Ahora sí: la avenida Mosconi pasó a manos de la Municipalidad

 

La candidata a senadora nacional por Fuerza Patria, Silvia Sapag, rompió la veda electoral luego de emitir su voto este domingo en la ciudad de Neuquén. Tras sufragar en el CPEM 12, la legisladora brindó declaraciones que rápidamente se difundieron en distintos medios de comunicación.

En un contacto con la prensa, Sapag afirmó: “A mí me acompañó mucho la juventud, así que espero que me voten a mí”, lo que constituyó una referencia directa al proceso electoral, en pleno período de veda. La frase fue replicada por diversos canales y portales locales.

Durante el intercambio, la senadora también expresó un comentario llamativo al ser consultada por el desarrollo de los comicios: “Está en juego nuestro negocio”, señaló, sin mayores precisiones ni repreguntas por parte de los periodistas presentes.

Sapag, que busca renovar su banca en el Senado, aseguró que Fuerza Patria continuará siendo “la muralla donde se golpean las políticas del gobierno actual”. Con esas palabras, reforzó su postura opositora al presidente Javier Milei y defendió la continuidad del bloque kirchnerista.

Asimismo, cuestionó al Ejecutivo nacional por la falta de difusión del sistema de boleta única papel, al afirmar que “el gobierno no se ha ocupado en enseñar a la población cómo hay que hacerlo”. Consideró, sin embargo, que el proceso de votación es “fácil” y destacó la importancia de la participación ciudadana.

Finalmente, la candidata sintetizó lo que, según ella, está en disputa en esta elección: “Está en juego la democracia, la soberanía, la salud, la universidad y nuestra vida”. Con esas palabras, Sapag cerró una intervención que generó controversia por haberse producido durante la veda electoral.

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El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

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La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

 

 

Un temporal de viento de «alto impacto» afecta a la Argentina este lunes y se extenderá mañana martes, con especial foco en la región patagónica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para el sur de Chubut, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 140 km/h. En Neuquén comenzará a sentirse el viento desde la media mañana a unos 30 kilómetros por hora con posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros por la tarde, desde el sector Oeste.

Según supo la Agencia Noticias Argentina, el fenómeno es tan extenso que afecta a toda la Patagonia y parte del sur de La Pampa y Buenos Aires. El «vendaval» puede seguirse EN VIVO a través de mapas de viento satelitales, como el popular servicio Windy, que muestran el avance del sistema en tiempo real.

El informe meteorológico, firmado por Leonardo De Benedictis, detalla la gravedad del temporal. La alerta roja en el sur de Chubut implica vientos sostenidos de 90 km/h y ráfagas de más de 140 km/h.

Además, rigen:

• Alerta Naranja: resto de Chubut y toda Santa Cruz, con ráfagas de hasta 130 km/h.
• Alerta Amarilla: Tierra del Fuego, Río Negro, sur de Neuquén, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, con ráfagas de hasta 90 km/h.

Riesgo en rutas y calma en el resto del país

Las autoridades advierten sobre complicaciones en rutas debido a la reducción de visibilidad por el polvo en suspensión. Se espera que el viento comience a disminuir gradualmente desde este lunes 17, aunque la mejora será «paulatina».qMQYIA

Mientras tanto, el centro y norte del país viven un escenario opuesto. Tras las tormentas del fin de semana, ahora domina una marcada estabilidad. 

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La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.

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Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

¿Un punto medio posible?

En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

 

 

Un patrullero de la Policía de Río Negro protagonizó un violento choque en el ingreso a Neuquén capital, en la zona del Puente Carretero, durante la mañana de este sábado.

Un móvil policial, perteneciente a la Comisaría 4° de Cipolletti, impactó contra un poste de alumbrado público mientras participaba de una persecución que se había iniciado tras una agresión a otro patrullero. El hecho dejó a dos efectivos heridos, que debieron ser hospitalizados de inmediato. Según informaron fuentes oficiales, la persecución comenzó cuando los ocupantes de un automóvil arrojaron una piedra contra un móvil policial en Cipolletti, lo que motivó un operativo para interceptarlos. En medio de la maniobra, el patrullero perdió el control y se subió al cordón, chocando con fuerza contra una columna de luz. El impacto fue tan fuerte que provocó graves daños materiales en el vehículo, especialmente en el capó, radiador y tren delantero.

La Policía de Río Negro trabaja ahora para determinar la mecánica del siniestro y localizar a los responsables del ataque que derivó en la persecución. El incidente, ocurrido en uno de los accesos más transitados entre Cipolletti y Neuquén, generó gran movimiento de ambulancias y personal de tránsito. El patrullero quedó destruido en el lugar y las autoridades buscan esclarecer si el exceso de velocidad o una maniobra evasiva provocaron el impacto.

Los dos policías heridos fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital de Cipolletti, donde permanecen en observación. Desde la fuerza provincial confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica por precaución. En paralelo, se desplegó un operativo para dar con el vehículo sospechoso que protagonizó la agresión y que logró escapar de la escena.

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Los empleados provinciales, jubilados, pensionados y de la municipalidad de Neuquén cobrarán sus haberes de octubre con aumentos determinados por la inflación trimestral acordada con los respectivos gremios.

Tanto el gobierno neuquino como la comuna capitalina acordaron con los representantes sindicales de su planta de trabajadores que en forma trimestral se actualicen los salarios de acuerdo con el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Empleados provinciales

El pasado 23 de este mes el gobierno provincial anunció que este viernes, último día hábil de octubre, los trabajadores activos de la administración pública como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tendrán depositados sus haberes en sus respectivas cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la actualización salarial será del 6,96%, de acuerdo con la evolución del IPC del tercer trimestre del año.

El incremento se suma a los ya otorgados durante el año en curso: 9,73% en el primer trimestre, 6,56% en el segundo trimestre y 6,96% en el tercero, correspondiente a este pago de octubre.

Empleados municipales

El secretario de Finanzas de la municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, informó que el pago de salarios se realizará este viernes 31 de octubre.

En esta oportunidad, recibirán su sueldo con un aumento del 6,95% que corresponderá al IPC acumulado de julio, agosto y septiembre pasados.

El funcionario sostuvo que el pago de salarios con aumentos “lo hacemos siempre con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza: tiene que ver con el orden de las cuentas municipales, con contar con el flujo de fondos necesario para afrontar el compromiso salarial”.

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