financiamiento adecuado y autonomía respecto de ciclos políticos. La evidencia internacional —tanto en Estados Unidos como en Argentina— sugiere que cuando el conocimiento se subordina a lógicas exclusivamente ideológicas o de ajuste cortoplacista, el impacto no se siente solo en laboratorios, sino en generaciones de innovación, salud pública y soberanía tecnológica.
Si los cambios impulsados bajo administraciones como la de Trump o la de Milei arraigan profundamente, el retorno a prácticas de apoyo estable a la ciencia puede demandar años de reconstrucción y reconfiguración institucional.
El artículo de Science sobre las sacudidas en la ciencia estadounidense no es solo una advertencia sobre la situación de Estados Unidos, sino también un llamado de atención global: cuando la política invade la ciencia sin resguardar su independencia y sustentabilidad, las sociedades enteras pierden capacidad para enfrentar sus propios desafíos técnicos, sociales y productivos. Argentina, con una comunidad científica valiosa pero frágil frente a recortes y restricciones, debe tomar nota de que la defensa de la ciencia es también la defensa del futuro colectivo.
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Por un momento dudé. Mientras Trump respondía preguntas en la rueda de prensa luego de la detención de Maduro, tuve un deja vu. Recordé el célebre error de la edición Miss Universo 2015, cuando el presentador Steve Harvey anunció que la mujer más linda del mundo era Miss Colombia. Pero luego de los aplausos, la entrega del ramo de flores y la banda, tuvo que retractarse. Harvey había leído mal. El premio era para la filipina.
Pero este mediodía del 3 de enero no, no fue así. No hubo ningún error. Luego de los veinte minutos que duró la conferencia, desde su mansión de Mar-a-Lago, Florida, Trump dijo que la transición política en Venezuela estaría en manos de Delcy Rodríguez y no de María Corina Machado. Al principio dudé, no sólo por la descripción que Trump venía haciendo, antes de dar nombres, sobre las ganas de esa mujer de trabajar con su país, sino por el apoyo que le venía dando a Machado y por la popularidad con la que la Premio Nobel de la Paz vino liderando la lucha por la democracia.
–¿Va a trabajar con la vicepresidenta de Venezuela?
–Ella está dispuesta a hacer lo que creamos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande.
La corona fue para la mano derecha de Nicolás Maduro, en un proceso que no incluye hasta ahora la palabra democracia.
El giro que dieron los acontecimientos luego de que en la madrugada del 3 de enero se anunciara la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores fue de 180 grados. Delcy Rodríguez, convertida ya en presidenta de facto de Venezuela, encabeza un período de transición cuyo objetivo parece ser consolidar una variación del madurismo sin Maduro.
Delcy Rodríguez declaró la noche del domingo 4 de enero estar dispuesta a trabajar con Estados Unidos: “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia», dice un texto publicado en su cuenta de Instagram.
En todo este tiempo, ni los voceros de Estados Unidos ni los de Venezuela han usado la palabra democracia. Eso tiene un sentido.
El 7 de enero, el secretario de Estado norteamericano comunicó que el proceso se desarrollaría en tres fases —estabilización, recuperación, transición— que avanzarían sobre el control del petróleo, la apertura económica y la reconciliación social. En todo este tiempo, ni los voceros de Estados Unidos ni los de Venezuela han usado la palabra democracia. Eso tiene un sentido. Según el Corolario Trump de la Doctrina Monroe —que propugna la hegemonía estadounidense en todo el continente americano—, la política exterior de Washington está orientada a garantizar sus propios intereses, no los valores de ese país. Por su parte, el modelo político y económico que siempre ha interesado al madurismo es el de China, principal destino de las ventas petroleras de Venezuela.
