Histórico en Argentina: una playa patagónica introduce una bandera verde

 

Playa Unión, uno de los destinos más elegidos del verano patagónico, inaugurará una temporada histórica con una innovación inédita en el país: la implementación de la bandera verde fluo para coordinar la convivencia entre bañistas y practicantes de deportes náuticos.

La medida comenzará a aplicarse a partir del sábado 6 de diciembre, cuando se inicie oficialmente la temporada de verano, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026.

El jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres, confirmó la novedad en medios regionales y explicó que se trata de una “prueba piloto” diseñada para ordenar los espacios y prevenir accidentes entre quienes disfrutan del mar.

Cómo funcionará la bandera verde

La bandera verde fluo se izará solo en determinados momentos y sectores, para indicar cuándo los deportistas —surfistas, kayakistas o kitesurfistas— pueden realizar sus actividades sin riesgo para los bañistas.

“Si la bandera verde está puesta, se podrá practicar la actividad; si se retira, el deportista deberá ir a la zona específica”, detalló Torres.

El sistema apunta a descomprimir las zonas de alta concentración de bañistas, garantizando mayor seguridad y convivencia en una costa que recibe miles de visitantes cada temporada.

Un modelo inspirado en playas europeas

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Cuerpo de Guardavidas y las asociaciones de deportistas náuticos, que buscaron una alternativa a las prohibiciones rígidas de años anteriores.

Torres explicó que el sistema se inspiró en playas de Italia, Portugal y España, donde este tipo de banderas ya es habitual: “Es la primera vez que se implementa algo así en Argentina, y esperamos que sea un modelo para otras costas del país”.

Además, se amplió la zona exclusiva para deportes náuticos, que ahora se extenderá desde la Plaza de los Inmigrantes hasta la escollera del puerto, abarcando los puestos 21 al 25. En esa franja, durante la marea alta, el baño estará restringido por razones de seguridad y erosión costera.

Operativo de seguridad: guardavidas, horarios y recomendaciones

El operativo de seguridad incluirá entre 76 y 79 guardavidas, distribuidos en 25 puestos a lo largo de la playa.
El servicio funcionará de 10 a 19 horas de lunes a viernes y de 10 a 20 los fines de semana y feriados.

Entre las recomendaciones para los visitantes, el cuerpo de guardavidas insistió en:

  • Evitar la exposición al sol entre las 13 y las 15,
  • Hidratarse constantemente, especialmente niños y adultos mayores,
  • Asegurar las sombrillas por el viento y respetar las zonas demarcadas.

“El año pasado atendimos varios casos de deshidratación y desmayos, así que este año reforzaremos la cartelería informativa y las campañas de prevención”, adelantó Torres.

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    Un inusual despliegue de aeronaves ejecutivas se registra desde el martes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el marco del foro global que organiza JP Morgan en la capital argentina. 

    Según fuentes del sector, al menos 18 jets privados arribaron al área de aviación ejecutiva, de los cuales 12 estarían vinculados directamente al evento que encabeza el CEO del banco, Jamie Dimon.

    Tres de las aeronaves están registradas a nombre del JP Morgan Chase Bank NA: dos Gulfstream G600 (matrículas N601CH y N602CH) y un Gulfstream G650ER (N662CH). También se identificaron aviones pertenecientes a Aramco, Inteligo Bank, Jet Aviation Business Jets, Jet Concierge Club, Bank of Utah Trustee y Panorama Jets, entre otros.

    El movimiento supera incluso el registrado durante la cumbre del G20, cuando los jefes de Estado utilizaron aeronaves presidenciales de mayor porte.

    El foro, que se desarrolla parcialmente en San Telmo, reúne a figuras internacionales del ámbito político y empresarial. Entre los oradores se destacan Tony Blair, expresidente del consejo británico y actual asesor de JP Morgan, y Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de EE.UU. También participa Amin Nasser, CEO de Saudi Aramco, quien mantiene interés estratégico en el yacimiento Vaca Muerta.

    La agenda incluye reuniones cerradas, un cóctel en el Teatro Colón y un almuerzo privado entre Dimon y empresarios locales como Marcos Galperin, Eduardo Escasany, Armando Loson y Mariano Bosch. El presidente Javier Milei tiene previsto asistir al encuentro y mantener una reunión bilateral con el titular de JP Morgan.

    La visita de Dimon ocurre en vísperas de las elecciones legislativas y en medio de negociaciones por un paquete de apoyo financiero privado que involucra hasta USD 20.000 millones, con participación de otras entidades como Goldman Sachs y Bank of America.

    Antecedentes: visitas de alto perfil y foros financieros en Argentina

    La llegada de ejecutivos globales y aeronaves privadas en el marco del foro de JP Morgan remite a otros episodios de alto impacto en la agenda financiera y política del país:

    • Cumbre del G20 (2018): Aunque con un perfil institucional distinto, la cumbre celebrada en Buenos Aires reunió a jefes de Estado y líderes económicos de todo el mundo. En aquella ocasión, el movimiento aéreo se concentró en aeronaves presidenciales de gran porte, con estrictos protocolos de seguridad y logística diplomática.
    • Visita de Jamie Dimon (2018): El CEO de JP Morgan ya había estado en Argentina en noviembre de ese año, cuando mantuvo una reunión con el entonces presidente Mauricio Macri. Aquella visita se dio en el contexto de negociaciones con el FMI y una agenda de reformas estructurales.
    • Foro de Inversión y Negocios (2016): Organizado por el gobierno argentino tras el acuerdo con los holdouts, este evento atrajo a más de 1.600 empresarios de 67 países. También se registró un notable arribo de jets privados y reuniones bilaterales con figuras como el CEO de Coca-Cola y el presidente del BID.
    • Cumbre de Ministros de Finanzas del G20 (2018): Celebrada en Buenos Aires meses antes de la cumbre presidencial, incluyó encuentros con representantes de bancos centrales, organismos multilaterales y CEOs de entidades financieras globales.

    Estos antecedentes reflejan el interés recurrente de actores financieros internacionales en la coyuntura argentina, especialmente en momentos de transición política o reconfiguración económica.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»