Abusos eclesiásticos / La Plata: comienza el juicio contra el cura abusador Raúl Sidders

 

En medio de tantas pálidas para lxs trabajadorxs, y en un contexto social y político donde el sueño de tener la casa propia —o incluso poder alquilar— se vuelve un espejismo cada vez más etéreo, ilusorio e inalcanzable, el pasado domingo familias y vecinxs del Barrio Comunitario Norita Cortiñas se reunieron para conmemorar dos años desde que un largo proceso de lucha y organización les llevó a conseguir su propio barrio.  Por Franco Tabares para ANRed

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El proceso de buscar un nuevo lugar comenzó en la oscura mañana del 28 de octubre de 2020, cuando fueron desalojadxs violentamente por Berni y Kicillof de las tierras ociosas que habían recuperado como tierra para vivir. Desde entonces, y con mucho esfuerzo, han ido levantando un espacio donde refugiarse de un mundo cada vez más hostil. Un barrio con viviendas de material, agua, electricidad, donde buscan retomar eso que el capitalismo insiste en dejar atrás: lo comunitario, los lazos solidarios entre familias que comparten un territorio y la coordinación multisectorial para fortalecer la lucha, la organización y la posibilidad de una planificación urbana desde abajo.

En una tarde que no acompañó del todo, con un cielo que pasó de estar despejado al mediodía a parcial y totalmente nublado para las primeras horas de la siesta y con un frío ya invernal, intenso, que calaba los huesos y que no dio tregua, los vecinos igualmente se juntaron a festejar.

Todo comenzó con una muy acorde ambientación musical (en los parlantes del escenario sonaban las oportunas letras de las canciones de “Les Ñeris”), siguió con bandas como la local “Feliz entierro”, y después “Oye Changx”, tocando temas en vivo, muy aplaudidos y por momentos incitando al baile bajo los árboles de la plaza central del barrio. Entre banda y banda, se anunció que la rifa solidaria con una vecina había cumplido su objetivo de ventas y se procedió a hacer el sorteo en el que alguien ganó el primer premio del tatuaje gratuito, alguien ganó dieciocho fotos Polaroid y otros se llevaron el tercer premio, el más codiciado: 2 kilos de patys caseros.

Mientras tanto se iban fritando chicarrones, tortas fritas, se asaban choris y se calentaban las hamburguesas de lenteja para los que preferían opción sin carne. Circulaban algunas latas de cerveza y botellas de vino, aunque el clima se prestara más para el mate. Al final se cerró el festejo con la tradicional torta de cumpleaños que se repartió entre los asistentes. Todo frente al SUM que de a poco van construyendo tanto quienes viven ahí como quienes se acercan a colaborar. Al fondo de la plaza, en la escuela de ajedrez Nona Gaprindashvili, organizada por la CNJ (Casa de la Niñez y la Juventud), lxs más peques y algúnx que otrx adultx jugaron al ajedrez como todos los domingos.

El barrio, que todavía está en construcción, no sólo es fruto de la lucha y la organización de los vecinos del barrio si no también del trabajo solidario y coordinado de distintas organizaciones sociales, cooperativas locales y docentes y activistas sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Específicamente acá coexisten organizaciones como el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el mencionado Centro de Niñez y Juventud, cooperativas locales como la Co.P.A. (Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica), la cooperativa de vivienda del barrio, Tierra y Vivienda Zona Sur, y docentes de cátedras de la UBA de Arquitectura y Geografía (algunos de los cuales integran el G.E.G.U., Grupo de Estudios de Geografía Urbana). Y como dice Yamila Rodriguez (30), vecina y militante del FOL, se apunta a la multisectorialidad: “que no solamente seamos compañeros de organizaciones sociales piqueteras, sino más bien que se promueva (la participación de) otros compañeros que son activistas en este sentido, que son militantes, pero que quizá militan otros espacios, quizás sindicales, que son docentes, compañeros que son abogados, compañeros que somos trabajadores sociales, arquitectos y demás”. Además no se trata de construir casas individuales: como dice Vanesa (47), vecina del barrio, “con los arquitectos que están acompañando el proyecto se pudo hacer la división y el lugar de la plaza, y pensar todos los lugares estratégicos también como para estar, (…) se pensó en el espacio de atrás como el espacio educativo y recreativo. Ahí justo estaba charlando con unas compañeras que son profes de fútbol y demás, como también para ir… Que sean parte también de esto con las tareas que ellas van haciendo en otros lados, que las puedan traer también acá.”