“En este momento Venezuela vive un proceso de gran incertidumbre. Una presidencia de facto de Delcy Rodríguez podría implicar un cambio de liderazgo a nivel ejecutivo sin el desmantelamiento de las estructuras de poder del madurismo. En pocas palabras, estaríamos ante un cambio de presidencia y no ante un cambio de régimen. De igual manera, es aún poco claro cuáles serían las relaciones entre un posible Gobierno de facto a cargo de Delcy Rodríguez y el Gobierno de Estados Unidos, y en qué situación quedarían los actores democráticos venezolanos. De Maduro, Rodríguez hereda su ilegitimidad”, afirma Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Latinoamérica en Washington, WOLA.
¿Cómo llegó Delcy Rodríguez?
A horas de haber ejecutado la acción militar contra el país —en donde fueron empleadas 150 aeronaves para disparar contra instalaciones estratégicas—, de la captura de Maduro y de su traslado hacia territorio de Estados Unidos, Trump reveló que la transición sería encabezada por la vicepresidenta del dictador desde 2017 y ministra de Petróleo desde 2024, y que ese cambio estaría bajo control de Estados Unidos.
La afirmación del mandatario estadounidense confirmó la hipótesis de la continuidad del régimen, aunque con los cambios que también había ofrecido Maduro a Trump para el manejo de los intereses de la industria petrolera estadounidense. El domingo 4 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificaba que con Rodríguez se puede trabajar.
La propuesta de que Rodriguez asumiera la transición había sido presentada por mediadores cataríes en abril y septiembre pasados, según reveló el diario Miami Herald, el pasado 15 de octubre. Rodríguez fue ascendiendo poco a poco en el régimen desde la llegada a la presidencia de Maduro. Su ideología no se desvía del chavismo, pero Rodríguez sí que se ha dado a conocer por buscar inversiones extranjeras y la estabilización económica del país. En España protagonizó en 2020 el llamado “Delcygate” a raíz de su fugaz paso por Madrid pese a las sanciones de la Unión Europea contra ella por violación de derechos humanos.
El 3 de enero, Rodríguez se convirtió en presidenta interina de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el mismo órgano que determinó que Maduro ejerciera su tercer mandato luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Con esta designación, se convirtió en la primera mujer presidenta de Venezuela.
La situación, sin embargo, no parece esclarecerse aún. Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tienen fama de negociadores, pero en el entorno venezolano no pasan por moderados. Al contrario, ambos tienen una sólida formación intelectual e ideológicamente son de izquierda radical. Una de las palabras preferidas de Delcy era el “hegemón” para referirse a Estados Unidos. Pero sí es cierto que, frente a las violaciones más graves de derechos humanos, los Rodríguez han intentado mediar, posiblemente marcados por su historia personal. En 1979, su padre, un guerrillero marxista fundador de La Liga Socialista, fue torturado hasta morir, luego de ser capturado por la policía y señalado por el secuestro de un ejecutivo de la empresa estadounidense Owens-Illinois. Sin embargo, nunca se han distanciado públicamente de la política represiva que dirigió Maduro con su ministro de Interior, Diosdado Cabello.
“Esto parece una tragedia shakesperiana —dijo Andrés Izarra, periodista y ex funcionario venezolano, al referirse a los hermanos Rodríguez—. Tiene el componente de una gente que sin importar a qué precio, finalmente llega a la presidencia de la República”. Delcy Rodríguez está en boca de todos, en una reedición del Delcygate: acusada de traidora, de haber sido elegida por su músculo para controlar el ejército, de ser “la principal arquitecta” de torturas y tráfico de personas. En este contexto de incertidumbre inducida, mientras los venezolanos llegamos a bordes nunca antes tocados, en un país vaciado de optimismo y hasta de fe, hasta el actor venezolano Fernando Carrillo recorre noticieros hablando de política:
–La conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por ahí. Hoy, sabiendo cómo defiende a su familia, cómo defiende a su patria, puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida.
¿Y a transición?
