Un jubilado agredió a una joven tras una discusión de tránsito: “me pegó en la boca”

Un jubilado agredió a una joven tras una discusión de tránsito: “me pegó en la boca”

 

Un hombre de 70 años agredió físicamente a una joven identificada como Agustina, tras una discusión por un auto mal estacionado. La víctima registró el momento con su celular y recibió un golpe en el rostro que le provocó heridas. El agresor, que fue demorado por la Policía, recuperó la libertad horas después.

El violento episodio ocurrió este martes por la tarde en la calle Terrada al 2600, del barrio porteño de Villa del Parque. Todo comenzó cuando la joven estacionó su vehículo cerca de la salida del garaje del atacante.

El relato de la víctima

Agustina relató que el conflictocomenzó cuando estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor: «yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar«.

Sin embargo, la situación escaló de inmediato: “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”.

En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: «¡Me pegó en la boca!», mientras el hombre la insulta: «Es una p… de m…».

Un transeúnte la defendió

La secuencia, captada por el celular de la víctima y cámaras de seguridad, muestra al hombre «fuera de sí». Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor.

«No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía«, aseguró la joven.

La víctima denunció que la esposa del agresor, quien presenció todo, le pedía que «no llamara a la Policía» y le dijo que era «una loca«.

Botón antipánico, asistencia médica y miedo

Se solicitó la presencia del SAME, que realizó una atención por videollamada y tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado y Agustina pasó la madrugada en la comisaría donde le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive “pared de por medio”, según supo la agencia Noticias Argentinas. 

«Tengo miedo de salir al pasillo o al patio«, confesó la joven. Vecinos del lugar confirmaron que el hombre «es violento» y que «más de una vez se escucharon gritos y golpes del otro lado de la pared«.

La causa fue caratulada como «lesiones y amenazas». El agresor, quien según la víctima tiene «seis stents«, fue trasladado al Hospital Álvarez bajo custodia policial a la espera de su audiencia judicial.

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  • Escándalo vitivinícola: condenan a EcoGreen a pagar USD 16 millones

     

    La justicia mendocina confirmó una sentencia que ordena a EcoGreen International LLC, a su titular Marcelo Bocardo y a Jugos Australes S.A. pagar más de USD 16 millones a la empresa Iberte por incumplir un contrato de provisión de mosto concentrado.

    La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mendoza ratificó que las firmas no entregaron el producto acordado pese a haber recibido el pago, configurando un “incumplimiento contractual esencial”. Los tres demandados deberán responder solidariamente.

    El fallo también dispuso embargos sobre bienes y cuentas de Jugos Australes y mantiene vigente la prohibición de salida del país para Bocardo, quien además enfrenta una causa penal por desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal.

    El abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, destacó que el fallo “marca un límite a la impunidad comercial” y podría sentar precedente en otras causas del sector, especialmente en el conflicto judicial que involucra a Fecovita, por incumplimientos similares.

    En tanto, desde Iberte adelantaron que los fondos recuperados a través de este y otros juicios serán destinados a proyectos de bien público mediante una fundación, en el marco de un compromiso asumido por la empresa para reinvertir los montos derivados de litigios comerciales en iniciativas sociales y comunitarias.

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Figueroa denunció que en la mina de Andacollo “se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico”

     

    “En el emprendimiento más poderoso que tiene el pueblo de Andacollo, se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y de ninguna manera le vamos a dar paso a esas cosas”, señaló el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa. Y reiteró que “la mina de Andacollo se va a licitar como corresponde, a empresarios a los que les dé el cuero para llevarla adelante”, porque “tiene muchas posibilidades de generar trabajo”.

    El gobernador hizo estas declaraciones, este viernes, durante el acto por el aniversario de esta localidad del Norte neuquino. Del mismo modo, destacó la transparencia en la gestión y aseguró: “Acá tenemos que abrirle la puerta a gente seria que genere trabajo y progreso, pero cuidando siempre nuestro ambiente”.

    Acompañado -entre otros- por los intendentes de Andacollo, Manuel San Martín, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el gobernador expresó: “Nosotros vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos y terminan destruyendo la juventud”. “No les tenemos miedo a todos los que vienen haciendo daño en distintos lugares de la provincia”. Larraza fue recientemente amenazado durante una recorrida de obras y el gobernador le expresó su solidaridad.

