Karina Milei llevó a un grupo de influencers a una reunión con Javier Milei con la idea de tener su propio ejército digital, un terreno que hasta ahora le era ajeno.
La hermana del Presdiente tenía algunos influencers sueltos como el caso de Fran Fijap y Los Iñakis, pero su peso en las redes esta lejísimos del entramado que se referencia en Santiago Caputo.
Karina aprovechó su influencia sobre Milei y logró que, en medio d elos incendios de la Patagonia, se haga un tiempo para recibir a unos 15 tuiteros en la Casa Rosada. El grupo esta coordinado por el cineasta karino Santiago Oría, que sueña con ser el nuevo estratega de comunicación del gobierno.
En la reunión del jueves por la tarde aparecieron las principales figuras de este nuevo grupo, como «La Tatuada» Geraldine Prais, que fue candidata a concejal en Esteban Echeverría y tomó relevancia pública por los tatuajes que tiene en la cara. El más reconocido es el que dice «castrate».
También estuvo Graciela Travaglini, la «Mabel liberal», que es retuiteada con frecuencia por Milei y defenestrada por el kirchnerismo, que acusa a su esposo fallecido de haber sido encarcelado por pirata del asfalto en los ochenta.
Del nuevo grupo karinista también forma parte Flavio Arenales, bautizado peyorativamente como «El Fisura liberal» y el Pulpo César, que se define como «anti comunista en todas sus formas».
El «ministerio de trolls» es otro de los grupos de tuiteros karinistas que asegura manejar un grupo de Whatsapp de alrededor de 300 participantes en el que se bajan las direcciones para tuitear.
El gobierno logró aprobar el presupuesto con el apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.
Con 46 votos afirmativos, 25 en contra y una abstención, correspondiente a la cordobesa Alejandra Vigo, la ley se aprobó en general tras 10 horas de debate. Victoria Villarruel puso rápidamente en tratamiento el capítulo 1 de la ley, que iba del artículo 1° al 10°, y logró la misma cantidad de apoyos y rechazos.
Pero al momento de votar el capítulo 2, que contenía el polémico artículo 30, el chaqueño Jorge Capitanich reclamó votación por separado de ese fragmento del proyecto, que promovía un ajuste en educación, ciencia y defensa. Bartolomé Abdala contestó que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo y lo propio sostuvo el jujeño Ezequiel Atauche.
Ante la negativa, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio, un recurso para realizar una diatriba que no tiene efectos prácticos sobre el debate parlamentario en curso, y acusó a los libertarios de impulsar un artículo inconstitucional que viola el principio de progresividad. «No tiene nada que ver con el déficit fiscal, lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que logramos en la Argentina para la educación y la ciencia y la tecnología», expresó.
Abdala quería apurar la votación pero Capitanich planteó cambiar varios artículos de ese capítulo, entre otros el 30. Atauche, como miembro inform ante, declinó ese planteo y se activó el tablero electrónico para emitir el voto. El resultado fue de 42 votos a favor, 28 en contra y las abstenciones de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.
Como anticipó LPO, el gobierno logró fracturar al interbloque peronista para compensar los tres votos que perdía por el lado de la UCR, que sufrió la fuga de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger para votar contra el artículo 30. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, que responden a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, aportaron sus tres voluntades para abultar más la diferencia del oficialismo con la oposición. Sin sus votos, el gobierno igual se hubiese impuesto por 39 a 28.
También acompañaron a los libertarios la salteña Flavia Royón, que estaba en contra del artículo 30 pero votó a favor de todo el capítulo por instrucción de Sáenz, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque con el nombre Independencia recientemente, en sintonía con Jaldo y los diputados suyos en la Cámara Baja. Sin ellos tres y sin los tres peronistas de Convicción Federal, el gobierno quedaba más comprometido: esos seis legisladores, más las abstenciones de Vigo y Corroza, contuvieron cualquier efecto cascada opositor.
Al cierre de esta nota, los libertarios peleaban por atribuirse las gestiones en la victoria parlamentaria. Como anticipó LPO, Santiago Caputo se había metido en la negociación, según fuentes del Congreso y la Casa Rosada, cuando parecía que flaqueaban los respaldos para el capítulo 2 y Patricia Bullrich reclamaba que los que estuvieran para votar contra el gobierno, al menos, se abstuvieran para no hundir la ley.
Diego Santilli, Martín y Lule Menem y Carlos Guberman se habían instalado en el despacho de la exministra de Seguridad para terminar de urdir acuerdos que salvaran el presupuesto de cualquier modificación que exigiera un retorno a la cámara de Diputados, una preocupación que atormentaba sobre todo a Luis Caputo por el frente financiero.
Cuando llegó el momento del cierre del debate, Bullrich dio un discurso que mezcló conceptos del coaching y frases de autoayuda con planteos dogmáticos del gobierno sobre la inflación y el déficit, aduciendo que en Argentina se había instalado la idea de que «el esfuerzo no valía la pena». «Hoy no estamos acá simplemente discutiendo números, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma porque este presupuesto no es solo una herramienta económica sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina», expresó. Desde los palcos seguían su intervención el ministro del Interior y el secretario de Hacienda.
Santilli con los Menem
Según la presidenta del bloque de LLA, «gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele». «La pobreza, aquellos que hablan tanto de justicia social no lo van a poder creer, se redujo a la mitad», planteó Bullrich antes de agregar que la baja de la inflación permite planificar.
El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, defendió la necesidad de contar con un presupuesto y reivindicó la importancia del «equilibrio fiscal». «Entró», dijo como una idea que finalmente calzó en los distintos espacios políticos. Sin embargo, el argumento del correntino para no rechazar el ajuste en educación previsto en el artículo 30 fue que nunca se alcanzó el 6 por ciento del PBI para la inversión en ese área, tal como establecía la ley de financiamiento educativo de 2005.
La peronista Juliana di Tullio, por su parte, cargó contra los artículos 55 y 56, que flexibilizan el marco para la toma de deuda o las renegociaciones por parte del gobierno. «Estos dos artículos derogan parte de la ley Guzmán. Entonces ni Toto ni nadie van a tener que respetar tasa, monto y plazo. ¿Quién va a garpar la joda de Toto? El pueblo argentino. Con los votos de ustedes, ¿eh?», explicó.
Gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele.
La senadora bonaerense advirtió que «esto se va a rajar en algún momento», en referencia a la situación económica y social.»Si Cristina tenía que saber cuánto salía el metro de la ruta de no sé dónde, imagínense: Toto se va a ir de vacaciones pero Milei va a terminar preso», vaticinó.
En el arranque del debate, el jujeño Ezequiel Atauche señaló que «el objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero», aunque lamentó que la proyección tiene «una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación». Sin embargo, pretendió que lo que se votaba este viernes era un «punto de quiebre», por tratarse de un presupuesto «sin déficit fiscal».
Los Menem con Santilli.
El primero en salirle al cruce había sido Capitanich, que consideró que el presupuesto en debate es «una «violación sistemática del reglamento y la Constitución». Tras una larga intervención, se manifestó contra el ajuste en educación que promueve el artículo 30.
De eso también se agarró el radical Maximiliano Abad. «Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo». Por eso, denominó al artículo 30 como ‘el artículo escoba’, porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia».
La tucumana Ávila, senadora del monobloque Independencia, admitió que el proyecto «no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad». «Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura», completó.
El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
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