Construir un escenario para una transición hacia la democracia nunca ha sido un objetivo del régimen venezolano. Cuando ya era evidente la inviabilidad del Gobierno de Maduro, sus esfuerzos se orientaron a generar una negociación bilateral con los Estados Unidos. Eso dio como resultado, en julio de 2025, el intercambio de prisioneros estadounidenses por 232 migrantes venezolanos que habían sido enviados a El Salvador desde Estados Unidos.
La decisión de Trump de mantener la dictadura sin su líder, Maduro, busca garantizar la estabilidad, porque hay una estructura burocrática y sobre todo una arquitectura autocrática que ha sido levantada con el desmontaje de la democracia. Todo sostenido por las armas de la República. El mandatario estadounidense ha dicho que quiere acceso a los recursos petroleros de Venezuela. (Irónicamente, de eso acusaba la dictadura a Maria Corina Machado). En una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Trump ha descartado además que haya elecciones en Venezuela a corto plazo y ha insistido en que Estados Unidos tutelará el país con una frase contundente: “Yo estoy al mando en Venezuela”.
¿Cómo se incentiva, en este escenario, la construcción de un modelo para transitar hacia una democracia?
Hay desconcierto en los factores políticos de la oposición, entre ellos Maria Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Ella se halla en paradero desconocido en este momento, luego de viajar a Oslo ante la concesión del Premio Nobel de la Paz, y él está en el exilio, en España.
Sin embargo, González Urrutia emitió un mensaje que puede dar luces sobre una línea, aún endeble, de actuación: la normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Además, insistió en el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
El padre de Delcy Rodriguez fue un guerrillero, fundador de La Liga Socialista, torturado por la policía hasta morir y señalado por el secuestro de un ejecutivo de la empresa estadounidense Owens-Illinois. De él, quizá, su sólida formación intelectual e ideológica en izquierda radical.
Aunque Machado y González Urrutia son considerados los líderes de la oposición democrática, no tienen aún el control institucional ni elementos armados que puedan presionar para su incorporación en la construcción de un modelo de transición democrática. Sin embargo, su ascendencia puede incidir en la propuesta de una ley de Amnistía. En el país hay más de 800 presos políticos, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
“Hay que recordar que no hay transición democrática sin justicia. En un país sumido en una profunda crisis de derechos humanos como Venezuela, urge la construcción de un sistema de justicia transicional en el que las víctimas sean puestas en el centro y puedan acceder a la justicia, verdad y reparación que les ha sido negada todos estos años”, aporta Carolina Jimenez.
Delcy Rodriguez y la cúpula madurista nunca han dado muestras de ceder el poder, pero sí de sobrevivir para mantenerlo. Pensar que una dirigente tan ferviente como Rodríguez sea tutelada por el mismo país que ha criticado siempre con más dureza suena a ciencia ficción. Por si acaso, Trump ya la ha amenazado con correr un destino peor que el de Maduro si no cumple su parte del trato.
No deja de ser una situación extraña, pero en los últimos años se están dando procesos políticos en todo el mundo marcados por contradicciones. El poder en Siria, otro país que se situaba en el campo antiimperialista durante el régimen de Bashar al Asad, cambió de manos tras su abrupta caída en diciembre de 2024. Son casos muy diferentes —en Siria hubo una guerra civil de más de 13 años y la oposición armada llegó a Damasco por las armas—, pero el nuevo presidente sirio es Ahmed al Shara, antiguo líder de la rama de Al Qaeda en Siria, que cambió el kaláshnikov por la corbata y que en este último año ha ido ganando, pese a su historial, cada vez más legitimidad y reconocimiento en las capitales occidentales. Toda una paradoja. Trump elogió a Al Shara y dijo de él que era “un tipo duro y atractivo”. No hay a la vista un proceso democrático genuino, pero en las relaciones diplomáticas de Siria, como en las del resto de países, se impone el realismo político.
Es difícil en este momento suponer cuál es el camino de Venezuela, donde, como hemos dicho, las cosas siempre pueden estar peor. En este momento hay un hilo del cual se puede jalar para diseñar una ruta hacia la democracia. Pero es un hilo muy fino.
