Masiva jornada nacional de lucha por trabajo genuino y salarios dignos: mientras, el Gobierno sigue sin respuestas

 

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Lucas Yancarelli y Juan Guaita, adelantó este lunes la condena a Federico Costich, responsable de atacar a sus hijos y provocar un incendio intencional en su vivienda, que terminó con la muerte de uno de ellos.

La sentencia a 11 años de prisión fue dada a conocer en una audiencia de lectura de veredicto que volvió a poner el tema en agenda, debido al impacto que generó en la comunidad desde el inicio de la investigación, en marzo del año pasado. Vecinos, organizaciones de protección de la niñez y sectores vinculados a la violencia de género siguieron de cerca el proceso.

La fiscal Lucrecia Sola reiteró su pedido de 20 años de cárcel para Costich, insistiendo en la gravedad de los hechos y en el contexto de violencia familiar en el que ocurrieron. La querella acompañó el planteo. Sin embargo, los jueces definieron imponer una pena de 11 años. La sentencia completa será enviada a las partes en los próximos días.

Aquellos días de marzo de 2024

Los hechos sucedieron en el barrio donde Costich vivía con sus hijos y, desde entonces, continúan siendo recordados por vecinos por su nivel de violencia y el desenlace fatal.

El 24 de marzo de 2024, Costich agredió brutalmente a su hija, la mantuvo encerrada y le provocó quemaduras en el rostro tras rociarla con insecticida y prenderla fuego.

Dos días después, el 26 de marzo, el hombre inició un incendio a propósito en la misma vivienda mientras su hijo dormía en la planta alta. El menor no logró salir y murió en medio del fuego. Según la acusación, el acusado estaba bajo los efectos de drogas y alcohol.

El caso generó conmoción en Neuquén y expuso nuevamente situaciones de violencia familiar que no habían sido denunciadas previamente.

Las imputaciones

Costich fue declarado culpable por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada y estrago doloso seguido de muerte

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En la madrugada de este jueves un fuerte operativo de la Policía de la provincia junto a Gendarmería Nacional rodeó los predios de Fasinpat (ex Zanon) y Cerámica Neuquén, las emblemáticas fábricas recuperadas. Ambas están en conflicto ante los ataques del Gobierno y los tarifazos en la energía. Por La Izquierda Diario.

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Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis, producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamientos para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén y este lunes el corte de gas en es misma fábrica y también en la ceramista Zanon .

Están reclamando que el Gobierno cumpla el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camuzzi restituya el servicio. Por eso el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuestas, por lo que el martes cortaron la ruta.

Como el martes tampoco hubo noticias del Gobierno, el miércoles decidieron volver a la ruta. Pero un operativo de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, que saturó la ruta y alrededores de las fábricas de efectivos y móviles, impidió el corte, aunque las y los obreros, acompañados por organizaciones solidarias, sostuvieron la protesta a la vera de la ruta, recibiendo el apoyo de la gente.

Ambas fábricas se encuentran sobre la Ruta 7, divididas por una calle, en lo que se conoce como “la ruta del petróleo”, camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el Gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, “no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén, no pueda conseguir en treinta días una reunión con una proveedora de gas”.

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Como en la dictadura

Si ese accionar ya revestía gravedad, lo de esta madrugada es un salto. Sin tener programada ninguna acción, igualmente la zona del Parque Industrial donde se encuentran las cerámicas amanecieron nuevamente rodeadas de policías y gendarmes. Claramente un accionar intimidatorio que tiene como principal responsable al gobernador Rolando Figueroa, que copia los métodos de Patricia Bullrich.

Como denunció el diputado del PTS-Frente de Izquierda, obrero de Zanon y secretario adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, “hoy Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeadas de policías, como en la dictadura. Así actúa Figueroa, igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión”.

Blanco aseguró que “por más que nos quieran intimidar con este despliegue policial, no nos van a amedrentar, porque acá está en juego el plato de comida de nuestras familias. Nosotros queremos trabajar, y vamos a defender nuestras fábricas. En 24 años de gestión obrera pasamos por represiones, intentos de desalojos, crisis económicas y montón de adversidades, pero acá estamos de pie y no nos vamos a quedar quietos”.

