A Trump se le incendia la casa mientras sigue la represión en Los Ángeles

 

La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

Falta de seguridad laboral

Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

“Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortíz Luna, informó por AM Cumbre1400, el corte de rutas como medida preventiva por el desarrollo de fuertes tomentas de lluvia, viento y granizo.

En declaraciones en el programa Más vale tarde, la funcionaria se encontraba en Añelo coordinando acciones por la grave crecida del arroyo Carranza y adelantó que las alertas están relacionadas con tormentas en la zona entre Vaca Muerta y el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

No obstante, por la característica que tiene este tipo de tomentas convectivas, adelantó que otro frente se encuentra a media tarde de este lunes formándose en la zona de Piedra del Águila y Picún Leufú.

Desde la tarde de este lunes se encuentran cortadas las rutas 5 (altura arroyo Carranza), la 6 a la altura de Puesto Hernández y la 7, en la zona de Cortaderas. Todos estos sectores inhabilitados al tránsito se encuentran en la zona de la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Qué son las tormentas convectivas

Las tormentas convectivas son un fenómeno meteorológico local, intenso y de corta duración que se forma por la rápida ascensión de aire cálido y húmedo desde la superficie terrestre. Este proceso se conoce como convección y provoca el desarrollo de nubes de gran tamaño (cúmulos), que liberan fenómenos meteorológicos severos como lluvias intensas, granizo, fuertes vientos, rayos y, en casos extremos, tornados. 

Noticia en desarrollo.-

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en la que solicitó el levantamiento de los aranceles del 50% impuestos a los productos brasileños y la suspensión de sanciones contra funcionarios de su país.

El encuentro fue calificado por Lula como una “óptima reunión”, mientras que Trump destacó la posibilidad de fortalecer los vínculos bilaterales y alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas naciones.

La reunión tuvo lugar este domingo en Malasia, en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense, quien busca cerrar un acuerdo comercial con China. El diálogo se desarrolló en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas, marcado por la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios brasileños y por la reciente condena del expresidente Jair Bolsonaro.

Además, el encuentro se dio en paralelo a negociaciones entre Estados Unidos y China en Kuala Lumpur, en las que se avanzó hacia un posible acuerdo económico. La gira de Trump continuará en Tokio, Corea del Sur y podría incluir una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Ley Magnitsky y el caso Bolsonaro

Además del reclamo por los aranceles, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a su par estadounidense, Donald Trump, levantar las sanciones aplicadas bajo la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. Dicha norma permite a Estados Unidos sancionar a personas acusadas de violaciones de derechos humanos o corrupción.

Moraes fue una figura clave en el proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. La sentencia, que afectó a un aliado personal de Trump, motivó al mandatario estadounidense a imponer aranceles sobre productos brasileños, una medida que el canciller Mauro Vieira calificó como “injusta”, al remarcar que Brasil mantiene un déficit comercial con Washington.

Gira asiática y negociaciones con China

El encuentro entre Lula y Trump tuvo lugar en la primera escala de la gira asiática del mandatario norteamericano, que busca concretar un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping.

Paralelamente, equipos negociadores de ambos países concluyeron en Kuala Lumpur dos jornadas de diálogo “constructivo”, según el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien consideró que las conversaciones sientan “las condiciones para una reunión de líderes en un contexto positivo”.

En su paso por el sudeste asiático, Trump también participó como mediador en un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. La gira continuará el lunes en Tokio y el miércoles en Corea del Sur, donde el mandatario prevé reunirse con Xi Jinping y, eventualmente, con el líder norcoreano Kim Jong Un.

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La senadora electa Julieta Corroza analizó el resultado de las elecciones legislativas 2025 en Neuquén, donde La Neuquinidad alcanzó más del 30% de los votos. La funcionaria habló sobre la nacionalización del voto, los desafíos federales y la necesidad de defender los intereses neuquinos en el Congreso.

La Neuquinidad consiguió una banca en el Senado y otra en Diputados, consolidando presencia en el Congreso Nacional pese a la ola libertaria. “Hicimos una muy buena elección, sacando más de 30 puntos”, destacó Corroza, subrayando que el espacio provincial “por primera vez tiene representación en el Congreso de la Nación”.

“Una elección nacionalizada debilitó a las fuerzas provinciales”

En diálogo con AM 1400, Corroza analizó los resultados en un contexto que describió como de “nacionalización electoral”. Según la senadora electa, la polarización entre Milei y el kirchnerismo concentró el voto en fuerzas nacionales, afectando el rendimiento de los partidos locales. “Quedó claro que a lo largo de todo el país las fuerzas provinciales quedaron sumamente debilitadas”, explicó.

Corroza señaló que las grandes ciudades como Neuquén capital fueron determinantes en ese proceso. “Nos costó un poco más en las ciudades grandes, donde la grieta estaba más instalada”, reconoció. En cambio, el interior neuquino y las zonas rurales mostraron un fuerte apoyo: “En el norte duplicamos los votos de La Libertad Avanza”, afirmó, destacando que allí se valora el contacto directo con intendentes y concejales.

La actual ministra atribuyó parte de la dificultad a la confusión entre gestiones nacionales y provinciales: “La gente no pregunta si esto me lo manda el Gobierno Nacional o el Provincial. Pero cuando el Estado neuquino cubre vacíos —como en medicamentos o infraestructura— eso debería verse reflejado”.

El voto urbano y el peso de la macroeconomía

Para Corroza, el voto en las grandes ciudades refleja preocupaciones económicas nacionales más que realidades locales. “Los vecinos de Neuquén capital tienen intereses más ligados a Buenos Aires y a la macroeconomía”, explicó, marcando distancia con el electorado rural, que valora la gestión concreta de servicios.

Citó como ejemplo el barrio Confluencia, donde el gobierno provincial financió obras de luz, agua, gas, cloacas, asfalto y una cancha de hockey, sin apoyo nacional. “¿Sabés cuánto aportó el Gobierno Nacional? Cero, cero, cero”, ironizó Corroza.

En su evaluación, las elecciones legislativas intermedias siempre fueron un “talón de Aquiles” para los partidos provinciales, ya que no funcionan como un plebiscito directo sobre el gobierno provincial, sino como un reflejo del clima político nacional.

Emoción y despedida: una campaña con sabor agridulce

Julieta Corroza vivió el resultado con una mezcla de orgullo y tristeza personal. En el plano político, celebró la consolidación del espacio; en el personal, lamentó no compartir banca con su compañero de fórmula Pepé Ousset, con quien trabaja desde hace más de dos décadas.

“Esperaba vivir este desafío junto a Pepé, que es mi gran compañero de trabajo y como un hermano en la vida”, expresó con emoción.

El gobernador Rolando Figueroa felicitó al equipo de campaña en una reunión de gabinete, valorando el desempeño provincial frente al escenario nacional. “Nos felicitó por todo el trabajo, porque comparando con otras provincias hicimos una gran performance”, recordó Corroza.

Desafíos federales y representación neuquina

De cara a su llegada al Senado, Corroza afirmó que su prioridad será defender los intereses de Neuquén ante un Congreso dominado por fuerzas nacionales. “Mi preocupación es que en el Congreso que viene se discutirán temas muy importantes que van a impactar directamente a Neuquén”, advirtió.

Entre ellos mencionó las regalías hidrocarburíferas, las reformas tributarias y el federalismo fiscal, cuestiones que definirán el reparto de recursos para las provincias productoras. “Voy a ser una voz que represente a todos los neuquinos”, afirmó, reafirmando su compromiso con el modelo de desarrollo provincial.

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Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.