El Gobierno acumula incumplimientos y enfrenta una negociación difícil con el FMI, justo cuando necesita como el agua que le libere el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, porque el organismo accedió a patear la revisión prevista para el año pasado.
Por eso, Milei y Caputo tuvieron que aceptar el nuevo esquema económico de acumulación de reservas y ajuste de las bandas por inflación, que les impuso el organismo. El Banco Central logró comprar más de USD 230 millones desde que empezó el año. Pero para evitar que el dólar se dispare , el Tesoro tuvo que vender más dólares de los que el Central compró, además de colocar bonos dólar linked y operar fuerte en el mercado de futuros. Una contradicción evidente que seguramente será parte de las discusiones con el Fondo.
La revisión del Fondo estaba prevista para diciembre. Después pasó a enero. Luego a febrero. Ahora, ya se habla de marzo. Sin confirmación formal, la expectativa es que haya alguna pista en la conferencia quincenal del FMI del próximo jueves.
El calendario no espera. En febrero hay que pagar USD 860 millones. Un monto similar al de diciembre. Aquella vez no hubo revisión y, por lo tanto, tampoco desembolso. La diferencia es que esa vez apareció un salvataje inesperado: Scott Bessent prestó Derechos Especiales de Giro que se pagaron el viernes pasado. El problema es que nadie explica de dónde salieron los recursos para saldar esa deuda, quién prestó, a qué plazo ni a qué tasa. Esta gestión del Banco Central pasará a la historia por su insoslayable oscurantismo.
Pero el trasfondo es áspero. Argentina está lejos de cumplir las metas del acuerdo. El caso más evidente es el de las reservas. Las reservas internacionales netas, las RIN en la jerga del Fondo, muestran un rojo superior a USD 16.000 millones. Para cumplir la meta, el país debería estar apenas USD 1.000 millones en negativo. Hoy está a unos USD 15.000 millones de distancia.
Argentina está lejos de cumplir las metas del acuerdo. El caso más evidente es el de las reservas que muestran un rojo superior a USD 16.000 millones. Para cumplir la meta, el país debería estar apenas USD 1.000 millones en negativo. Hoy está a unos USD 15.000 millones de distancia.
Con ese número sobre la mesa, el mercado ya descuenta lo de siempre: un nuevo waiver. La dispensa recurrente que acompaña casi todos los acuerdos de Argentina con el FMI. Una suerte de comodín histórico que permite seguir, aun cuando las cuentas no cierran.
Sin embargo el punto más sensible, paradójicamente, es el fiscal. Es el único activo sólido que el Gobierno pudo exhibir hasta ahora. Lo consiguió con un ajuste exponencial durante su primer año de gestión. La meta con el FMI para 2024 era un superávit primario de 1,6% del PBI. El resultado fue mejor: 1,8% de superávit primario y 0,3% de superávit financiero.
En 2025, el escenario fue más exigente. Con la misma meta, la recaudación cayó casi un punto del PBI respecto de 2024. El segundo año de la gestión libertaria habría cerrado con un superávit primario en la zona del 1%.
Según estimaciones provisorias de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el resultado primario de la administración pública nacional fue de 1,07% del PBI, mientras que el resultado financiero sería deficitario en 0,08%. Los números no incluyen las utilidades del Banco Central y están alineados con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda.
El dato oficial se conocerá el próximo viernes, pero diciembre ya anticipa tensiones. Ese mes el gasto creció 4% interanual en términos reales, según la consultora Analytica. Pesaron fuerte los subsidios económicos, que subieron 45%, empujados por los energéticos, que volaron 253,9% anual. También crecieron las transferencias a las provincias, 22,7%, y el gasto en jubilaciones y pensiones, 6,6%. Del otro lado, la obra pública cayó 45,8% y las transferencias de capital se desplomaron 50,7%.
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