Por su parte Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista aseguró que “ahora discutiremos en la asamblea nuestro plan de lucha, pero lo que sí está resuelto, lo que sí está definido, es que vamos a seguir en nuestro plan de lucha defendiendo nuestra fuente de trabajo, y para exigir que nos larguen la luz, el gas y poder seguir produciendo. Eso ya es una decisión tomada, más allá que ahora al frente de la fábrica hay un impresionante el despliegue policial, que no nos van a amedrentar”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-gobernador-Figueroa-militariza-fabricas-recuperadas-en-Neuquen

 

 

Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

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Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

 

 

El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

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La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

 

 

Los semaforazos de los viernes, frente a la plaza principal de Remedios de Escalada, desde hace tres meses se convirtieron en una constante. Ayer, aprovechando el feriado, se armaron varias carpas y actividades. Estuvieron presentes el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús con posta de salud; hubo muestra de fotos de Romina Vermelha (Enfoque Rojo) y del Polaco; un puesto de serigrafía; variadas activaciones de arte y activismo; y la banda de música del hijo del médico que atendió a Pablo Grillo en el Ramos Mejía. Un festival versátil. Con la presencia inagotable de los jubilados, ejemplo de lucha de todas las causas. Otra de las tantas manifestaciones del amor que la sociedad demuestra ante la deshumanización del poder: ante la absoluta falta de amor. Si el odio alimenta a nuestro enemigo, el amor habrá de debilitarlo. Por ANRed.

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En nuestro país la historia no parece repetirse nunca como una farsa. Ni a través del genio de Marx podemos entenderla. Y mucho menos cuando el afectado es alguien que está cerca: un vecino, un amigo, un hijo, un hermano, un colega. La historia contemporánea se mastica a sí misma en una tragedia que no termina de cerrar. El poder ciega. Se devora la vida. La infamia del poder es directamente proporcional a su grado de ceguera. Con la batuta deshace lo que tarde o temprano va a padecer. Y esto que suena a deseo no es una premonición: es el pronóstico del lugar donde la historia pone a quien se crea blindado, impune, o incluso ungido por alguna clase de inmunidad metafísica. Todo pasa, pero los registros existen. Y siempre quedarán sectores más o menos amplios de la población con algo de memoria respaldada por documentos probatorios irrefutables.

Nada de lo que combate la actual gestión de gobierno nacional es casualidad: cultura, salud y educación tienen la memoria en común. Cualquiera de las tres que se perturbe afecta, de una manera u otra, a la memoria.

El caso de Pablo Grillo es paradigmático

La Gendarmería no le dispara a cualquiera. Al riesgo de vida de Pablo no lo causó tampoco la crisis o la mala suerte. No se trata de un efecto colateral. El poder censura la mirada. Rompe con todo lo que pueda registrar. Menoscaba el archivo, complota contra el memorioso historiador. Invierte en armas de destrucción y control. Modifica leyes a golpe de decreto. Se lleva por delante  garantías constitucionales, deroga derechos. Apunta a los ojos. A los oídos. Aturde. Soborna decires y promueve discursos unívocos, totalizantes. Cuanto más miedo, más violencia.

Contra todo esto, las armas de creación masiva

Y parte de la construcción de esta memoria la viene llevando a cabo el barrio de Escalada, localidad donde vive Pablo. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos la vienen rehaciendo: con cada declaración, con el modo que tiene de agradecer Fabian Grillo, el papá de Pablo, a la salud pública cada vez que puede. En las formas en que viene manifestándose la militancia independiente u organizada después del hecho. En la proliferación de fotoperiodistas, fotógrafos independientes, ciudadanos comunes que se han asomado con sus dispositivos más o menos profesionales a la calle, o que se van sumando a diversos movimientos por primera vez. En la convocatoria de cada semaforazo, en los festivales como el de ayer o como el que se organizó para el primer mes de internación. Es cierto que lxs jubiladxs tienen mucho que ver con esto. Pero también esto los excede.

La proliferación de las luchas es un reguero de pólvora. Ante esto, el poder tiembla. ¿Sus síntomas? Mayor inversión en armas; aumento de los sueldos de todas las fuerzas; aumento de efectivos y movilización de tropas como brigadas de apoyo antidisturbio; renovación de patrulleros, de carros hidrantes, de motos, de armas. Prebendas y entrega a policías de más de 130 viviendas que ya estaban asignadas a personas de la sociedad civil. Y por eso los decretos de emergencia, y por todo esto tanta violencia.

El pueblo soporta mucho, quizás demasiado, hasta que un día se levanta.