 

Para dar un poco de contexto a la situación habitacional en la zona, podemos citar a Juan Pablo Venturini (35), doctor en geografía, especializado en estudios urbanos que asesora y colabora con el barrio, cuando dice que “(en) las zonas de expansión del municipio de la zona sur, San Vicente, Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza, de los últimos 20 años, el 60% de la nueva superficie residencial de vivienda es de barrios cerrados. (…) Y después una superficie mucho menor, que no llega al 20% de esa nueva superficie, es para urbanización popular, y en muchos casos en forma precaria, (generada) mediante tomas o loteos truchos, o sea: no es parte de la política, sino parte simplemente de la necesidad de la gente.”

En medio de los festejos por estos dos años del barrio Norita Cortiñas, y mientras las bandas tocaban, tuvimos la impertinencia de sacar a un costado a 3 de los numerosos protagonistas de todo este proceso de lucha y recuperación, y pedirles que nos hablen sobre lo que es y lo que rodea la historia de este emblemático barrio comunitario.  A continuación les compartimos sus palabras:

Entrevista completa 

También les dejamos las redes sociales y datos de contacto del barrio, para quienes quieran contactarse y acercar alguna ayuda o proponer algún tipo de colaboración:

Instagram: https://www.instagram.com/barriocomunitarioc

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.phpid=100080052091846

Mail: [email protected]

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/YQT1yEYUzuxZ9PRD7

 

 

Un fuerte episodio de tensión se registró este jueves por la mañana en Plaza Huincul, cuando un grupo de monotributistas increpó y amenazó al intendente Claudio Larraza durante una visita a la obra de la nueva plaza de Integración. El mandatario estaba acompañado por el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio, y otros funcionarios cuando se produjo el incidente, que incluyó empujones pero no pasó a mayores.

La situación se originó en el sector donde avanzan los trabajos del nuevo parque, trasladado luego de que en su ubicación original comenzara la construcción de un supermercado Carrefour. En el lugar, un grupo de trabajadores que prestaban servicios para el Municipio se acercó para reclamar por la continuidad de las tareas, muchas vinculadas a veredas y cordones cuneta.

Según pudo reconstruirse, estos monotributistas —que realizaban trabajos vinculados a obras públicas— reclamaban que se mantuvieran las contrataciones. Sin embargo, desde la gestión explicaron que varias de esas tareas ya están finalizadas, y que por una reestructuración presupuestaria no continuarán bajo la misma modalidad.

Este fue el origen del cruce que terminó en amenazas directas al intendente, un hecho que encendió las alarmas dentro del gabinete municipal.

Repudio oficial y alerta al Gobierno provincial

A través de un comunicado, el Municipio repudió “enérgicamente los hechos de extrema gravedad” y sostuvo que se trató de expresiones “inadmisibles, que atentan contra la convivencia democrática”. La comuna aclaró que se pondrá a disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del hecho.

Además, se informó a las autoridades provinciales: tanto el gobernador Rolando Figueroa como el Ministerio de Seguridad de Neuquén fueron notificados de lo ocurrido.

Desde el gabinete local también expresaron su acompañamiento al jefe comunal y remarcaron la necesidad de que la comunidad pueda desenvolverse en un marco de respeto, diálogo y seguridad.

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La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para modificar la Ley 2.941 de guardavidas, que hoy impide habilitar natatorios en varias localidades de Neuquén. La iniciativa busca reducir las horas de formación y crear un registro provincial, en medio de la preocupación por el cierre de piletas en plena previa del verano.

La falta de guardavidas habilitados se ha convertido en un obstáculo para que cientos de neuquinos accedan a las actividades acuáticas. En municipios como Piedra del Águila, Loncopué y San Patricio del Chañar, las piletas permanecen cerradas porque no logran contratar profesionales que cumplan los requisitos de la actual ley sancionada en 2014.

