José Cartellone se quedó con parte del peaje de las rutas 12 y 14 a pesar de que es uno de los empresarios acusados por cohecho en la causa de las coimas. Si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.
Autovía Construcciones y Servicios SA se quedó con el Tramo oriental de las rutas nacionales 12 y 14. Se trata de las rutas troncales del Mercosur, de las más transitadas del país. Es una empresa que pertenece a los mismos socios que conformaron José Cartellone Construcciones.
Es una de las primeras concesiones que logró cerrar el gobierno. A pesar del discurso libertario, los nuevos concesionarios tuvieron ayuda del Estado para cerrar el trato.
Según publicó La Nación, poco antes de que cierre la licitación y en el medio del proceso, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), publicó un crédito que aplicó a los privados que quisieran participar de la licitación.
Con esa ayuda, Cartellone le ganó la carrera a otras históricas contratistas estatales como Benito Roggio y Rovella Carranza.
El gobierno había puesto como precio de referencia entre 3700 y 4300 pesos y Autovía Construcciones y Servicios SA ofreció 3563.
El problema para Cartellone es que casi todos los socios de Autovía Construcciones y Servicios SA están procesados en la Causa Cuadernos. Si reciben una condena deberían perder la concesión.
«Si los condenan no pueden ser más proveedores del Estado y tienen que perder la concesión. Es un causal de recesión», explicó a LPO un experimentado administrativista.
Quién festejó la adjudicación de la ruta fue Toto Caputo. A pesar de la extraña intervención del BICE a último momento el ministro dijo que los empresarios «están muy conformes con cómo se dio todo el proceso: la transparencia, el modo en que los escuchamos y, sobre todo, la posibilidad de competir libremente».
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El hombre de confianza de Luis Caputo, sin experiencia diplomática y con una fortuna de $160 millones, asumió como nuevo canciller pese a no haber actualizado su declaración jurada de 2024. La Oficina Anticorrupción lo señala como “sujeto obligado” y advierte que no hay registros de presentación. Su designación refuerza el poder del ala financiera dentro del gobierno de Milei y destapa un entramado familiar ligado al macrismo, los negocios y la opacidad.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Cuando Javier Milei designó a Pablo Quirno Magrane al frente de la Cancillería, no sólo ratificó el predominio del ala financiera sobre la política exterior: también reavivó viejos fantasmas del macrismo y puso bajo la lupa la transparencia de su propio gabinete. Cercano al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el flamante canciller llega sin trayectoria diplomática, pero con un extenso prontuario como operador financiero global y un patrimonio declarado de $160 millones que ya debería haberse actualizado ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El tecnócrata globalizado
Formado en la University of Pennsylvania, Quirno pasó casi dos décadas en J. P. Morgan como director de Fusiones y Adquisiciones para América Latina. En 2018 fundó Samsom Capital Advisers, consultora dedicada a reestructurar deuda de gobiernos y corporaciones. Desde allí cultivó vínculos con los mismos bancos y fondos que hoy negocian con el Estado argentino. Su llegada al Palacio San Martín no es casual: fue la mano ejecutora de Caputo en las tratativas con el FMI y los bonistas privados, durante las gestiones macristas y libertarias.
Pero su única declaración jurada, presentada en diciembre de 2023 al asumir como secretario de Finanzas, ya está vencida. La OA lo tiene registrado como “sujeto obligado” y confirmó que “a la fecha no se cuenta con información sobre la presentación 2024”. La omisión es grave: Quirno maneja información económica privilegiada y participa de negociaciones internacionales con entidades donde antes trabajó o tiene contactos directos.
Transparencia selectiva
Mientras Milei repite que su gobierno “no tolera la corrupción”, su nuevo canciller elude un deber básico de transparencia. Nadie en Economía ni en Cancillería explicó por qué incumplió la norma que obliga a presentar la actualización patrimonial antes del 31 de julio. El contraste es brutal: un gabinete que se jacta de “moralizar la política”, pero cuya cúpula financiera oculta sus bienes bajo la alfombra.
Los $160 millones declarados (unos US$ 440 mil al tipo de cambio de entonces) incluían propiedades y depósitos —la mayoría en el exterior— y ninguna inversión en el país. A la luz de la inflación y la devaluación, esa cifra hoy carece de sentido económico. Lo que inquieta no es el monto, sino el vacío de información sobre cómo evolucionó. En un contexto donde los funcionarios suelen ampararse en la opacidad del sistema para ocultar su enriquecimiento, no actualizar la declaración equivale a no rendir cuentas al pueblo.
El linaje conservador
El apellido Quirno no es nuevo en los círculos del poder. Su abuelo, Avelino Quirno Lavalle, fue uno de los fundadores del Partido Conservador Popular y, según archivos históricos, llegó a “prestarle” su domicilio a Hugo Byttebier, un ex SS belga cercano a Adolf Eichmann. Su padre, Avelino Quirno Ugarte, integraba los clubes sociales de la élite porteña y era presentado por La Nación como “un hombre de conducta intachable”.
Pablo Quirno Magrane siguió esa línea: durante el gobierno de Mauricio Macri fue coordinador general de la Secretaría de Finanzas, luego jefe de Gabinete de Caputo en el Ministerio de Finanzas, y finalmente director del Banco Central. En ese paso por el BCRA, autorizó el funcionamiento del banco digital Brubank, propiedad de Juan Bruchou, ex Citi. «Curiosamente», años más tarde, su propio hijo, Pablo Quirno (h), se convirtió en director financiero de Brubank.
El clan financiero
Los vínculos familiares no terminan ahí. Otro de sus hijos, Marcos Quirno, se licenció en Letras pero terminó en J. P. Morgan EE.UU., ingresando casi al mismo tiempo que su padre desembarcaba en el Ministerio de Hacienda macrista. Los Quirno, padre e hijos, se mueven entre bancos, consultoras y cargos públicos, un recorrido que muestra cómo el llamado “mejor equipo de los últimos 50 años” sigue reencarnando en el presente libertario.
Del macrismo al mileísmo
Con Milei, el círculo se cierra: Quirno vuelve al Estado por la puerta grande, ahora como canciller. El economista reemplaza a Gerardo Werthein, otro empresario sin experiencia diplomática, lo que confirma que la política exterior argentina quedó en manos de los mercados. Su gestión se orientará a fortalecer lazos con Wall Street y a garantizar la “confianza” de los inversores, un objetivo que parece pesar más que la soberanía o los intereses nacionales.
El saldo moral: en rojo
La Oficina Anticorrupción aún no aplicó sanciones, pese a que la omisión de Quirno configura una falta administrativa grave. La inacción oficial contrasta con la celeridad con que el Ejecutivo persigue a trabajadores o funcionarios opositores bajo pretexto de “falta de transparencia”. En definitiva, el caso Quirno resume el espíritu del mileísmo: tecnócratas de la banca global convertidos en diplomáticos, patrimonios en penumbra y discursos de pureza moral que se disuelven ante la primera planilla vacía.
Si la transparencia es la nueva moneda del poder, el canciller de Milei empieza su gestión en rojo.
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