¿Qué hacía un colaborador de la dictadura en la extraordinaria del PJ Nacional?

 

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

Tras varios días en terapia intensiva luego de incidente vial, Karla Fernández, fue trasladada a Neuquén capital para continuar su recuperación.

La joven nutricionista de 34 años oriunda de Catriel, había sufrido graves heridas el pasado martes, luego de un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del paraje Patríol, cuando se dirigía a su trabajo en Cipolletti. Su familia confirmó que su evolución fue favorable y que ahora será tratada al Policlínico Neuquén, donde le realizarán nuevas cirugías y estudios.

La madre de Karla, Graciela Ríos, agradeció la atención recibida por el personal médico de la Clínica Perón y el acompañamiento de toda la comunidad de Catriel. Además, expresó su reconocimiento a la intendenta Salzotto por estar al tanto de la situación y brindar apoyo constante. “Las oraciones, los mensajes y las muestras de cariño de los vecinos nos dan fuerza para seguir adelante”, manifestó emocionada.

El siniestro que dejó a Fernández gravemente herida ocurrió el martes alrededor de las 7 de la mañana, cuando su Toyota Etios fue embestido de frente por un Citroën que habría intentado sobrepasar a un camión en una maniobra imprudente. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron con daños severos, y Karla debió ser rescatada del interior de su auto. Los primeros auxilios fueron brindados por personal de emergencias de Catriel, que luego la derivó de urgencia al hospital Dra. Cecilia Grierson.

A raíz del choque, Fernández sufrió fracturas en ambas piernas y múltiples traumatismos, lo que obligó a su internación inmediata en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras una evolución favorable y con su cuadro clínico estabilizado, los médicos autorizaron su traslado a Neuquén para continuar con el tratamiento especializado. La comunidad catrielense sigue de cerca su recuperación y mantiene activas cadenas de oración por su pronta mejora.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en la que solicitó el levantamiento de los aranceles del 50% impuestos a los productos brasileños y la suspensión de sanciones contra funcionarios de su país.

El encuentro fue calificado por Lula como una “óptima reunión”, mientras que Trump destacó la posibilidad de fortalecer los vínculos bilaterales y alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas naciones.

La reunión tuvo lugar este domingo en Malasia, en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense, quien busca cerrar un acuerdo comercial con China. El diálogo se desarrolló en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas, marcado por la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios brasileños y por la reciente condena del expresidente Jair Bolsonaro.

Además, el encuentro se dio en paralelo a negociaciones entre Estados Unidos y China en Kuala Lumpur, en las que se avanzó hacia un posible acuerdo económico. La gira de Trump continuará en Tokio, Corea del Sur y podría incluir una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Ley Magnitsky y el caso Bolsonaro

Además del reclamo por los aranceles, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a su par estadounidense, Donald Trump, levantar las sanciones aplicadas bajo la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. Dicha norma permite a Estados Unidos sancionar a personas acusadas de violaciones de derechos humanos o corrupción.

Moraes fue una figura clave en el proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. La sentencia, que afectó a un aliado personal de Trump, motivó al mandatario estadounidense a imponer aranceles sobre productos brasileños, una medida que el canciller Mauro Vieira calificó como “injusta”, al remarcar que Brasil mantiene un déficit comercial con Washington.

Gira asiática y negociaciones con China

El encuentro entre Lula y Trump tuvo lugar en la primera escala de la gira asiática del mandatario norteamericano, que busca concretar un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping.

Paralelamente, equipos negociadores de ambos países concluyeron en Kuala Lumpur dos jornadas de diálogo “constructivo”, según el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien consideró que las conversaciones sientan “las condiciones para una reunión de líderes en un contexto positivo”.

En su paso por el sudeste asiático, Trump también participó como mediador en un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. La gira continuará el lunes en Tokio y el miércoles en Corea del Sur, donde el mandatario prevé reunirse con Xi Jinping y, eventualmente, con el líder norcoreano Kim Jong Un.

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La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para modificar la Ley 2.941 de guardavidas, que hoy impide habilitar natatorios en varias localidades de Neuquén. La iniciativa busca reducir las horas de formación y crear un registro provincial, en medio de la preocupación por el cierre de piletas en plena previa del verano.

La falta de guardavidas habilitados se ha convertido en un obstáculo para que cientos de neuquinos accedan a las actividades acuáticas. En municipios como Piedra del Águila, Loncopué y San Patricio del Chañar, las piletas permanecen cerradas porque no logran contratar profesionales que cumplan los requisitos de la actual ley sancionada en 2014.