“Encontramos errores en la ley gracias al contacto con los vecinos de Piedra del Águila”, explicó la legisladora en diálogo con AM Cumbre 1400, donde detalló los puntos más críticos del sistema actual.

El principal problema radica en la exigencia de 1.100 horas de formación para los guardavidas, una carga que supera ampliamente los estándares nacionales e internacionales. “La Federación Internacional de Salvamento Acuático establece entre 730 y 750 horas, y en Río Negro, que incluso tiene costa marítima, solo se piden 740 horas”, señaló Buchiniz.

Esa diferencia, explicó, dificulta la contratación de profesionales y deja sin funcionamiento a espacios deportivos claves. Un ejemplo es la pileta semiolímpica del CEF 17 en Piedra del Águila, que no puede operar, afectando a más de 300 niños y adultos mayores que participaban en clases de natación y aquagym.

La problemática se extiende a todo el interior provincial: “Hay chicos que no pueden hacer natación y abuelos que no pueden practicar aquagym porque no logramos contratar guardavidas”, lamentó la diputada.

Creación de un registro provincial y actualización institucional

Otro de los puntos que Buchiniz propone modificar es la ausencia de un registro provincial de guardavidas. Aunque la ley vigente exige estar inscripto en uno, ese registro nunca fue creado. “Propongo crearlo para saber cuántas personas están habilitadas y si rinden las reválidas anuales, porque está en juego la vida de los bañistas”, subrayó.

Además, el proyecto plantea actualizar la autoridad de aplicación, ya que el organismo original —el Ministerio de Coordinación, Gabinete, Seguridad y Trabajo— dejó de existir tras la reestructuración del gobierno provincial.
“Necesitamos una autoridad que reglamente y fomente estas políticas para habilitar los natatorios”, sostuvo la legisladora.

Impacto social y económico del cierre de natatorios

La falta de guardavidas habilitados afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las zonas del interior, donde las piletas públicas son uno de los pocos espacios recreativos disponibles. “Se invirtieron millones en piletas semiolímpicas que están cerradas porque no hay profesionales que cumplan los requisitos”, explicó Buchiniz.

En Piedra del Águila, incluso las colonias de verano se vieron suspendidas por la imposibilidad de contratar guardavidas. La diputada mencionó el caso de un aspirante de Mendoza que no pudo trabajar en la localidad porque su formación no alcanzaba las 1.100 horas exigidas por la ley neuquina.

Hipótesis sobre la rigidez de la norma

Buchiniz también señaló que la redacción original de la ley podría haber sido influenciada por el sindicato de guardavidas, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. “Quizás se hizo un acuerdo con el sindicato para controlar la matrícula de profesionales”, expresó, advirtiendo que esa rigidez perjudica a los municipios del interior.

De todos modos, la diputada enfatizó que su tarea es proponer soluciones legislativas, no negociar con sectores particulares: “Mi rol es mejorar las normas para que beneficien a los neuquinos”, afirmó.

Reforma en marcha antes del verano

El proyecto, que incluye además dos pedidos de informe a Defensa Civil y al Consejo Provincial de Educación, busca determinar el alcance real del problema. Buchiniz espera que la iniciativa tome estado parlamentario la próxima semana, una vez que la Legislatura retome su actividad tras la pausa electoral.

“Espero que se trate rápido en comisiones”, señaló, destacando la urgencia de aprobar la reforma antes del verano, cuando aumentan las actividades acuáticas en toda la provincia.

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“Que Los Chihuidos tenga electricidad será un acto de estricta justicia”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa encabezó en el acto por el 29° aniversario de la localidad junto al presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Rojas. Esa población, ubicada en el noroeste neuquino, actualmente tiene un generador que provee de energía sólo 13 horas por día. El mandatario provincial anunció que el Parque Solar que abastecerá a la localidad entrará en funcionamiento el 1 de marzo de 2026.