El día del hecho: la evidencia pormenorizada que Bullrich niega

En la manifestación de jubilados del 12 de marzo de este año, Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería Nacional, junto a otro soldado en funciones, se apostaron delante de los escudos de la gendarmería. Guerrero apoyó una rodilla en el asfalto y apuntó con su escopeta lanza gases hacia la línea de horizonte, luego de que el militar que se quedó a su lado parado señalaba hacia adelante. El cabo de rodillas apretó el gatillo y detonó la explosión que propulsó con una potencia no menor a 75 metros por segundo, el cartucho que puso en peligro la vida de un joven desarmado. Después, el gendarme se puso en pie, dio un paso hacia el costado, y el que había señalado a las personas que estaban a más de 60 metros, le dio un pequeño golpe en el hombro como quien felicita el procedimiento.

Contra todas las normas nacionales e internacionales que refieren rigurosamente cómo deben usarse las mal llamadas armas de fuego “menos letales” (pregúntenle a algún familiar de Fuentealba, el docente fusilado por una de estas escopetas); y contra los protocolos de Gendarmería, el Cabo apuntó con la mira paralela al suelo.

Ese día, un fotoperiodista independiente se había puesto en cuclillas detrás del esqueleto en llamas de un mueble para encuadrar la línea de las fuerzas policiales. A las 17.18, el cartucho de gas que Guerrero había disparado, contra toda norma, le dio a Pablo Grillo en la zona frontal de la cabeza. El fotógrafo quedó boca arriba y los manifestantes a su alrededor lo asistieron. Alguien llamó a la ambulancia, el SAME llegó rápidamente. Y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Tenía un agujero en el cráneo, con pérdida de masa encefálica.

Con la vida pendiendo de un delgadísimo hilo, el miércoles 04 de junio, luego de 83 días de terapia intensiva, Pablo Grillo salió de la terapia.  Desde entonces, está internado en una clínica de rehabilitación. Desde el día cero la familia y la comunidad lo acompañan. Su imagen recorrió el país y se lo espera en cada marcha, en cada manifestación, con carteles de toda índole que lo apoyan. Las cámaras de fotos se han convertido en armas de creación masiva.

Los videos que fueron recolectándose a lo largo de los días, desde todos los ángulos, muestran los hechos. No hay manera de negar las evidencias o de taparlas, a menos que se tenga la intención expresa de mentir. No hay lectura ni interpretación válida. De un lado estaban las fuerzas del Estado con todo el aval institucional. Del otro, el ciudadano que movido por lo que está pasando precisa registrarlo con fotos, o quiere estar porque siente que allí puede aportarle algo a la sociedad.

Durante las horas posteriores al siniestro (entendido también desde aquello que de su dócil naturaleza despliega su ominosa monstruosidad), e incluso varios días después, el país fue testigo de las mentiras sistemáticas de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional. Del modo en que contradijo las imágenes del hecho, que corrían en los noticieros, incluso a sus espaldas. Negó el material que se recabó mediante aportes de diversos periodistas, sobre el proceder abusivo de las fuerzas represivas que tenían órdenes de reprimir y cumplieron. Y justificó el despliegue de recursos y efectivos militares y policiales desmesurado cada miércoles de marcha, donde un grupo muy pequeño de jubiladxs los hace correr de una esquina a la otra, al grito de hop-hop-hop-hop, mientras se mantiene perimetrado todo el Congreso de la Nación con una vallada descomunal.

El 12 de marzo Héctor Jesús Guerrero le puso cuerpo al gatillo que apretó toda una línea de mando. Un mando que no lo ha llamado aún a declarar. Y que sigue negando todo. El cartucho que le rompió el cráneo al fotógrafo fue enviado directamente desde lo más alto del poder Ejecutivo. Sí, Javier Milei es primer responsable de este crimen. A quien le siguen, de muy cerca, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad Nacional; el director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; Héctor Ferreira, que es jefe del Destacamento Móvil 6, y el jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, todas autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas desplegadas esa jornada contra los manifestantes. Aún no ha sido llamado a declarar y la institución le ha asignado ya los abogados defensores.

No hay reglas que midan al poder cuando, desbocado, actúa en contra de la organización. Pero tampoco existe el poder que se sostenga a base de decretos ni, mucho menos, de violencia. La legitimidad se construye de manera lenta y sistemáticamente, con mucha cintura y capacidad. Condiciones ausentes para esta gestión. La coacción se derrumba bajo el peso de su propia intolerancia. Pablo Grillo es un mojón que la Argentina tiene ahora como ejemplo de entrega, por la necesidad de mostrar.

Porque tal como reza el cartel de un jubilado insurgente: «No es fácil hacer callar a un grillo».

 

 

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de coimas por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad. 

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron «errados» y «contradictorios» y tuvieron como fin «entorpecer una pesquisa incipiente».

Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

De qué se trata el planteo de nulidad

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones  “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

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