“Encontramos errores en la ley gracias al contacto con los vecinos de Piedra del Águila”, explicó la legisladora en diálogo con AM Cumbre 1400, donde detalló los puntos más críticos del sistema actual.

El principal problema radica en la exigencia de 1.100 horas de formación para los guardavidas, una carga que supera ampliamente los estándares nacionales e internacionales. “La Federación Internacional de Salvamento Acuático establece entre 730 y 750 horas, y en Río Negro, que incluso tiene costa marítima, solo se piden 740 horas”, señaló Buchiniz.

Esa diferencia, explicó, dificulta la contratación de profesionales y deja sin funcionamiento a espacios deportivos claves. Un ejemplo es la pileta semiolímpica del CEF 17 en Piedra del Águila, que no puede operar, afectando a más de 300 niños y adultos mayores que participaban en clases de natación y aquagym.

La problemática se extiende a todo el interior provincial: “Hay chicos que no pueden hacer natación y abuelos que no pueden practicar aquagym porque no logramos contratar guardavidas”, lamentó la diputada.

Creación de un registro provincial y actualización institucional

Otro de los puntos que Buchiniz propone modificar es la ausencia de un registro provincial de guardavidas. Aunque la ley vigente exige estar inscripto en uno, ese registro nunca fue creado. “Propongo crearlo para saber cuántas personas están habilitadas y si rinden las reválidas anuales, porque está en juego la vida de los bañistas”, subrayó.

Además, el proyecto plantea actualizar la autoridad de aplicación, ya que el organismo original —el Ministerio de Coordinación, Gabinete, Seguridad y Trabajo— dejó de existir tras la reestructuración del gobierno provincial.
“Necesitamos una autoridad que reglamente y fomente estas políticas para habilitar los natatorios”, sostuvo la legisladora.

Impacto social y económico del cierre de natatorios

La falta de guardavidas habilitados afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las zonas del interior, donde las piletas públicas son uno de los pocos espacios recreativos disponibles. “Se invirtieron millones en piletas semiolímpicas que están cerradas porque no hay profesionales que cumplan los requisitos”, explicó Buchiniz.

En Piedra del Águila, incluso las colonias de verano se vieron suspendidas por la imposibilidad de contratar guardavidas. La diputada mencionó el caso de un aspirante de Mendoza que no pudo trabajar en la localidad porque su formación no alcanzaba las 1.100 horas exigidas por la ley neuquina.

Hipótesis sobre la rigidez de la norma

Buchiniz también señaló que la redacción original de la ley podría haber sido influenciada por el sindicato de guardavidas, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. “Quizás se hizo un acuerdo con el sindicato para controlar la matrícula de profesionales”, expresó, advirtiendo que esa rigidez perjudica a los municipios del interior.

De todos modos, la diputada enfatizó que su tarea es proponer soluciones legislativas, no negociar con sectores particulares: “Mi rol es mejorar las normas para que beneficien a los neuquinos”, afirmó.

Reforma en marcha antes del verano

El proyecto, que incluye además dos pedidos de informe a Defensa Civil y al Consejo Provincial de Educación, busca determinar el alcance real del problema. Buchiniz espera que la iniciativa tome estado parlamentario la próxima semana, una vez que la Legislatura retome su actividad tras la pausa electoral.

“Espero que se trate rápido en comisiones”, señaló, destacando la urgencia de aprobar la reforma antes del verano, cuando aumentan las actividades acuáticas en toda la provincia.

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La Conmebol confirmó que no habrá cambio de sede para la final de la Copa Libertadores 2025. Pese a las gestiones e intenciones manifestadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el partido decisivo entre Flamengo y Palmeiras se mantendrá en el Estadio Monumental de Lima, Perú, el próximo 29 de noviembre.

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La idea de trasladar la final a territorio brasileño había sido impulsada por el presidente de la CBF, Samir Xaud, tras la clasificación de los dos equipos paulistas. Ciudades como Brasilia y Belém habían expresado su interés en acoger el encuentro. Xaud había señalado que la CBF estaba abierta al diálogo para acercar la definición al país si los clubes lo deseaban.

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Sin embargo, la Conmebol ratificó su decisión inicial. Según reportes, la entidad sudamericana argumentó que la planificación logística y contractual ya está cerrada y que no existen motivos de seguridad que justifiquen una modificación de último momento.

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Esta decisión se alinea con la política de la Conmebol de mantener la sede neutral y previamente anunciada, buscando la previsibilidad en la organización de sus torneos internacionales y evitando conflictos logísticos. Por lo tanto, la final de la Libertadores se jugará en la capital peruana como estaba previsto.

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