Figueroa destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el municipio y la empresa Pan American Energy (PAE). “Es una gran inversión que realiza la empresa en un trabajo conjunto con la provincia de Neuquén. Cómo nos va a mejorar la vida tener la posibilidad de que no se nos corte la luz”, expresó.

Figueroa recordó que hasta ahora la localidad solo dispone de energía durante 13 horas diarias. “Ahora le va a cambiar la vida a toda la gente, principalmente a los chicos que quieren estudiar, para poder compartir más horas con la familia, sentarse a una mesa con luz. Es un antes y un después para la comunidad”, sostuvo.

Una obra clave para el desarrollo local

El Parque Solar de Los Chihuidos, cuya construcción comenzó este mes, cuenta con una inversión de un millón de dólares aportados por PAE. El proyecto contempla la instalación de 288 paneles solares con capacidad de 200 kW, además de un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh, que brindará hasta dos días de autonomía.

A esta iniciativa se suma una obra ya finalizada por 361 millones de pesos, financiada con recursos del Fondo de la Secretaría de Ambiente de la provincia y aportes de PAE, destinada a restructurar la línea de media y baja tensión y el alumbrado público.

El proyecto busca responder a las necesidades de parajes rurales aislados, donde las condiciones climáticas y geográficas dificultan la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Viviendas, equipamiento y mejoras educativas

Durante la ceremonia, Figueroa entregó las carpetas de cuatro viviendas que estaban inconclusas y anunció la construcción de cuatro más para atender las demandas habitacionales más urgentes. También confirmó el aporte de una retroexcavadora que será utilizada para mejorar y mantener los caminos de acceso a la localidad.

En materia educativa, el gobernador subrayó que 18 de los 36 alumnos locales cuentan con becas del programa Gregorio Álvarez, y se comprometió a remodelar los baños escolares y crear un espacio deportivo.

“Es importante que los jóvenes, aunque busquen su futuro fuera de la localidad, no se olviden de su hogar y contribuyan a su comunidad”, señaló. Y agregó: “Tenemos que invertir en educación y estimular a los chicos para que terminen sus estudios, crezcan y cumplan sus objetivos”.

“Neuquén vive un proceso que no se repite en otras provincias”

El mandatario destacó el proceso de desarrollo que atraviesa la provincia: “Si hoy miramos lo que sucede en otras provincias, la verdad es que lo que está ocurriendo en Neuquén no pasa en ninguna otra. Eso lo tenemos que valorar, porque lo construimos entre todos, mirando hacia adelante y pensando en cómo acelerar el progreso de nuestros pueblos sin dejar de lado lo que le pasa al otro”, finalizó Figueroa.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Rojas, agradeció la presencia del gobernador y de su gabinete, destacando el esfuerzo que implica llegar a la localidad. Explicó que la celebración se trasladó del 17 de septiembre a esta fecha para facilitar la participación de los productores, quienes en esa época están abocados a la parición del ganado.

Rojas reconoció el desafío que representa estar cerca del movimiento petrolero de Vaca Muerta, lo que impulsa a muchos jóvenes a buscar empleo fuera de Los Chihuidos. “La población mayor queda sosteniendo la lucha por mejorar las condiciones de vida, por eso valoramos mucho las obras de energía, agua, calles, escuelas y transporte, además de las becas para nuestros chicos”, indicó.

“Es una alegría inmensa que todo el gabinete nos visite. No es fácil llegar hasta Chihuido, cuesta a veces. Muchísimas gracias por el acompañamiento”, expresó el jefe comunal, quien celebró que Figueroa haya participado de dos aniversarios consecutivos.

Energía para el futuro

Actualmente, Los Chihuidos recibe electricidad solo 13 horas por día, mediante un grupo electrógeno diésel, lo que implica altos costos operativos, dependencia del transporte de combustible y frecuentes interrupciones del suministro, especialmente en invierno.

Esta situación afecta directamente la calidad de vida de los habitantes e impide el desarrollo de actividades económicas, educativas y productivas sostenibles, provocando en muchos casos la migración hacia centros urbanos.

