Levantan el secreto fiscal de Colombi en una causa sobre enriquecimiento ilícito
El juez Juan Carlos Vallejos ordenó este lunes el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ricardo Horacio Colombi, exgobernador de Corrientes, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, evasión agravada, falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita.
A cargo del Juzgado Federal N° 2 de la provincia mesopotámica, el magistrado aspira a acceder al perfil patrimonial y los movimientos bancarios del imputado, que comparte responsabilidad con Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad.
Laslo era empleado del PAMI y, según fuentes correntinas, amigo personal del ex mandatario. Junto a Hadad, su esposa, le habrían “regalado” a Colombi una mansión ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Perú, en la capital provincial.
El affaire había sido denunciado por el empresario y titular de la agencia de noticias correntina, Hernán González Moreno, quien apareció muerto con un tiro en la cabeza en la estancia El Rincón, a 300 kilómetros del centro neurálgico del distrito. Corría octubre de 2009, faltaban tan solo días para que Colombi se impusiera como gobernador en las urnas y tan solo dos meses antes González Moreno se había presentado en el juzgado federal de Paso de los Libres con el patrocinio del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El denunciante había planteado que Colombi “compró a través de un insolvente”, en referencia a Laslo, una “casa por un millón de dólares”.
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La sospecha del Poder Judicial es que Laslo y Hadad, en efecto, operaron como testaferros de Colombi y fraguaron una maniobra para hacer pasar la compra a favor del gobernador como una donación.
Según el comunicado del juzgado, “estas operaciones se vinculan además con la causa por la financiera ilegal Pyramis, donde se investiga por presunto enriquecimiento ilícito también al actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, y a su hijo, luego de que en allanamientos se encontraran fondos a su nombre”.
En el mismo texto se quejan por la “parálisis” del expediente durante casi 20 años. “En abril de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, en línea con la Corte Suprema, había ordenado reactivar la investigación en el fuero federal, dejando sin efecto una decisión previa del Juzgado de Paso de los Libres, que había intentado derivarlo a la justicia provincial”, completan.