    “La droga no nos puede ganar”, enfatizó Figueroa y dijo: “Tenemos que estar todos unidos”, por eso “les pido a todos los vecinos que denuncien en forma anónima -para eso hay una aplicación- cuando saben que en un determinado lugar están vendiendo drogas, que están destruyendo a nuestra sociedad”. “Creo que así vamos a poder construir entre todos el pueblo que soñamos”, concluyó.

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  • Una vez más, junio arde rojo: habrá jornada cultural y actividades en la Estación Darío y Maxi a 23 años de la Masacre de Avellaneda

     

    Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.


    Compartimos la grilla de actividades

    🔥MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

    🕓16 HS: Apertura de las actividades.

    🕓16HS Anfiteatro de la Estación.

    📕PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

    📕PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

    🕓16 HS 📍Salida de la Estación.📢Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

    🕓16 HS:📍Patio y salida de la Estación.🖌Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

    🕔17 HS:📍Escenario🎙Tocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

    🕕18 HS: 📍Hall de la Estación📺Comienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

    🕖19 HS:📍Salida de la Estación.🥘Olla Popular.

    🕢19:30:📍Escenario🎤Acto Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

    🕣20:30:📍Escenario 💥Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

    🕤21:30:🫂Cierre de la Actividad.

    🫀23 Años. 📢¡Justicia por Darío y Maxi!

    💫Memoria para luchar. ✊🏾Organización para vencer.

    Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi#DarioyMaxipresentes#MasacredeAvellaneda#JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

    Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

    Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

    Darío Santillán, al fondo. Maximiliano Kosteki lo mira. La única imagen que los retrató juntos el 26 de junio de 2002, día de la Masacre de Avellaneda

    En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

    Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

    «En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

    En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

    Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

     

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

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  • GeoPark reafirma su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta

     

    El Directorio de GeoPark Limited (NYSE: GPRK) rechazó por unanimidad una oferta no solicitada de adquisición presentada por Parex Resources Inc., que proponía la compra de la compañía mediante una transacción totalmente en efectivo por US$ 9 por acción. La propuesta fue recibida el 4 de septiembre de 2025, antes del anuncio de la adquisición de activos estratégicos en Vaca Muerta, y se mantuvo bajo estricta confidencialidad hasta su evaluación final.

    Tras un proceso de análisis con asesores financieros y legales independientes, el Directorio concluyó que la oferta subvaloraba significativamente a la compañía, no reflejaba su potencial de crecimiento ni reconocía el valor de su portafolio diversificado en América Latina.

    Expansión y solidez operativa

    GeoPark reafirmó su compromiso con su plan estratégico de expansión basado en una estructura operativa y financiera sólida. La compañía recordó su historial de éxito en el bloque Llanos 34 de Colombia, donde ha descubierto más de 200 millones de barriles y consolidado una plataforma de generación de flujo de caja estable.

    De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el Investor Day 2025, GeoPark prevé un incremento del 46% en su producción y un aumento del 70% en su EBITDA ajustado hacia 2028, impulsado por su presencia creciente en la Cuenca Neuquina.

    El valor estratégico de Vaca Muerta

    El Directorio subrayó que la oferta de Parex no valoraba adecuadamente los activos recientemente incorporados en la formación Vaca Muerta, que aportan 60 millones de barriles de recursos recuperables y amplían la vida útil de las reservas de la empresa a casi una década.

    La operación en Argentina contempla el desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, con una proyección de 20.000 barriles equivalentes diarios de nueva producción durante los próximos tres años. Este crecimiento posiciona a GeoPark como un nuevo jugador relevante dentro del sector no convencional argentino, con sinergias operativas y tecnológicas entre sus operaciones en Colombia y la Patagonia.

    Confianza en la estrategia de largo plazo

    El CEO de la compañía, Felipe Bayón, expresó que GeoPark mantiene plena confianza en su equipo, su estrategia de crecimiento disciplinado y su capacidad para generar valor sostenible a largo plazo. “Continuaremos ejecutando nuestro plan de expansión sobre una base sólida en Colombia y una nueva plataforma en Argentina”, aseguró.

    La empresa confirmó que seguirá evaluando oportunidades estratégicas que reflejen de manera justa su valor y su potencial futuro, siempre dentro de un marco de disciplina financiera y responsabilidad con los accionistas.

    GeoPark informó además que Goldman Sachs actúa como asesor financiero de la compañía, mientras que Davis Polk & Wardwell LLP y Conyers se desempeñan como asesores legales en el proceso.

    Con esta decisión, la compañía reafirma su independencia, su confianza en los activos adquiridos en Vaca Muerta y su compromiso de fortalecer su posición como una de las principales productoras independientes de petróleo y gas de América Latina.

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