Con el nuevo parque, se implementará una microred de generación híbrida solar-diésel, respaldada por un sistema de baterías e inversores híbridos, que garantizará energía eléctrica estable las 24 horas del día, adaptada a las condiciones geográficas y sociales de la zona.

En el acto estuvieron presentes los ministros Julieta Corroza (Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres), Matías Nicolini (Seguridad), Martín Regueiro (Salud) y Leticia Esteves (Turismo, Ambiente y Recursos Naturales); el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales; la coordinadora de Relaciones Institucionales de PAE, Angélica Giachetta; y el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Nicolás Fernández Arroyo.

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La jueza Julieta Makintach denunció el lunes por la noche a su par Maximiliano Savarino «por falso testimonio» tras haber declarado en el jury de enjuiciamiento contra ella por estar acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales informaron que la medida la tomó la defensa de Makintach, luego de que Savarino señalara que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente le habián avisado de esas presencias.

«No observé el primer día de la audiencia, cuando empezó el juicio oral, a las personas que después de la investigación aparecen filmando a escondidas, de donde estoy yo, en el lado izquierdo, al fondo de la sala, en la última o en la penúltima hilera. No los vi, porque si lo hubiese visto, les hubiese llamado la atención, e impedido hacerlo (…) «, afirmó el magistrado.

Y añadió: «No sabía que existía una filmación oculta cuya responsabilidad atañe de manera exclusiva a la doctora  Julieta Makintach, Jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 de San Isidro».

Estos dichos fueron tomados por Makintach y se impulsó una denuncia por falso testimonio, luego de que se ratificara la presencia de una cámara dentro del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

«El día 11 de marzo de 2025, en la causa 5628 del TOC Nro. 3 de San Isidro donde se debatía la muerte del señor Diego Armando Maradona, jornada de primer audiencia del debate, donde se pudo advertir la existencia de una cámara de filmación, la cual era de un importante tamaño, y a la vista de todos, al punto que el día 19 de agosto de 2025, la señora Laura Soledad Minici, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, ratificó la existencia de una cámara», señaló.

«En la primer jornada hubo una situación que Barrionuevo inicialmente me dice que había gente que no estaban presentados como periodistas, que tenían algún vínculo con Makintach y que querían estar como público. No se habían acreditado con Ezequiel Klass (subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense). No sabíamos bien cuál era el vínculo que tenían con Makintach. Le dijeron a Daniela Barrionuevo quevenían de parte de ella. La primera jornada fue caótica, eran muchas partes», precisó Minici.

Y agregó: «Yo le transmití esto a los doctores Savarino y Verónica Di Tomasso, que estaban esas personas que decían que venían de parte de Makintach, les pregunté si los dejábamos con el público y me dijeron que sí, que después lo veían entre ellos. Cuando luego surge el tema de la grabación, una de esas personas estaban grabando con una cámara, me lo hace saber Barrionuevo. Ahí le hago saber nuevamente a los doctores Savarino y Di Tommaso y me dijeron ‘luego lo vamos hablar con Ezequiel Klass’».

Asimismo, detalló que dentro de la sala «sólo estaban algunos periodistas gráficos en esa primera jornada, en la sala, porque no podía haber cámaras«.

“Sólo se autorizó un minuto por reloj a que saquen fotos en la primera jornada. Se estaba transmitiendo en vivo por el canal de la Corte. Creo que Barrionuevo me transmitió que estaban grabando en algún cuarto intermedio y ahí yo se lo transmití a los jueces, no recuerdo bien cuando, fue muy extensa la primer jornada”, precisó.

Y cerró: «No recuerdo haber visto a esa persona grabando, yo lo transmití a mis superiores y me desentendí de eso (…) La respuesta de mis jueces fue que iban a hablar con Klass, yo ese día no volví a hablar del tema con ellos y luego no volví a hablar porque ya no se repitió la situación de que estén grabando».

El juicio continúa este martes

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada. Además, la magistrada solicitó volver a declarar.

Este martes a partir de las 9.00 se dará inicio a una nueva audiencia en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde en pocos días se sabrá si Makintach continúa con el legado familiar o si la destituyen.

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Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.