Seguimos siendo como sociedad una amalgama dispersa entre las visiones colectivas y las individuales. En esta continuidad ininterrumpida bajo el sistema democrático todavía no se desarrollaron horizontes colectivos sin antagonismos fuertes que propongan un sistema mixto entre las visiones de la presencia y guía (desarrollo) del estado por un lado y un sistema de privados que no esté en disputa continua con su sistema de base.
La dualidad de pensamientos opuestos que alimentan las ideas y horizontes simbólicos están guiados por una mezcla de sistemas de comunicación clásicos (Tv, stream, diarios digitales, etc.) y los algoritmos de aplicaciones, las social media (un sistema mucho más caótico y disperso con propaganda disfrazada de generación de contenido espontánea muy difícil de identificar por parte de los usuarios o lectores).
En 42 años de democracia continua se han logrado consensos que se construyeron como una capa sobre otra. Esta consolidó un sistema con bases sólidas como respuestas a demandas propias y representadas en las dos cámaras legislativas.
La fuerza política que ganó estas elecciones por un período de 4 años llegó al poder fruto de la sensación de estancamiento y demonización de los modelos económicos propuestos anteriores y conocidos. Alimentados por una falsa idea de que estos no son útiles y que además son «decadentes». (Sin discutir los modelos de fondo, estas se sintetizan en frases simplistas con un alto poder de ser retenidas por la base popular, como por ejemplo «La casta» o «la motosierra»). EL MARKETING ES MÁS PODEROSO QUE LA MEMORIA por un lado. Y por otro el voto popular se consolidó como herramienta para que «alguien deje de gobernar» sin que se comprenda muy bien cual es el «próximo programa económico» que se aplicará.
Los que ya vivimos varias instauraciones conservadoras y sabemos leer entrelineas entendimos que el pacto de Acassuso es un programa frustrado del PRO, o lo que hubiera querido hacer MM. Pero como ahora el costo político lo paga el oficialismo, ante una falsa urgencia se redactó un DNU con poco visos democráticos llevándose puesta a una joven y estable tradición. (EL programa económico que instala el Decreto de Necesidad y Urgencia sería aplaudido desde los cementerios por los ex-presidentes de facto o conservadores).
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de una forma totalitaria, con argumentos populistas, sin respetar la tradición democrática actual de consenso. Este DNU difícilmente pueda avanzar en ambas cámaras, sobre todo por el desconocimiento de parte del Poder Ejecutivo de «como» funciona un sistema de gobierno en la práctica concreta, con los actores reales de la economía.
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El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
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